La ley del pago

La Cámara de Senadores dio aprobación al proyecto de Ley de Pago Soberano Local de la Deuda Externa, que apunta a cambiar de jurisdicción la deuda emitida bajo legislación norteamericana. Ahora seguirá su trámite en diputados. El gobierno apuesta a aprobarlo en trámite veloz para realizar la operación de canje antes del 30 de septiembre, cuando hay un vencimiento de 200 millones de dólares del bono Par cuyo incumplimiento ampliaría los bonos en default a causa del fallo del juez Thomas Griesa.

Este proyecto aprobado en el Senado declara “de interés público la Reestructuración de la Deuda Soberana” y apunta a implementar instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios correspondientes al cien por ciento de los títulos emitidos en el marco de la Reestructuración de Deuda Soberana 2005-2010. El proyecto reemplaza el agente de pago (hasta entonces el Bank of New York Mellon, BONY) por Nación Fideicomisos y apunta a realizar un nuevo canje que reemplace los bonos emitidos bajo jurisdicción norteamericana por otros. El texto que diseñó el Poder Ejecutivo explica que los cambios se proponen “con motivo de la ilegítima e ilegal obstrucción” que dispuso el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa, ante el reclamo de los holdouts, “de los mecanismos de cobro de los servicios de los Títulos Reestructurados no regidos por ley y jurisdicción argentina”.

El proyecto enviado al congreso el 19 de agosto preveía la posibilidad de habilitar a los bonistas a elegir la jurisdicción que les resultase conveniente. El Frente para la Victoria incorporó el martes pasado nuevas modificaciones apuntando a ampliar el apoyo al proyecto. La reforma apunta a incluir explícitamente la posibilidad de canjear por títulos “regidos por legislación y jurisdicción” de Francia además de la Argentina. Esta modificación buscó contemplar los reclamos del Frente Renovador de habilitar otro lugar de pago además de Buenos Aires. A pesar de esto, el massismo reafirmó el rechazo al proyecto. El artículo 12 establece la creación de la Comisión Bicameral Permanente para investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda, así como el “seguimiento de la gestión y los pagos que se realicen” y una “investigación de la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitres”. Curiosa intención, considerando que hace ya cuatro años –cuando impulsó el Fondo del Bicentenario para usar dólares del Banco Central para pagar deuda– la Presidenta descartó cualquier investigación de la deuda planteando que el tiempo para hacerla era 1983, a la salida de la dictadura. El artículo 14 exime del pago de impuestos a los fondos que se destinen para los bonistas.

El gobierno busca acelerar la aprobación del proyecto para completar el canje antes del 30 de setiembre, y evitar que se agrave el default. Después de haber quitado derechos de representación al agente pagador (el BoNY), Economía no puede depositar el dinero como hizo en junio y aducir que cumplió las obligaciones como hizo en junio. Por eso la urgencia.

Aunque avanza el trámite parlamentario, hay varios motivos por los cuáles el proyecto es recibido con escepticismo. El BoNY debería colaborar para que se concrete el canje, para identificar a los bonistas, y si lo hace podría ser declarados en desacato por parte de Griesa. Nación Fideicomisos S.A. es cuestionado además por varios agentes financieros debido a la falta de experiencia y presunta debilidad técnica.

Un segundo motivo de duda son las tenencias de buena parte de los bonos bajo jurisdicción norteamericana por parte de fondos que por estatuto no pueden invertir en papeles que no tengan legislación norteamericana, por lo que no puede esperarse se acepten el cambio para cobrar en Buenos Aires, tenencias que algunos estiman que llegan hasta el 70% de los bonos con ley en Nueva York. Esto abre la pregunta de qué porcentaje de aceptación puede asegurarse el gobierno. Si termina muy por abajo del 92,4% al gobierno le costaría mostrarlo como un éxito. Podría producirse una situación en la que deba afrontar en simultáneo la continuidad de los litigios de los holdouts (que no entraron a los canjes de 2005 y 2010) y los reclamos de “nuevos” holdout que no participen de este canje.

Por fuera de estar incertidumbres, una cosa es segura: lo único de soberano en el proyecto presentado es el nombre, más aún ahora que lleva acento francés. Regularizar la deuda mediante este nuevo canje significa reiniciar una gravosa entrega de dólares. El gobierno se felicita de haber pagado 190 mil millones de dólares. Pero a pesar de eso la carga no paró de crecer; hoy ronda los 250 mil millones de dólares. Esta carga sobre los recursos fiscales obligó a destinar fondos públicos que podrían haberse utilizado para gastos en salud, educación o infraestrucura. Pagar la deuda, como lo venimos sufriendo hace décadas, tiene gravosas consecuencias para la clase trabajadora y el pueblo.

En el senado no hubo una sola voz que rechazara enteramente pagar la deuda. Todas las expresiones políticas, aún la centroizquierda opositor, acompaña el precepto de que “las deudas se pagan”, acompañando o presentando alternativas. Sólo el Frente de Izquierda plantea claramente el no pago, y, como ha reclamado el diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolás del Caño, es necesario abrir lugar a una consulta popular vinculante, para que sea el pueblo el que decida que se hace con la deuda.

De buitres “malos” y “patriotas”

En el marco del creciente escepticismo de varios analistas ante el nuevo canje de deuda anunciado por el gobierno el martes pasado, apareció este fin de semana un fondo de inversión amigo que podría apuntalar la estrategia del gobierno. David Martínez Guzmán, titular del fondo Finthech Advisory, que tiene títulos de deuda pública argentina por una cifra cercana a los mil millones de dólares, ha planteado su apoyo al proyecto de ley enviado al Congreso el pasado martes y su intención de cooperar para “aislar al juez Thomas Griesa y a los fondos buitre y reanudar la cadena de pagos interrumpida en forma arbitraria”.

Empieza a tomar cuerpo el objetivo de involucrar a los bonistas de los canjes para encausar la crisis creada por la decisión de la Corte Suprema el pasado 16 de junio de no tomar la apelación argentina al fallo de Griesa, que obliga a pagar el 100% de la deuda más punitorios a los bonistas holdout (que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010) y ordena el embargo de todos los fondos que argentina deposite para pagar vencimientos de la deuda canjeada. El depósito que realizó la Argentina para el vencimiento del 30 de junio por 539 millones de dólares en el Bank of New York Mellon (BoNY), no fue finalmente embargado pero sí bloqueado. Aunque el gobierno sostiene que al pagar cumplió con sus obligaciones, y responsabiliza al agente de pago (el BoNY), después del 30 de julio se activaron los mecanismos que declaran al país en default.

Un tercer canje con destino incierto

Con el anuncio del nuevo canje, que con las declaraciones de Martínez Guzmán muestra aceptación entre algunos acreedores, el gobierno apuesta a salir del default en un tiempo limitado. De ser posible antes del 30 de septiembre, cuando hay un nuevo vencimiento de deuda por 200 millones de dólares del bono Par. Es que, después de la oficialización del default, difícilmente pueda Economía repetir la decisión de junio y depositar en el BoNY. Sin embargo, la aparición de Fintech en escena no despeja los puntos dudosos de la estrategia oficial. El primero es el mecanismo para canjear los bonos. El Gobierno decidió remover al BoNY como agente de pago y reemplazarlo por Nación Fideicomisos (u otra entidad que puedan designar los bonistas). Este cambio se topa con una dificultad: la necesaria participación del BoNY validando los registros de los bonistas podría volverlo pasible de caer en desacato ante la corte neoyorquina, ya que el fallo de Griesa prohíbe a los agentes de pago de jurisdicción neoyorquina colaborar con un eventual canje o cambio de domicilio. La segunda cuestión son los fondos de inversión extranjeros que, por estatuto, no pueden cambiar de jurisdicción.Salvo que los fondos “amigos” se ocupen de la compra de esta porción de la deuda, todo el mecanismo fracasaría ante la baja aceptación. Es decir que surgiría una se generarían más holdouts que podrían iniciar nuevos juicios. A pesar del respaldo de Fintech, los interrogantes al atajo que presenta el gobierno persisten.

