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jueves, 4 de septiembre de 2014

La ley del pago

La Cámara de Senadores dio aprobación al proyecto de Ley de Pago Soberano Local de la Deuda Externa, que apunta a cambiar de jurisdicción la deuda emitida bajo legislación norteamericana. Ahora seguirá su trámite en diputados. El gobierno apuesta a aprobarlo en trámite veloz para realizar la operación de canje antes del 30 de septiembre, cuando hay un vencimiento de 200 millones de dólares del bono Par cuyo incumplimiento ampliaría los bonos en default a causa del fallo del juez Thomas Griesa.

Este proyecto aprobado en el Senado declara “de interés público la Reestructuración de la Deuda Soberana” y apunta a implementar instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios correspondientes al cien por ciento de los títulos emitidos en el marco de la Reestructuración de Deuda Soberana 2005-2010. El proyecto reemplaza el agente de pago (hasta entonces el Bank of New York Mellon, BONY) por Nación Fideicomisos y apunta a realizar un nuevo canje que reemplace los bonos emitidos bajo jurisdicción norteamericana por otros. El texto que diseñó el Poder Ejecutivo explica que los cambios se proponen “con motivo de la ilegítima e ilegal obstrucción” que dispuso el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa, ante el reclamo de los holdouts, “de los mecanismos de cobro de los servicios de los Títulos Reestructurados no regidos por ley y jurisdicción argentina”.

El proyecto enviado al congreso el 19 de agosto preveía la posibilidad de habilitar a los bonistas a elegir la jurisdicción que les resultase conveniente. El Frente para la Victoria incorporó el martes pasado nuevas modificaciones apuntando a ampliar el apoyo al proyecto. La reforma apunta a incluir explícitamente la posibilidad de canjear por títulos “regidos por legislación y jurisdicción” de Francia además de la Argentina. Esta modificación buscó contemplar los reclamos del Frente Renovador de habilitar otro lugar de pago además de Buenos Aires. A pesar de esto, el massismo reafirmó el rechazo al proyecto. El artículo 12 establece la creación de la Comisión Bicameral Permanente para investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda, así como el “seguimiento de la gestión y los pagos que se realicen” y una “investigación de la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitres”. Curiosa intención, considerando que hace ya cuatro años –cuando impulsó el Fondo del Bicentenario para usar dólares del Banco Central para pagar deuda– la Presidenta descartó cualquier investigación de la deuda planteando que el tiempo para hacerla era 1983, a la salida de la dictadura. El artículo 14 exime del pago de impuestos a los fondos que se destinen para los bonistas.

El gobierno busca acelerar la aprobación del proyecto para completar el canje antes del 30 de setiembre, y evitar que se agrave el default. Después de haber quitado derechos de representación al agente pagador (el BoNY), Economía no puede depositar el dinero como hizo en junio y aducir que cumplió las obligaciones como hizo en junio. Por eso la urgencia.

Aunque avanza el trámite parlamentario, hay varios motivos por los cuáles el proyecto es recibido con escepticismo. El BoNY debería colaborar para que se concrete el canje, para identificar a los bonistas, y si lo hace podría ser declarados en desacato por parte de Griesa. Nación Fideicomisos S.A. es cuestionado además por varios agentes financieros debido a la falta de experiencia y presunta debilidad técnica.

Un segundo motivo de duda son las tenencias de buena parte de los bonos bajo jurisdicción norteamericana por parte de fondos que por estatuto no pueden invertir en papeles que no tengan legislación norteamericana, por lo que no puede esperarse se acepten el cambio para cobrar en Buenos Aires, tenencias que algunos estiman que llegan hasta el 70% de los bonos con ley en Nueva York. Esto abre la pregunta de qué porcentaje de aceptación puede asegurarse el gobierno. Si termina muy por abajo del 92,4% al gobierno le costaría mostrarlo como un éxito. Podría producirse una situación en la que deba afrontar en simultáneo la continuidad de los litigios de los holdouts (que no entraron a los canjes de 2005 y 2010) y los reclamos de “nuevos” holdout que no participen de este canje.

Por fuera de estar incertidumbres, una cosa es segura: lo único de soberano en el proyecto presentado es el nombre, más aún ahora que lleva acento francés. Regularizar la deuda mediante este nuevo canje significa reiniciar una gravosa entrega de dólares. El gobierno se felicita de haber pagado 190 mil millones de dólares. Pero a pesar de eso la carga no paró de crecer; hoy ronda los 250 mil millones de dólares. Esta carga sobre los recursos fiscales obligó a destinar fondos públicos que podrían haberse utilizado para gastos en salud, educación o infraestrucura. Pagar la deuda, como lo venimos sufriendo hace décadas, tiene gravosas consecuencias para la clase trabajadora y el pueblo.

En el senado no hubo una sola voz que rechazara enteramente pagar la deuda. Todas las expresiones políticas, aún la centroizquierda opositor, acompaña el precepto de que “las deudas se pagan”, acompañando o presentando alternativas. Sólo el Frente de Izquierda plantea claramente el no pago, y, como ha reclamado el diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolás del Caño, es necesario abrir lugar a una consulta popular vinculante, para que sea el pueblo el que decida que se hace con la deuda.

martes, 26 de agosto de 2014

De buitres “malos” y “patriotas”

En el marco del creciente escepticismo de varios analistas ante el nuevo canje de deuda anunciado por el gobierno el martes pasado, apareció este fin de semana un fondo de inversión amigo que podría apuntalar la estrategia del gobierno. David Martínez Guzmán, titular del fondo Finthech Advisory, que tiene títulos de deuda pública argentina por una cifra cercana a los mil millones de dólares, ha planteado su apoyo al proyecto de ley enviado al Congreso el pasado martes y su intención de cooperar para “aislar al juez Thomas Griesa y a los fondos buitre y reanudar la cadena de pagos interrumpida en forma arbitraria”.
Empieza a tomar cuerpo el objetivo de involucrar a los bonistas de los canjes para encausar la crisis creada por la decisión de la Corte Suprema el pasado 16 de junio de no tomar la apelación argentina al fallo de Griesa, que obliga a pagar el 100% de la deuda más punitorios a los bonistas holdout (que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010) y ordena el embargo de todos los fondos que argentina deposite para pagar vencimientos de la deuda canjeada. El depósito que realizó la Argentina para el vencimiento del 30 de junio por 539 millones de dólares en el Bank of New York Mellon (BoNY), no fue finalmente embargado pero sí bloqueado. Aunque el gobierno sostiene que al pagar cumplió con sus obligaciones, y responsabiliza al agente de pago (el BoNY), después del 30 de julio se activaron los mecanismos que declaran al país en default.

