Gastón Ramírez
Estimado lector, van unas líneas sobre la
situación con los fondos buitres desde la entrada del país en default el
miércoles pasado. Sepa disculpar, aunque sea domingo, el frenesí financiero y
sus consecuencias sobre la vida de millones en el país bien valen una
actualización de fin de semana.
Luego del fracaso de las negociaciones
entre el gobierno y los fondos buitres en litigio que no ingresaron al canje de
2005 y 2010, el país entró en default al sostenerse la sentencia del juez
Griesa, por la cual se obliga al gobierno a pagar a estos fondos, y en caso de
no hacerlo, bloquea la posibilidad de seguir pagando a los bonistas (también
buitres) que aceptaron el canje anterior y que tienen sede de cobro en USA. El
ministro Kicillof fue el que primero pegó el grito en el cielo acusando, una
vez más, al juez Griesa y a su intermediador Pollack de jugar a favor de los
buitres, como si la justicia de USA podría ser favorable a un país atado a los
intereses financieros y económicos de las multinacionales yanquis, entre otras. Un
mismo discurso, que retomó Cristina en su cadena nacional del jueves, para
luego terminar afirmando que el mismo gobierno está dispuesto a pagar a los
buitres lo que reclaman, reconociéndoles una ganancia del 300%, ni más ni
menos. De fondo el problema aducido para pagar ahora, es la clausula RUFO sigla
en inglés para Derechos Sobre Futuras Ofertas), que habilitaría al conjunto de
los bonistas que tienen bonos de los canjes previos a
iniciar nuevos reclamos y juicios exigiendo una mejora en el pago lo cual
gatillaría la deuda en montos que se estiman en no menos de 100 mil millones de
dólares.
Ante esta alternativa, el gobierno-con
internas entre sus funcionarios- se arrimó hacia el camino del default
selectivo. Los bonos bajo jurisdicción norteamericana, en dólares, están
alcanzando ese estatus en opinión de las agencias de calificación de riesgo
(incluso la agencia China Dagong le bajó la calificación a la deuda). Ahora se
abre un período de negociaciones ya que los bonistas defaulteados por las
claúsulas del canje en condiciones de reagruparse (con un piso de 25%) para
exigir mejoras en los pagos ya programados de la deuda (aceleración en la
jerga financiera).
Otra cuestión que empieza a disiparse es
el carácter de la negociación entre bancos privados como ADEBA encabezado por
el banquero Brito y la banca internacional para comprar la deuda de los
bonistas en juicio para evitar el default y buscar un arreglo con el gobierno
argentino que en última instancia es quien va a pagar. Por un lado, Kicillof el
miércoles reconoció la existencia de esta negociación, aunque por el temor a la
clausula RUFO, midió sus palabras dejando en claro que era un acuerdo entre
privados y que el Estado no iba a poner plata ahí. Ahora el viceministro de
economía sale a decir que “el acuerdo de ADEBA con los buitres fue una maniobra
mediática”. Por el otro, Vanoli anunció una denuncia en la CNV contra los
bancos por supuestas maniobras especulativas (como si estas solo empezaron
ahora). Analistas cercanos al gobierno, plantean que las agencias financieras y
bancos internacionales difundieron la existencia de una negociación para evitar
que el precio de los bonos argentinos se desplomen y así pagar menos seguros de
deuda. Pero esta versión queda corta, ante la nómina publicada por el Cronista
(ver acá), en la cual se puede ver a bancos como el JP Morgan (quien decían
encabezaba las negociaciones por un acuerdo entre privados), dentro de los que
votaron por el default. Lo cual habilita a que entren en juego los seguros de
deuda que se aplican sobre la diferencia entre el valor nominal del bono y lo
que realmente vale en el mercado.
En realidad, el intento de buscar un
Plan B con la banca nacional fue ideado desde un sector del gobierno que lo
emparentan con el titular del BCRA Fábrega y Capitanich, quienes fueron luego
desautorizados por Cristina y Kicillof en la interna que hay en el ministerio
de economía desde diciembre último. El cálculo de Fábrega era lograr un acuerdo
por medio de la banca para evitar el default y la activación de la clausula
RUFO, y así habilitar la llegada de dólares que tanto necesita el país. En los
cálculos de Kicillof primo la mesura ante el enorme temor de que se active la
RUFO y disparar una situación de nueva deuda inmanejable, en un contexto internacional donde hay tendencias hacia una suba de las tasas de interés
referencia de la FED en el mediano plazo lo cual sería un camino de ida
(vuelta) al "infierno" tan temido en tiempos de Néstor.
Aunque la posibilidad de un acuerdo entre
privados parece más remota, existe una negociación en juego, que ahora se da con los mecanismos de activación del default parcial en marca. Estas negociaciones, así como las atribuciones que Griesa se tomaba más allá de su jurisdicción, explican que el viernes haya autorizado el pago a bonistas en euros que tienen jurisdicción
en Argentina como lo hizo con el Citibank que pagó bonos de la deuda con Repsol
y con bonistas de los canjes de 2005 y 2010. Una especie de “goteo” de la
clasula pari passu por la cual, la justicia de Griesa frena el pago a los
buitres con bonos de legislación en USA. Y para reafirmar el compromiso con
todos los buitres el gobierno anuncia que va a presionar jurídicamente al Bank
of New York para que pague a los bonistas a los cuales les depositó más de 500
millones de dólares, confirmando su vocación de pagadores seriales.
Así toda la gesta patriótica de pacotilla
montada sobre el conflicto con los buitres, comienza a desmoronarse, dejando al
descubierto que por más que pagaron serialmente más de 193 mil millones de
dólares a los buitres, estos siguen sometiendo al país con más fuerza que
nunca. Pagar no es la opción, para ganar soberanía, como intentaron los
funcionarios e ideólogos del gobierno difundir con toda esta opereta de flojos
actores.