Lo que pone en evidencia es que, aunque se sigue apelando a la retórica de “Patria o buitres”, los intentos de restablecer el pago de la deuda externa persisten. Es natural. Durante años el gobierno y todos los “progres” que desde diversos medios replican el pensamiento oficial, sostuvieron hasta el hartazgo que la deuda había dejado de ser un problema, gracias a la “capacidad de pago” del país (que se basó en un ciclo inédito de crecimiento de las exportaciones que revirtió tendencias previas) y la supuesta reestructuración “soberana” que había pactado una quita elevada (que después se hizo evidente que no era tal en los hechos). La estrategia del kirchnerismo fue resolver el problema de la deuda pagando “serialmente”, y en esto fue acompañado por buena parte de los “progres” que en otros tiempos habían repudiado el costo social de la deuda. Desde 2005 el kirchnerismo fue el mejor pagador, aunque quedaron en el tintero algunas de las hipotecas que había dejado la hecatombe de 2001, como ocurría con el Club de París, o los bonistas holdout.Conviviendo con estos frentes, el gobierno se obligó a redoblar el ritmo de transferencia de recursos a través de los pagos netos de deuda. Donde otros pagaban deuda con deuda, el gobierno argentino entregaba dólares contantes y sonantes. También reemplazaba deuda externa con deuda interna, contraída mayormente con ANSES y el Banco Central, es decir, retrayendo recursos paras las jubilaciones, preparando un futuro desfalco de la caja previsional y minando los márgenes para hacer política monetaria. Estrategia costosa y fallida: a pesar de ser “pagadores seriales”, la deuda pública pasó de 126 mil millones de dólares luego del canje de 2005, a 200 mil millones de dólares a fines de 2013. En la actualidad estaría superando los 225 mil millones de dólares.

Los 190 mil millones de dólares que el propio gobierno dice haber pagado desde 2003 (equivalente a media producción anual de la economía argentina), está entre las explicaciones de fondo de la escasez de dólares. Sumada a una fuga de capitales que se acerca a otros 100 mil millones en la última década, a las remesas de utilidades de las corporaciones al exterior que fueron récord, al descalabro energético y al fracaso de la publicitada reindustrialización, que se ver de forma patente en la industria automotriz que muchos más dólares de importaciones requiere cuanto más produce. Hasta 2011 se toleró alegremente estas sangrías, confiando que los dólares de la soja alcanzarían para cubrirlas. Cuando se hizo evidente que no era tan así, se confió en el cepo cambiario para cuidar las divisas. Sin embargo las reservas en manos del Banco Central siguieron cayendo.

Por eso el gobierno pegó el volantazo en enero: devaluación de más de 20 por ciento en días y vuelta a los mercados. El gobierno pagó los litigios del Ciadi (tribunal a la medida de las grandes empresas multinacionales), pactó con el Club de París, e indemnizó generosamente a Repsol. Sin embargo, se topó con la decisión adversa de la corte norteamericana, y el resultado es que por ahora cualquier resolución de la escasez de dólares por la vía de endeudarse afuera está archivada. Esta escasez, sumada a la inflación, ya está volviendo a apretar para generar un segundo ajuste cambiario en un año.

En la última semana el mercado paralelo se volvió a mover en espera de un nuevo ajuste en el tipo de cambio, ante el complicado panorama para conseguir dólares que genera el default que el gobierno pretende no ha ocurrido. El vice ministro de economía Emanuel Álvarez Agis salió a negar a finales de las semana pasada que se venga una devaluación, pero ya sabemos lo que suelen preanunciar estas declaraciones. Al mismo tiempo que hacía sus declaraciones, el Banco Central permitía que el dólar oficial subiera 11 centavos. Ya con los efectos que tuvo la devaluación de enero, las proyecciones apuntaban a una caída del salario de 5 por ciento para 2014, a pesar de las paritarias. Las nuevas turbulencias anuncian que la pérdida podría ser aún más severa, lo que se suma al deterioro del empleo.

El problema no es el default sino la deuda

En el debate entre oficialismo y oposición patronal sobre qué hacer con los buitres, que con el proyecto de canje se vuelve a trasladar al congreso, hay un acuerdo básico que es seguir pasando la deuda usuraria y fraudulenta. Deuda que se pagó varias veces desde la vuelta de la democracia, lo que no frenó su aumento desde 35 mil millones de dólares hasta su monto actual. Con o sin aprobación del proyecto oficial, el gobierno, el PRO, el Frente Renovador y las principales fuerzas del FAUnen coinciden mantener y profundizar el lastre de la deuda, comprometiendo nuestro futuro. La deuda es un fraude y un saqueo, que golpea con todo sobre los trabajadores y sectores populares. Por eso es urgente discutir no cómo pagarla, sino las medidas para dejar de pagarla.

Canje para seguir pagando: de soberanía, sólo el nombre

Cristina Fernandez anunció ayer que enviará al Congreso un proyecto de Ley de Pago Soberano Local de la Deuda Externa, que apunta a cambiar de jurisdicción la deuda emitida bajo legislación norteamericana. Esto ocurre pasados algo más de dos meses desde que la Corte Suprema de los EEUU confirmara el fallo del juez Thomas Griesa al rechazar considerar la apelación del Estado argentino, y el gobierno quedara encerrado entre las alternativas de pagar a los bonistas “holdout” que no entraron al canje el 100% del valor de sus bonos o verse impedido de mantener los cumplimientos a los bonistas que sí canjearon en 2005 y 2010. Y 19 días después de que el “incumplimiento” alcanzara el status de definitivo, activando los mecanismos de declaración del default. El incumplimiento y el propio default son puestos en discusión por el gobierno ya que el dinero fue depositado en regla, antes del primer vencimiento del 30 de junio, sólo que el agente de pago (Bank of New York Mellon) se vio impedido de entregarlo a los bonistas por orden de Griesa. A pesar de este planteo del gobierno, las desacreditadas agencias calificadoras de deuda y las agencias que tienen seguros sobre impagos de la deuda argentina, activaron todos los mecanismos que indica el ingreso en default.

Con el proyecto presentado ayer, el gobierno se decide finalmente por un camino con el que ya había amagado el Ministro de Economía Axel Kicillof en su primer conferencia de prensa luego de conocida la decisión de la Corte Suprema norteamericana, cuando dijo que iba a instruir para evaluar el cambio de jurisdicción de pagos. El proyecto no establece obligatoriamente la jurisdicción argenina, sino que habilita a los bonistas a elegir la jurisdicción que les resulte conveniente. Desde entonces se iniciaron las trabadas negociaciones, en las cuáles el gobierno hizo hincapié en la cláusula RUFO (derecho sobre mejores ofertas) para no mejorar la oferta, sin que el gobierno volviera a sacar a relucir esta alternativa. Dos motivos centrales la hicieron en todo momento poco creíble: 1) la amenaza de desacato por parte de Griesa que pesa sobre los agentes de pago si ayudan a la Argentina a evadirse del fallo del juez neoyorquino, ante lo cual es de esperarse que ningún banco internacional de procedencia norteamericana se arriesgue, y no son de fácil reemplazo; 2) las tenencias de buena parte de los bonos bajo jurisdicción norteamericana por parte de fondos que por estatuto no pueden invertir en papeles que no tengan legislación norteamericana, por lo que no puede esperarse se acepten el cambio para cobrar en Buenos Aires, tenencias que algunos estiman que llegan hasta el 70% de los bonos con ley en Nueva York.

