Cristina
Fernandez anunció ayer que enviará al Congreso un proyecto de Ley
de Pago Soberano Local de la Deuda Externa, que apunta a cambiar de
jurisdicción la deuda emitida bajo legislación norteamericana. Esto
ocurre pasados algo más de dos meses desde que la
Corte Suprema de los EEUU confirmara el fallo del juez Thomas Griesa
al rechazar considerar la apelación del Estado argentino, y el
gobierno quedara encerrado entre las alternativas de pagar a los
bonistas “holdout” que no entraron al canje el 100% del valor de
sus bonos o verse impedido de mantener los cumplimientos a los
bonistas que sí canjearon en 2005 y 2010. Y 19 días después de que
el “incumplimiento” alcanzara el status de definitivo, activando
los mecanismos de declaración del default. El incumplimiento y el
propio default son puestos en discusión por el gobierno ya que el
dinero fue depositado en regla, antes del primer vencimiento del 30
de junio, sólo que el agente de pago (Bank of New York Mellon) se
vio impedido de entregarlo a los bonistas por orden de Griesa. A
pesar de este planteo del gobierno, las desacreditadas agencias
calificadoras de deuda y las agencias que tienen seguros sobre
impagos de la deuda argentina, activaron todos los mecanismos que
indica el ingreso en default.
Con
el proyecto presentado ayer, el gobierno se decide finalmente por un
camino con el que ya había amagado el Ministro de Economía Axel
Kicillof en su primer conferencia de prensa luego de conocida la
decisión de la Corte Suprema norteamericana, cuando dijo que iba a
instruir para evaluar el cambio de jurisdicción de pagos. El proyecto no establece obligatoriamente la jurisdicción argenina, sino que habilita a los bonistas a elegir la jurisdicción que les resulte conveniente. Desde
entonces se iniciaron las trabadas negociaciones, en las cuáles el
gobierno hizo hincapié en la cláusula RUFO (derecho sobre mejores
ofertas) para no mejorar la oferta, sin que el gobierno volviera a
sacar a relucir esta alternativa. Dos motivos centrales la hicieron
en todo momento poco creíble: 1) la amenaza de desacato por parte de
Griesa que pesa sobre los agentes de pago si ayudan a la Argentina a
evadirse del fallo del juez neoyorquino, ante lo cual es de esperarse
que ningún banco internacional de procedencia norteamericana se
arriesgue, y no son de fácil reemplazo; 2) las tenencias de buena
parte de los bonos bajo jurisdicción norteamericana por parte de
fondos que por estatuto no pueden invertir en papeles que no tengan
legislación norteamericana, por lo que no puede esperarse se acepten
el cambio para cobrar en Buenos Aires, tenencias que algunos
estiman que llegan hasta el 70% de los bonos con ley en Nueva
York.
Para
afrontar lo primero, el gobierno resuelve el
cambio del agente de pago, reemplazando
al BONY por Nación Fideicomisos S.A.
Esto podría
resolver una de las trabas que tenían para intentar el cambio de
jurisdicción, ya que escapa de la
jurisdicción yanqui y podría contar con una ingeniería legal que
lo cubra, más allá de la falta de experiencia y debilidad técnica
a la que han apuntado algunos economistas liberales, de los que
bregan por un acatamiento en toda la línea de lo ordenado por
Griesa.
La
cuestión más
espinosa
está
en el segundo punto señalado más arriba, y abre la pregunta de
qué porcentaje de aceptación puede asegurarse el
gobierno.
Si termina muy por abajo del 92,4%
sería un problema.
Podría producirse una situación en la que deba afrontar en
simultáneo la continuidad
de los litigios
de los holdouts,
y los
reclamos de
“aceleración” -es
decir el cobro íntegro de la deuda-
por
parte de los bonistas afectados por el nuevo default, si
el porcentaje que no entra al canje es grande. Todo
esto en un contexto donde mantendría la incapacidad
para endeudarse afuera. La
pregunta es ¿qué
probabilidad hay de que los bonistas que
habían canjeado en 2005 o 2010 y se ven afectados por el bloqueo de
pagos ordenado por Griesa no
canjeen para seguir cobrando? Para los que no
tengan impedimentos legales,
pocas. El que ya canjeó en su mayoría está haciendo el negocio de
cobrar, y
va a buscar las vías para seguir haciéndolo.
Por
supuesto, los mismos “buitres” holdout que están haciendo juicio
también tienen parte de los bonos regularizados con el objetivo de
buscar la aceleración, pero estos mismos también
podrían
canjear si ven
que no
les
dan los números para
llegar al piso mínimo de 25% que se exige para pedir la aceleración.
A priori, el mayor problema está entonces
con los bonistas que no están habilitados para canjear
por deuda emitida
bajo
jurisdicción
argentina. Acá
surge la
pregunta es ¿habrá
un
nuevo "Gramercy"
que, al igual que con los juicios del CIADI
-organismo armado a la medida de las corporaciones imperialistas para
ganar juicios contra los Estados semicoloniales y dependientes-
compre esta deuda para después
canjear?
