domingo, 3 de agosto de 2014

El default de los pagadores seriales, ¿Cómo sigue?

Gastón Ramírez

Estimado lector, van unas líneas sobre la situación con los fondos buitres desde la entrada del país en default el miércoles pasado. Sepa disculpar, aunque sea domingo, el frenesí financiero y sus consecuencias sobre la vida de millones en el país bien valen una actualización de fin de semana.
Luego del fracaso de las negociaciones entre el gobierno y los fondos buitres en litigio que no ingresaron al canje de 2005 y 2010, el país entró en default al sostenerse la sentencia del juez Griesa, por la cual se obliga al gobierno a pagar a estos fondos, y en caso de no hacerlo, bloquea la posibilidad de seguir pagando a los bonistas (también buitres) que aceptaron el canje anterior y que tienen sede de cobro en USA. El ministro Kicillof fue el que primero pegó el grito en el cielo acusando, una vez más, al juez Griesa y a su intermediador Pollack de jugar a favor de los buitres, como si la justicia de USA podría ser favorable a un país atado a los intereses financieros y económicos de las multinacionales yanquis, entre otras. Un mismo discurso, que retomó Cristina en su cadena nacional del jueves, para luego terminar afirmando que el mismo gobierno está dispuesto a pagar a los buitres lo que reclaman, reconociéndoles una ganancia del 300%, ni más ni menos. De fondo el problema aducido para pagar ahora, es la clausula RUFO sigla en inglés para Derechos Sobre Futuras Ofertas), que habilitaría al conjunto de los bonistas que tienen bonos de los canjes previos a iniciar nuevos reclamos y juicios exigiendo una mejora en el pago lo cual gatillaría la deuda en montos que se estiman en no menos de 100 mil millones de dólares.
Ante esta alternativa, el gobierno-con internas entre sus funcionarios- se arrimó hacia el camino del default selectivo. Los bonos bajo jurisdicción norteamericana, en dólares, están alcanzando ese estatus en opinión de las agencias de calificación de riesgo (incluso la agencia China Dagong le bajó la calificación a la deuda). Ahora se abre un período de negociaciones ya que los bonistas defaulteados por las claúsulas del canje en condiciones de reagruparse (con un piso de 25%) para exigir mejoras en los pagos ya programados de la deuda (aceleración en la jerga financiera).
Otra cuestión que empieza a disiparse es el carácter de la negociación entre bancos privados como ADEBA encabezado por el banquero Brito y la banca internacional para comprar la deuda de los bonistas en juicio para evitar el default y buscar un arreglo con el gobierno argentino que en última instancia es quien va a pagar. Por un lado, Kicillof el miércoles reconoció la existencia de esta negociación, aunque por el temor a la clausula RUFO, midió sus palabras dejando en claro que era un acuerdo entre privados y que el Estado no iba a poner plata ahí. Ahora el viceministro de economía sale a decir que “el acuerdo de ADEBA con los buitres fue una maniobra mediática”. Por el otro, Vanoli anunció una denuncia en la CNV contra los bancos por supuestas maniobras especulativas (como si estas solo empezaron ahora). Analistas cercanos al gobierno, plantean que las agencias financieras y bancos internacionales difundieron la existencia de una negociación para evitar que el precio de los bonos argentinos se desplomen y así pagar menos seguros de deuda. Pero esta versión queda corta, ante la nómina publicada por el Cronista (ver acá), en la cual se puede ver a bancos como el JP Morgan (quien decían encabezaba las negociaciones por un acuerdo entre privados), dentro de los que votaron por el default. Lo cual habilita a que entren en juego los seguros de deuda que se aplican sobre la diferencia entre el valor nominal del bono y lo que realmente vale en el mercado.
En realidad, el intento de buscar un Plan B con la banca nacional fue ideado desde un sector del gobierno que lo emparentan con el titular del BCRA Fábrega y Capitanich, quienes fueron luego desautorizados por Cristina y Kicillof en la interna que hay en el ministerio de economía desde diciembre último. El cálculo de Fábrega era lograr un acuerdo por medio de la banca para evitar el default y la activación de la clausula RUFO, y así habilitar la llegada de dólares que tanto necesita el país. En los cálculos de Kicillof primo la mesura ante el enorme temor de que se active la RUFO y disparar una situación de nueva deuda inmanejable, en un contexto internacional donde hay tendencias hacia una suba de las tasas de interés referencia de la FED en el mediano plazo lo cual sería un camino de ida (vuelta) al "infierno" tan temido en tiempos de Néstor.
Aunque la posibilidad de un acuerdo entre privados parece más remota, existe una negociación en juego, que ahora se da con los mecanismos de activación del default parcial en marca. Estas negociaciones, así como las atribuciones que Griesa se tomaba más allá de su jurisdicción, explican que el viernes haya autorizado el pago a bonistas en euros que tienen jurisdicción en Argentina como lo hizo con el Citibank que pagó bonos de la deuda con Repsol y con bonistas de los canjes de 2005 y 2010. Una especie de “goteo” de la clasula pari passu por la cual, la justicia de Griesa frena el pago a los buitres con bonos de legislación en USA. Y para reafirmar el compromiso con todos los buitres el gobierno anuncia que va a presionar jurídicamente al Bank of New York para que pague a los bonistas a los cuales les depositó más de 500 millones de dólares, confirmando su vocación de pagadores seriales.
Así toda la gesta patriótica de pacotilla montada sobre el conflicto con los buitres, comienza a desmoronarse, dejando al descubierto que por más que pagaron serialmente más de 193 mil millones de dólares a los buitres, estos siguen sometiendo al país con más fuerza que nunca. Pagar no es la opción, para ganar soberanía, como intentaron los funcionarios e ideólogos del gobierno difundir con toda esta opereta de flojos actores.

Ahora es cuando, debemos exigir que se abra una consulta popular vinculante como ha reclamado el diputado nacional delFrente de Izquierda, Nicolás del Caño, para que sea el pueblo el que decida que se hace con la deuda y no una camarilla de funcionarios que defienden los intereses de los capitalistas y los funcionarios.

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