Para afrontar lo primero, el gobierno resuelve el cambio del agente de pago, reemplazando al BONY por Nación Fideicomisos S.A. Esto podría resolver una de las trabas que tenían para intentar el cambio de jurisdicción, ya que escapa de la jurisdicción yanqui y podría contar con una ingeniería legal que lo cubra, más allá de la falta de experiencia y debilidad técnica a la que han apuntado algunos economistas liberales, de los que bregan por un acatamiento en toda la línea de lo ordenado por Griesa.

La cuestión más espinosa está en el segundo punto señalado más arriba, y abre la pregunta de qué porcentaje de aceptación puede asegurarse el gobierno. Si termina muy por abajo del 92,4% sería un problema. Podría producirse una situación en la que deba afrontar en simultáneo la continuidad de los litigios de los holdouts, y los reclamos de “aceleración” -es decir el cobro íntegro de la deuda- por parte de los bonistas afectados por el nuevo default, si el porcentaje que no entra al canje es grande. Todo esto en un contexto donde mantendría la incapacidad para endeudarse afuera. La pregunta es ¿qué probabilidad hay de que los bonistas que habían canjeado en 2005 o 2010 y se ven afectados por el bloqueo de pagos ordenado por Griesa no canjeen para seguir cobrando? Para los que no tengan impedimentos legales, pocas. El que ya canjeó en su mayoría está haciendo el negocio de cobrar, y va a buscar las vías para seguir haciéndolo. Por supuesto, los mismos “buitres” holdout que están haciendo juicio también tienen parte de los bonos regularizados con el objetivo de buscar la aceleración, pero estos mismos también podrían canjear si ven que no les dan los números para llegar al piso mínimo de 25% que se exige para pedir la aceleración. A priori, el mayor problema está entonces con los bonistas que no están habilitados para canjear por deuda emitida bajo jurisdicción argentina. Acá surge la pregunta es ¿habrá un nuevo "Gramercy" que, al igual que con los juicios del CIADI -organismo armado a la medida de las corporaciones imperialistas para ganar juicios contra los Estados semicoloniales y dependientes- compre esta deuda para después canjear? Es una posibilidad. Sería otra escandalosa entrega de un negoción a un "buitre" amigo. Si este es el precio para asegurar un porcentaje de aceptación cercano al 90% actual (aunque seguramente unos puntos menor que lo canjeado hasta ahora), el gobierno ya demostró en el pasado que está dispuesto a pagarlo. A pesar de las diatribas contra la banca local y extranjera, los diez años de kirchnerismo han sido pródigos en obsequiarles todo tipo de negocios.

¿Cuáles serían las consecuencias para la economía argentina? El gobierno podría presentar el éxito -relativo- de dar por cerrada la crisis abierta en junio, ya que menguaría el poder de fuego de los holdouts y la corte yanqui. Pero seguiría cerrado el grifo para endeudamiento externo y además se ingresaría definitivamente en desacato con la corte yanqui. Después de haberse vuelto a validar el sometimiento a la jurisdicción extranjera en los canjes de 2005 y de 2010, ahora el kirchnerismo busca evadirse de las consecuencias de sus propios actos cuando estos le imponen un fallo adverso. Esto implica archivar cualquier perspectiva de emisiones de deuda en los EE.UU., y seguramente también en el resto de las grandes plazas. A pesar de que compiten entre sí por captar clientes, todos los centros de las finanzas globales coinciden en defender a rajatabla la disciplina de las economías dependientes, golpeando contra cualquiera que amague con dar una mínima patadita al tablero, así sea como en el caso del gobierno de Cristina Fernández para abrir vías para continuar con los pagos seriales. Por eso, a lo sumo podrán restablecerse los acuerdos con china, que en este momento están congelados también por el default a apenas un mes de anunciados.

La vía de un embargar el futuro de la economía con deuda para saldar hoy la “restricción externa” seguiría cerrada, y por ende la obligada "heterodoxia" de financiarse con el central, frenar las importaciones de insumos creando así un frenazo económico al parar la producción, al mismo tiempo que se trata de contrarrestar el frenazo bajando las tasas de interés para créditos, en un cóctel explosivo, seguirá desarrollándose. Es decir un ajuste en toda la línea, acomañado del desarrollo de algunas "bombas de tiempo", cuya explosividad se encuentra por el momento limitada por la recesión, que pone límites a la inflación, así como genera conductas "cautas" incluso en la especulación, al menos por el momento. Pero sin la vía de retomar el endeudamiento externa seguirán agravándose los desequilibrios, aunque el gobierno presente una batería de políticas “activas” haciendo gala de un keynesianismo que está con la pólvora mojada. Aún si se logra el "éxito" en el anunciado cambio de jurisdicción esto no va a cambiar.

Buena parte de la oposición, como es claramente el caso del PRO y parte de la UCR (y ciertos economistas cercanos a Massa, que prefirió callar) critica el anuncio de ayer porque con esto el gobierno pretende validar lo actuado. Reclaman en cambio un inmediato cumplimiento del fallo, pagando a los holdouts todo lo que ordena Griesa. Ante esto el gobierno presenta su alternativa como la de quienes no “ceden” a las presiones imperialistas. Pero esta pretensión tiene patas cortas. Regularizar la deuda mediante este nuevo canje significa continuar con la succión de dólares que representa la deuda. Que a pesar de que el gobierno se felicita de haber pagado 190 mil millones de dólares no paró de crecer, y hoy ronda los 250 mil millones de dólares después de los acuerdos con Repsol, Ciadi, y Club de París. Estos pagos, junto con la fuga de capitales con la que la burguesía colocó las ganancias que amasó a resguardo en paraísos fiscales, y con el descalabro energético que es resultado del vaciamiento empresario, son las gangrenas que han hecho reaparecer la mentada “restricción externa”, que en realidad no es otra cosa que una expresión del atraso y dependencia del capitalismo argentino que esta expolación contribuye a reproducir. Es pagar la deuda lo que tiene gravosas consecuencias para la clase trabajadora y el pueblo, no el default. Por eso es necesario declarar el no pago, inseparable de a otra serie de medidas como el monopolio del comercio exterior y la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores. Las alternativas no pueden reducirse, como los presentan los partidos patronales, entre cumplir con Griesa o cambiar jurisdicción para seguir pagando. Repetimos, más que nunca, debemos exigir que no sean el gobierno y la casta política quienes decidan de espaldas a los trabajadores embargando el futuro con el grillete de los pagos de deuda. Como ha reclamado el diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolásdel Caño, es necesario abrir lugar a una consulta popular vinculante, para que sea el pueblo el que decida que se hace con la deuda.

Default o no default, esa NO es la cuestión

 

En La verdad obrera 580 damos cuenta junto a Gastón Ramírez de las últimas novedades de ayer, sobre la -hasta el momento- frustrada negociación, ya no entre los buitres y el gobierno, sino de los primeros con banqueros argentinos, para comprar los bonos en poder de los litigantes. Aunque algunos banqueros intentan proseguir las negociaciones, con el correr de las horas el default se hace más palpable.
A pesar del dramatismo que ha adquirido el suspenso sobre el default, para los trabajadores y el pueblo, lo verdaderamente catastrófico es continuar el ciclo de endeudamiento, acompañado de pagos "seriales". El gobierno ha hecho puntillosamente lo segundo, y se prepara para despedirse reiniciando otro ciclo de emisión de deuda. 

Invitamos a leer, acá.

Buitres: rumbo al 30J (audios en Pateando el tablero)

Este sábado participamos en el programa Pateando el tablero, para discutir sobre las novedades producidas en el litigio con los fondos buitres que sustentan parte de los bonos "holdout" (que no entraron a los canjes) y obtuvieron un fallo favorable en la corte neoyorquina, revalidado por la corte suprema. Como producto de este fallo, el gobierno argentino viene impedido de cancelar los pagos de deuda regularizada, y si no hay novedades antes del próximo miércoles, todo iría rumbo a un default de al menos parte de la deuda regularizada. El panorama, y, sobre todo, los motivos de esta encerrona (un producto directo de la política K de cumplir puntillosamente con las finanzas globales), los analizamos en el programa. 