Un tercer canje con destino incierto
Con el anuncio del nuevo canje, que con las declaraciones de Martínez Guzmán muestra aceptación entre algunos acreedores, el gobierno apuesta a salir del default en un tiempo limitado. De ser posible antes del 30 de septiembre, cuando hay un nuevo vencimiento de deuda por 200 millones de dólares del bono Par. Es que, después de la oficialización del default, difícilmente pueda Economía repetir la decisión de junio y depositar en el BoNY. Sin embargo, la aparición de Fintech en escena no despeja los puntos dudosos de la estrategia oficial. El primero es el mecanismo para canjear los bonos. El Gobierno decidió remover al BoNY como agente de pago y reemplazarlo por Nación Fideicomisos (u otra entidad que puedan designar los bonistas). Este cambio se topa con una dificultad: la necesaria participación del BoNY validando los registros de los bonistas podría volverlo pasible de caer en desacato ante la corte neoyorquina, ya que el fallo de Griesa prohíbe a los agentes de pago de jurisdicción neoyorquina colaborar con un eventual canje o cambio de domicilio. La segunda cuestión son los fondos de inversión extranjeros que, por estatuto, no pueden cambiar de jurisdicción.Salvo que los fondos “amigos” se ocupen de la compra de esta porción de la deuda, todo el mecanismo fracasaría ante la baja aceptación. Es decir que surgiría una se generarían más holdouts que podrían iniciar nuevos juicios. A pesar del respaldo de Fintech, los interrogantes al atajo que presenta el gobierno persisten.
Lo que pone en evidencia es que, aunque se sigue apelando a la retórica de “Patria o buitres”, los intentos de restablecer el pago de la deuda externa persisten. Es natural. Durante años el gobierno y todos los “progres” que desde diversos medios replican el pensamiento oficial, sostuvieron hasta el hartazgo que la deuda había dejado de ser un problema, gracias a la “capacidad de pago” del país (que se basó en un ciclo inédito de crecimiento de las exportaciones que revirtió tendencias previas) y la supuesta reestructuración “soberana” que había pactado una quita elevada (que después se hizo evidente que no era tal en los hechos). La estrategia del kirchnerismo fue resolver el problema de la deuda pagando “serialmente”, y en esto fue acompañado por buena parte de los “progres” que en otros tiempos habían repudiado el costo social de la deuda. Desde 2005 el kirchnerismo fue el mejor pagador, aunque quedaron en el tintero algunas de las hipotecas que había dejado la hecatombe de 2001, como ocurría con el Club de París, o los bonistas holdout.Conviviendo con estos frentes, el gobierno se obligó a redoblar el ritmo de transferencia de recursos a través de los pagos netos de deuda. Donde otros pagaban deuda con deuda, el gobierno argentino entregaba dólares contantes y sonantes. También reemplazaba deuda externa con deuda interna, contraída mayormente con ANSES y el Banco Central, es decir, retrayendo recursos paras las jubilaciones, preparando un futuro desfalco de la caja previsional y minando los márgenes para hacer política monetaria. Estrategia costosa y fallida: a pesar de ser “pagadores seriales”, la deuda pública pasó de 126 mil millones de dólares luego del canje de 2005, a 200 mil millones de dólares a fines de 2013. En la actualidad estaría superando los 225 mil millones de dólares.
Los 190 mil millones de dólares que el propio gobierno dice haber pagado desde 2003 (equivalente a media producción anual de la economía argentina), está entre las explicaciones de fondo de la escasez de dólares. Sumada a una fuga de capitales que se acerca a otros 100 mil millones en la última década, a las remesas de utilidades de las corporaciones al exterior que fueron récord, al descalabro energético y al fracaso de la publicitada reindustrialización, que se ver de forma patente en la industria automotriz que muchos más dólares de importaciones requiere cuanto más produce. Hasta 2011 se toleró alegremente estas sangrías, confiando que los dólares de la soja alcanzarían para cubrirlas. Cuando se hizo evidente que no era tan así, se confió en el cepo cambiario para cuidar las divisas. Sin embargo las reservas en manos del Banco Central siguieron cayendo.
Por eso el gobierno pegó el volantazo en enero: devaluación de más de 20 por ciento en días y vuelta a los mercados. El gobierno pagó los litigios del Ciadi (tribunal a la medida de las grandes empresas multinacionales), pactó con el Club de París, e indemnizó generosamente a Repsol. Sin embargo, se topó con la decisión adversa de la corte norteamericana, y el resultado es que por ahora cualquier resolución de la escasez de dólares por la vía de endeudarse afuera está archivada. Esta escasez, sumada a la inflación, ya está volviendo a apretar para generar un segundo ajuste cambiario en un año.
En la última semana el mercado paralelo se volvió a mover en espera de un nuevo ajuste en el tipo de cambio, ante el complicado panorama para conseguir dólares que genera el default que el gobierno pretende no ha ocurrido. El vice ministro de economía Emanuel Álvarez Agis salió a negar a finales de las semana pasada que se venga una devaluación, pero ya sabemos lo que suelen preanunciar estas declaraciones. Al mismo tiempo que hacía sus declaraciones, el Banco Central permitía que el dólar oficial subiera 11 centavos. Ya con los efectos que tuvo la devaluación de enero, las proyecciones apuntaban a una caída del salario de 5 por ciento para 2014, a pesar de las paritarias. Las nuevas turbulencias anuncian que la pérdida podría ser aún más severa, lo que se suma al deterioro del empleo.

El problema no es el default sino la deuda
En el debate entre oficialismo y oposición patronal sobre qué hacer con los buitres, que con el proyecto de canje se vuelve a trasladar al congreso, hay un acuerdo básico que es seguir pasando la deuda usuraria y fraudulenta. Deuda que se pagó varias veces desde la vuelta de la democracia, lo que no frenó su aumento desde 35 mil millones de dólares hasta su monto actual. Con o sin aprobación del proyecto oficial, el gobierno, el PRO, el Frente Renovador y las principales fuerzas del FAUnen coinciden mantener y profundizar el lastre de la deuda, comprometiendo nuestro futuro. La deuda es un fraude y un saqueo, que golpea con todo sobre los trabajadores y sectores populares. Por eso es urgente discutir no cómo pagarla, sino las medidas para dejar de pagarla.


