En
la jornada de ayer, un maratónico “súpermiércoles”, el Senado
aprobó la Ley de Pago Soberano y la Ley de Abastecimiento. Con esta
segunda ley el gobierno apunta a tener herramientas para atravesar
las turbulencias económicas.
El
proyecto, que apunta a una nueva regulación de las relaciones de
producción y consumo, fue aprobado con las modificaciones que
incorporó el oficialismo tras el plenario de comisiones y las
críticas expresadas allí por sectores empresarios, se vio obligado
a incorporar como la exclusión del régimen de sanciones a las
pequeñas y a las medianas empresas que no sean formadoras de
precios; eliminó las clausuras definitivas como parte de las
sanciones previstas en el proyecto inicial.
Además, tipificó las conductas para aplicar las sanciones con el objeto de restringir la criticada discrecionalidad del Ejecutivo; estableció el pago de una compensación "justa y oportuna" en el caso de que la autoridad de Aplicación intervenga en la producción y de ello se origine un perjuicio económico de una empresa, así como se dispuso la preservación de la confidencialidad de los datos empresarios dados a la Autoridad de Aplicación.
Además, tipificó las conductas para aplicar las sanciones con el objeto de restringir la criticada discrecionalidad del Ejecutivo; estableció el pago de una compensación "justa y oportuna" en el caso de que la autoridad de Aplicación intervenga en la producción y de ello se origine un perjuicio económico de una empresa, así como se dispuso la preservación de la confidencialidad de los datos empresarios dados a la Autoridad de Aplicación.
Con
esta reforma a la ley de Abastecimiento, el gobierno apunta a avanzar
en una mayor vigilancia sobre toda la cadena de valor, no sólo en el
eslabón final que es el de la comercialización. De sancionarse, le
permitiría fijar precios máximos y márgenes de rentabilidad, así
como dar continuidad al proceso de producción y comercialización
aún contra la voluntad de los empresarios.
El
Senado también aprobó esta madrugada un paquete de leyes de defensa
del consumidor que postula la creación de un Observatorio de Precios
y establece la puesta en marcha de una auditoría de las relaciones
de consumo y un fuero federal para resolver los reclamos de los
usuarios y consumidores. Ahora continúa su trámite en Diputados.
El
proyecto nueva ley de Abastecimiento puso en alerta al empresariado.
El Grupo de los Seis, integrado por la
Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la
Construcción, la Asociación de Bancos Privados de Capital
Argentino, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio y
la Sociedad Rural Argentina anunció que de aprobarse acudirá a la
justicia para pedir que se declare su inconstitucionalidad.
Aunque
con estos anuncios el gobierno anuncia que estará en condiciones de
asegurar mejor acceso de los bienes a precios adecuados para el
conjunto de la población, sus antecedentes en materia de precios y
regulación resultan poco alentadores sobre las perspectivas de
éxito. Tampoco dan pie a los temores que agitan los empresarios.
Sin
ir más lejos, los acuerdos de “Precios cuidados” no han servido
para frenar la tendencia alcista de los precios y por el contrario
han permitido a las grandes marcas y las cadenas de comercio
minorista aumentar su cuota de mercado. Y esto no se debe a fallas en
la aplicación sino a la estrategia en la que se basan los mismos. En
igual sentido, el predecesor del actual Secretario de Comercio
Augusto Costa, Guillermo Moreno, hacía gala de gestos duros hacia el
empresariado pero realizaba acuerdo con los actores de “posición
dominante” que ningún fruto dieron en el objetivo de controlar los
precios, pero sí se acompañaron de importantes incentivos a los
empresarios involucrados.
Con
estos antecedentes, la preocupación que exhiben los industriales
tiene un sustento muy débil.