Para escuchar el audio, ir acá.

Buitres en NY: al filo de la navaja

Como viene haciendo desde que la Corte Suprema norteamericana avaló su fallo que ordena a la Argentina pagar a los bonistas “holdout” en cash, el juez Thomas Griesa volvió hoy a redoblar la presión sobre el gobierno para que cumpla el fallo. Se negó a reponer el “stay”, que habilitaría la posibilidad de que se pueda concretar el pago de los bonos “performing” (que ingresaron a los canjes anteriores) que venció el pasado 30 de junio, con período de gracia hasta el 30 de julio. El juez rechazó pronunciarse sobre la situación de los pagos a bonos nominados en yenes y euros, que también se vieron afectados por el bloqueo a los fondos que el gobierno depositó en el Bank of New York (BONY) para afrontar el vencimiento del pasado 30. La audiencia de hoy estaba convocada por el pedido de Euroclear de clarificar la situación de estos bonos, ya que los acreedores fuera de EE.UU. sostienen que Griesa estaría actuando fuera de su jurisdicción. De no saldarse el pago ya vencido antes del 30 de julio, estos bonos entrarán en default. Esto significa que se habilitaría la posibilidad de que los bonistas que entraron al canje puedan iniciar reclamos por el valor total de los bonos. Pero, como si se tratase de una mamuschkas, cada fecha límite encierra dentro de sí un nuevo aplazamiento, hasta un punto futuro donde, con amenazas cada vez más ominosas, la situación puede sin embargo retrotraerse al punto de arranque. Después del 30, aunque ya en default, el gobierno tendría otros 60 días para restablecer la situación de los bonos.

Griesa dispuso para mañana nuevos encuentros entre los bonistas y los funcionarios argentinos. Estos últimos insisten que no pueden alcanzar un acuerdo con los buitres, ya que se dispararía la llamada claúsula RUFO (sigla en inglés para Derechos Sobre Futuras Ofertas) establecida en los bonos canjeados, que les da derecho a participar de cualquier mejora en las condiciones que se otorgue a algún bonista antes de enero de 2015. Más allá de la diversidad de interpretaciones sobre esta claúsula, desde el gobierno sostienen que un arreglo con los bonistas aún bajo presión judicial la dispararía, pudiendo hacer que la deuda crezca en hasta 120 mil millones de dólares. Ante esta amenaza, la estrategia del gobierno oscila entre intentar alcanzar un acuerdo que se concrete después de enero o, si esto no resulta posible, ir a un default de los bonos en el extranjero cargando la responsabilidad sobre la intransigencia de Griesa. Hasta la semana pasada, los valores de los bonos indicaban que todos los especuladores confiaban en un acuerdo, pero esto empezó a cambiar. La hipótesis de default parcial se vuelve más palpable con el correr de los días. La deuda que en este caso caería en cesación de pagos sería la emitida fuera de la jurisdicción argentina, en dólares, yenes y euros. Ante la posibilidad de este escenario, varios analistas desdramatizan sus posibles consecuencias señalando que hoy la deuda en moneda extranjera tiene un peso muy menor que en otras épocas, representando apenas el equivalente a un 15,1% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, sería un disparo en las piernas para la estrategia que tiene trazada el gobierno de volver a los mercados y estimular la entrada de capitales.

El swap con China, los acuerdos con los BRICS, y un default parcial, podrían ser configurar un plan B ante la dureza de Griesa y los bonistas buitres, para establecer un plan de contingencia ante el temor de la claúsula RUFO. Podrían aderezarse con discursos sobre la “herencia” de las cláusulas noventistas que cedieron soberanía judicial en favor de las cortes neoyorquinas. Sin embargo, por mucho esfuerzo que hagan para presentarlo como un ataque a un gobierno que parece defender una postura soberana, un eventual default parcial no sería más que la vía para escapar de una encerrona en la que el gobierno está por decisiones políticas de este mismo período. Si Griesa y sus favorecidos tienen poder de daño, es porque no sólo se otorgó soberanía extranjera en la emisión de bonos de los '90 y en los canjes sucesivos. Se volvió a hacer en las reestructuraciones de tiempos kirchneristas, en 2005 y en 2010, espoleados por la necesidad de asegurarse buenos niveles de aceptación para mostrar éxito en el canje. Dudoso “éxito”, que llevó a que la economía argentina volvió a ser desfalcada anualmente por los pagos a los especuladores, bien aderezados con obsequiosos cupones atados al crecimiento de la economía. El gobierno “nac & pop”, que ilusionó con que podría salirse del problema de la deuda pagando “serialmente”, se encuentra acorralado por las cortes como producto de sus propias decisiones, para peor en un momento en que el Banco Central se muestra escaso de dividas, a consecuencia de los pagos serial de deuda, de una formidable fuga de capitales y del déficit energético. La nueva encrucijada pone en evidencia que, en las antípodas de la estrategia del gobierno y de todos los partidos patronales, la única salida al problema de la deuda es el no pago, como parte de un programa de conjunto para cortar con la expoliación de todos los buitres, como desarrollamos en Ideas de izquierda 11. 

Son todos buitres

Por cadena nacional la Presidenta expuso el lunes algunos de los hitos de la historia del saqueo que es la deuda externa. Se detuvo en los negociados y estafas que significó el blindaje, en el final del gobierno de la Alianza, maniobra que significó un formidable crecimiento de la deuda, que no permitió la bancarrota ni el default, pero sí sirvió para llenar los bolsillos de varios banqueros. Pero aunque parecería que el alegato no podría tener otra conclusión que declarar el no pago a los usureros, sólo concluyó con una denuncia a los “extorsionadores”, que serían los “fondos buitre”.

Pese a la denuncia del lunes, retomada el martes por el ministro de Economía, el gobierno proyecta un nuevo ciclo de endeudamiento. A pesar del traspié de estos días, esa apuesta quedó en stand by pero no fue descartada. Para compatibilizar esta intención con las declamaciones “nacionales y populares”, es necesario sostener que la deuda no es siempre parte del problema. Que, esta vez, será diferente. La historia no parece darles la razón.

En La Verdad Obrera 574, seguimos dando cuenta de las novedades de la crisis abierta por el rechazo de la Corte suprema norteamericana a la apelación presentada por el estado argetino, ante el fallo que obliga a pagar a los buitres que no ingresaron al canje. Pablo Anino escribe "Se acaba el relato del “desendeudamiento”, se reabre la crisis de la deuda". En otro artículo, damos cuenta de "La historia sin fin de la deuda".

En entrevista al diputado Nicolás del Caño, este plantea que "La izquierda exige una consulta popular, apostando a la movilización masiva". 

Deuda: la izquierda exige consulta popular

Comunicado de prensa del diputado Nicolás del Caño finalizada la reunión de Capitanich, Kicillof y Zanini para exponer sobre la respuesta al rechazo de la corte norteamericana.










Al salir de la reunión que se realizó esta mañana en el Congreso nacional entre los ministros Jorge Capitanich y Axel Kicillof, el secretario legal y técnic


Nicolás del Caño: (011) 15 2309 1046 / (0261) 470 6345 | @Nicolaso Carlos Zanniniy los presidentes de los bloques de Senadores y Diputados, Nicolás del Caño, diputado nacional del bloque PTS-Frente de Izquierda, declaró a la prensa presente en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso: "En primer lugar rechazamos una reunión cerrada a espaldas de los millones de argentinos integrantes del pueblo trabajador, más aún tratándose de un tema que hace al futuro de todos, y por eso planteamos que se abrieran las puertas para que puedan transmitir en vivo y en directo todos los medios de difusión presentes. Se negaron. La izquierda plantea que la crisis de la deuda, incluyendo los pagos al Club de París, debe ser debatida por todo el pueblo y no en reuniones a puertas cerradas. Sostenemos que se le debe consultar al pueblo cómo resolver este tema crucial para la soberanía nacional.



