Petróleo y política - Gobernadores e YPF S.A. tironean por administrar un nuevo pacto de vasallaje

En estos momentos estamos asistiendo a un nuevo capítulo de reajustes del régimen petrolero. Desde hace algunos meses el gobierno nacional elaboró un proyecto de reforma a la ley de hidrocarburos, vigente desde 1967. Hoy los gobernadores nucleados en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) se reunieron con la presidenta a discutir la propuesta; hay pautada una nueva reunión el lunes próximo.

Ocurre que la intención del gobierno creó asperezas entre varios gobernadores de provincias petroleras y el gobierno nacional. El motivo de la disputa es que el borrador armado por el gobierno bajo la batuta del CEO de YPF Miguel Galuccio, apunta a restringir sensiblemente los derechos de las provincias sobre los recursos, provincializados en 1992 con la ley 24.145, lo que se reforzó en la reforma constitucional de 1994. Entre otros puntos, el gobierno apunta a fijar un tope a las regalías que pueden recibir las provincias por la explotación de petróleo, fijándolo en 12 por ciento. Esto está por debajo del nivel que tiene en algunas provincias o regiones (hay áreas de Nequén donde llega al 15%). De esta forma YPF S.A. se aseguraría un límite a la parte de la renta que deberá entregar a las provincias. Otro punto clave de esta ley es garantizar concesiones a YPF S.A. por períodos prolongados, para poder negociar con holgura con los posibles socios de la petrolera en la explotación de petróleo no convencional. También se discute el destino de algunas petroleras provinciales, que Galuccio quiere sacar del medio.

Seguramente habrá quienes argumenten que el proyecto del gobierno nacional apunta a garantizar las condiciones para una política de "autoabastecimiento" y "soberanía energética", y que para eso es necesario aumentar las prerrogativas de la petrolera nacional. Sin duda, se trata de aumentar las prerrogativas de YPF S.A. asegurándose por ley lo que de otra forma es necesario negociar trabajosamente con cada uno de los gobernadores. Pero esta búsqueda de puentear a los "gobernas" es para el dudosamente soberano objetivo de poder avanzar más rápidamente en replicar acuerdos como el de Chevron, que es desde el punto de vista de las petroleras extranjeras aún mejor que las condiciones que establecía la ley 24.145 que privatizó. Como ya habíamos señalado en Ideas de Izquierda 2, toda la sanata de la desmercantilización de los recursos petroleros queda cada vez más enterrada en el altar de la supuesta soberanía hidrocarburífera (que si se consigue, será a costa de entregar Vaca Muerta en bandeja a las multinacionales, por mucho que YPF S.A. participe del banquete). Como señalaba hace unos días La mañana, el pacto que se quiere imponer replica el acuerdo con Chevron. Por supuesto, tampoco de trata de lamentar el meneado "avasallamiento al federalismo". Como mostraron en las dos décadas de dominio provincial sobre los recursos, los gobernadores no tienen ningún problema en ser vasallos, y de ser posible prefieren a las multinacionales que son buenas pagadoras, o a "nacionales" como Bulgheroni que se pasea por la Patagonia de la mano de socios chinos y antes británicos.

La clase trabajadora y los sectores populares tenemos que pelear por la expropiación y estatización sin pago de todo el complejo petrolero y gasífero, desde la extracción hasta la refinación, y su puesta a producción bajo control de sus propios trabajadores y con participación de los habitantes de sectores afectados, como las comunidades mapuches. Así como por la anulación de todos los acuerdos para la explotación no convencional y su prohibición. Lo opuesto a esta pelea por ver quién le pone la última firma al nuevo pacto de dependencia que están creando con los convenios para extender el fracking.

PROVINCIAS EN CRISIS FISCAL . La tercerización del ajuste

 Originalmente publicado en La Verdad Obrera Nº 474  

El gobierno nacional frenó por el momento el capítulo de “sintonía fina” concentrado en el ajuste fiscal, pero no ocurre lo mismo en las provincias. Santa Cruz anunció la semana pasada que pagaría los salarios que alcancen hasta los $ 9.000, es decir el “61% de los trabajadores”, y el resto se pagará en función de los ingresos. Mientras tanto, son varias las provincias que comenzaron a cancelar contratos con proveedores en cuotas, y en algunos casos emitiendo bonos. También quedaron numerosas obras públicas abandonadas a mitad de camino por los recortes.

La fragilidad fiscal de las provincias es de carácter estructural, y sus raíces se encuentran en las reformas del Estado de los ‘90, que provincializaron la salud y la educación. Por eso la brecha entre la recaudación directa de las provincias y sus gastos no paró de aumentar, y las volvió cada vez más dependientes de la coparticipación. En algunas provincias más del 80% de sus gastos se afronta con fondos coparticipados; en Buenos Aires la coparticipación equivale al 44% de los gastos.

Si por un lado el Estado Nacional se desentendió en los ‘90 de estos gastos que transfirió a las provincias, por otro lado logró una fuerte concentración de recursos tributarios. Entre otras cosas, las provincias cedieron recursos de coparticipación para sostener a ANSES. Producto de esto, el Estado Nacional hoy retiene el 75% de los fondos recaudados de impuestos coparticipables. A esto se suman el impuesto al cheque y las retenciones, ambos excluidos de la coparticipación (con excepción de un 30% de lo recaudado por retenciones a la soja, que desde el conflicto de 2008 por la resolución 125 se reparte entre las provincias a través del Fondo Federal Solidario).

El resultado es que el desempeño de las provincias, y por extensión el de los municipios, está condicionado a los fondos que la nación gire discrecionalmente, como aportes del tesoro nacional. Esta ha sido una herramienta fundamental del “bonapartismo de caja”, que el gobierno nacional puede manejar ampliamente. Pero con el adelgazamiento de la recaudación, estos fondos ya no aumentan como lo hacían, ni siquiera para los gobernadores más cercanos al oficialismo.

Según varias estimaciones, las provincias necesitan financiamiento por $30.000 millones, 30% más que el año pasado. Mientras con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central el gobierno nacional amplió los medios que le permiten financiarse, las provincias no tienen esa posibilidad. Están por lo tanto forzadas a tomar deuda, aumentar los impuestos o crear nuevos tributos. Para la primera alternativa, enfrentan hoy un costo de endeudamiento que supera los ya elevados niveles de 2011. Y de los tributos que recaudan, los ingresos se vienen deteriorando, producto de los signos de desaceleración de la actividad económica que pueden verse en muchos sectores. En el primer bimestre, la recaudación propia creció 28,6%, cuando el año anterior aumentó 39%. Si calculamos una inflación de 23% o 24%, casi no aumentó en términos reales. Lo mismo la coparticipación: en el primer trimestre aumentó 28%, contra 38% en 2011.

El ajuste que los defensores del “modelo” niegan, corre por cuenta de las provincias. Como ocurrió en los ‘90, es allí donde empiezan a mostrarse las estrecheces que trae el deterioro de la situación. Es necesario rechazar el intento de descargar el peso de esta crisis sobre los trabajadores estatales, y pelear por que sean los impuestos extraordinarios a las grandes fortunas y el no pago de la deuda provincial los que carguen su costo.