Los anuncios en Brasil: Menos mal que se terminó el neoliberalismo en América Latina

El gobierno de Brasil anunció el día de ayer un generoso plan de defensa de la industria, "contra la competencia desleal" de la producción extranjera. Página/12 lo presenta como un "rescate de la producción y el empleo" y hace hincapié en los controles al comercio. Sin embargo, la cobertura de este diario minimiza lo que es la pata central del plan: una masiva reducción de las cargas previsionales en las ramas de "confecciones, calzados, muebles y software". Igualito que los recortes que Cavallo impulsó en los '90 y que contribuyeron a desfinanciar la caja previsional, que sólo se recuperaría durante esta década y con el aporte de fondos de la coparticipación.
"Eventualmente", anuncia el gobierno de Rousseff, las pérdidas de la caja previsional serán compensadas por el tesoro. Los fondos previsionales deben poner el hombro para afianzar la alianza de Rousseff con la industria, porque sino la alternativa sería tocar la política de tasas de interés elevadas, cuyo objetivo declarado es combatir la inflación, pero que en los hechos permiten pingües beneficios en la especulación financiera. Y eso no parece estar en los planes del gobierno. Menos mal que estamos en una época de gobiernos "posneoliberales" en la región... ¿no?

Regulacionismo fantoche

“Avance sobre el sector privado”, tituló el monopolio. Arbitraje “en favor de los más pobres” responde la jefa del Banco Central Marcó del Pont desde PáginaK. El decreto por medio del cual el gobierno se habilita a nombrar más directores en las empresas donde ANSES tiene acciones, ha disparado la alarma de los empresarios, y el fervor de la “militancia” K (La campora, activos en la trinchera de los cargos; aunque algunos de ellos, como Iván Heyn o Axel Kicillof salieron de la agrupación universitaria Tontos pero No Tanto, no son Ningunos Tontos para ocupar cargos). Esta avanzada, hace temer para los empresarios “medidas estatizadoras y chavistas”. Recuerdan que la medida no viene sóla, sino de lo que definen como “movimientos en favor de la estatización del mercado de granos” y del impulso de Héctor Recalde para dar vigencia a la ley de abastecimiento. Un conjunto que en pintado en los grandes medios opositores con titulares ominosos, y festejado desde el lado opuesto como la “profundización del modelo” K.

Sin embargo, hay acá mucha cháchara interesada. Tanto la oposición y los empresarios, como el gobierno se benefician desde distintos ángulos de la magnificación de los alcances de estas iniciativas. Para los primeros lanzar las alarmas contra las medidas “antiempresarias” del gobierno K les da plafond para seguir poniendo el grito en el cielo contra las medidas intervencionistas, a pesar de todas las evidencias de que estas no han afectado en lo más mínimo el desempeño económico de las grandes firmas, que siguen ganando fuerte con la economía K, aunque podrían hacerlo aún más si se pusiera fin a algunas regulaciones. Desde el punto de vista del gobierno, lo muestra firme “combatiendo al capital” en beneficio de los sectores populares, en momentos en que se ventilan los contubernios de los ministros para sostener a los burócratas empresarios como Pedraza, piezas clave de las reformas laborales flexibilizadoras que tantos beneficios dieron y siguen dando a los empresarios.

Pero, ¿cuál es el alcance de las medidas que tanto revuelo han generado?

La tan mentada estatización del comercio de granos, no ha sido hasta ahora más que la entrega del 30% del jugoso negocio del comercio de granos a las cooperativas, es decir a Agricultores Federados Argentinos (AFA), cercanos a la Federación Agraria de Buzzi, y Asociación de Cooperativas Argentinas, cercana a Coninagro. O sea, se trata de un beneficio para dos patas de la Mesa de Enlace, que bajo figuras asociativistas como las cooperativas adornan una vocación empresaria que compite con la de los demás sectores del capitalismo agrario. Si para el gobierno, detrás de estas organizaciones se agazapaba “la oligarquía” durante el conflicto desatado por la 125, ahora trataría de acercarlos nuevamente al redil “nacional y popular” al módico precio de poner en sus manos varios miles de millones de dólares por la cosecha anual. Ya ni siquiera se trata de una módica gresca por arañar una partecita de la renta, como ocurrió al momento de la 125; acá se trata lisa y llanamente de achicar un poco la cuchara con la cual las cerealeras la juntan con pala, para agrandar la de la burguesía media y llegar a octubre con más votos en el campo. Aunque, después de casi 8 años, el kichnerismo se haya enterado escandalizado de las maniobras de las cerealeras con el comercio de granos, a pesar de que la propia política oficial había habilitado defraudaciones que les dieron a estas empresas jugosas ganancias, esto no parece ser aliciente suficiente más que para imponer algunas sanciones, y denuncias. Nada que se parezca a nacionalizar efectivamente todo el comercio de granos. Medida que podría permitir que una parte mayoritaria de la renta agraria se concentre en manos del estado, y no un módico porcentaje vía retenciones. Pero que no entra en la lógica de un gobierno que en los hechos no ha hecho más que asociarse con el agropower para morder una parte de la renta.

