Buitres: los activos de YPF y Chevron, bajo amenaza de embargo

Emiliano Trodler

Al mismo tiempo que YPF anunciaba el descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas convencional en la provincia de Santa Cruz, los cables de noticias daban a conocer el pedido de embargo solicitado por los fondos buitre sobre activos de YPF y Chevron.
El fondo buitre Elliot Management (Paul Singer) encabeza el reclamo de los holdouts que solicitan la aplicación de la cláusula “Discovery” para cancelar el pago de U$ 1660 millones.
Apoyado en esta misma cláusula, que habilita la búsqueda y embargo de activos del Estado argentino en EEUU, el pasado 11 de agosto el fondo NML Capital logró un fallo favorable para embargar activos de la familia presidencial y de su socio Lázaro Báez, vinculado al negocio de la obra pública.

El Juez del distrito norte de California, Jeffrey Steven White, un republicano de la era Bush, deberá analizar si toma el caso y determinar si existen activos físicos o financieros de ambas firmas petroleras por su asociación en Vaca Muerta.

La estrategia de los bonistas holdout es determinar primero si YPF tiene activos en California, y de no poseerlos, que sea la empresa norteamericana la que responda con sus propios bienes. De esta manera presionar al Estado argentino que se encuentra buscando inversores en el extranjero para la explotación de esta empresa seminacionalizada cuyos contratos resultan tan atractivos para el capital extranjero.

La defensa argentina estará a cargo del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que hará su descargo planteando que YPF es una sociedad anónima independiente del Estado, y Chevron una empresa privada que se ha asociado para un emprendimiento particular.
La disputa por los yacimientos de YPF no solo se está dando con los holdouts sino también con los nuevos inversores que, con el apoyo del gobierno nacional, vienen presionando por una reforma en la Ley de Hidrocarburos.

El directorio de YPF cuestiona el avance de las empresas provinciales, que desalentarían la llegada de nuevos inversores extranjeros. De acuerdo a declaraciones de Miguel Galuccio a la Revista Fortuna, la actual Ley de Hidrocarburos “erosiona la tasa interna de retorno de los proyectos no convencionales en Vaca Muerta”.

Si el Juez Jeffrey White dictara la orden de embargo el gobierno nacional apelaría el fallo, pero en ese caso podría cerrarse un frente común entre las firmas petroleras con interés en Vaca Muerta y los holdouts presionando a favor de una pronta resolución del “default selectivo”.
En este “juego de ajedrez” el gobierno nacional juega con piezas que subrepticiamente pueden cambiar de color. En definitiva, lo que está en juego no es la soberanía de los yacimientos sino el reparto del negocio petrolero entre distintas clases de fondos “buitres”.

Petróleo y política - Gobernadores e YPF S.A. tironean por administrar un nuevo pacto de vasallaje

En estos momentos estamos asistiendo a un nuevo capítulo de reajustes del régimen petrolero. Desde hace algunos meses el gobierno nacional elaboró un proyecto de reforma a la ley de hidrocarburos, vigente desde 1967. Hoy los gobernadores nucleados en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) se reunieron con la presidenta a discutir la propuesta; hay pautada una nueva reunión el lunes próximo.

Ocurre que la intención del gobierno creó asperezas entre varios gobernadores de provincias petroleras y el gobierno nacional. El motivo de la disputa es que el borrador armado por el gobierno bajo la batuta del CEO de YPF Miguel Galuccio, apunta a restringir sensiblemente los derechos de las provincias sobre los recursos, provincializados en 1992 con la ley 24.145, lo que se reforzó en la reforma constitucional de 1994. Entre otros puntos, el gobierno apunta a fijar un tope a las regalías que pueden recibir las provincias por la explotación de petróleo, fijándolo en 12 por ciento. Esto está por debajo del nivel que tiene en algunas provincias o regiones (hay áreas de Nequén donde llega al 15%). De esta forma YPF S.A. se aseguraría un límite a la parte de la renta que deberá entregar a las provincias. Otro punto clave de esta ley es garantizar concesiones a YPF S.A. por períodos prolongados, para poder negociar con holgura con los posibles socios de la petrolera en la explotación de petróleo no convencional. También se discute el destino de algunas petroleras provinciales, que Galuccio quiere sacar del medio.

