En el marco del creciente
escepticismo de varios analistas ante el nuevo canje de deuda anunciado por el
gobierno el martes pasado, apareció este fin de semana un fondo de inversión
amigo que podría apuntalar la estrategia del gobierno. David Martínez Guzmán,
titular del fondo Finthech Advisory, que tiene títulos de deuda pública
argentina por una cifra cercana a los mil millones de dólares, ha planteado su
apoyo al proyecto de ley enviado al Congreso el pasado martes y su intención de
cooperar para “aislar al juez Thomas Griesa y a los fondos buitre y reanudar la
cadena de pagos interrumpida en forma arbitraria”.
Empieza a tomar cuerpo el objetivo
de involucrar a los bonistas de los canjes para encausar la crisis creada por la decisión de la Corte Suprema el
pasado 16 de junio de no tomar la apelación argentina al
fallo de Griesa, que obliga a pagar el 100% de la deuda más punitorios a los
bonistas holdout (que no ingresaron a los canjes de
2005 y 2010) y ordena el embargo de todos los fondos que argentina deposite
para pagar vencimientos de la deuda canjeada. El depósito que realizó la
Argentina para el vencimiento del 30 de junio por 539 millones de dólares en el
Bank of New York Mellon (BoNY), no fue finalmente embargado pero sí bloqueado.
Aunque el gobierno sostiene que al pagar cumplió con sus obligaciones, y
responsabiliza al agente de pago (el BoNY), después del 30 de julio se
activaron los mecanismos que declaran al país en default.
Un tercer canje con destino
incierto
Con el anuncio del nuevo canje, que
con las declaraciones de Martínez Guzmán muestra aceptación entre algunos
acreedores, el gobierno apuesta a salir del default en un tiempo limitado. De ser posible
antes del 30 de septiembre, cuando hay un nuevo vencimiento de deuda por 200
millones de dólares del bono Par. Es que, después de la oficialización del default, difícilmente pueda
Economía repetir la decisión de junio y depositar en el BoNY. Sin embargo, la aparición de Fintech
en escena no despeja los puntos dudosos de la estrategia oficial. El primero es
el mecanismo para canjear los bonos. El Gobierno
decidió remover al BoNY como agente de pago y reemplazarlo por Nación
Fideicomisos (u otra entidad que puedan designar los bonistas). Este cambio
se topa con una dificultad: la necesaria participación del BoNY validando los
registros de los bonistas podría volverlo pasible de caer en desacato ante la
corte neoyorquina, ya que el fallo de Griesa prohíbe a los agentes de pago de jurisdicción
neoyorquina colaborar con un eventual canje o cambio de domicilio. La segunda
cuestión son los fondos de
inversión extranjeros que, por estatuto, no pueden cambiar de
jurisdicción.Salvo que los fondos “amigos” se ocupen de la compra de esta
porción de la deuda, todo el mecanismo fracasaría ante la baja aceptación. Es
decir que surgiría una se
generarían más holdouts que podrían iniciar nuevos juicios. A pesar del respaldo de Fintech, los
interrogantes al atajo que presenta el gobierno persisten.
Lo que pone en evidencia es que,
aunque se sigue apelando a la retórica de “Patria o buitres”, los intentos de
restablecer el pago de la deuda externa persisten. Es natural. Durante años el
gobierno y todos los “progres” que desde diversos medios replican el
pensamiento oficial, sostuvieron hasta el hartazgo que la deuda había dejado de ser un
problema, gracias a la “capacidad
de pago” del país (que se basó en un ciclo inédito de crecimiento de las
exportaciones que revirtió tendencias previas) y la supuesta reestructuración
“soberana” que había pactado una quita elevada (que después se hizo evidente
que no era tal en los hechos). La estrategia del kirchnerismo fue
resolver el problema de la deuda pagando “serialmente”, y en esto fue
acompañado por buena parte de los “progres” que en otros tiempos habían
repudiado el costo social de la deuda. Desde 2005 el kirchnerismo fue el mejor
pagador, aunque quedaron en el tintero algunas de las hipotecas que había
dejado la hecatombe de 2001, como ocurría con el Club de París, o los bonistas holdout.Conviviendo con estos
frentes, el gobierno se obligó a redoblar el ritmo de transferencia
de recursos a través de los pagos netos de deuda. Donde otros pagaban deuda con
deuda, el gobierno argentino entregaba dólares contantes y sonantes. También
reemplazaba deuda externa con deuda interna, contraída mayormente con ANSES y
el Banco Central, es decir, retrayendo recursos paras las jubilaciones,
preparando un futuro desfalco de la caja previsional y minando los márgenes
para hacer política monetaria. Estrategia
costosa y fallida: a pesar de ser
“pagadores seriales”, la deuda pública pasó de 126 mil millones de dólares luego del canje de 2005, a 200 mil
millones de dólares a fines de 2013. En la actualidad
estaría superando los 225 mil millones de
dólares.
