En este blog, así como en numerosas contribuciones a
La verdad obrera, le venimos tomando el pulso al intervencionismo K (ver por ejemplo
aquí), una serie de medidas pragmáticas (y en buena medida chapuceras) que han dado en llamarse “el modelo”. Modelo que se ha querido identificar con la bonanza de estos años tratando de hacer olvidar que el corazón del crecimiento desde 2002 en adelante no responde a “modelos”, sino al brutal ajuste que significó la devaluación de 2002, combinado con la fortuna de los altos precios de los granos que el país exporta (como explicamos
aquí). Lo que en el discurso es presentado como un intervencionismo virtuoso, conscientemente buscado para reemplazar al “mercado” con objetivos progresivos desde el punto de vista de los sectores populares, fue en realidad una respuesta “defensiva” ante las contradicciones que empezaron a surgir en el crecimiento económico pos devaluación, allá por el 2006. Como decíamos en otro post:
Cuando el “piloto automático” de las conquistas que logró el empresariado a costa de los asalariados empezaron a mostrarse insuficientes, allí apereció el Estado para paliar las contradicciones del esquema [...] Recién allí se archivo el “piloto automático + algunas restricciones” por una regulación más amplia. Cuando la inflación superó significativamente los dos dígitos, aparecieron los controles de precios, que rápidamente cedieron paso a la intervención para dibujar los datos del IndeK, acompañada de subsidios a los empresarios para tratar de que aumenten un poco menos los precios”.
“Sí, no todo el “intervencionismo” K apareció de golpe. Desde la salida de la Convertibilidad permanecieron congeladas las tarifas energéticas. Y sí, también se impulsó desde 2003 algunos tibios aumentos “no remunerativos” del salario, además de mantener los planes Jefas y Jefes implementados masivamente por Duhalde en 2002. Pero fuera de esto, el resto fue pura “macro”, aprovechar los superávit, esterilizar la emisión de pesos que se hacía para comprar los ingentes dólares del comercio exterior, negociar la deuda y pagarla generosamente (lo que luego pasó a denominarse de una forma más nac & pop como “desendeudamiento”).
Las declaradas virtudes del Estado, y su oposición al Mercado, eran más una cuestión de marketing discursivo que de convicción profunda. Las “forma” de parches (techos de precios o salarios, subsidios extendidos, importación de combustible a cargo del Estado, marcha y contramarcha con los ajustes tarifarios, impulso de planes como Petroleo Plus y Refinar Plus sin control, y suspensión abrupta de los mismos, y un largo etc.), nos remiten a un fondo, que es el de un carácter de clase del “regulacionismo” K. No ha sido “anti” mercado (ente abstracto si los hay) porque el sustrato último de la política era sostener la reproducción de la formación social capitalista argentina, mitigando las contradicciones que iban apareciendo haciendo uso de la “caja” fiscal para subsidiar a distintos sectores del capital (una pata de lo que nosotros hemos definido como “bonapartismo fiscal”) e introduciendo con el mismo fin algunos dispositivos de regulación apoyado en los atributos del Estado. Pero siempre en la búsqueda de solventar una cuota de la masa de ganancia para algunas fracciones del capital social redireccionando recursos de la renta agraria y otras fuentes. Aunque esto tenga como contracara algunos límites a los aumentos de precios o sea la manera de volver sostenibles para los empresarios algunas mejoras salariales, haciéndolos compatibles con ganancias normales (“normales” para la voracidad de los capitales que se valorizan en el país), y en ese sentido tenga un efecto “redistributivo” en relación con los asalariados, el objetivo es operar una compensación a los capitalistas. Para decirlo con todas las letras, estamos hablando de un intervencionismo del Estado burgués en beneficio de la burguesía, aunque su resultado haya sido también “distender” parcialmente las relaciones con las clases subalternas, creando algunas expectativas de mejoras en algunos sectores obreros y populares (que sólo se concretaron parcialmente para franjas limitadas, como las de los trabajadores privados registrados, y solamente si las comparamos con la situación catastrófica de la hecatombe de 2001).