miércoles, 20 de agosto de 2014

Canje para seguir pagando: de soberanía, sólo el nombre

Cristina Fernandez anunció ayer que enviará al Congreso un proyecto de Ley de Pago Soberano Local de la Deuda Externa, que apunta a cambiar de jurisdicción la deuda emitida bajo legislación norteamericana. Esto ocurre pasados algo más de dos meses desde que la Corte Suprema de los EEUU confirmara el fallo del juez Thomas Griesa al rechazar considerar la apelación del Estado argentino, y el gobierno quedara encerrado entre las alternativas de pagar a los bonistas “holdout” que no entraron al canje el 100% del valor de sus bonos o verse impedido de mantener los cumplimientos a los bonistas que sí canjearon en 2005 y 2010. Y 19 días después de que el “incumplimiento” alcanzara el status de definitivo, activando los mecanismos de declaración del default. El incumplimiento y el propio default son puestos en discusión por el gobierno ya que el dinero fue depositado en regla, antes del primer vencimiento del 30 de junio, sólo que el agente de pago (Bank of New York Mellon) se vio impedido de entregarlo a los bonistas por orden de Griesa. A pesar de este planteo del gobierno, las desacreditadas agencias calificadoras de deuda y las agencias que tienen seguros sobre impagos de la deuda argentina, activaron todos los mecanismos que indica el ingreso en default.
Con el proyecto presentado ayer, el gobierno se decide finalmente por un camino con el que ya había amagado el Ministro de Economía Axel Kicillof en su primer conferencia de prensa luego de conocida la decisión de la Corte Suprema norteamericana, cuando dijo que iba a instruir para evaluar el cambio de jurisdicción de pagos. El proyecto no establece obligatoriamente la jurisdicción argenina, sino que habilita a los bonistas a elegir la jurisdicción que les resulte conveniente. Desde entonces se iniciaron las trabadas negociaciones, en las cuáles el gobierno hizo hincapié en la cláusula RUFO (derecho sobre mejores ofertas) para no mejorar la oferta, sin que el gobierno volviera a sacar a relucir esta alternativa. Dos motivos centrales la hicieron en todo momento poco creíble: 1) la amenaza de desacato por parte de Griesa que pesa sobre los agentes de pago si ayudan a la Argentina a evadirse del fallo del juez neoyorquino, ante lo cual es de esperarse que ningún banco internacional de procedencia norteamericana se arriesgue, y no son de fácil reemplazo; 2) las tenencias de buena parte de los bonos bajo jurisdicción norteamericana por parte de fondos que por estatuto no pueden invertir en papeles que no tengan legislación norteamericana, por lo que no puede esperarse se acepten el cambio para cobrar en Buenos Aires, tenencias que algunos estiman que llegan hasta el 70% de los bonos con ley en Nueva York.
Para afrontar lo primero, el gobierno resuelve el cambio del agente de pago, reemplazando al BONY por Nación Fideicomisos S.A. Esto podría resolver una de las trabas que tenían para intentar el cambio de jurisdicción, ya que escapa de la jurisdicción yanqui y podría contar con una ingeniería legal que lo cubra, más allá de la falta de experiencia y debilidad técnica a la que han apuntado algunos economistas liberales, de los que bregan por un acatamiento en toda la línea de lo ordenado por Griesa.
La cuestión más espinosa está en el segundo punto señalado más arriba, y abre la pregunta de qué porcentaje de aceptación puede asegurarse el gobierno. Si termina muy por abajo del 92,4% sería un problema. Podría producirse una situación en la que deba afrontar en simultáneo la continuidad de los litigios de los holdouts, y los reclamos de “aceleración” -es decir el cobro íntegro de la deuda- por parte de los bonistas afectados por el nuevo default, si el porcentaje que no entra al canje es grande. Todo esto en un contexto donde mantendría la incapacidad para endeudarse afuera. La pregunta es ¿qué probabilidad hay de que los bonistas que habían canjeado en 2005 o 2010 y se ven afectados por el bloqueo de pagos ordenado por Griesa no canjeen para seguir cobrando? Para los que no tengan impedimentos legales, pocas. El que ya canjeó en su mayoría está haciendo el negocio de cobrar, y va a buscar las vías para seguir haciéndolo. Por supuesto, los mismos “buitres” holdout que están haciendo juicio también tienen parte de los bonos regularizados con el objetivo de buscar la aceleración, pero estos mismos también podrían canjear si ven que no les dan los números para llegar al piso mínimo de 25% que se exige para pedir la aceleración. A priori, el mayor problema está entonces con los bonistas que no están habilitados para canjear por deuda emitida bajo jurisdicción argentina. Acá surge la pregunta es ¿habrá un nuevo "Gramercy" que, al igual que con los juicios del CIADI -organismo armado a la medida de las corporaciones imperialistas para ganar juicios contra los Estados semicoloniales y dependientes- compre esta deuda para después canjear? Es una posibilidad. Sería otra escandalosa entrega de un negoción a un "buitre" amigo. Si este es el precio para asegurar un porcentaje de aceptación cercano al 90% actual (aunque seguramente unos puntos menor que lo canjeado hasta ahora), el gobierno ya demostró en el pasado que está dispuesto a pagarlo. A pesar de las diatribas contra la banca local y extranjera, los diez años de kirchnerismo han sido pródigos en obsequiarles todo tipo de negocios.
¿Cuáles serían las consecuencias para la economía argentina? El gobierno podría presentar el éxito -relativo- de dar por cerrada la crisis abierta en junio, ya que menguaría el poder de fuego de los holdouts y la corte yanqui. Pero seguiría cerrado el grifo para endeudamiento externo y además se ingresaría definitivamente en desacato con la corte yanqui. Después de haberse vuelto a validar el sometimiento a la jurisdicción extranjera en los canjes de 2005 y de 2010, ahora el kirchnerismo busca evadirse de las consecuencias de sus propios actos cuando estos le imponen un fallo adverso. Esto implica archivar cualquier perspectiva de emisiones de deuda en los EE.UU., y seguramente también en el resto de las grandes plazas. A pesar de que compiten entre sí por captar clientes, todos los centros de las finanzas globales coinciden en defender a rajatabla la disciplina de las economías dependientes, golpeando contra cualquiera que amague con dar una mínima patadita al tablero, así sea como en el caso del gobierno de Cristina Fernández para abrir vías para continuar con los pagos seriales. Por eso, a lo sumo podrán restablecerse los acuerdos con china, que en este momento están congelados también por el default a apenas un mes de anunciados.
La vía de un embargar el futuro de la economía con deuda para saldar hoy la “restricción externa” seguiría cerrada, y por ende la obligada "heterodoxia" de financiarse con el central, frenar las importaciones de insumos creando así un frenazo económico al parar la producción, al mismo tiempo que se trata de contrarrestar el frenazo bajando las tasas de interés para créditos, en un cóctel explosivo, seguirá desarrollándose. Es decir un ajuste en toda la línea, acomañado del desarrollo de algunas "bombas de tiempo", cuya explosividad se encuentra por el momento limitada por la recesión, que pone límites a la inflación, así como genera conductas "cautas" incluso en la especulación, al menos por el momento. Pero sin la vía de retomar el endeudamiento externa seguirán agravándose los desequilibrios, aunque el gobierno presente una batería de políticas “activas” haciendo gala de un keynesianismo que está con la pólvora mojada. Aún si se logra el "éxito" en el anunciado cambio de jurisdicción esto no va a cambiar.
Buena parte de la oposición, como es claramente el caso del PRO y parte de la UCR (y ciertos economistas cercanos a Massa, que prefirió callar) critica el anuncio de ayer porque con esto el gobierno pretende validar lo actuado. Reclaman en cambio un inmediato cumplimiento del fallo, pagando a los holdouts todo lo que ordena Griesa. Ante esto el gobierno presenta su alternativa como la de quienes no “ceden” a las presiones imperialistas. Pero esta pretensión tiene patas cortas. Regularizar la deuda mediante este nuevo canje significa continuar con la succión de dólares que representa la deuda. Que a pesar de que el gobierno se felicita de haber pagado 190 mil millones de dólares no paró de crecer, y hoy ronda los 250 mil millones de dólares después de los acuerdos con Repsol, Ciadi, y Club de París. Estos pagos, junto con la fuga de capitales con la que la burguesía colocó las ganancias que amasó a resguardo en paraísos fiscales, y con el descalabro energético que es resultado del vaciamiento empresario, son las gangrenas que han hecho reaparecer la mentada “restricción externa”, que en realidad no es otra cosa que una expresión del atraso y dependencia del capitalismo argentino que esta expolación contribuye a reproducir. Es pagar la deuda lo que tiene gravosas consecuencias para la clase trabajadora y el pueblo, no el default. Por eso es necesario declarar el no pago, inseparable de a otra serie de medidas como el monopolio del comercio exterior y la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores. Las alternativas no pueden reducirse, como los presentan los partidos patronales, entre cumplir con Griesa o cambiar jurisdicción para seguir pagando. Repetimos, más que nunca, debemos exigir que no sean el gobierno y la casta política quienes decidan de espaldas a los trabajadores embargando el futuro con el grillete de los pagos de deuda. Como ha reclamado el diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolásdel Caño, es necesario abrir lugar a una consulta popular vinculante, para que sea el pueblo el que decida que se hace con la deuda.

lunes, 11 de agosto de 2014

La deuda externa, el imperialismo y nuestro programa. Polémica con Rolando Astarita

Esteban Mercatante y Gastón Ramírez

El conflicto con los fondos “buitre” (más precisamente los buitres que eligieron la estrategia de litigar para obtener el 100% de los bonos en default, porque los que canjearon tambien incluyen otras variedades rapaces), le permitió al gobierno inventarse una gesta planteando “patria o buitres”. Pretensiones de patas cortas, ya que en el mismo momento que la levanta el gobierno firma acuerdos (con Chevron, con China) que aseguran que eventuales conflictos se saldarán también en cortes extranjeras, actúa con celo en favor de patronales “buitre” como Lear.
En esta triste opereta de políticos acólitos a los pactos de entrega al imperialismo, desde el PTS en el Frente de Izquierda hemos planteado abiertamente la necesidad de declarar el no pago de toda la deuda externa, articulado con un conjunto de medidas a ser tomadas por la clase trabajadora para luchar por imponer su salida ante una nueva crisis nacional cuyos costos se prepara toda la burguesía para descargar sobre el pueblo trabajador. Además, hemos levantado la exigencia de una consulta popular vinculante, para que “el pueblo decida”, y no un pequeño grupo de funcionarios y políticos que sólo sirven a los intereses de los capitalistas.
En un reciente artículo en su blog, el profesor Rolando Astarita ha polemizado con distintas posiciones de la izquierda, entre ellas la que levanta el PTS. A continuación, una respuesta a sus principales críticas.