Seguramente habrá quienes argumenten que el proyecto del gobierno nacional apunta a garantizar las condiciones para una política de "autoabastecimiento" y "soberanía energética", y que para eso es necesario aumentar las prerrogativas de la petrolera nacional. Sin duda, se trata de aumentar las prerrogativas de YPF S.A. asegurándose por ley lo que de otra forma es necesario negociar trabajosamente con cada uno de los gobernadores. Pero esta búsqueda de puentear a los "gobernas" es para el dudosamente soberano objetivo de poder avanzar más rápidamente en replicar acuerdos como el de Chevron, que es desde el punto de vista de las petroleras extranjeras aún mejor que las condiciones que establecía la ley 24.145 que privatizó. Como ya habíamos señalado en Ideas de Izquierda 2, toda la sanata de la desmercantilización de los recursos petroleros queda cada vez más enterrada en el altar de la supuesta soberanía hidrocarburífera (que si se consigue, será a costa de entregar Vaca Muerta en bandeja a las multinacionales, por mucho que YPF S.A. participe del banquete). Como señalaba hace unos días La mañana, el pacto que se quiere imponer replica el acuerdo con Chevron. Por supuesto, tampoco de trata de lamentar el meneado "avasallamiento al federalismo". Como mostraron en las dos décadas de dominio provincial sobre los recursos, los gobernadores no tienen ningún problema en ser vasallos, y de ser posible prefieren a las multinacionales que son buenas pagadoras, o a "nacionales" como Bulgheroni que se pasea por la Patagonia de la mano de socios chinos y antes británicos.

La clase trabajadora y los sectores populares tenemos que pelear por la expropiación y estatización sin pago de todo el complejo petrolero y gasífero, desde la extracción hasta la refinación, y su puesta a producción bajo control de sus propios trabajadores y con participación de los habitantes de sectores afectados, como las comunidades mapuches. Así como por la anulación de todos los acuerdos para la explotación no convencional y su prohibición. Lo opuesto a esta pelea por ver quién le pone la última firma al nuevo pacto de dependencia que están creando con los convenios para extender el fracking.

Acuerdo Repsol: un premio a los vaciadores

El día de ayer se aprobó el acuerdo con Repsol para pagarle generosamente por el 51% de las acciones de YPF S.A. El oficialismo, compuesto por muchos que en los noventa fueron entusiastas de las privatizaciones (empezando por la Presidenta) y que hace dos años sostenía que en el mejor de los casos Repsol recibiría un pago simbólico, ahora pretende que el acuerdo "amistoso" con Repsol expresa una posición firme ante los vaciadores españoles.

En el video puede verse la intervención del diputado del PTS en el FIT Nicolás del Caño denunciando el acuerdo y la política energética del gobierno en la sesión en diputados. 

  

Queremos detenernos en algunos aspectos de lo votado ayer. 

En primer lugar, las condiciones del acuerdo son un resultado de la decisión que se tomó cuando se expropio a Repsol, que fue mantener el esquema de lo que era “YPF SA”, es decir la misma compañía que fue durante buena parte de los ’90, cuando ya estaba avanzada la desregulación del sector hidrocárburifero y la penetración del capital privado y extranjero en el sector. Como desde un primer denunciamos, lo que se presentaba como una expropiación de YPF, con ley mediante, era apenas la “recompra” mediante expropiación del 51% de las acciones por parte del Estado para tomar el control de YPF S.A., en condiciones similares a la empresa manejada por Estenssoro en los '90, anticipo de la entrada de Repsol. Hace dos años, se quiso presentar como una medida de “soberanía hidrocárburifera” una medida que apenas tocó el 51% de las acciones de una empresa que hoy maneja apenas un tercio del petróleo, y 30% del gas que se extrae en la Argentina, y en el caso de la refinación de petróleo YPF concentra el 54%. Señalamos que esta medida limitada, que preservaba el estatus de empresa privada cotizante (acá y en Nueva York) de YPS SA no permitiría atacar el problema energético de raíz, e involucraría por las propias condiciones en que se estaba realizando, onerosos costos para el país. El acuerdo que rubricóahora el ministro Kicillof con la compañía, sobre la base de la tasación realizada, y que aprobó el congreso, confirma todo esto. Nosotros, así como otras fuerzas de izquierda y sectores combativos de la clase trabajadora, que participamos de la lucha contra las privatizaciones y nunca dejamos de plantear la reestatización bajo control obrero, planteamos ante la crisis energética la necesidad de expropiar sin pago y poner bajo control obrero todo el conjunto del sistema hidrocárburifero, desde la extracción hasta la refinación. No sólo Repsol sino también los activos de las empresas de Bulgheroni, de Cristobal López, de Shell, de Chevron. El gobierno dejó en pie a YPF S.A. y se obligó a tasar el 51% del valor de la compañía para pagar a Repsol. Esto era meterse ya en una trampa: la tasación no podía ser muy baja, ya que de ser así podría haber afectado el valor bursátil de la compañía y su posibilidad de financiamiento. ¿Por qué se metió en el gobierno en esta encerrona? Para mantener una empresa bajo forma S.A. que permite un manejo más discrecional que si se tratara de una empresa pública; y además para mantener los lazos con el capital financiero internacional que permiten entre otras cosas que la empresa sea una fuente de dólares. Dólares que el gobierno está haciendo entrar por la ventanilla de YPF para que puedan ser utilizados para sostener los pagos de la deuda, el déficit energético y otras gangrenas que son consecuencia de las políticas de este gobierno que mucho habló durante estos años de “soberanía” pero no afectó ni un ápice las condiciones de dependencia y la posición del capital extranjero y los condicionamientos que impone el imperialismo en el país.