Los 190 mil millones de dólares que
el propio gobierno dice haber pagado desde 2003 (equivalente a media producción
anual de la economía argentina), está entre las explicaciones de fondo de la
escasez de dólares. Sumada a una fuga de capitales que se acerca a otros 100
mil millones en la última década, a las remesas de utilidades de las
corporaciones al exterior que fueron récord, al descalabro energético y al
fracaso de la publicitada reindustrialización, que se ver de forma patente en
la industria automotriz que muchos más dólares de importaciones requiere cuanto
más produce. Hasta 2011 se toleró alegremente estas sangrías, confiando que los
dólares de la soja alcanzarían para cubrirlas. Cuando se hizo evidente que no era
tan así, se confió en el cepo cambiario para cuidar las divisas. Sin embargo
las reservas en manos del Banco Central siguieron cayendo.
Por eso el gobierno pegó el
volantazo en enero: devaluación de más de 20 por ciento en días y vuelta a los
mercados. El gobierno pagó los litigios del Ciadi (tribunal a la medida de las
grandes empresas multinacionales), pactó con el Club de París, e indemnizó
generosamente a Repsol. Sin embargo, se topó con la decisión adversa de la
corte norteamericana, y el resultado es que por ahora cualquier resolución de
la escasez de dólares por la vía de endeudarse afuera está archivada. Esta
escasez, sumada a la inflación, ya está volviendo a apretar para generar un
segundo ajuste cambiario en un año.
En la última semana el mercado
paralelo se volvió a mover en espera de un nuevo ajuste en el tipo de cambio,
ante el complicado panorama para conseguir dólares que genera el default que el gobierno pretende no ha ocurrido. El vice
ministro de economía Emanuel Álvarez Agis salió a negar a finales de las semana
pasada que se venga una devaluación, pero ya sabemos lo que suelen preanunciar
estas declaraciones. Al mismo tiempo que hacía sus declaraciones, el Banco
Central permitía que el dólar oficial subiera 11 centavos. Ya con los efectos
que tuvo la devaluación de enero, las proyecciones apuntaban a una caída del
salario de 5 por ciento para 2014, a pesar de las paritarias. Las nuevas
turbulencias anuncian que la pérdida podría ser aún más severa, lo que se suma al deterioro del empleo.
El problema no es el default sino la deuda
En el debate entre oficialismo y
oposición patronal sobre qué hacer con los buitres, que con el proyecto de
canje se vuelve a trasladar al congreso, hay un acuerdo básico que es seguir
pasando la deuda usuraria y fraudulenta. Deuda que se pagó varias veces desde
la vuelta de la democracia, lo que no frenó su aumento desde 35 mil millones de
dólares hasta su monto actual. Con o sin aprobación del proyecto oficial, el
gobierno, el PRO, el Frente Renovador y las principales fuerzas del FAUnen
coinciden mantener y profundizar el lastre de la deuda, comprometiendo nuestro
futuro. La deuda es un fraude y un saqueo, que golpea con todo sobre los
trabajadores y sectores populares. Por eso es urgente discutir no cómo pagarla,
sino las medidas para dejar de pagarla.