¿Cambio de paradigma?
La pregunta sería si las últimas medidas para el sector energético representan un replanteo de esta condición, un salto hacia un camino diferente, que rompa los marcos establecidos. Puede que así se lo figuren algunos de los protagonistas. También se lo figuran así algunos exponentes de la oposición patronal. El ex ministro de Economía Roberto Lavagna, salió a advertir una “sovietización” del sector petrolero ante los cambios en el marco regulatorio implicados por el decreto 1.127, complemento de la ley de “recompra” parcial de YPF.
Tanto en el caso del sector petrolero como en el del sector energético, el Estado ya no se limita a “poner la mosca” y establecer alguna meta y uno que otro mecanismo de control muy general. Ahora se proponen trabajar sobre la base de un conocimiento riguroso de la estructura de costos de las empresas, sobre la base de determinar para los mismos una “rentabilidad razonable”, en palabras del viceministro de Economía, Axel Kicillof. Uno de los puntos enfatizados sería el seguimiento de los planes de inversión, con la amenaza, en el caso petrolero, de revertir la concesión de áreas con inversión insuficiente. Un rasgo central que orienta la nueva intervención en el sector energético e hidrocarburífero es empujar las inversiones que no ocurrieron durante todos estos años para aumentar la capacidad de generación del sistema.
Pero, como sea que se figuren esta gesta sus protagonistas –y los acérrimos defensores de la libre empresa que lanzan sus dardos contra lo que pretenden identificar con tendencias hacia un “capitalismo de Estado”- lo cierto es que esta “radicalización” llega para limpiar los platos después de la fiesta. Aunque ahora los parches hayan sido reemplazados por planes sectoriales un poco más integrales, estos no hacen más que administrar el pasaje de la situación de abundancia a una de escasez. Abundancia de recursos fiscales, que permitieron que el Estado sostuviera con subsidios la ecuación de negocios de las empresas, y abundancia de dólares, que hizo soportable la gangrena de un sistema que mostraba numerosos agujeros que debieron cubrirse con importaciones de fuel oil y gas.
Si se observa un intento de subordinación y de comando por parte de los funcionarios gubernamentales para coordinar esfuerzos -objetivo de resultado incierto- esto evidencia la constatación de la magnitud del fracaso del esquema previo para contener las contradicciones, y la imposibilidad de sostenerlo en tiempos en los que se impone la “sintonía fina” del ajuste.
Sin embargo, la mayor intervención en el sector no significa que mágicamente aparecerán los recursos para financiar las inversiones. Ni éstos, ni la “rentabilidad razonable” (algo que para las empresas de distribución de electricidad que están al borde de la convocatoria de acreedores fue como música para sus oídos) podrán tener otra fuente que un aumento de tarifas.
Sin escape al ajuste
Ya lo estamos viendo en YPF. Si apenas anunciada la recompra de la empresa algunos periodistas oficialistas se ilusionaban con las tarifas preferenciales que podrían establecerse en beneficio de algunas regiones del país, el camino trazado va en otro sentido. El plan de Galuccio cuenta centralmente con los recursos de YPF para financiar la inversión, lo cual sólo será posible aumentando las tarifas, objetivo que fue parte de los anuncios del pasado jueves. Y en GNC hemos visto también un aumento, de nada menos del 300%, para el precio pagado por las estaciones. Aunque aún no se ha trasladado a las tarifas cobradas por las estaciones, esto es sólo cuestión de tiempo.
