sábado, 20 de septiembre de 2014

Zaiat, la ley de abastecimiento y el ruido de las nueces


Alfredo Zaiat nos dice en su habitual columna en Pagina/12 de los sábados, titulada hoy "No es un invento" que los empresarios andan preocupados con la ley de abastecimiento porque podrían perder privilegios "apropiados por el ejercicio de la posición dominante en mercados en el caso de que el Estado empiece a aplicar esa herramienta normativa para evitar abusos sobre consumidores y pymes"
Sin embargo, como decimos acá, en la edición del miércoles de La Izquierda Diario,  tanto las acaloradas reacciones empresarias como las expectativas de la progresía oficialista son, como mucho ruido y pocas nueces. Allí decimos:
Como herramienta para controlar los precios es de dudar que pueda tener alguna efectividad, considerando que los precios regulados por el gobierno son los que más suben. La ex-directora del INDEC Graciela Bevacqua consigna que en agosto los precios tuvieron un alza anual de 40,6%, mientras que los precios regulados subieron 54,6%. Resultados similares muestra la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, que informó en agosto un alza anual del 40,1%. Al desagregar por rubros, se destacan “Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” con un incremento del 46,2%, y “Transporte” que registró una suba del 53,1%. El gobierno termina validando los ajustes de precios que piden los empresarios. El Ministro Kicillof estableció hace ya un tiempo (cuando todavía era vice ministro) el parámetro de ganancias “razonables”. Bueno, esta “razón” de las ganancias lleva a ajustes continuos que el gobierno tolera en los sectores que hoy controla. ¿Qué motivo hay para esperar que actúe distinto teniendo mayor injerencia? ¿Qué hace el gobierno ante las maniobras de las exportadoras de granos? ¿Frente a las automotrices que "encanutan" autos?¿Qué hicieron con los bancos que especularon por una devaluación y ganaron 10 mil millones de pesos sólo en enero? Siempre termina cediendo, y autorizando aumentos de precios.La regulación de los márgenes de ganancias es un engaño. Las empresas siempre tienen una “contabilidad creativa” con la cual justificar los aumentos de costos que fundamentan aumentos de precios. ¿Lear no presentó un preventivo de crisis trucho? ¿Donnelley no hizo una quiebra fraudulenta? Eso hacen todas las empresas. El proyecto de ley prevé que el estado tiene facultades para hacer continuar la producción, la distribución o comercialización de la producción siempre y cuando se muestre que las empresas hacen maniobras especulativas. Pero el proyecto también establece un resguardo para las patronales: si el negocio no es viable está justificado que detengan la producción, distribución o comercialización. Las empresas siempre pueden justificar la “inviabilidad”. En ese caso, el proyecto establece que el estado puede otorgar una “justa y oportuna compensación”. Es una estafa.
Completo, acá, en La Izquierda Diario.

viernes, 19 de septiembre de 2014

Anticipo: La conflictividad laboral según el Ministerio de Trabajo (Mañana en La Izquierda Diario)

En tiempos recientes, las maneras de medir la conflictividad laboral en la Argentina vienen siendo puestas en debate. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) salió a criticar la metodología del Observatorio del Derecho Social de la CTA y otros similares. La Izquierda Diario, el primer diario digital de la izquierda en la Argentina, publicó hoy la "Declaración de la Red de Observatorios de Conflictividad Social", donde estos responden a las críticas del ministerio. 
Pero hay más. Paula Varela, docente de la UBA, Investigadora del CONICET e integrante del comité editorial de Ideas de Izquierda, analiza en la edición de mañana sábado, las contradicciones que se pueden observar en la metodología que aplica el MTEySS. Es la primer parte de un análisis sobre las formas de medir la conflictividad que abordará en su segunda parte la metodología del Observatorio del Derecho Social. 


Dime porqué luchas….
¿Qué hay detrás del debate sobre la conflictividad laboral?