Un tango lo bailan dos… pero sólo uno lidera

Astarita achaca al planteo del PTS, un “error de fondo”, ya que –sostiene- no tendríamos en cuenta que la “deuda es una consecuencia natural de los mecanismos de acumulación capitalista bajo determinadas condiciones de capitalismo económicamente subdesarrollado y dependiente”, aunque no deja de reconocer que nuestra caracterización sobre la cuestión de la deuda “se reconoce que la deuda externa no tiene su origen meramente en los factores externos (capital financiero internacional, imperialismo) sino también en el capitalismo local”, señala sin embargo un. Pero lejos de cometer el “error de fondo” que nos adjudica, se puede leer en en el número de Ideas de Izquierda de julio lo siguiente:
En las economías dependientes, la deuda externa no solo financia al tesoro sino que juega el papel de compensar los desbalances externos, es decir, el déficit en divisas ocasionado por un comercio exterior deficitario o por la sangría de las remesas al exterior de empresas extranjeras o de sectores de la burguesía local. Se pretende resolver a través del crédito este drenaje de divisas, para evitar que se genere el tipo de estrangulamientos que tantas veces ocurrieron en la economía argentina” (“Pagarás y te sacarán los ojos”).
Por lo demás, las condiciones materiales del país burgués dependiente son tales, que invitan a la burguesía a ejercer con desenfreno un salvataje de la masa de ganancias que produce su actividad, transformándola en moneda “dura”, es activos en decir dólares, euros o alguna otra moneda confiable. Desde los años ’80, “la deuda solventó la fuga y dolarización de activos de la burguesía argentina”.
Pero es Astarita quien comete un “error de fondo” al considerar que por el hecho de que la deuda sea un negocio en el que el Estado dependiente se mete voluntariamente con el entusiasta apoyo de la burguesía nacional, signifique no sea a la vez expresión del dominio imperialista (!un poco de dialectica por ahí!). Ya señalamos más arriba que la deuda externa juega un lugar en compensar los desbalances que surgen de los rasgos dependientes de una economía como la Argentina. Muchos de estos rasgos se profundizaron en las últimas décadas, no como resultado “natural” o “automático”, sino a causa una política activa, impulsada con fuerza por las economías más ricas y sus corporaciones. Quizás podríamos considerarlo una triste ironía, la deuda externa fue causa y consecuencia, ya que sirvió -crisis de deuda mediante- como vehículo para imponer estas las políticas que después recrearon las condiciones para un endeudamiento agravado (esto lo analizamos en detalle en IDZ 11). Por supuesto, la burguesía nacional fue también activa impulsora de estas políticas, que en ningún modo puede decirse que le hayan sido impuestas. Pero el motor más poderoso y el mayor beneficiario de las mismas lo hallamos en las grandes economías imperialistas y sus corporaciones, que trasnacionalizaron como nunca en las últimas décadas las tendencias a la concentración y centralización del capital. La deuda fue un gran negocio por sí mismo para los grandes bancos internacionales y contribuyó a fortalecer a los grandes plazas financieras mundiales (Nueva York, Londres, Frankfurt, Tokyo), que cuanto más volumen de negocios concentran mayor peso ganan en la competencia mundial (perpetuando las relaciones jerárquicas que existe en el ordenamiento monetario global), al mismo tiempo que fueron palanca para estos “ajustes estructurales”. Por otro lado, los ciclos de endeudamiento externo no surgen por mera motivación de los Estados dependientes; están determinados en primer lugar por la liquidez mundial y los requerimientos de los bancos internacionales y los abstractos “mercados”, que se mueven al son de las políticas económicas de las economías más poderosas.
Al mismo tiempo, por los fondos que obtiene el capitalismo dependiente a través del endeudamiento externo (que es el capítulo más crítico del endeudamiento público), debe devolver por la “magia” del interés compuesto, montos que superan ampliamente (estratosféricamente) el capital inicial obtenido. Como se observa en el hecho de que la deuda que en 1983 era de 35 mil millones de dólares está hoy en 220 mil millones de dólares, habiéndose pagado no menos de 300 mil millones de dólares en ese lapso. La burguesía nacional (y los funcionarios de turno) hacen su negocio, tanto como los bonistas, pero el Estado dependiente queda sometido a un desfalco que por lo general tiende a agravase a lo largo del tiempo (con pocos momentos excepcionales donde no es así). Un tango no se baila sin dos, y uno de ellos debe liderar. Los auges y contracción de crédito son básicamente “exógenos” para las economías dependientes, que suelen no estar preparadas para el “corte del chorro”, que las arrastra una y otra vez a crisis severas. La deuda pública externa es tanto consecuencia como causa que agrava los problemas.
Parece que para Astarita no hay nada digno de explicación, en el hecho de que para hacer “sólo negocios” algunos Estados hayan llegado a renunciar a un aspecto elemental de la soberanía estatal, como es la jurisdicción sobre los actos estatales, otorgándola no a la justicia federal nacional, sino a cortes municipales extranjeras. ¿No es acaso expresión esta pérdida -en el mejor de los semivoluntaria ya que puestos a sostener el régimen capitalista dependiente la alternativa a esta renuncia era endeudarse a tasas siderales- una expresión contundente de la estrecha relación entre dependencia económica y subordinación estatal, con las consecuencias que se pusieron en evidencia en las últimas semanas? Parece que para Astarita no hay ahí nada digno de un pronunciamiento.



Las tareas para la clase obrera
El país burgués dependiente encuentra en el imperialismo la fuerza última que sostiene su reproducción, y que lo sostiene como una formación dependiente y con desarrollo desarticulado, ya que buena parte de los sectores fundamentales de la economía se mueven al calor del capital trasnacional.
El imperialismo es una fuerza central que moldea al capitalismo dependiente, y la deuda es en esto un mecanismo tan gravitante como la penetración del capital imperialista que con sus posiciones en en el país y su posesión de “papeles” de deuda se apropia cada año de una porción significativa de la plusvalía generada en el espacio nacional, fuerzas ambas que resultan determinantes -tanto como los efectos que tiene el atraso relativo que afecta la rentabilidad del capital nacional- para comprender las tendencias de la acumulación de capital. No puede haber respuesta política correcta sin este diagnóstico preciso, del cual la necesidad de poner fin al pago de la deuda se desprende como una necesidad objetiva. Para que la clase obrera pueda lograr la superación del capitalismo en la Argentina, tendrá que vérselas no solamente con la burguesía nacional, sino especialmente con el imperialismo, que sostiene y subyuga a la vez a la economía dependiente, incluyendo como –entusiasta- socio menor a la burguesía argentina.

