Gastón Ramírez y Esteban Mercatante
Como
se explica acá,
la economía argentina se enfila desde comienzos de año en un ajuste
a paso veloz, que agravó las tendencias al deterioro de la actividad
que ya eran visibles desde 2012. Devaluación
en
enero,
sumada
al cepo
a la importación que
volvió a agravarse ,
los impuestos a los autos de alta gama, las dificultades para
endeudarse en el exterior, la suba de las tasas de interés que junto
con paritarias negociadas por debajo de la inflación, provocaron un
freno en la
producción y en el
consumo que impactó en el conjunto de la actividad económica
durante los últimos 6 meses. Con el default que el gobierno pretende
negar, estas tendencias seguramente se agravarán.
Pero
el impacto del ajuste -que no le fue impuesto al gobierno sino que es
un resultado directo de sus decisiones políticas- en el empleo ya es
palpable. De acuerdo a los datos que arroja la Encuesta de
Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo de la Nación
en el segundo trimestre de 2014 se observa un deterioro del mercado
de trabajo y una desaceleración en la creación de empleo. Algunos
sectores como la industria o la construcción en donde muestran las
situaciones más difíciles de suspensiones y despidos, y otros
sectores como comercio y los servicios donde hay pérdida de empleo
más bien por goteo. Pero en todos los sectores se observa una
tendencia al deterioro.
Según
la encuesta del Ministerio el empleo formal registrado tuvo una caída
del 0,3% durante el segundo trimestre en relación al primer
trimestre del año, aunque en términos interanuales hubo una tenue
suba del 0,5%. Si analizamos la tasa de entrada (contrataciones) y
salida (desvinculaciones) del mercado laboral, ambas experimentan una
baja a partir del primer trimestre del año. Hay menos contrataciones
y menos renuncias.
El
dato resonante aparece en el crecimiento de las suspensiones que
alcanzan a 6 de cada mil empleados, siendo la cifra más elevada
desde el último bajón del empleo en 2009. Sólo en la industria
automotriz (terminales y autopartes) se registran más de 15.000
suspensiones.
En
el análisis por aglomerados urbanos donde se realiza la encuesta, el
empleo formal cae entre el segundo y el primer trimestre del año, en
Gran Buenos Aires (0,1%), en Gran Córdoba (0,7%), en Gran Rosario
(1,5%), en Gran Mendoza (1%), en Gran Tucumán (0,8%), en Gran Santa
Fe (0,9%), en Gran Paraná (0,1%) , a excepción de Gran Resistencia
donde hubo una suba (2,4%).
En
el caso de las ramas las que caen son Comercio, Restaurantes y
Hoteles (-0,3%) y Construcción (-4,6%) comparando con el año
pasado. Según fuentes sindicales hubo 2.200 despidos en los
restaurantes de CABA, más de 15.000 despidos en la construcción,
2.000 en Tierra del Fuego (UOM) y algunos frigoríficos que cerraron
en Córdoba o en Buenos Aires. El dato más llamativo se registra en
la industria que habría crecido un 0,4% interanual, cuando estudios
privados recientes indican que hubo una caída del 2% en el mismo
período, según la UIA.
La
menor actividad económica como es habitual se hace sentir más en
las pequeñas empresas que son las primeras en ajustar, así lo
indica el informe, las pequeñas tuvieron una reducción del empleo
del 0,6% y las grandes del 0,3%. Y en el caso de los trabajadores los
sectores más flexibles son los que registran los índices más
elevados en las bajas de personal de las empresas, entre Mayo y
Junio, las bajas por motivo “finalización de contrato por tiempo
determinado” sube casi el doble del 8,6% al 15%.
El
informe agrega que el 70% de las empresas no realizan búsquedas de
personal actualmente. El 59% de ellas prevé realizar contrataciones
de personal, aunque es un valor inferior al 70% de un año atrás.
No alcanza con parches
Aunque
el gobierno venía minimizando la situación anunció la semana
pasada algunas medidas de crisis. El Programa de Inserción Laboral
financia con sumas que parten de los 2.700 pesos hasta la mitad del
sueldo del nuevo personal que tomen las empresas, en caso de que la
compañía adhiera también al Régimen de Promoción del Trabajo
Registrado (Ley 26.940) con la cual se disminuyen las cargas
patronales. También se vuelve a subsidiar a las empresas que
presenten preventivos de crisis con el REPRO, que aumentó de 1.500 a
2.000 pesos por empleado, bajo el compromiso de que no despidan
personal. Estas medidas tienen como máximo un plazo de entre 6 a 12
meses. Teniendo en cuenta que los planes oficiales son más bien de
contención del empleo ya creado, difícilmente alcancen el objetivo
oficial de crear 800.000 puestos de trabajo. Lo que puede si otorgar,
son nuevos motivos para que los empresarios, aceleren sus acuses de
crisis y se adhieran a estas nuevas facilidades fiscales mientras
dure el bajón de la actividad económica y puedan así mantener sus
ganancias y sus negocios. Pese a que en el discurso donde presentó
estos anuncios Cristina Fernandéz volvió a denunciar que los
grandes empresarios que se la llevaron en pala durante estos años,
el gobierno, decidió poner más plata del Estado para subsidiar a
los empresarios. No sólo esto, sino que el gobierno implementa su
propia versión de un régimente de pasantías (ProEmplear) que
durante un tiempo de “capacitación” pagará a los jóvenes
inscriptos en ProgREsAr (que venían recibiendo 600 pesos mensuales)
hasta 2.600 pesos mientras dure la capacitación (6 meses) y 2.700
pesos de salario cuando sean incorporados a una empresa durante un
año, montos a todas luces irrisorios. La flexibilización laboral
avanza rampante enmarcada en un discurso de “inclusión”.
Ya
2009 mostró que estas medidas no impiden que las patronales
descarguen los costos de la crisis sobre los trabajadores. Por mucho
uso que hayan hecho entonces las empresas de los dineros oficiales
(que hoy son más escasos que hace 5 años), la destrucción del
empleo superó los 200 mil puestos de trabajo. Por eso, los diputados
del Frente de Izquierda presentaron en el congreso un proyecto para
prohibir los despidos y asegurar a todos los trabajadores un salario
acorde a la canasta familiar, medidas que la diputada oficialista
Diana
Conti rechazaba ayer en Minuto Uno diciendo que estamos en un país
capitalista y por eso es impensable prohibir los despidos (a
confesión de partes...).
Por
lo demás, la histórica lucha de Lear, el ataque que enfrentan los
trabajadores de Donnelley con la quiebra trucha y cierre de la planta
sin aviso (así como Gestamp, y Emfer y Tatsa) muestran que, para
gobierno, empresas, y burócratas sindicales afines (una infame
“triple alianza”), la “defensa del empleo” sólo aplica en el
mejor de los casos cuando pueden asegurarse una plena disciplina. Los
“díscolos” (es decir aquellos sectores donde los trabajadores
apoyan a delegados de izquierda o combativos) son atacados,
despedidos y suspendidos en el mismo momento en el que el gobierno
anuncia medidas “para defender los puestos de trabajo”. Sólo con
la lucha, impulsando la coordinación y tomando como bandera la
defensa coordinada contra los ataques de esta “triple alianza”,
podremos los trabajadores defender las condiciones de trabajo y
pelear por mantener el empleo.