Es una posibilidad. Sería otra escandalosa entrega de un negoción a
un "buitre" amigo. Si
este es el precio para asegurar
un porcentaje de
aceptación cercano
al 90% actual
(aunque seguramente unos puntos menor que lo canjeado hasta ahora),
el
gobierno ya demostró en el pasado que está dispuesto a pagarlo.
A
pesar de las diatribas contra la banca local y extranjera, los diez
años de kirchnerismo han sido pródigos en obsequiarles todo tipo de
negocios.
¿Cuáles
serían las consecuencias para la economía argentina? El
gobierno podría presentar el éxito
-relativo-
de dar por cerrada la crisis abierta en junio, ya que menguaría el
poder de fuego de los holdouts y la corte yanqui. Pero seguiría
cerrado el grifo para endeudamiento externo y
además se ingresaría definitivamente en desacato con la corte
yanqui. Después
de haberse vuelto a validar el sometimiento a la jurisdicción
extranjera en los canjes de 2005 y de 2010, ahora el kirchnerismo
busca evadirse de las consecuencias de sus propios actos cuando estos
le imponen un fallo adverso. Esto implica archivar cualquier
perspectiva de emisiones de deuda en los EE.UU., y seguramente
también en el resto de las grandes plazas. A pesar de que compiten
entre sí por captar clientes, todos los centros de las finanzas
globales coinciden en defender a rajatabla la disciplina de las
economías dependientes, golpeando contra cualquiera que amague con
dar una mínima patadita al tablero, así sea como en el caso del
gobierno de Cristina Fernández para abrir vías para continuar con
los pagos seriales. Por eso, a lo sumo
podrán restablecerse los acuerdos con china, que en este momento
están congelados también por el default a
apenas un mes de anunciados.
La
vía de un embargar el futuro de la
economía con deuda para saldar hoy la
“restricción externa” seguiría cerrada, y por ende la obligada
"heterodoxia" de financiarse con el central, frenar
las importaciones de
insumos creando
así un
frenazo económico al parar la producción, al mismo tiempo que se
trata de contrarrestar el frenazo bajando las tasas de interés para
créditos, en un cóctel explosivo, seguirá desarrollándose. Es decir un ajuste en toda la línea, acomañado del desarrollo de algunas "bombas de tiempo", cuya
explosividad se encuentra por el momento limitada por la recesión, que pone
límites a la inflación, así como genera conductas "cautas"
incluso en la especulación, al menos por el momento. Pero sin la vía
de retomar el endeudamiento
externa seguirán agravándose los
desequilibrios, aunque el gobierno presente una batería de políticas
“activas” haciendo gala de un keynesianismo que está con la
pólvora mojada. Aún si se logra el
"éxito" en el anunciado
cambio de jurisdicción esto
no va a cambiar.
Buena
parte de la oposición,
como es claramente el caso del PRO y parte de la UCR (y ciertos
economistas cercanos a Massa, que prefirió callar) critica
el anuncio de ayer porque con
esto el gobierno pretende
validar lo
actuado. Reclaman en cambio un inmediato cumplimiento del fallo,
pagando a los holdouts todo lo que ordena Griesa. Ante esto el
gobierno presenta su alternativa como la de quienes no “ceden” a
las presiones imperialistas. Pero esta pretensión tiene patas
cortas. Regularizar la deuda mediante este nuevo canje significa
continuar con la succión de dólares que representa la deuda. Que a
pesar de que el gobierno se felicita de haber pagado 190 mil millones
de dólares no paró de crecer, y hoy ronda los 250 mil millones de
dólares después de los acuerdos con Repsol, Ciadi, y Club de París.
Estos pagos, junto con la fuga de capitales con la que la burguesía
colocó las ganancias que amasó a resguardo en paraísos fiscales, y
con el descalabro energético que es resultado del vaciamiento
empresario, son las gangrenas que han hecho reaparecer la mentada
“restricción externa”, que en realidad no es otra cosa que una
expresión del atraso y dependencia del capitalismo argentino que
esta expolación contribuye a reproducir. Es pagar la deuda lo que
tiene gravosas consecuencias para la clase trabajadora y el pueblo,
no el default. Por eso es necesario declarar el no pago, inseparable
de a otra serie de medidas como el monopolio del comercio exterior y
la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores. Las
alternativas no pueden reducirse, como los presentan los partidos
patronales, entre cumplir con Griesa o cambiar jurisdicción para
seguir pagando. Repetimos,
más que nunca, debemos exigir que no sean el gobierno y la
casta política quienes decidan de espaldas a los
trabajadores embargando
el futuro con el grillete de los pagos de deuda. Como
ha
reclamado el diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolásdel
Caño, es necesario abrir lugar a una consulta popular vinculante,
para que sea el pueblo el que decida que se hace con la deuda.
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