Astarita señala que lo que “no se comprende es quién va a aplicar el programa que se postula. ¿A quién se le exige que rompa con el capital financiero internacional? ¿Al gobierno K? ¿A los partidos de la oposición burguesa? ¿Quién va a llevar adelante estas medidas?”. En ningún modo pedimos al gobierno burgués que no pague la deuda, y mucho menos que de paso lo haga tomando otras medidas que inician un camino de ruptura no sólo con el imperialismo sino al mismo tiempo –pero una cosa no puede ir sin la otra- con el régimen de la propiedad privada , es decir con el capitalismo (como es el planteo de nacionalización de toda la banca con establecimiento de una banca estatal única, el monopolio estatal del comercio exterior y de todo el cambio de divisas). Lo planteamos como tarea objetiva que se desprende de las condiciones materiales de la formación capitalista dependiente. De ningún modo, para liberarla de trabas y así iniciar un idílico desarrollo capitalista “no dependiente”, sino como punto de partida elemental para una transformación de raíz de la sociedad. Nuestro planteo está dirigido a la clase obrera, para que, partiendo de sus sectores más avanzados y combativos para dirigirnos al conjunto de la clase, impulsar la movilización para pelear por el único camino por el que se puede cortear los nudos gordianos del saqueo y la dependencia.
A la vez, este planteo va a compañado de la exigencia de un llamado a una consulta popular vinculante, que Astarita llamativamente ni considera. Hace meses hay una negociación a espaldas del pueblo entre el gobierno y los buitres, completamente de espaldas al pueblo. Es año la deuda externa aumentó en 20 mil millones de dólares (Ciadi, Club de París, pago a Repsol) y apenas si el Congreso tuvo algo que decir. El planteo “que el pueblo decida” con su voto directo –por distintas alternativas- y donde se habilite el acceso libre y gratuito a todos los medios de comunicación es una gran denuncia contra una casta política que discute a puertas cerradas lo que amenaza el futuro del pueblo trabajador, ya que la deuda se paga –siempre, tarde o temprano- imponiendo severos ajustes contra los sectores populares. De imponerse, un referéndum podría permitir amplificar la denuncia de esta estafa contra el pueblo junto con una agitación por el No Pago de la deuda y el conjunto del programa. Para poder discutirlo ante millones y batallar contra el sentido común que con matices el kirchnerismo y la oposición patronal comparten, de que las deudas se pagan y sino “nos caemos del mundo”.
La pregunta que surge es, ¿que alternativa propone Astarita al programa que levantamos? La única respuesta que encontramos es que “El no pago de la deuda solo tendrá un sentido progresista si es planteado desde un programa integral de transformaciones sociales y revolucionarias, decidido por los mismos productores directos, los trabajadores. Y para esto, hay que tener poder. De lo contrario, estamos ante palabrerío vacío”. Pero si la deuda es como señalamos una gangrena que carcome la economía nacional, cuyas consecuencias recaen en primer lugar sobre el pueblo trabajador, es una tarea de primer orden para el proletariado pelear por el no pago. Por supuesto que es necesario que esté ligada a “un programa integral de transformaciones sociales y revolucionarias, decidido por los mismos productores directos, los trabajadores”, y es exactamente así como lo planteamos en el texto que cita Astarita. Ahora, ¿esto significa que en los momentos particulares donde circunstancias bastante excepcionales obligan a un gobierno burgués a declarar el no pago y enfrentarse a los centros financieros internacionales los trabajadores no tendrían nada que decir por no tener el poder? Esta posición, que se deduce de lo planteado por Astarita, es falsa por el vértice. Ante medidas excepcionales y parciales de este tipo –que nada tendrían que ver con el default “selectivo” de los pagadores seriales- que expresan necesidades objetivas, no podríamos más que dar un apoyo a estas medidas, que en ningún modo significa extender un apoyo político al gobierno ni al régimen, ni dejar de criticar los usos que podría dar el gobierno burgués dependiente a los fondos liberados por dejar de pagar la deuda. Así se posicionó Trotsky por ejemplo ante las expropiaciones petroleras de Cárdenas en México. Esta postura tomó el PTS cuando se discutió la nacionalización de las AFJP (al mismo tiempo que denunciamos que el kirchnerismo se aprestaba a realizar un desfalco de ANSES y planteamos la necesidad de un control obrero de los fondos jubilatorios). Lejos de un “palabrerío vacío”, un partido de la clase obrera que pueda llevar a cabo “un programa integral de transformaciones sociales” sólo podrá ponerse en pie interviniendo activamente en atacar las raíces de los más acuciantes problemas del pueblo trabajador. Pero tan fuera de escena considera Astarita la posibilidad de que emerja una izquierda fuertemente enraizada en la clase obrera, con capacidad para realizar grandes “maniobras” para conquistar a millones para un programa que apunte a expropiar a los expropiadores imperialistas y sus socios locales, que ni se le ocurre plantear cómo habría que responder hoy a estos grandes problemas nacionales para poder desarrollarlo. Desde esta (im)postura, debemos decir que es su crítica lo que resulta palabrerío vacío.

domingo, 3 de agosto de 2014

El default de los pagadores seriales, ¿Cómo sigue?

Gastón Ramírez

Estimado lector, van unas líneas sobre la situación con los fondos buitres desde la entrada del país en default el miércoles pasado. Sepa disculpar, aunque sea domingo, el frenesí financiero y sus consecuencias sobre la vida de millones en el país bien valen una actualización de fin de semana.
Luego del fracaso de las negociaciones entre el gobierno y los fondos buitres en litigio que no ingresaron al canje de 2005 y 2010, el país entró en default al sostenerse la sentencia del juez Griesa, por la cual se obliga al gobierno a pagar a estos fondos, y en caso de no hacerlo, bloquea la posibilidad de seguir pagando a los bonistas (también buitres) que aceptaron el canje anterior y que tienen sede de cobro en USA. El ministro Kicillof fue el que primero pegó el grito en el cielo acusando, una vez más, al juez Griesa y a su intermediador Pollack de jugar a favor de los buitres, como si la justicia de USA podría ser favorable a un país atado a los intereses financieros y económicos de las multinacionales yanquis, entre otras. Un mismo discurso, que retomó Cristina en su cadena nacional del jueves, para luego terminar afirmando que el mismo gobierno está dispuesto a pagar a los buitres lo que reclaman, reconociéndoles una ganancia del 300%, ni más ni menos. De fondo el problema aducido para pagar ahora, es la clausula RUFO sigla en inglés para Derechos Sobre Futuras Ofertas), que habilitaría al conjunto de los bonistas que tienen bonos de los canjes previos a iniciar nuevos reclamos y juicios exigiendo una mejora en el pago lo cual gatillaría la deuda en montos que se estiman en no menos de 100 mil millones de dólares.
Ante esta alternativa, el gobierno-con internas entre sus funcionarios- se arrimó hacia el camino del default selectivo. Los bonos bajo jurisdicción norteamericana, en dólares, están alcanzando ese estatus en opinión de las agencias de calificación de riesgo (incluso la agencia China Dagong le bajó la calificación a la deuda). Ahora se abre un período de negociaciones ya que los bonistas defaulteados por las claúsulas del canje en condiciones de reagruparse (con un piso de 25%) para exigir mejoras en los pagos ya programados de la deuda (aceleración en la jerga financiera).
Otra cuestión que empieza a disiparse es el carácter de la negociación entre bancos privados como ADEBA encabezado por el banquero Brito y la banca internacional para comprar la deuda de los bonistas en juicio para evitar el default y buscar un arreglo con el gobierno argentino que en última instancia es quien va a pagar. Por un lado, Kicillof el miércoles reconoció la existencia de esta negociación, aunque por el temor a la clausula RUFO, midió sus palabras dejando en claro que era un acuerdo entre privados y que el Estado no iba a poner plata ahí. Ahora el viceministro de economía sale a decir que “el acuerdo de ADEBA con los buitres fue una maniobra mediática”. Por el otro, Vanoli anunció una denuncia en la CNV contra los bancos por supuestas maniobras especulativas (como si estas solo empezaron ahora). Analistas cercanos al gobierno, plantean que las agencias financieras y bancos internacionales difundieron la existencia de una negociación para evitar que el precio de los bonos argentinos se desplomen y así pagar menos seguros de deuda. Pero esta versión queda corta, ante la nómina publicada por el Cronista (ver acá), en la cual se puede ver a bancos como el JP Morgan (quien decían encabezaba las negociaciones por un acuerdo entre privados), dentro de los que votaron por el default. Lo cual habilita a que entren en juego los seguros de deuda que se aplican sobre la diferencia entre el valor nominal del bono y lo que realmente vale en el mercado.
En realidad, el intento de buscar un Plan B con la banca nacional fue ideado desde un sector del gobierno que lo emparentan con el titular del BCRA Fábrega y Capitanich, quienes fueron luego desautorizados por Cristina y Kicillof en la interna que hay en el ministerio de economía desde diciembre último. El cálculo de Fábrega era lograr un acuerdo por medio de la banca para evitar el default y la activación de la clausula RUFO, y así habilitar la llegada de dólares que tanto necesita el país. En los cálculos de Kicillof primo la mesura ante el enorme temor de que se active la RUFO y disparar una situación de nueva deuda inmanejable, en un contexto internacional donde hay tendencias hacia una suba de las tasas de interés referencia de la FED en el mediano plazo lo cual sería un camino de ida (vuelta) al "infierno" tan temido en tiempos de Néstor.
Aunque la posibilidad de un acuerdo entre privados parece más remota, existe una negociación en juego, que ahora se da con los mecanismos de activación del default parcial en marca. Estas negociaciones, así como las atribuciones que Griesa se tomaba más allá de su jurisdicción, explican que el viernes haya autorizado el pago a bonistas en euros que tienen jurisdicción en Argentina como lo hizo con el Citibank que pagó bonos de la deuda con Repsol y con bonistas de los canjes de 2005 y 2010. Una especie de “goteo” de la clasula pari passu por la cual, la justicia de Griesa frena el pago a los buitres con bonos de legislación en USA. Y para reafirmar el compromiso con todos los buitres el gobierno anuncia que va a presionar jurídicamente al Bank of New York para que pague a los bonistas a los cuales les depositó más de 500 millones de dólares, confirmando su vocación de pagadores seriales.
Así toda la gesta patriótica de pacotilla montada sobre el conflicto con los buitres, comienza a desmoronarse, dejando al descubierto que por más que pagaron serialmente más de 193 mil millones de dólares a los buitres, estos siguen sometiendo al país con más fuerza que nunca. Pagar no es la opción, para ganar soberanía, como intentaron los funcionarios e ideólogos del gobierno difundir con toda esta opereta de flojos actores.