El ajuste que ahora se impone es el producto de haber preservado los marcos regulatorios de las privatizaciones, dejando a todas las empresas firmes en sus posiciones y al mando de los planes de inversión, aunque limitando los ajustes tarifarios. Una especie de esquema “mixto” similar al del transporte ferroviario, cuyas consecuencias trágicas saltan a la vista. El aporte de recursos estatales permitió que las empresas mantuvieran su rentabilidad, pero con un “modelo” de negocios basado en administrar la capacidad instalada, sin siquiera invertir para recomponer los generadores de electricidad que llegaron al fin de su vida útil. De esta forma, las ganancias de los operadores (tanto en la generación como en la distribución) tuvieron como condición la no inversión, se produjeron a costa de un desgaste sin reposición del capital fijo, con aval del Estado.
Que ahora se propongan profundizar el rol estatal en orquestar el funcionamiento del sector petrolero e hidrocarburífero, no permite ocultar el carácter tardío de esta iniciativa, que no hace más que sacar de las manos empresarias una papa caliente. Y que no va a evitar los ajustes que el gobierno estuvo rehuyendo durante estos años, pero sólo al precio de patearlos para adelante haciendo que su carga se haga cada vez más onerosa.
Mientras tanto, en paralelo al reemplazo del marco regulatorio bajo el cual se produjo la privatización del sector, que fue propagandizado por medios oficialistas como la “descomoditización” de los hidrocarburos (es decir que ya no serían una mercancía sometida al lucro), las nuevas formas de asociación previstas por Galuccio proyectan entregar a las multinacionales que se asocien con YPF el 50% de la producción obtenida en los proyectos conjuntos. Si le suena parecido a la entrega frondicista (una política bastante “comoditificadora”) no es ninguna coincidencia.
Mientras tanto, hay nuevos jugadores que entran al sector. Bridas compro Esso y se transformó en la segunda petrolera del país. Sin duda, un indicio de que esperan que no haya tanta "descomoditización" como para impedir que puedan hacerse buenos negocios.
Dime donde ajustas...
Pero no sólo aumentos de tarifas y combustible se auguran como resultados de la intervención. También podemos prever, en aras de la productividad y de los márgenes de rentabilidad “razonable”, una presión reforzada sobre los asalariados, poniendo límites más estrechos a los aumentos salariales e incrementando las exigencias durante la jornada de trabajo, a los fines de disminuir el costo salarial. Esta mayor dureza ante los intentos de recomposición salarial estuvo presente en todas las negociaciones paritarias de este año, pero todo sugiere que se expresará de manera reforzada ante los asalariados de estos sectores críticos.
La idea de que puede haber una tangente en la cual se pueda preservar las relaciones de producción capitalistas y a la vez sobreponerse a sus contradicciones mediante la regulación del Estado, cuadratura del círculo que en tiempos de vacas gordas parecería posible, en tiempos menos benignos se revela como completamente utópica. Los superávits gemelos (en la situación fiscal y en el sector externo) confirieron al Estado una capacidad de arbitraje y permitieron durante un tiempo administrar el agotamiento del esquema posponiendo el ajuste. Sin esta base, todo lo que puede administrarse hoy es sobre quién caerán los costos del ajuste. La preparación para descargarlos sobre los usuarios y los asalariados del sector, y de reorganizar el esquema energético en función de los requerimientos de la reproducción capitalista en la Argentina, despejan cualquier duda sobre el carácter de clase del intervencionismo orquestado por el viceministro Kicillof y su troupe.
Por una salida de otra clase
La cuestión energética es la expresión más saliente de la condición dependiente y semicolonial del capitalismo argentino. Frente a estas alternativas de hierro del capital, ya sean los ajustes ortodoxos por los que apuestan sectores empresarios y de la oposición patronal, o la variante K de ajuste heterodoxo, es necesario fortalecer una alternativa obrera y socialista que ataque de la raíz la dominación imperialista y sus posiciones en este sector fundamental, expropiando el conjunto de las empresas del sector energético para organizarlas en un plan conjunto sustentado sobre la base del no pago de la deuda, impuestos a las grandes fortunas y la apropiación integra de la renta agraria e hidrocarburífera.