Paula Varela
Docente de la UBA, Investigadora del CONICET

El 31/08 La Nación publica algunos datos del último informe sobre empleo del Observatorio del Derecho Social de la CTA (ODS), con el sugestivo título “Los gremios oficialistas son los más afectados por el ajuste laboral”. El lunes 01/09 Página 12 responde levantando los últimos datos del Ministerio de Trabajo y titulando: “Conflictividad laboral en baja”. Hacia el final de la nota, como quien no quiere la cosa, cita los datos del ODS y descalifica los “observatorios privados” por carecer de rigor científico. De este modo, y por primera vez en 8 años, el Ministerio sale a la ofensiva en una “batalla cultural” por los datos de la conflictividad laboral en el país. Algunas claves de esa cruzada.

Método: desde arriba no se ve
Lo primero que hay que decir, como destacan, en honor a la claridad metodológica, Luis Campos, Julia Campos y Jimena Frankel[1](responsables del ODS) es que las bases del Ministerio y las del Observatorio no son conmensurables porque miden cosas distintas[2]. El Ministerio mide conflictos con paro(cantidad de huelguistas y días caídos) y el ODS mide conflictos con paro y otras formas de conflictividad laboral como ocupación, cortes, movilización, etc[3]. Ambas decisiones metodológicas implican un sesgo (y de hecho, una posición teórica respecto de qué es el conflicto laboral). La opción del Ministerio de reducir el relevamiento a los conflictos con paro tiene la virtud de poner al paro como herramienta privilegiada de los trabajadores asalariados (lo cual es importante luego de años neoliberales en los que no sólo dejó de medirse la huelga sino que casi se la declaró una pieza de museo). Pero tiene la debilidad de excluir del análisis otras formas que son indudablemente parte de la conflictividad de los trabajadores asalariados. Para ir a hechos concretos, las 9 jornadas de lucha de los trabajadores de Lear (que nadie serio puede negar su carácter laboral en la medida en que responden al despido de trabajadores y, sobre llovido, al intento de desafuero de delegados elegidos hace menos de un año por el 70% de los votos) quedan fuera de la medición del Ministerio. Para decirlo brutalmente, para el Ministerio de Trabajo hoy en Lear no hay conflicto porque ni la carpa que está instalada en la puerta, ni las denuncias de amenazas y violencia que los delegados realizan por parte de la patota del SMATA, ni los cortes de la Panamericana junto con otras organizaciones, ni las marchas al Ministerio (de facto, a la misma sede donde está el observatorio oficial) cuentan como conflictividad laboral. Más aún, la actual toma y puesta a producir de la exDonnelley, y las movilizaciones con las que el 18/09 obtuvieron el reconocimiento del INAES de la cooperativa Mady-Graf, tampoco computa como conflicto laboral.
Este sesgo no es casual, responde a una ubicación “institucionalista”(a nivel teórico), y “estatalista” (a nivel político) respecto de la conflictividad laboral, en la medida en que tiende a sobrevalorar las protestas con reconocimiento estatal (que pueden acudir al paro con cobertura legal) y subvaluar todo tipo de protesta de los asalariados que se desarrolla por fuera de las vías institucionales concertadas entre el Estado, las cúpulas sindicatos y las empresas. En un contexto en el que, justamente, la relación entre las bases opositoras organizadas en comisiones internas y las cúpulas se tensa; y en el que, como el caso del SMATA, la burocracia desnuda su papel de policía; la negación de otras formas de protesta de los trabajadores (como cortes, marchas, piquetes o carpas) redunda en distorsión de la realidad. Pero en el caso del Ministerio de Trabajo, redunda también en cierto cinismo. Porque es el propio Ministerio el que “ilegaliza” la protesta de los trabajadores opositores al avalar, por ejemplo, destituciones de delegados truchas como las del SMATA en LEAR (“en una cárcel, las votaciones las gana el carcelero” decía una nota publicada hace poco en este diario). ¿Qué posibilidad tienen delegados destituidos a punta de despido de impulsar un paro para protestar por los despidos y la persecución?¿Qué cobertura tienen los trabajadores para realizar ese paro si el Ministerio acepta, livianamente, la dictadura del SMATA (que es, casualmente, la de la multinacional Lear)? Ninguna. Entonces, ¿qué hacen? Protestan incansablemente sin hacer paro (cualquier ciudadano que acceda a la televisión conoce la incansabilidad de los operarios de Lear).
A eso hay que sumarle un segundo elemento que hace que la reducción del conflicto laboral al paro tienda a redundar en una distorción de la realidad: la recesión económica que el propio INDEC reconoce. En un escenario recesivo, con suspensiones y despidos, la disminución de los paros (y el aumento de otras formas de conflictividad laboral) suele deberse justamente al clásico argumento de las cúpulas sindicales de “no paremos para no darle motivos a la patronal para despedir”. Argumento con el que se facilita que en el segundo trimestre de 2014 en Argentina haya habido un aumento de la desocupación de 4.2% (en comparación con el segundo trimestre de 2013, datos INDEC) y argumento que, por otra parte, el gobierno nacional apoya con la palabra en los discursos y con la espada en la Panamericana del gendarme Berni. Estos elementos no pueden escapar (y seguramente no escapan) al análisis de los investigadores del Ministerio. Pero lamentablemente, están ausentes en sus elaboraciones públicas.