La izquierda rechaza de plano el fallo del juez Griesa avalado por la Corte de los EE. UU., sencillamente porque marca una prepotencia imperialista que pretende que Argentina sea una colonia total al servicio de la burguesía financiera internacional. Rechazamos todo pago y toda negociación con los llamados fondos buitre, a diferencia de lo que sostiene el oficialismo y la mayoría de las bancadas de la oposición. Hoy quisieron esconder cómo se pactaba entre todos estos ’pagadores seriales’ de la deuda externa..


Del Caño prosiguió: "El Gobierno nacional recibió de Griesa y la Corte de EE. UU. una dosis de su propia medicina: creyeron -con el aval de la mayoría de la oposición- que ’haciendo los deberes’, arreglando con el Ciadi, haciéndole un pago multimillonario a los vaciadores de la Repsol, pactando el pago con el Club de París de una deuda contraída en gran parte por la dictadura militar iban a conseguir créditos baratos. Por el contrario, el insaciable capital financiero internacional responde con este fallo: quieren más y más, y el Gobierno y la mayoría de la oposición firmaron hoy un pacto que, tras rimbombantes palabras de soberanía, busca seguir la senda del pago a la Repsol y al Club de París, es decir, seguir entregándose a los designios del capital financiero, otro pacto más de coloniaje".


"La extorsión que realizan los llamados fondos buitre no es diferente a todo el mecanismo de la deuda externa. Solo bajo los Gobiernos kirchneristas se pagaron más de 173 mil millones de dólares, como lo afirmó la propia presidenta CFK, llegando a sostener orgullosamente que somos pagadores seriales. Es inadmisible que se pretenda hacer pasar esta negociación como una patriada cuando no es otra cosa que seguir honrando al capital financiero. El acuerdo con el Club de París y la indemnización a los vaciadores de Repsol, saludadas con bombos y platillos por la amplia mayoría de la oposición, han sido una clara muestra de las prioridades de este Gobierno, que prefiere destinar miles de millones a los extorsionadores y no a los millones de argentinos que sufren graves problemas de vivienda, a la salud y a la educación públicas o al transporte", esbozó el diputado del Frente de Izquierda.


Para finalizar, Del Caño agregó: "Los diputados del Frente de Izquierda somos los únicos que planteamos el rechazo al fallo de Griesa, como así también al pago a los vaciadores de la Repsol y al acuerdo con el Club de París. Somos los únicos que hoy como ayer planteamos una medida elemental de soberanía nacional como es el no pago de la deuda externa. Que el pueblo decida soberanamente".





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Las implicancias de la decisión de la corte norteamericana de rechazar la apelación

Hace unas semanas, señalábamos en este post la existencia de dos temporalidades en la economía argentina de 2014. Por un lado, la estabilización lograda en el plano más crítico, es decir la situación del tipo de cambio y la posición de reservas del banco central, ganada a fuerza de devaluación, suba de tasas de interés, ardides varios, y disciplinamiento en las negociaciones paritarias. Es decir, un combo de ajuste ortodoxo bastante profundo. Por otro lado, el ingreso de la economía en recesión, en el marco del cual se registra una severa caída de la industria automotriz y otras relacionadas. La recesión es un resultado directo del ajuste, así como del deterioro de las ventas al exterior de automóviles, especialmente a Brasil.

En las últimas semanas esta segunda dimensión es la que había ganado visibilidad, por las suspensiones en las terminales automotrices y en algunas autopartistas, acompañadas de despidos a sectores de activistas en algunas de estas últimas. Con el rechazo de la corte norteamericana a tratar la apelación presentada por el gobierno argentino al fallo de Griesa, el plazo del que goza la estabilización cambiaria se acorta. Las dos temporalidades se fusionan; pasamos a un horizonte cercano en el que se puede volver a complicar el terreno cambiario y volver la presión sobre las reservas, al mismo tiempo que la economía se sigue deteriorando.

La resolución del lunes golpea en varios puntos sensibles, creando una desestabilización de conjunto. Veamos:

•      En primer lugar, se van agotando las instancias a través de las cuales el gobierno puede seguir postergando una salida de fondo para los bonistas que rechazaron los canjes. Las condiciones que rigen para la deuda soberana, a las cuáles se obligaron sucesivos gobiernos argentinos al emitir deuda (incluyendo los de Néstor y Cristina en los canjes), permiten que los bonistas que no quieran avenirse a lo que acepta una mayoría de acreedores cuando se produce una reestructuración, tengan libertad para seguir litigando por mejores condiciones. De esta forma, aunque se produzca una reestructuración “exitosa”, es decir aceptada por amplia mayoría de los tenedores de títulos públicos, la cuestión puede seguir en litigio para los que no acepten reestructurar. A esta “extorsión” se avino el gobierno argentino cuando negoció; aunque se buscó minimizarla, para comprobar ahora que no es nada menor. A pesar de dos canjes “exitosos”, el litigio de apenas una parte de los que no ingresaron al canje hace peligrar la regularización de toda la deuda. Con el rechazo de la corte, queda firme el fallo de Griesa, y los tiempos y variantes de negociación se reducen. El gobierno está obligado a negociar o buscar alternativas para evitar las consecuencias del fallo (como cambiar el domicilio de pago para escapar al embargo o canjear los bonos por otros de jurisdicción argentina) a contrarreloj, con lo cual el default técnico se vuelve un fantasma real. Si el gobierno se decidiera por la negociación, esta se produciría ahora con la confirmación de un fallo adverso, sin que la corte norteamericana se haya avenido siquiera a dar un plazo de gracia haciendo consultas con el gobierno, lo cual debilita la posición del gobierno y fortalece la de los bonistas. Si decide pagar en Buenos Aires sería declarar una desobediencia al fallo (desobediencia hecha con el fin de seguir siendo puntuales pagadores al 93% que reestructuró), que podría dar lugar a eventuales embargos (recordemos lo que ocurrió con la Fragata libertad en Ghana), pero sobre todo dinamitaría cualquier posibilidad de vuelta a los mercados, ya de por sí ensombrecida. Aunque los tiempos se abreviaron considerablemente, ninguna definición tendría que tener lugar en lo inmediato. Por lo pronto, puede pedir a la corte que revise el caso, lo cual significa 25 días más. Esto significa que pago de los bonos Discount del 30 de junio no estaría amenazado. Posteriormente, quedará por ver si Griesa accede a los pedidos del fondo MNL, de Paul Singer, de acelerar el pedido de pago o se abre una instancia de negociación.
•      El punto crítico, con todo, no está en lo que ocurrirá con la deuda, que puede repercutir muy severamente pero en el mediano plazo, sino con la ganada estabilidad cambiaria. Después de la fuerte devaluación de enero, la suba de interés para contener a los ahorristas en pesos y frenar el escape al dólar terminó de desinflar el mercado blue a partir de febrero. Las paritarias, que no terminan de cerrarse, están terminando en la mayoría de los casos con una caída de los salarios reales, lo cual significa que tuvo cierto éxito la estrategia de descargar los costos del ajuste sobre la clase trabajadora. Para garantizar que con este ajuste se pudiera llegar a 2015, la apuesta era la vuelta a los mercados. Hace ya varios meses que se habla del “desendeudamiento heterodoxo” y fórmulas por el estilo, para cubrir el hecho de que, cuando las papas quemas, la apuesta vuelve a ser la emisión de deuda, cuyas gravosas consecuencias hemos visto varias veces en las últimas décadas. A pesar de los deberes cumplidos por el gobierno con el Club de París, el Ciadi y Repsol, la amenaza de default técnico se convierte en una traba para poder emitir deuda a tasas accesibles. Esto significa que los dólares con los cuales se apostaba a cubrir los pagos de deuda en dólares y blindar al Banco Central ante eventuales corridas, no estarán ingresando. Como la inflación no cede, podemos esperar que se reinicie la especulación por un nuevo ajuste cambiario. El panorama se agrava por la respuesta –también “extorsiva”- que los bancos están mostrando ante a la decisión de poner tope a las tasas de interés para créditos personales y cuotas de las tarjetas. Bajaron la tasa de interés que ofrecen a los ahorristas, para desalentar los depósitos, lo cual significa más pesos que podrían volcarse rápidamente a la compra de billetes verdes. Frustrado el recurso a los mercados internacionales por el momento, acá también el gobierno pierde el manejo de los tiempos. ¿Qué significa esto? Que próximamente veremos seguramente un recrudecimiento del dólar blue y más presiones para devaluar. Esto significaría más presión inflacionaria y para reabrir paritarias. Pero el panorama de deterioro del empleo será utilizado por las patronales para hacer que los trabajadores reciban todo el peso de los ajustes.