Ahora es cuando, debemos exigir que se abra una consulta popular vinculante como ha reclamado el diputado nacional delFrente de Izquierda, Nicolás del Caño, para que sea el pueblo el que decida que se hace con la deuda y no una camarilla de funcionarios que defienden los intereses de los capitalistas y los funcionarios.

jueves, 31 de julio de 2014

Default o no default, esa NO es la cuestión


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En La verdad obrera 580 damos cuenta junto a Gastón Ramírez de las últimas novedades de ayer, sobre la -hasta el momento- frustrada negociación, ya no entre los buitres y el gobierno, sino de los primeros con banqueros argentinos, para comprar los bonos en poder de los litigantes. Aunque algunos banqueros intentan proseguir las negociaciones, con el correr de las horas el default se hace más palpable.
A pesar del dramatismo que ha adquirido el suspenso sobre el default, para los trabajadores y el pueblo, lo verdaderamente catastrófico es continuar el ciclo de endeudamiento, acompañado de pagos "seriales". El gobierno ha hecho puntillosamente lo segundo, y se prepara para despedirse reiniciando otro ciclo de emisión de deuda. 

Invitamos a leer, acá.

domingo, 27 de julio de 2014

Buitres: rumbo al 30J (audios en Pateando el tablero)



Este sábado participamos en el programa Pateando el tablero, para discutir sobre las novedades producidas en el litigio con los fondos buitres que sustentan parte de los bonos "holdout" (que no entraron a los canjes) y obtuvieron un fallo favorable en la corte neoyorquina, revalidado por la corte suprema. Como producto de este fallo, el gobierno argentino viene impedido de cancelar los pagos de deuda regularizada, y si no hay novedades antes del próximo miércoles, todo iría rumbo a un default de al menos parte de la deuda regularizada. El panorama, y, sobre todo, los motivos de esta encerrona (un producto directo de la política K de cumplir puntillosamente con las finanzas globales), los analizamos en el programa. 

Para escuchar el audio, ir acá.

martes, 22 de julio de 2014

Buitres en NY: al filo de la navaja

Como viene haciendo desde que la Corte Suprema norteamericana avaló su fallo que ordena a la Argentina pagar a los bonistas “holdout” en cash, el juez Thomas Griesa volvió hoy a redoblar la presión sobre el gobierno para que cumpla el fallo. Se negó a reponer el “stay”, que habilitaría la posibilidad de que se pueda concretar el pago de los bonos “performing” (que ingresaron a los canjes anteriores) que venció el pasado 30 de junio, con período de gracia hasta el 30 de julio. El juez rechazó pronunciarse sobre la situación de los pagos a bonos nominados en yenes y euros, que también se vieron afectados por el bloqueo a los fondos que el gobierno depositó en el Bank of New York (BONY) para afrontar el vencimiento del pasado 30. La audiencia de hoy estaba convocada por el pedido de Euroclear de clarificar la situación de estos bonos, ya que los acreedores fuera de EE.UU. sostienen que Griesa estaría actuando fuera de su jurisdicción. De no saldarse el pago ya vencido antes del 30 de julio, estos bonos entrarán en default. Esto significa que se habilitaría la posibilidad de que los bonistas que entraron al canje puedan iniciar reclamos por el valor total de los bonos. Pero, como si se tratase de una mamuschkas, cada fecha límite encierra dentro de sí un nuevo aplazamiento, hasta un punto futuro donde, con amenazas cada vez más ominosas, la situación puede sin embargo retrotraerse al punto de arranque. Después del 30, aunque ya en default, el gobierno tendría otros 60 días para restablecer la situación de los bonos.
Griesa dispuso para mañana nuevos encuentros entre los bonistas y los funcionarios argentinos. Estos últimos insisten que no pueden alcanzar un acuerdo con los buitres, ya que se dispararía la llamada claúsula RUFO (sigla en inglés para Derechos Sobre Futuras Ofertas) establecida en los bonos canjeados, que les da derecho a participar de cualquier mejora en las condiciones que se otorgue a algún bonista antes de enero de 2015. Más allá de la diversidad de interpretaciones sobre esta claúsula, desde el gobierno sostienen que un arreglo con los bonistas aún bajo presión judicial la dispararía, pudiendo hacer que la deuda crezca en hasta 120 mil millones de dólares. Ante esta amenaza, la estrategia del gobierno oscila entre intentar alcanzar un acuerdo que se concrete después de enero o, si esto no resulta posible, ir a un default de los bonos en el extranjero cargando la responsabilidad sobre la intransigencia de Griesa. Hasta la semana pasada, los valores de los bonos indicaban que todos los especuladores confiaban en un acuerdo, pero esto empezó a cambiar. La hipótesis de default parcial se vuelve más palpable con el correr de los días. La deuda que en este caso caería en cesación de pagos sería la emitida fuera de la jurisdicción argentina, en dólares, yenes y euros. Ante la posibilidad de este escenario, varios analistas desdramatizan sus posibles consecuencias señalando que hoy la deuda en moneda extranjera tiene un peso muy menor que en otras épocas, representando apenas el equivalente a un 15,1% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, sería un disparo en las piernas para la estrategia que tiene trazada el gobierno de volver a los mercados y estimular la entrada de capitales.
El swap con China, los acuerdos con los BRICS, y un default parcial, podrían ser configurar un plan B ante la dureza de Griesa y los bonistas buitres, para establecer un plan de contingencia ante el temor de la claúsula RUFO. Podrían aderezarse con discursos sobre la “herencia” de las cláusulas noventistas que cedieron soberanía judicial en favor de las cortes neoyorquinas. Sin embargo, por mucho esfuerzo que hagan para presentarlo como un ataque a un gobierno que parece defender una postura soberana, un eventual default parcial no sería más que la vía para escapar de una encerrona en la que el gobierno está por decisiones políticas de este mismo período. Si Griesa y sus favorecidos tienen poder de daño, es porque no sólo se otorgó soberanía extranjera en la emisión de bonos de los '90 y en los canjes sucesivos. Se volvió a hacer en las reestructuraciones de tiempos kirchneristas, en 2005 y en 2010, espoleados por la necesidad de asegurarse buenos niveles de aceptación para mostrar éxito en el canje. Dudoso “éxito”, que llevó a que la economía argentina volvió a ser desfalcada anualmente por los pagos a los especuladores, bien aderezados con obsequiosos cupones atados al crecimiento de la economía. El gobierno “nac & pop”, que ilusionó con que podría salirse del problema de la deuda pagando “serialmente”, se encuentra acorralado por las cortes como producto de sus propias decisiones, para peor en un momento en que el Banco Central se muestra escaso de dividas, a consecuencia de los pagos serial de deuda, de una formidable fuga de capitales y del déficit energético. La nueva encrucijada pone en evidencia que, en las antípodas de la estrategia del gobierno y de todos los partidos patronales, la única salida al problema de la deuda es el no pago, como parte de un programa de conjunto para cortar con la expoliación de todos los buitres, como desarrollamos en Ideas de izquierda 11

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domingo, 22 de junio de 2014

Entrevista: que implica la decisión de la corte suprema norteamericana y cuál es la posición de la izquierda

El fallo de la corte de los Estados Unidos rechazando la apelación de la Argentina y ratificando el fallo del juez Griesa, exigiendo el pago a los fondos buitre. Que implicancias tiene el fallo? Que son los fondos buitre?