En el caso de la designación de los gerentes camporistas, algunos de sus protagonistas parecen representárselo como un primer paso, para reunir información y preparar la avanzada sobre sectores estratégicos de la economía. Más medido, el gobierno ha defendido la iniciativa como el derecho de cualquier socio de una inversión, en éste caso para defender los intereses de los jubilados, actuales y futuros.

¿Da asidero el uso que hizo el gobierno de la plata de ANSES para tales afirmaciones? El Fondo de Garantía en cuidado de cuyos réditos el gobierno afirma estar actuando, fue transformado por el gobierno en una fuente de activos que fortaleció el “bonapartismo fiscal” o de caja, es decir el uso de recursos por parte del gobierno que le permite actuar de árbitro entre los distintos sectores empresarios, a la vez que la cooptación de varios movimientos sociales, y asegurarse la lealtad de gobernadores y punteros peronistas. Así como el kirchnerismo sacó sus frutos de la sojización durante todos estos años, viene haciendo lo mismo sacando puntualmente su cuota de la plusvalía que las grandes empresas extraen a los obreros, tal como lo hacen todos los accionistas. Los funcionarios K afirman que buscan garantizar los intereses de sus acciones para arbitran “en favor de los probes”… ¿lo harán “profundizando” las leyes de flexibilización que se mantuvieron durante todo el kirchnerismo, para mejorar su ganancia de accionistas?

Si miramos los usos del Fondo, una parte de sus recursos está ocupado en financiar proyectos de inversión públicos y privado de dudosa perspectiva, y sobre todo está financiando la emisión de deuda pública que cada día va a paso más rápido. Todo esto nos empieza a mostrar de a poco la vuelta de los usos que tuvieron en otros momentos históricos los fondos jubilatorios, colaborando a la reproducción del capital y no a mejorar los haberes.

Como si todo esto fuera poco, aún cuando el Fondo de Garantía se acrecentó producto de los rendimientos logrados un 86% desde 2008, y que ANSES tiene un considerable superávit, el gobierno rechazó el 82%, y cambio anunció miserables aumentos que llevaron la mínima a $ 1.272, pretendiendo que se opone la posibilidad de mejorar los haberes con la extensión del número de beneficiarios que el gobierno impulsó, como si no pudieran impulsarse medidas como el aumento de los aportes patronales para incrementar los recursos del organismo. Todo esto hace bastante dudo que sea el arbitraje en favor de los jubilados lo que motoriza la iniciativa oficial.

¿A dónde apunta entonces el nombramiento de gerentes del Estado? ¿Es que, como pretenden los medios opositores, el gobierno que ha transformado a los subsidios a la ganancia empresa en la principal partida del presupuesto (aún por encima de los pagos de la deuda y superando 8 veces lo gastado en viviendas y urbanización) va a tener luego de 8 años un arranque estatizador? Aunque puedan alimentar esas ilusiones para la tribuna suena poco creíble, incluso aunque a la luz de tanto despilfarro en solventar a las empresas podría ser una ecuación económica de resultado beneficioso para el erario público.

Ambas medidas, aparte de alimentar el fervor de “la militancia”, haciendo más fáciles de digerir los sapos que las alianzas gubernamentales proveen puntualmente semana a semana (Corpacci-Saadi, Menem, Aldo Rico, conversaciones Tomada-Pedraza) para el sector kirchnerista progre, son parte del tira y afloje entre los empresarios y el gobierno. Si en el terreno económico el kirchneristo ha puesto viento en popa a una agenda de “normalización” largamente solicitada por los organismos internacionales, gobiernos imperialistas y sectores empresarios locales, que incluye tratar de acordar con el club de París, encontrar alguna salida al atolladero del INDEC de la mano de la eufemísticamente denominada “asistencia técnica” del FMI, entre otros puntos (y varios sapos más para los que saludaron el “adiós” al FMI y el desendeudamiento mitológico), viene dejando claro que no va a renunciar a los mecanismos bonapartistas. Es ese intento de marcar la cancha, limitar la capacidad de la cúpula empresarial para operar en favor de las alternativas opositoras en las elecciones y negociar las condiciones de convivencia pos octubre, lo que motiva la iniciativa gubernamental.

Desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, las rispideces del gobierno K con los empresarios, lejos de un arbitrio “en favor de los pobres”, son ni chicha ni limonada. Lejos de afectar seriamente la propiedad privada y los intereses del capital, buscan arbitrar algunas módicas porciones de la ganancia, sin la mínima traducción material en beneficio de ningún sector obrero y popular. Este “bonapartismo fiscal” que usa los recursos que quedan luego de pagar la deuda para arbitrar entre los capitalistas y destinar partidas menores al “gasto social”, busca sostener el conformismo social invitando a los trabajadores y sectores populares a participar de las migajas del banquete que siguen disfrutando los capitalistas con la bonanza de los años K.

En las antípodas de esto, sería verdaderamente en interés de los trabajadores que se estableciera un efectivo monopolio estatal de todo el comercio exterior, junto con la expropiación de los grandes terratenientes, para avanzar en la apropiación íntegra de la renta agraria. También, declarar el no pago de la deuda pública, en vez de traer de vuelta al FMI. E impulsar la expropiación y el control obrero de las fábricas que se alimentan sus ganancias con los subsidios públicos, en vez de un representantes estatales en algunas empresas, impulsados por este gobierno que tiene una alianza estratégica con los burócratas sindicales y persique a los que luchan. Lejos de “profundizar el modelo” K, pelear por una alternativa independiente de la clase trabajadora.

Argumentos de veto con resabio neoliberal

Las usinas oficialistas vienen difundiendo fervorosamente las conclusiones del estudio de Demian Panigo sobre las consecuencias que podrían derivarse del proyecto de ley sobre el sistema previsional. Los supuestos implícitos sobre los que se anuncian las consecuencias de este aumento sobre la sostenibilidad del sistema, los hemos analizado ya en un post anterior.

Pero el gobierno ha salido a indicar las enormes inequidades que se habrían producido si la ley se hubiera promulgado, para darle al veto un barniz progre, en defensa de ciertas condiciones igualitarias. Diego Bossio, muy preocupado y casi con lágrimas en los ojos por las consecuencias antiigualitarias de esta ley, señalo el ejemplo de un beneficiario "que cobra hoy $ 7666,37, hubiera pasado a cobrar $ 68.800,19", sugiriendo que tendríamos numerosos casos como este que llevarían a un vaciamiento de las arcas del ANSES en beneficio de un impúdico enriquecimiento de algunos jubilados. Según el estudio de Panigo, con esta ley la desigualdad en los haberes habría aumentado un 15%, en línea con la que se verifica en los trabajores activos. El kirchnerismo no habría vetado la ley para retacear la recomposición y mantener la discrecionalidad de los aumentos, sino porque es el guardián de la equidad entre los jubilados.

Estos argumentos nos recuerdan a los de ciertos funcionarios menemistas, cuando en los últimos meses de gobierno (1999) -y en tiempos de AFJPs- defendían la derogación de la Prestación Básica Universal que ponía un piso a las jubilaciones en aras de la equidad, ya que esto permitiría aumentar la mínima de $150 a... $190!!! Con planteos similares sobre la equidad las empresas prestadoras de servicios públicos vienen bregando por mayores aumentos de tarifas -ya que no sería equitativo que en algunos lugares la energía este más barata que en otros- como si el atolladero energético no estuviera ocasionado en la lógica rapaz con la cual vienen explotando las empresas desde las privatizaciones en función de sus márgenes de ganancia y con poca inversión. Pero bueno, décadas de neoliberalismo no pasan en vano. Economistas "nacionales y populares" como Panigo, sacan de la galera cuestiones tan caras al pensamiento neoclásico como la de la equidad, para dar argumentos "progres" al veto, que deja "equitativamente" planchadas todas las jubilaciones. En aras de una supuesta "equidad" siguen retaceando algo tan básico como garantizar una proporcionalidad entre el ingreso salarial y el haber jubilario. Algún periodista oficialista, para desmerecer el reclamo, se pregunta "por qué el 82 por ciento y no el 90 o 100 por ciento del salario mínimo". En el mismo diario llegan a la desfachatez de sugerir que con los ajustes kirchneristas podría llegarse a superar ese reclamo "conservador", cuando apenas araña hoy el 60% del salario mínimo.