¿Qué ves?
Ahora bien, lo interesante es que, más allá de este sesgo estatalista en la medición del Ministerio, los datos producidos por sus investigadores vienen presentando una tendencia a la alza de la conflictividad laboral desde 2006 en adelante en la cual, hasta ahora, no puede probarse que el 2014 sea la excepción. En 2013,esta tendencia mostró un amesetamiento (los niveles de conflictos con paro fueron casi idénticos al 2012), ante el cual, lamentablemente, el Ministerio optó por titular su informe anual con la distorsiva frase “La disminución de la conflictividad laboral en 2013”, título que, cuando se veía el informe, no era corroborado por los datos porque las variaciones numéricas daban más bien un sostenimiento de los niveles récord de 2012 y no una reducción. En 2014 aún no tenemos los datos que permitan observar si esos niveles récord se mantienen, aumentan o decrecen. Pero sí sabemos, que “la conflictividad laboral en el primer trimestre se ubicó por encima del promedio registrado para esos meses entre 2006 y 2013”[4]. ¿Qué es lo que bajó, entonces? La conflictividad (siempre con esta medición reducida a conflicto con paro) entre el primer y el segundo trimestre. Es esa variación, en un contexto al alza que el propio Ministerio expone, el que suscita el polémico titular “La conflictividad laboral en baja”. A esto hay que agregar que los datos del segundo trimestre de 2014 no llegaron a contabilizar el paro general opositor del 28A ocurrido días antes de la publicación(o sea, no contabilizó ni el conflicto en sí mismo, ni la cantidad de huelguistas, ni su influencia en días no trabajados). En síntesis, el título es más una expresión de deseo y una puesta en escena para la “batalla cultural”, que un análisis estadístico.

¿Qué es, entonces, lo que quiere ocultar el Ministerio con titulares más grandilocuentes que descriptivos? Un doble movimiento que emana de sus propias bases de datos y que puede enriquecerse con otras bases (como el ODS): la constante alza de la conflictividad desde 2006, con cambios significativos en relación a quiénes protagonizan los conflictos y cuáles son sus motivos.Lo que el Ministerio no está diciendo es que estamos observando el pasaje de “los conflictos del crecimiento” a los “conflictos de la crisis” en un marco de 7 años de aumento de la conflictividad laboral. Es esa combinación, la que el Ministerio no quiere medir por el simple hecho de que los obliga a (y deberían hacerlo al menos en honor al rigor científico) a despegarse del discurso gubernamental que establece que en 2012 se terminaron los conflictos “buenos, legítimos, genuinos”y comenzaron los conflictos “malos, ilegítimos, destituyentes”. El intento de establecer en 2013 el punto de inflexión de la conflictividad laboral pareciera que responde a la búsqueda de acompañar, en base a datos estadísticos, el discurso gubernamental de deslegitimar los actuales conflictos laborales. Y con ello, deslegitimar también los reclamos de los trabajadores y cubrir, “científicamente”, una política gubernamental que da como resultado, también medible en datos estadísticos, caída de salario real, caída del empleo y aumento de represión.
El problema al que se enfrentan los investigadores del Ministerio es que, hacer propio el oportunismo gubernamental de considerar legítimos los conflictos que los favorecen (y contabilizarlos) e ilegítimos los que los denuncian (y no contabilizarlos), se da de patadas con el rigor científico. De allí a decir que los obreros de Lear le hacen el “juego a la derecha” por defender sus puestos de trabajo, sólo se requiere una brisa. Los investigadores del Ministerio (que vienen haciendo un trabajo muy útil en estos años) están ante la disyuntiva de, o bien, tirar todo ese trabajo por la borda y comenzar un proceso de “INDECización” del que no se vuelve; o bien, continuar la producción y análisis estadístico y denunciar la manipulación ideológica del gobierno nacional que transforma lo que hasta ayer era positivo (y digno de ser medido), en acciones destituyentes (y dignas de ser reprimidas).