Estas decisiones, envueltas en un cotillón de "soberanía hidrocarburífera" hace dos años, y acompañados por el Informe Mosconi que el acuerdo actual transforma en pura retórica sin efectos, son las que ahoran obligan a garantizar a Respol un pago en mano 5 mil millones de dólares (en realidad 5.500 millones porque el bono discount ya devengó intereses por 500 millones), para lo cual se le entregan bonos por un valor de 6 mil millones. Y que con los intereses podrían representar para el Estado pagos de 11 mil millones de dólares, buena parte de los cuáles se concentran en los próximos diez años. Se pretende que este es un buen acuerdo. Sin duda que lo es para los españoles, que si se quedan con los bonos en sus manos podrán garantizarse un flujo de fondos bastante cercano a lo que giraban anualmente a su casa matriz en concepto de remesas de utilidades. Nada mal para ser “expropiado”, especialmente cuando fueron denunciados en su momento de vaciadores (algo que dijo el propio ministro y con lo cual no podemos más que estar de acuerdo, ya que lo denunciamos durante todos los años en los que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández consideraron a Repsol un gran aliado). Algunos datos de este vaciamiento, consentido por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez, lo dicen todo: entre 2003 y 2007 Repsol repatrió según balances el 97% de sus utilidades, es decir destinó apenas un 3% para inversión. El Informe Mosconi denunciaba que Repsol obtuvo entre 2008 y 2011 rentabilidad operativa de entre 1.300 y 1.800 millones de euros. Allí se señala en la página 13, que "la rentabilidad neta del grupo Repsol fue creciendo año a año, desde 1.014 millones de euros en 1998, pasando por un máximo de 4.997 millones de euros en 2010 para finalizar el año 2011 con una ganancia neta de 2.544 millones de euros". Y más adelante, en la página 15, se indica "Esto significa que mientras el patrimonio se mantuvo estable, e incluso disminuyó en los últimos años como consecuencia de la política de desinversión, las ganancias siguieron una tendencia creciente.". El vaciamiento que denunciaban hace muy poco fue borrado de un plumazo. Repsol debería devolver todas las divisas que se llevó del país para compensar el saqueo realizado. 