La combinación de ajuste y vuelta a los mercados para dosificar sus ritmos, está entrando en ruinas antes de empezar. Esto preanuncia un forzado ajuste a ritmo más fuerte. La burguesía y sus representantes políticos en el oficialismo y la oposición coinciden en un punto: el ajuste debe recaer sobre los trabajadores. Aunque el gobierno declaró varias veces que su política es que el empleo no se vea afectado, las restricciones fiscales y la incapacidad de endeudarse restaron cualquier poder de fuego para plantear seriamente medidas anticíclicas.

La encerrona actual es el resultado de haber permitido alegremente durante los años de “vacas gordas” que la gangrena de la deuda, las remesas empresarias, la fuga de capitales y el deterioro de la matriz energética se expandieran y drenaran recursos. Ante la crisis, se hace palpable que más de una década de gobiernos “nacionales y populares” no alteró ni un ápice la situación de atraso y dependencia. Después de una década de formidables transferencias a los bonistas, la deuda pública total sigue equivaliendo a la mitad del PBI, y la parte en dólares en manos privadas vuelve a crecer de forma considerable. Las renegociaciones pretendidamente “soberanas” de la deuda, en 2005 y 2010, crearon formidables concesiones (como el cupón al PBI, mantener la jurisdicción norteamericana, y la llamada clausula Rufo, que obliga hasta enero de 2015 a extender a todos los bonistas cualquier concesión que se haga a los holdouts que sea mejor que las de las renegociaciones previas), y ni siquiera permitieron evitar la encerrona por parte de los holdouts. 

La única manera de cortar la "extorsión" es declarar el no pago de toda la deuda. Gobierno y oposición patronal coinciden hoy en que saldar el tema de la deuda es clave para resolver la cuestión del dólar. Pero buena parte de la cuestión del dólar se debe al pago de la deuda. Otro tanto se debe a las maniobras de fuga de capitales, en las que los bancos juegan un rol clave, y las de manipulación del comercio exterior. Por eso, junto a la declaración del no pago de la deuda, es fundamental la nacionalización de la banca -con control o gestión obrera- y el establecimiento del monopolio estatal del comercio exterior. De esta forma puede atacarse la cuestión del dólar sin un nuevo mazazo al pueblo trabajador, preparando el terreno para que los costos de esta crisis la paguen quienes la generaron, los usureros junto con los grandes capitalistas nacionales y extranjeros. 

Rechazo de la corte norteamericana: un traspié para los pagadores seriales

Se complica la vuelta a los mercados de deuda internacionales, que los “nacionales y populares” habían transformado en bandera.

En una decisión sorpresiva, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó tomar el caso de apelación presentado por el gobierno argentino al fallo del Juez Thomas Griesa de noviembre de 2012, que había obligado a la Argentina a pagar 1.330 millones de dólares correspondientes a una parte de los bonos que siguen en default desde 2001.

Estos bonos corresponden a los fondos “buitre” Aurelius Capital Management y Elliott Management Corp. affiliate NML Capital Ltd. Estos son parte de los bonistas llamados “holdout”, es decir que rechazaron las generosas ofertas de canje presentadas por la Argentina en 2005 y en 2010. En ambos casos, aunque la deuda tuvo fuerte quita nominal, se acompaño de cupones atados al crecimiento de la economía que sumaron otros 20 mil millones de dólares a los pagos de deuda. A pesar de estas generosas condiciones, varios grupos de los llamados “buitres” (que no son mucho más buitres que otros que sí ingresaron al canje), continuaron presionando para obtener condiciones aún mejores, llegando a declarar que no aceptarían ninguna quita nominal.

Después de varias derrotas en las cortes norteamericanas, los holdout obtuvieron un triunfo cuando el juez Griesa ordenó en noviembre de 2010 pagarles la deuda al 100%, amenazando con embargos si no lo hacían. Esto significaba que los depósitos para pagos de bonos que no están en default podrían ser incautados para pagar a los litigantes. Al rechazar la Corte Suprema aceptar la apelación, este fallo queda firme.

Este fallo resulta inesperado. Entre las opciones de la Corte, que eran aceptar el caso y producir un nuevo fallo, rechazarlo, o postergar la decisión haciendo consultas al gobierno norteamericano, el rechazo era la menos esperable. El giro del gobierno con enormes señales a los mercados, haciendo un ajuste ortodoxo (devaluación y enfriamiento) bastante severo, acordando con el Club de París y con Repsol, y cerrando litigios en el Ciadi (corte establecida para fallar en favor de las multinacionales en contra de los gobiernos donde éstas invierten), le habían ganado una posición favorable de la administración norteamericana. El gobierno de Obama tenía además motivos propios para involucrarse, ya que hay preocupación de los banqueros sobre las consecuencias de este fallo para el rol que ocupa la plaza neoyorquina como base para estas reestructuraciones.

El gobierno, que esperaba una aceptación, o en el peor de los casos una postergación, debe evaluar un plan B, y hacerlo en plazos breves. El 30 de junio vence el próximo pago de bonos Discount, y se corre el riesgo de embargo del mismo. En lo inmediato, puede intentar salir del embargo cambiando el domicilio de pago de dichos bonos (hoy pagados en Nueva York), o canjeándolos por otros bajo jurisdicción argentina. El problema, claro, es que la primer variante debería contar con la colaboración de los bancos internacionales que gestionan los pagos, que no está claro que vayan a querer ser parte de movidas para desobedecer al fallo de un juez norteamericano. La segunda, podría ser rechazada por varios bonistas, que sin la cobertura que da la jurisdicción norteamericana no podrían, ante eventuales futuros impagos, hacer lo mismo que están haciendo hoy Elliot y Aurelius. Se corre así el riesgo de dejar en el limbo a una parte del 93% que entró al canje. Por eso, el fantasma del llamado default “técnico” sobrevuela.

Aunque el tiempo apremia, puede evitarse ese escenario catástrofe. Probablemente el juez Griesa llame a las partes a negociar. El gobierno argentino ya venía preparando el terreno para incluir en su relato una negociación con los buitres, así como hace apenas un mes declaró que acordar con el Club de París era lo mejor que le podía pasar al país (faltó que dijeran que volvimos al primer mundo). Aún en el mejor de los escenarios, el camino de salir del enredo del default pagando, obligaba tarde o temprano a presentar una oferta a los holdouts. Pero claro, el rechazo de la corte impone hacerlo en las peores condiciones. ¿Reducción de la quita, pago de los cupones de crecimiento de todos estos años, como se hizo en 2010? Son todas opciones que están sobre la mesa. El problema es que aunque el litigio en cuestión es por 1.330 millones de dólares, la deuda total que sigue en default alcanza los 15 mil millones. Además, si se mejoran las condiciones en relación a lo negociado en 2005 y 2010, podría haber lugar a reclamos de los que entraron al canje, para mejorar las condiciones.