Hay que hacer algunas aclaraciones, que ni la demagogia opositora ni el gobierno contribuyen a hacer. Es cierto que con la estructura de ingresos actual de la ANSES (aportes jubilatorios más una parte de la recaudación impositiva nacional deducida a los fondos coparticipables), y considerando una estructura de gastos que no sólo esta abocada a pagar las jubilaciones sino que también cubre otras erogaciones (aparte de que las ganancias del Fondo de Garantía que tiene el organismo se usan para pagar las asignaciones por hijo) no permite costear el aumento. Sin aumentar los ingresos de la ANSES, el aumento de jubilaciones al 82% la llevaria a incurrir en déficit. Pero como señalamos en el post previo ya mencionado, esta suposición es completamente falaz, y fácilmente podrían aumentarse los ingresos del organismo en mucho más de los $40 mil millones requeridos, con sólo tomar unas medidas que afecten la ganancia de distintos sectores capitalistas y oligarcas. En su afán de votar una ley que el gobierno vetara más que en dar una mejora en los haberes, la oposición voto una ley que no incrementa las fuentes de financiamiento. Si hubiera habido algún aumento de aportes patronales o afectado los intereses de algún sector empresario se habrían puesto los pelos de punta de la mayoría de los legisladores que votaron a favor de la ley, que no la habrían acompañado. Por eso, de manera vergonzosa, Proyecto Sur borró la discusión sobre el aumento de los aportes patronales, para devolverlos a los niveles que tenían hasta 1993. Pero los jubilados no están obligados a ser "fiscalmente responsables" (otro latiguillo neoliberal) en sus reclamo por recomponer las jubilaciones, más aún considerando en enorme sesgo pro empresario del gasto público, que desmiente toda la alharaca hecha sobre el gasto social.

Por otra parte, sin duda hay enormes inequidades en los haberes jubilatorios, que reproducen las existentes en el mercado laboral. Los mecanismos de ajuste previstos por los artículos 5 a 7 de la ley aprobada y vetada el 14/10, las extienden en algunos casos. Pero lo que ni Diego Bossio ni el "investigador" Panigo señalan es que esos artículos se refieren al ajuste por todos los años en los que las jubilaciones estuvieron por el piso, que pasaría a pagarse retroactivamente, así como por el recálculo del haber incial, cosa inevitable en por la fuerte degradación de los ingresos nominales. De todas formas, considerando que la mayoría abrumandora de los jubilados (casi el 75%) cobra la jubilación mínima, el jefe de la ANSES no debería preocuparse por un desmedido enriquecimiento de los trabajadores pasivos. Los supuestos casos como el del trabajador que pasaría de cobrar $7.666 a $6.8000 serán más bien pocos. Es una fantochada querer sugerir, como hace Diego Bossio y reproduce a más no poder el pasquín PaginaK12 que eso será bastante extendido y que pone en peligro el sistema previsional.

En todo caso, si el problema estuviera en las consecuencias planteadas por estos artículos, esto podría haberse subsanado con un veto parcial y elaboración de otra forma de recálculo, como el kirchnerismo no tuvo ningún reparo en aplicar cuando se aprobó la reforma política, para vetar los artículos que postergaban hasta 2012 la puesta en vigor de aglunas condiciones que perjudican a los partidos más chicos.

Agreguemos que esta preocupación por la desigualdad de las jubilaciones no se condice con la manera grosera en la cual se mantuvieron todos los privilegios para el personal político durante el kirchnerismo. Es de estos privilegios que sale el grueso de las jubilaciones que están muy por encima de la mínima. No hemos visto al kirchnerismo en estos años impulsando una baja en los salarios de diputados, senadores y funcionarios, ni una anulación del régimen de jubilaciones de privilegio.
Lo mismo cabe para la situación precaria de sectores mayoritarios de la clase trabajadora que el kirchnerismo ha mantenido, que además de proyectar a futuro la misma desigualgad en los haberes que existe actualmente, limita los aportantes al sistema.

Como se ve, la defensa del veto por parte del gobierno deschava la una lógica muy cercana a la de las políticas neoliberales tan denostadas. El kichnerismo extendió el universo de beneficiarios en 2008, y hoy busca oponer universalización a 82% móvil. Pero se trata de un falso dilema, que no alcanza para ocultar que al mismo que extendió hay más jubilados se ha degradado esta ampliación al mantener los ingresos degradados, que cada vez se ven más erosionados por una inflación galopante. El veto que acaban de realizar, bloqueó un aumento del 37% para el casi 75% de jubilados que cobran la mínima. Seguramente habrá nuevos aumentos sobre la base de los ajustes previstos actualmente por la ANSES, pero que no detendrán esta tendencia a la degradación de los ingresos ya que los mecanismos de ajuste se apoyan en los índices oficiales truchos.

Conseguir el 82 % móvil no es algo que pueda esperarse de la iniciativa de los legisladores opositores, que votaron esta ley por demagogia. Sólo la más amplia movilización permitirá conquistar este reclamo histórico.