El ministro habló largamente en el congreso, de los criterios para tasar una empresa. Pero no era necesario “tasar una empresa” para tomar el control público de estos recursos estratégicos (que como tales son propiedad del Estado), escandalosamente entregados en los ’90 a los “conquistadores” españoles, así como se entregaron tantas empresas a precios de remate a capitales privados (mayormente extranjeros) y hacerse de fondos que fueron mayormente utilizados para pagar deuda fraudulenta. Alcanzaba con tasar a valor fiscal los bienes expropiados. Este último no fue ni es el criterio que nosotros hemos defendido; nosotros hemos planteado expropiación sin pago y lo seguimos haciendo, pero permite medir el grado extremo de concesiones a las que llega este acuerdo, que ahora se quiere hacer pasar por bueno para la Argentina. Este criterio fue por ejemplo el que aplicó el gobierno nacionalista burgués de Lázaro Cárdenas en México, cuando expropió a 17 compañías petroleras extranjeras. Estas corporaciones imperialistas empezaron a reclamar en la prensa internacional una compensación por 400 millones de dólares, 2.000 millones de pesos mexicanos de ese momento (ver La Corte Suprema de Justicia durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas, de Lucio Cabrera Acevedo). La respuesta del Estado mexicano fue guiarse por el criterio de que “el precio de la cosa expropiada se basará en el valor fiscal que de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras”. Es decir, el valor de muebles e inmuebles considerados por el fisco mexicano (y no el valor del mercado que las empresas declaraban). Con este criterio el capital reembolsado por el Estado fue de poco más del 10% de lo reclamado por las empresas. El gobierno argentino pactó pagar, en dinero contante y sonante (no otra cosa son los bonos garantizando sí o sí 5 mil millones de dólares), el 33% de lo que Repsol reclamó en su exigencia más exagerada, y el 50% de lo que pusieron por escrito en la demanda ante el CIADI (y en realidad con los intereses lo que deberá pagar la Argentina supera el 100% de lo reclamado por Repsol en el CIADI, como dijimos más arriba). Como vemos, aún en términos de negociaciones llevadas a cabo por gobiernos burgueses, el acuerdo “peleado” del gobierno se deschava por la generosidad de sus concesiones.

Por último, señalamos una última contradicción entre este acuerdo y lo que el ministro Kicillof planteaba hace dos años. Por ese entonces decía que “Repsol va a tener que pagar por el daño ambiental”. Hasta le puso números a este reclamo: alrededor de 5 mil millones de dólares sería el valor económico de los daños generados por Repsol. El actual acuerdo “amistoso” con la compañía excluye cualquier posibilidad de litigar a Repsol por los pasivos ambientales. No sólo resulta escandaloso, sino que sienta un peligroso precedente. Ali Moshiri y John Watson de Chevron deben estarse frotando las manos, en anticipación de la impunidad ambiental que pueden experar se extienda a ellos.

Este acuerdo es emblema de toda la política energética que se viene. Galluccio se frota las manos por los acuerdos que espera rubricar con otras petroléras, tomando como modelo el convenio Chevron. Las petroleras se preparan para hacer jugosos negocios, con la garantía de libre disponibilidad de divisas por el equivalente a un 20% de la producción, que significa que podrán repatriar alegremente todas sus ganancias. 

Esta planteado pelear por la anulación de este acuerdo, la declaración del no pago de toda la deuda, incluidos los bonos que ahora se entregan a Repsol, el no pago de ni un solo dólar a los vaciadores. Y la inmediata expropiación de todos los activos de todas las empresas que conforman el complejo hidrocarburífero, para ponerlas bajo gestión de los trabajadores, rechazando los generosos acuerdos noventistas firmados con Chevrón, Dow Chemical y otras firmas. Es fundamental pelear por este programa, para que sean la clase trabajadora y los sectores los que decidan cómo se explota estos recursos, de forma que pueda resultar compatible con la preservación del medio ambiente, y qué destino se le da a la renta petrolera que hoy se distribuyen las empresas imperialistas y los Estados provincial y nacional (que usan su parte para pagar a usureros y subsidiar al capital)

El costoso adiós (festival de bonos para indemnizar a Repsol)

En La verdad obrera nº 559 puede leerse "El costos adiós", sobre el acuerdo del gobierno con la petrolera española Repsol, para indemnizar generosamente a los vaciadores.

YPF SA: Como decíamos, una "recompra", nada parecido a una expropiación sin pago

O la vuelta a la YPF SA de Menem, pero con Chevron y pagando a Repsol peso por peso


12:28

Suben las acciones de YPF en la bolsa porteña y en Wall Street

 Los títulos de la empresa estatizada abrieron con un alza del 12 por ciento

Decíamos hace un año y medio, que el diablo está en los detalles. El tiempo (no mucho, por otra parte) se ocupó de confirmarlo, con el preacuerdo para pagar a los piratas españoles no menos de u$s 5.000 millones. Y nos dio la razón con creces, si consideramos que todo esto se hace Bajo las banderas de Chevron. 

Una política energética que no resuelve ninguna crisis, más bien se concentra en llenar los bolsillos de varios petroleros. Por la expropiación sin pago de todo el sistema energético, para que lo explote la clase trabajadora a través de sus organizaciones. 

YA SALE! Ideas de Izquierda nº 2