Nada de esto significa, a esta altura, grandes contradicciones para el gobierno y su equipo económico. Aunque todavía se sigue hablando de desendeudamiento, sólo en este año se agregó 15 mil millones de dólares a la deuda regularizada en manos de privados. Y la intención era incrementar sustantivamente ese monto, ya que el “modelo” en su versión 2014 incluye vuelta a la emisión de deuda en los mercados internacional para garantizar la llegada al 2015 sin cimbronazos. El fallo de la corte es un golpe a esa estrategia, pero también puede convertirse en excusa para hacer, “obligados”, mayores concesiones. El gobierno que “fue obligado” a devaluar (aunque no sabemos por qué entrego meses antes miles de millones en seguros de cambio, cosa que sólo hace quien planea realizar un ajuste cambiario), ahora podría ser “obligado” a entregar a los holdouts aún más de lo que concedió en 2005 y 2010 en aras de mostrar una quita nominal elevada.

Este fallo es otra muestra contundente del verso que significa sostener que del problema de la deuda se sale pagando. Según declaraba Cristina el año pasado, entre 2003 y 2013 se habían pagado 173.333 millones de dólares, el equivalente a casi la mitad de la producción anual del país. Un formidable regalo a los usureros. Esto no impidió que la deuda siguiera creciendo de forma exponencial. Ahora, podría pegar nuevos saltos como producto de estas negociaciones. 

La deuda es un fraude, y un saqueo. Cada año se lleva miles de millones de dólares necesarios para la urgente inversión en infraestructura y transporte, vivienda, educación y salud, gastos que se mantienen a raya para garantizar los fondos a los usureros. Por eso, es necesario luchar por el no pago. Esta bandera debe ser parte de un programa integral de los trabajadores para responder a las demandas de los explotados, oponiéndolo a los intentos de los pagadores seriales de profundizar las entregas a los usureros.

Club de París: #deudaparatodos

¿Cómo podríamos sorprendernos de que la presidenta Cristina Fernández haya dicho ayer que era “un día muy importante para el país” porque se terminó de delinear el acuerdo con el Club de París? Para un gobierno que mostró vocación de pagador serial, debe ser emocionante cerrar un trato que crea la posibilidad de que el país se comprometa a pagar 10 mil millones de dólares más. ¿Será el entusiasmo porque de sopetón se cargaron gratuitamente U$S 3600 millones, que es la diferencia entre los U$S 6.089 millones registrados por capital e intereses a septiembre de 2013 y los 9.700 millones que ahora se comprometen a pagar?

La presidenta también señaló que la deuda tiene mayormente origen previo a 1983, es decir durante la dictadura. Lo cual en sentido estricto no es así, porque durante los años de default se multiplicó de manera formidable por efecto de los intereses, y el gobierno aceptó un monto a pagar que reconoce este astronómico crecimiento. Pero incluso si lo fuera, en vez de ser un motivo para decretar su no pago, lo es para cerrar un trato bueno para los acreedores. ¿Podría sorprendernos?

Del fin del desendeudamiento...

Durante la última década, los voceros de Néstor y Cristina no se cansaron de decir que el endeudamiento era lastre legado por las estatitaciones de deuda privada de la dictadura y las nefastas políticas neoliberales. Cierto, es así. Entonces, ¿dejamos de pagarla? ¡Nooooo, para nada! La receta de Néstor Kirchner fue: “Renegociamos, le damos a los acreedores bonos indexables por inflación y con un bono atado al crecimiento, y lo mejor de todo, ¡llamamos a todo eso desendeudamiento!”. Y desendeudamiento hubo, durante algunos años, a fuerza de generosos pagos que insumieron (entre capital e intereses) más del 15% del presupuesto anual durante algunos años. Pero tanta generosidad a los acreedores no sirvió para frenar el crecimiento de la deuda. Esta empezó a incrementarse fuerte en términos absolutos desde 2007. Y ya en 2011 crecía más fuerte que el PIB, es decir que no podía hablarse estrictamente de desendeudamiento. No faltaron entonces los ideólogos oficialistas que salieron a decir que no importaba la deuda total, sino que buena parte de esta era en pesos, y que además mucha era intra sector público, porque los títulos estaban en manos de la Anses. Como si esto hiciera mágicamente desaparecer esta deuda. Pues bien, los últimos meses vimos que fácil esta deuda intra sector público vuelve al sector privado: los bonos que fueron a parar a Repsol fueron en parte entregados por la Anses, y ahora circulan por los mercados de crédito internacionales. Es decir que en 2014, ni siquiera en dólares, puede hablarse de desendeudamiento.

...al endeudamiento “heterodoxo”, progresista, “con soberanía e inclusión”

Pero es el acuerdo con el Club de París, difundido ayer, el preanuncio de que el ya archivado desendeudamiento será reemplazado por una entusiasta vuelta a los mercados. Regularizar con el Club de París era el último paso necesario para aplicar la última receta de Kicillof para afrontar el faltante de dólares que aqueja a la economía argentina, con un balance de pagos para bajo el asedio del déficit energético, las remesas de utilidades, la fuga de dólares y... la gangrena de los pagos de deuda. La nueva receta de Kicillof no es otra que pagar los compromisos en dólares, endeudándose en dólares. Sin duda, algún cráneo publicístico de las usinas oficiales colgará el adjetivo “heterodoxo” al lado de la palabra endeudamiento, para hacer creer así que es algo muy distinto a lo que hicieron todos los minitros de economía, desde Alfredo Martinez de Hoz hasta Cavallo y Roque Fernández durante la década menemista. Habrá que ver en qué medida se concreta esta salida a los mercados, que básicamente depende ya sólo de la tasa que deba afrontar el gobierno.

Muchos que hasta hace poco defendían como soberana la negociación “con quita” de la deuda (que en realidad llevó la deuda en 2005 al mismo nivel que tenía en 2001) y del falaz y muy provisional desendeudamiento, ahora defienden el acuerdo con el Club de París porque es necesario para “blindarnos” ante la llamada restricción externa. ¿Blindarnos cómo? Pues con dólares de deuda externa.

A esta altura, podemos confirmar. Axel Kicillof es marxista. Danielmarxista (ver acá)

La cuestión no es regularizar la deuda caída, sino dejar de pagarla toda
Parece, entonces, que nuevamente la deuda pública aparece como parte de las soluciones, y no como uno de los problemas. Parece que para conseguir dólares, resulta natural volver por el camino de la emisión de bonos. Pero eso es completamente falso. La deuda está entre las causas principales de la sangría de dólares. El mentado déficit energético se ha llevado en estos años una ínfima parte de lo que se llevaron los usureros internacionales. Entre los acreedores, los fugadores profesionales de nuestra burguesía "nacional" asesorados por la banca, y las corporacioens imperialistas, explican buena parte de lo que ha dado en llamarse la "restricción externa" hoy.
Por eso, no se trata de regularizar ninguna deuda, sino de declarar su no pago. Ni falta que hace investigarla para saber que es fraudulenta y se pagó varias veces. Junto a esto, la nacionalización del comercio exterior y expropiación de las grandes tierras y principales explotaciones agropecuarias, para combatir la especulación de los silo-"chacrers"; y la nacionalización de la banca, para conformar una banca estatal única que sostenga el crédito y la moneda y corte con las maniobras de las finanzas para organizar la fuga. Sólo de esta forma puede cortarse de raíz con el drenaje de dólares, y enfrentar las restricciones que aquejan a la economía sin volver al grillete de la deuda. Esto es parte de la alternativa que debemos contraponer los trabajadores al camino de ajuste acompañado de reendeudamiento que impulsa el gobierno, y la oposición y usinas patronales acompañan, y que ya se está traduciendo en despidos y suspenciones que la burocracia sindical deja pasar , como suele suceder, mientras ataca a los sectores combativos. 

