Emiliano Trodler
Al
mismo tiempo que YPF anunciaba el descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas
convencional en la provincia de Santa Cruz, los cables de noticias daban a
conocer el pedido de embargo solicitado por los fondos buitre sobre activos de
YPF y Chevron.
El fondo buitre Elliot Management (Paul Singer) encabeza el reclamo de los
holdouts que solicitan la aplicación de la cláusula “Discovery” para cancelar
el pago de U$ 1660 millones.
Apoyado en esta misma cláusula, que habilita la búsqueda y embargo de activos del
Estado argentino en EEUU, el pasado 11 de agosto el fondo NML Capital logró un
fallo favorable para embargar activos de la familia presidencial y de su socio
Lázaro Báez, vinculado al negocio de la obra pública.
El
Juez del distrito norte de California, Jeffrey Steven White, un republicano de
la era Bush, deberá analizar si toma el caso y determinar si existen activos
físicos o financieros de ambas firmas petroleras por su asociación en Vaca
Muerta.
La
estrategia de los bonistas holdout es determinar primero si YPF tiene activos
en California, y de no poseerlos, que sea la empresa norteamericana la que
responda con sus propios bienes. De esta manera presionar al Estado argentino
que se encuentra buscando inversores en el extranjero para la explotación de
esta empresa seminacionalizada cuyos contratos resultan tan atractivos para el
capital extranjero.
La
defensa argentina estará a cargo del estudio Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton, que hará su descargo planteando que YPF es una sociedad anónima
independiente del Estado, y Chevron una empresa privada que se ha asociado para
un emprendimiento particular.
La disputa por los yacimientos de YPF no solo se está dando con los holdouts
sino también con los nuevos inversores que, con el apoyo del gobierno nacional,
vienen presionando por una reforma en la Ley de Hidrocarburos.
El
directorio de YPF cuestiona el avance de las empresas provinciales, que
desalentarían la llegada de nuevos inversores extranjeros. De acuerdo a declaraciones
de Miguel Galuccio a la Revista Fortuna, la actual Ley de Hidrocarburos
“erosiona la tasa interna de retorno de los proyectos no convencionales en Vaca
Muerta”.
Si
el Juez Jeffrey White dictara la orden de embargo el gobierno nacional apelaría
el fallo, pero en ese caso podría cerrarse un frente común entre las firmas
petroleras con interés en Vaca Muerta y los holdouts presionando a favor de una
pronta resolución del “default selectivo”.
En este “juego de ajedrez” el gobierno nacional juega con piezas que
subrepticiamente pueden cambiar de color. En definitiva, lo que está en juego
no es la soberanía de los yacimientos sino el reparto del negocio petrolero
entre distintas clases de fondos “buitres”.