El análisis de Pablo Anino y Esteban Mercatante, economistas del semanario La Verdad Obrera y la Revista Ideas de Izquierda.









La semana pasada luego del fallo que rechaza la apelación de la Argentina ante la Corte de EEUU y obliga a pagarle a los fondos buitre, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, el ministro de economía Axel Kicillof y el Secretario de Legal y Tecnica Carlos Zanini realizaron una reunión, a puertas cerradas, en el Congreso Nacional con los Jefes de las bancadas. El diputado Nicolás del Caño participó de esta reunión. Pateando el Tablero le realizó una entrevista donde nos comentó en que consistió esta reunión y cual es la posición de la izquierda respecto a este fallo.


jueves, 19 de junio de 2014

Son todos buitres

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Por cadena nacional la Presidenta expuso el lunes algunos de los hitos de la historia del saqueo que es la deuda externa. Se detuvo en los negociados y estafas que significó el blindaje, en el final del gobierno de la Alianza, maniobra que significó un formidable crecimiento de la deuda, que no permitió la bancarrota ni el default, pero sí sirvió para llenar los bolsillos de varios banqueros. Pero aunque parecería que el alegato no podría tener otra conclusión que declarar el no pago a los usureros, sólo concluyó con una denuncia a los “extorsionadores”, que serían los “fondos buitre”.


Pese a la denuncia del lunes, retomada el martes por el ministro de Economía, el gobierno proyecta un nuevo ciclo de endeudamiento. A pesar del traspié de estos días, esa apuesta quedó en stand by pero no fue descartada. Para compatibilizar esta intención con las declamaciones “nacionales y populares”, es necesario sostener que la deuda no es siempre parte del problema. Que, esta vez, será diferente. La historia no parece darles la razón.

En La Verdad Obrera 574, seguimos dando cuenta de las novedades de la crisis abierta por el rechazo de la Corte suprema norteamericana a la apelación presentada por el estado argetino, ante el fallo que obliga a pagar a los buitres que no ingresaron al canje. Pablo Anino escribe "Se acaba el relato del “desendeudamiento”, se reabre la crisis de la deuda". En otro artículo, damos cuenta de "La historia sin fin de la deuda".

En entrevista al diputado Nicolás del Caño, este plantea que "La izquierda exige una consulta popular, apostando a la movilización masiva". 

miércoles, 18 de junio de 2014

Deuda: la izquierda exige consulta popular



Comunicado de prensa del diputado Nicolás del Caño finalizada la reunión de Capitanich, Kicillof y Zanini para exponer sobre la respuesta al rechazo de la corte norteamericana.











Al salir de la reunión que se realizó esta mañana en el Congreso nacional entre los ministros Jorge Capitanich y Axel Kicillof, el secretario legal y técnic


Nicolás del Caño: (011) 15 2309 1046 / (0261) 470 6345 | @Nicolaso Carlos Zanniniy los presidentes de los bloques de Senadores y Diputados, Nicolás del Caño, diputado nacional del bloque PTS-Frente de Izquierda, declaró a la prensa presente en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso: "En primer lugar rechazamos una reunión cerrada a espaldas de los millones de argentinos integrantes del pueblo trabajador, más aún tratándose de un tema que hace al futuro de todos, y por eso planteamos que se abrieran las puertas para que puedan transmitir en vivo y en directo todos los medios de difusión presentes. Se negaron. La izquierda plantea que la crisis de la deuda, incluyendo los pagos al Club de París, debe ser debatida por todo el pueblo y no en reuniones a puertas cerradas. Sostenemos que se le debe consultar al pueblo cómo resolver este tema crucial para la soberanía nacional.



La izquierda rechaza de plano el fallo del juez Griesa avalado por la Corte de los EE. UU., sencillamente porque marca una prepotencia imperialista que pretende que Argentina sea una colonia total al servicio de la burguesía financiera internacional. Rechazamos todo pago y toda negociación con los llamados fondos buitre, a diferencia de lo que sostiene el oficialismo y la mayoría de las bancadas de la oposición. Hoy quisieron esconder cómo se pactaba entre todos estos ’pagadores seriales’ de la deuda externa..


Del Caño prosiguió: "El Gobierno nacional recibió de Griesa y la Corte de EE. UU. una dosis de su propia medicina: creyeron -con el aval de la mayoría de la oposición- que ’haciendo los deberes’, arreglando con el Ciadi, haciéndole un pago multimillonario a los vaciadores de la Repsol, pactando el pago con el Club de París de una deuda contraída en gran parte por la dictadura militar iban a conseguir créditos baratos. Por el contrario, el insaciable capital financiero internacional responde con este fallo: quieren más y más, y el Gobierno y la mayoría de la oposición firmaron hoy un pacto que, tras rimbombantes palabras de soberanía, busca seguir la senda del pago a la Repsol y al Club de París, es decir, seguir entregándose a los designios del capital financiero, otro pacto más de coloniaje".


"La extorsión que realizan los llamados fondos buitre no es diferente a todo el mecanismo de la deuda externa. Solo bajo los Gobiernos kirchneristas se pagaron más de 173 mil millones de dólares, como lo afirmó la propia presidenta CFK, llegando a sostener orgullosamente que somos pagadores seriales. Es inadmisible que se pretenda hacer pasar esta negociación como una patriada cuando no es otra cosa que seguir honrando al capital financiero. El acuerdo con el Club de París y la indemnización a los vaciadores de Repsol, saludadas con bombos y platillos por la amplia mayoría de la oposición, han sido una clara muestra de las prioridades de este Gobierno, que prefiere destinar miles de millones a los extorsionadores y no a los millones de argentinos que sufren graves problemas de vivienda, a la salud y a la educación públicas o al transporte", esbozó el diputado del Frente de Izquierda.


Para finalizar, Del Caño agregó: "Los diputados del Frente de Izquierda somos los únicos que planteamos el rechazo al fallo de Griesa, como así también al pago a los vaciadores de la Repsol y al acuerdo con el Club de París. Somos los únicos que hoy como ayer planteamos una medida elemental de soberanía nacional como es el no pago de la deuda externa. Que el pueblo decida soberanamente".





