martes, 26 de agosto de 2014

Buitres: los activos de YPF y Chevron, bajo amenaza de embargo

Emiliano Trodler
Al mismo tiempo que YPF anunciaba el descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas convencional en la provincia de Santa Cruz, los cables de noticias daban a conocer el pedido de embargo solicitado por los fondos buitre sobre activos de YPF y Chevron.
El fondo buitre Elliot Management (Paul Singer) encabeza el reclamo de los holdouts que solicitan la aplicación de la cláusula “Discovery” para cancelar el pago de U$ 1660 millones.
Apoyado en esta misma cláusula, que habilita la búsqueda y embargo de activos del Estado argentino en EEUU, el pasado 11 de agosto el fondo NML Capital logró un fallo favorable para embargar activos de la familia presidencial y de su socio Lázaro Báez, vinculado al negocio de la obra pública.
El Juez del distrito norte de California, Jeffrey Steven White, un republicano de la era Bush, deberá analizar si toma el caso y determinar si existen activos físicos o financieros de ambas firmas petroleras por su asociación en Vaca Muerta.
La estrategia de los bonistas holdout es determinar primero si YPF tiene activos en California, y de no poseerlos, que sea la empresa norteamericana la que responda con sus propios bienes. De esta manera presionar al Estado argentino que se encuentra buscando inversores en el extranjero para la explotación de esta empresa seminacionalizada cuyos contratos resultan tan atractivos para el capital extranjero.
La defensa argentina estará a cargo del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que hará su descargo planteando que YPF es una sociedad anónima independiente del Estado, y Chevron una empresa privada que se ha asociado para un emprendimiento particular.
La disputa por los yacimientos de YPF no solo se está dando con los holdouts sino también con los nuevos inversores que, con el apoyo del gobierno nacional, vienen presionando por una reforma en la Ley de Hidrocarburos.
El directorio de YPF cuestiona el avance de las empresas provinciales, que desalentarían la llegada de nuevos inversores extranjeros. De acuerdo a declaraciones de Miguel Galuccio a la Revista Fortuna, la actual Ley de Hidrocarburos “erosiona la tasa interna de retorno de los proyectos no convencionales en Vaca Muerta”.
Si el Juez Jeffrey White dictara la orden de embargo el gobierno nacional apelaría el fallo, pero en ese caso podría cerrarse un frente común entre las firmas petroleras con interés en Vaca Muerta y los holdouts presionando a favor de una pronta resolución del “default selectivo”.
En este “juego de ajedrez” el gobierno nacional juega con piezas que subrepticiamente pueden cambiar de color. En definitiva, lo que está en juego no es la soberanía de los yacimientos sino el reparto del negocio petrolero entre distintas clases de fondos “buitres”.

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