En la próxima nota analizaremos los cambios en la conflictividad laboral que emanan de las bases del Ministerio y del ODS, en relación a quiénes son los protagonistas y qué piden.



[1] Agradecemos a los responsables del ODS por la entrevista concedida.
[2] También usan fuentes distintas. El Ministerio releva 140medios de prensa entre nacionales, provinciales y municipales; y el ODS relava los 3 diarios nacionales más importantes (La Nación, Clarín y Página12). Eso hace que la base del Ministerio sea mucho más completa y mucho más nacional, pero al mismo tiempo equipara un paro en la Municipalidad de Morteros (Pcia. de Córdoba), con un paro nacional de la UOM (ambos aparecen como un conflicto con paro, aunque pueden diferenciarse en cuanto a su cantidad de huelguistas, por ejemplo). El relevamiento vía diarios nacionales suele destacar los conflictos más relevantes a nivel nacional, aunque al mismo tiempo tiende a dar más prioridad a lo que pasa en Buenos Aires (donde está el centro político y laboral del país; y donde están las redacciones), y subvaluar el interior del país.
[3]Como señala la Red de Observatorios de Conflictividad Social en su carta publicada en este diario el 18/09, las unidades de análisis distintas obligan a un trabajo metodológico para la comparabilidad de las distintas bases.El el caso del ODS las acciones que son tenidas en cuenta son: declaración de alerta y movilización; asamblea y reunión; acciones comunicacionales; trabajo a reglamento/quite de colaboración; paro de actividades; ocupación; actividades en la vía pública; cortes de ruta; movilización/marcha; acciones legales o administrativas; piquete de abastecimiento.
[4] Ver Conflictividad laboral en baja, 01/09/2014, Página12. 

jueves, 11 de septiembre de 2014

Informe sobre la industria azucarera y la lucha de clases en los ingenios del Noroeste Argentino (2008-2014)

A continuación publicamos el informe sobre ingenios azucareros del NOA elaborado por Emiliano Trodler. El mismo aborda las transformaciones recientes en el sector, la relación entre salarios y ganancias, y los usos que ha tenido la denunciada "crisis" en el sector, el alcanze de la cual queda relativizada por el análisis presentado. El informe se continua con un análisis de los procesos de lucha reciente en los ingenios del NOA.