Contacto:Del Caño |www.facebook.com/NicolasDelCano.PTS

martes, 17 de junio de 2014

Las implicancias de la decisión de la corte norteamericana de rechazar la apelación

Hace unas semanas, señalábamos en este post la existencia de dos temporalidades en la economía argentina de 2014. Por un lado, la estabilización lograda en el plano más crítico, es decir la situación del tipo de cambio y la posición de reservas del banco central, ganada a fuerza de devaluación, suba de tasas de interés, ardides varios, y disciplinamiento en las negociaciones paritarias. Es decir, un combo de ajuste ortodoxo bastante profundo. Por otro lado, el ingreso de la economía en recesión, en el marco del cual se registra una severa caída de la industria automotriz y otras relacionadas. La recesión es un resultado directo del ajuste, así como del deterioro de las ventas al exterior de automóviles, especialmente a Brasil.
En las últimas semanas esta segunda dimensión es la que había ganado visibilidad, por las suspensiones en las terminales automotrices y en algunas autopartistas, acompañadas de despidos a sectores de activistas en algunas de estas últimas. Con el rechazo de la corte norteamericana a tratar la apelación presentada por el gobierno argentino al fallo de Griesa, el plazo del que goza la estabilización cambiaria se acorta. Las dos temporalidades se fusionan; pasamos a un horizonte cercano en el que se puede volver a complicar el terreno cambiario y volver la presión sobre las reservas, al mismo tiempo que la economía se sigue deteriorando.
La resolución del lunes golpea en varios puntos sensibles, creando una desestabilización de conjunto. Veamos:
  •      En primer lugar, se van agotando las instancias a través de las cuales el gobierno puede seguir postergando una salida de fondo para los bonistas que rechazaron los canjes. Las condiciones que rigen para la deuda soberana, a las cuáles se obligaron sucesivos gobiernos argentinos al emitir deuda (incluyendo los de Néstor y Cristina en los canjes), permiten que los bonistas que no quieran avenirse a lo que acepta una mayoría de acreedores cuando se produce una reestructuración, tengan libertad para seguir litigando por mejores condiciones. De esta forma, aunque se produzca una reestructuración “exitosa”, es decir aceptada por amplia mayoría de los tenedores de títulos públicos, la cuestión puede seguir en litigio para los que no acepten reestructurar. A esta “extorsión” se avino el gobierno argentino cuando negoció; aunque se buscó minimizarla, para comprobar ahora que no es nada menor. A pesar de dos canjes “exitosos”, el litigio de apenas una parte de los que no ingresaron al canje hace peligrar la regularización de toda la deuda. Con el rechazo de la corte, queda firme el fallo de Griesa, y los tiempos y variantes de negociación se reducen. El gobierno está obligado a negociar o buscar alternativas para evitar las consecuencias del fallo (como cambiar el domicilio de pago para escapar al embargo o canjear los bonos por otros de jurisdicción argentina) a contrarreloj, con lo cual el default técnico se vuelve un fantasma real. Si el gobierno se decidiera por la negociación, esta se produciría ahora con la confirmación de un fallo adverso, sin que la corte norteamericana se haya avenido siquiera a dar un plazo de gracia haciendo consultas con el gobierno, lo cual debilita la posición del gobierno y fortalece la de los bonistas. Si decide pagar en Buenos Aires sería declarar una desobediencia al fallo (desobediencia hecha con el fin de seguir siendo puntuales pagadores al 93% que reestructuró), que podría dar lugar a eventuales embargos (recordemos lo que ocurrió con la Fragata libertad en Ghana), pero sobre todo dinamitaría cualquier posibilidad de vuelta a los mercados, ya de por sí ensombrecida. Aunque los tiempos se abreviaron considerablemente, ninguna definición tendría que tener lugar en lo inmediato. Por lo pronto, puede pedir a la corte que revise el caso, lo cual significa 25 días más. Esto significa que pago de los bonos Discount del 30 de junio no estaría amenazado. Posteriormente, quedará por ver si Griesa accede a los pedidos del fondo MNL, de Paul Singer, de acelerar el pedido de pago o se abre una instancia de negociación.
  •      El punto crítico, con todo, no está en lo que ocurrirá con la deuda, que puede repercutir muy severamente pero en el mediano plazo, sino con la ganada estabilidad cambiaria. Después de la fuerte devaluación de enero, la suba de interés para contener a los ahorristas en pesos y frenar el escape al dólar terminó de desinflar el mercado blue a partir de febrero. Las paritarias, que no terminan de cerrarse, están terminando en la mayoría de los casos con una caída de los salarios reales, lo cual significa que tuvo cierto éxito la estrategia de descargar los costos del ajuste sobre la clase trabajadora. Para garantizar que con este ajuste se pudiera llegar a 2015, la apuesta era la vuelta a los mercados. Hace ya varios meses que se habla del “desendeudamiento heterodoxo” y fórmulas por el estilo, para cubrir el hecho de que, cuando las papas quemas, la apuesta vuelve a ser la emisión de deuda, cuyas gravosas consecuencias hemos visto varias veces en las últimas décadas. A pesar de los deberes cumplidos por el gobierno con el Club de París, el Ciadi y Repsol, la amenaza de default técnico se convierte en una traba para poder emitir deuda a tasas accesibles. Esto significa que los dólares con los cuales se apostaba a cubrir los pagos de deuda en dólares y blindar al Banco Central ante eventuales corridas, no estarán ingresando. Como la inflación no cede, podemos esperar que se reinicie la especulación por un nuevo ajuste cambiario. El panorama se agrava por la respuesta –también “extorsiva”- que los bancos están mostrando ante a la decisión de poner tope a las tasas de interés para créditos personales y cuotas de las tarjetas. Bajaron la tasa de interés que ofrecen a los ahorristas, para desalentar los depósitos, lo cual significa más pesos que podrían volcarse rápidamente a la compra de billetes verdes. Frustrado el recurso a los mercados internacionales por el momento, acá también el gobierno pierde el manejo de los tiempos. ¿Qué significa esto? Que próximamente veremos seguramente un recrudecimiento del dólar blue y más presiones para devaluar. Esto significaría más presión inflacionaria y para reabrir paritarias. Pero el panorama de deterioro del empleo será utilizado por las patronales para hacer que los trabajadores reciban todo el peso de los ajustes.

La combinación de ajuste y vuelta a los mercados para dosificar sus ritmos, está entrando en ruinas antes de empezar. Esto preanuncia un forzado ajuste a ritmo más fuerte. La burguesía y sus representantes políticos en el oficialismo y la oposición coinciden en un punto: el ajuste debe recaer sobre los trabajadores. Aunque el gobierno declaró varias veces que su política es que el empleo no se vea afectado, las restricciones fiscales y la incapacidad de endeudarse restaron cualquier poder de fuego para plantear seriamente medidas anticíclicas.
La encerrona actual es el resultado de haber permitido alegremente durante los años de “vacas gordas” que la gangrena de la deuda, las remesas empresarias, la fuga de capitales y el deterioro de la matriz energética se expandieran y drenaran recursos. Ante la crisis, se hace palpable que más de una década de gobiernos “nacionales y populares” no alteró ni un ápice la situación de atraso y dependencia. Después de una década de formidables transferencias a los bonistas, la deuda pública total sigue equivaliendo a la mitad del PBI, y la parte en dólares en manos privadas vuelve a crecer de forma considerable. Las renegociaciones pretendidamente “soberanas” de la deuda, en 2005 y 2010, crearon formidables concesiones (como el cupón al PBI, mantener la jurisdicción norteamericana, y la llamada clausula Rufo, que obliga hasta enero de 2015 a extender a todos los bonistas cualquier concesión que se haga a los holdouts que sea mejor que las de las renegociaciones previas), y ni siquiera permitieron evitar la encerrona por parte de los holdouts. 
La única manera de cortar la "extorsión" es declarar el no pago de toda la deuda. Gobierno y oposición patronal coinciden hoy en que saldar el tema de la deuda es clave para resolver la cuestión del dólar. Pero buena parte de la cuestión del dólar se debe al pago de la deuda. Otro tanto se debe a las maniobras de fuga de capitales, en las que los bancos juegan un rol clave, y las de manipulación del comercio exterior. Por eso, junto a la declaración del no pago de la deuda, es fundamental la nacionalización de la banca -con control o gestión obrera- y el establecimiento del monopolio estatal del comercio exterior. De esta forma puede atacarse la cuestión del dólar sin un nuevo mazazo al pueblo trabajador, preparando el terreno para que los costos de esta crisis la paguen quienes la generaron, los usureros junto con los grandes capitalistas nacionales y extranjeros.