La salida de Guillermo Moreno, ¿señal de un giro en la economía K?

Un día después de los anuncios de relevos en varias carteras ministeriales, el vocero presidencial anunció un cambio aún de mayor impacto, a pesar de referirse a un nivel jerárquico menor: la salida del Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Este anuncio es uno de los cambios más significativos en mucho tiempo en el manejo de la economía. 

Ayer decíamos que Kicillof seguiría sometido a un “doble comando” con Guillermo Moreno. La novedad es que será el primer Ministro de Economía en mucho tiempo que no está sometido a esta restricción. El funcionario hizo y deshizo a sus anchas durante todas las gestiones económicas que siguieron a la de Roberto Lavagna. Desde Felisa Micheli en adelante, todos debieron toparse con un secretario que manejaba sin reportarles diversas áreas. Empezando por los acuerdos de precios, siguiendo por la medición de los mismos, hasta manejar el comercio exterior, la implementación del cepo cambiario y la fallida “exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera”, cada vez más áreas del manejo económico fueron ingresando en la órbita del secretario. El último Ministro de Economía con aspiraciones de comandar plenamente su área, Martin Losteau, colisionó rápidamente con su –formalmente- subordinado. Otros, como Miguel Peirano, declinaron continuar en el cargo ante la imposibilidad de controlar a Moreno. El resto, sencillamente se acomodó a la creciente gravitación del funcionario, que extendió con un mismo método su manejo de las diversas áreas que fueron cayendo bajo su órbita. ¿En qué consistía este método? Podríamos definirlo como el de la “sintonía gruesa”, por contraposición a la “sintonía fina” que Cristina Fernández había prometido al empresariado allá por 2011. Más allá de toda la gesticulación y la “prepotencia” en la que siempre gustaron detenerse los medios (“prepotencia” que a final de cuentas se concentró casi enteramente en los laburantes del Indek, a los cuales las patotas de UPCN actuando junto con el secretario sacaron de las tareas de medición de precios y de otras áreas sensibles para dibujar los datos de acuerdo con las necesidades gubernamentales), lo más saliente de la gestión Moreno fue la ilusión de que se podría encausar con acuerdos las contradicciones emergentes del “modelo”, entregando a cambio en muchos casos concesiones significativas a grandes jugadores, como subsidios u otras ventajas (aunque algunas, como la SuperCard, no hayan llegado a ver la luz). Acá y acá hemos analizado la economía política de Guillermo Moreno. Los frigoríficos, los supermercados, incluso las exportadoras de granos se han sentado en ocasiones a negociar con el secretario. Lo que hizo Moreno tampoco es privativo de él; es más o menos lo mismo que el otro gran mentor de la “economía K”, Julio De Vido, aplicó en el área energética (secundado por Cameron) y de infraestructura con el mismo “éxito”. A pesar de los sucesivos fracasos, la búsqueda de evitar cambios de fondo en la política económica exigió responder a los mismos profundizando la línea, lo cual reforzó el deterioro general en el que empezó a sumirse irreversiblemente la economía en los últimos dos años. Deterioro que no es por ahora nada parecido a un hundimiento catastrófico, gracias a la ayuda de los altos precios internacionales de los productos que el país exporta (soja y otros granos) y a la profundización del endeudamiento público en pesos (en su mayoría intra sector público) y el uso de las reservas en dólares del Banco Central acumulados en años de bonanza, combo gracias al cual el tesoro pudo afrontar los pagos de deuda pública y los crecientes subsidios que condujeron a una situación fiscal muy estrecha.

Ahora, la posibilidad con la que cuenta Kicillof de encarar su gestión sin la sombra de Moreno, ¿permite prever un cambio de rumbo sustantivo? Difícilmente. ¿Volverá a cambiar de postura pública sobre la inflación, que reconocía y medía de forma independiente hasta que se convirtió en viceministro en diciembre de 2011, momento en el que borró de su web el IPC-7 que publicaba y se silenció sobre el tema, avalando tácitamente las cifras oficiales? Habrá que verlo. El lanzamiento del nuevo índice de precios (que podría salir con el aval del FMI, varias veces denostado por el ahora Ministro) puede ofrecer una salida elegante para el desaguisado de Moreno, pero sin rever todo lo actuado desde 2006 a esta parte, que significó un piedra libre para los remarcadores de precios y los que lucraron con estadísticas truchas.

Fuera de estos ajustes en uno de los terrenos más críticos de la gestión de Moreno, no son de esperar, como ya señalamos, grandes cambios en los principales lineamientos de la política económica. Ya las peripecias que tuvo la regulación energética mostró lo que tienen de falaz las ilusiones de dictar desde el Estado los lineamientos por los que se desenvuelve la economía. Sobre todo cuando la etapa no es de holgura, se mire por donde se mire. Los superávit “gemelos”, fiscal y externo, que permitieron la acumulación de dólares en el Banco Central y un tesoro con amplios recursos para transferir (ante todo en favor de los empresarios), son cosa del pasado. Si bien el comercio exterior aún sigue siendo superavitario, el desbalance industrial, energético y turístico, y la fuga de depositantes en dólares del sistema bancario, llevó a que este año también termine con caída de reservas, gracias a los pagos de deuda. Las cuentas públicas se sostienen con una presión creciente sobre los recursos del Banco Central, lo cual contribuye a agravar las presiones inflacionarias. Y, sobre todo, la propia inflación ha exacerbado las disputas distributivas, así como las presiones de sectores empresarios que reclaman un ajuste cambiario mayor al que ya se está produciendo. La ideología de que es posible que el Estado se eleve por sobre las determinaciones de la acumulación de capital, encauzando las contradicciones que hacen a la misma, sólo resulta sostenible cuando el sector público cuenta con amplio margen de maniobra, como ocurrió en la argentina desde 2003 hasta 2008, y, en menor medida, pudo extenderse con restricciones hasta 2011 gracias a la captación de recursos como los de las AFJPs y a los colchones que permitieron los años de bonanza. Cuando estas condiciones no existen, la presión para ordenar la situación del propio Estado se transforma en un elemento más entre los que meten presión sobre la economía. Es lo que estamos viendo. Como señalábamos hace un tiempo: “Si desde sus orígenes el kirchnerismo se caracterizó por una apuesta a utilizar los recursos del Estado para distender las relaciones entre las clases, impulsando algunas mejoras de ingresos (en relación al piso que habían alcanzado en 2002, pero sin acercarse ni de lejos a los niveles históricos en el caso se los salarios, ver acá) y subsidiando la ganancia, hoy su política ha adquirido un sentido contrario”. Es esto lo que seguirá signando la política económica. Aún con la partida de Moreno, difícilmente se vaya a desmantelar del todo las trabas a las importaciones, que conspiran contra la actividad industrial (sector que este año creció sólo un 1%, y eso gracias a la industria automotriz que viene perdiendo ritmo y afronta el panorama de un 2014 casi sin crecimiento). Los subsidios, herramienta aplicada –con poco éxito- para contener los precios, deberán limitarse por las restricciones fiscales, y esto ayudará a acelerar los aumentos de precios. Pero sobre todo, aunque durante los últimos años Kicillof y sus funcionarios hicieron gala de la intención de poner controles a la rentabilidad del capital, para lo cual exigieron información y aprovecharon la posibilidad de colocar directores estatales en las empresas en las que ANSES tiene participación accionaria, lo que se ha visto es que cuando las papas queman, y los empresarios muestran que su “competitividad” se encuentra comprometidad, los funcionarios afines al ministro han sabido ser más que comprensivos, poniendo coto a las aspiraciones de los trabajadores en las negociaciones salariales. Por eso, concluimos, es especialmente poco probable que el “empoderamiento” de Kicillof gracias a la salida de Moreno augure algún cambio positivo en la situación de “fin de fiesta” que están viviendo los trabajadores.