Introducción

Durante el año 2013 la caída en los precios del azúcar ha sido motivo de una furibunda campaña en defensa de la rentabilidad empresaria. A la cabeza de esta campaña estuvieron cañeros e industriales, legisladores del PJ, la UCR, PRO, y también los dirigentes de la FOTIA. Contaron a su vez con el inestimable apoyo de la prensa.
Los medios de comunicación hablaban de la crisis azucarera en los términos más catastróficos. La televisión y los diarios hablaban de quebrantos en la industria y precios que “tornan inviable la actividad”. Desde la EEAOC señalaban a esta como “la peor crisis azucarera de los últimos 30 años”. Durante el mes de agosto el Grupo Los Balcanes entraba en concurso preventivo de acreedores. Catalina Lónac, principal propietaria del grupo empresario, hablaba de una “crisis terminal en la industria azucarera”, llamando a que “los obreros, los dueños de los ingenios y el Gobierno hagan lo que tienen que hacer”. Todo parecía indicar que la industria se iba a pique. En ese contexto, recrudecían las tensiones entre cañeros e industriales al mismo tiempo que cerraban filas ante el gobierno provincial para exigir medidas que tendieran a salvar a “la familia azucarera”.
Las cámaras patronales (UCIT, CACTU, UCS, CUE por los cañeros, la CART, CARNA, CAA, por los industriales), el poder ejecutivo provincial, los partidos de la oposición patronal, y la cúpula de la FOTIA reclamaban una Ley Azucarera que regulase el precio del azúcar mediante la fijación de cupos de exportación, subvenciones a los productores más pequeños, y estimulo a la producción de bioetanol. Esa Ley se sancionó en marzo y reglamentó la puesta en pie del Instituto de Promoción del Azucar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), organismo compuesto por 6 miembros (industriales, cañeros, y del PE), que intentaría constituirse como una “mesa azucarera” de coordinación entre los distintos sectores patronales.
Al mismo tiempo se daba fuerte impulso a una política de subsidios desde el gobierno nacional, que por aquellos días también anunciaba la puesta en funcionamiento del Ingenio La Esperanza en Jujuy. Los medios de comunicación justificaban este millonario desembolso a los empresarios del azúcar y hablaban de “subsidios para mantener a flote el precio”. Para finales de la zafra el precio de la bolsa de azúcar había aumentado de $125 a más de $200 llevando nuevamente el precio a sus mejores niveles. A esta recuperación del precio contribuyeron las fuertes heladas y sequias que implicaron una sensible reducción de la molienda, y de los diagnósticos de “crisis terminal” se pasaba ahora a la euforia: “los días negros de la crisis han quedado atrás en la industria azucarera”; “la crisis se disipa; respiran los azucareros”; “se prevé que los buenos precios se sostendrán entre los próximos 18 a 20 meses”. En Jujuy y en Salta las heladas y sequias provocaban fuertes caídas en la producción. Hugo Rossi, presidente del Ingenio El Tabacal afirmaba al final de la zafra que la temporada se había acortado 32 días y se habían molido 475 mil tn menos de caña. Por las mismas causas El Ingenio Ledesma declaraba cerrar el año con una caída del 28% en la producción de azúcar. Pero en Salta y Jujuy la caída de los precios del azúcar no generó pronósticos tan sombríos sobre el futuro de la industria como en Tucumán. Al mismo tiempo, la caída en los niveles de producción fue recibida en Tucumán como un “alivio” para las patronales del campo y la industria, que encontraron en las inclemencias de la naturaleza un regulador más eficaz que el recién estrenado IPAAT para controlar la caída de los precios.
En unos pocos meses la industria azucarera parecía haberse salvado de la catástrofe. Sin embargo, un análisis más profundo de la industria azucarera pone de relieve el notable contraste que existe entre los negros vaticinios empresariales y los auspiciosos informes que recopilan los datos de la evolución histórica en la producción, precios, productividad, y las tendencias del mercado azucarero a nivel internacional, que parecen contradecir la idea de un “crisis terminal”. También contrasta con las “memorias” de los balances contables presentados por los principales ingenios azucareros en años recientes.
Cabe preguntarse entonces: más allá de la caída en los precios y la producción de 2013, ¿hubo o no una “crisis terminal” en la industria azucarera?; ¿puede la Ley Azucarera constituirse en un mecanismo efectivo para regular la caída de los precios?. ¿Por qué no hubieron los mismos pronósticos en Tucumán que en Salta o Jujuy?.
En nuestro intento de esbozar una primera respuesta a estas preguntas trataremos de demostrar que la “crisis azucarera” tiene su origen no tanto en la caída de los precios o en los cambios climáticos (que ocurrieron), sino en la propia dinámica anárquica de las relaciones capitalistas de producción que atraviesan un profundo proceso de disolución de las viejas estructuras de propiedad. La caída de los precios, intentaremos demostrar, se produce en un mercado que se desarrolla entre los polos de la competencia y la protección estatal de una burguesía nacional parasitaria, y es a su vez acicateada por las tendencias a la concentración, centralización del capital y a la penetración del capital imperialista.
Con este primer informe queremos acercar a los trabajadores en general y a los obreros de los ingenios del NOA en particular, un análisis crítico acerca de las verdaderas causas de la crisis azucarera, poniendo en evidencia los intereses de clase que dan fundamento a las disputas entre industriales y cañeros, que siempre intentan presentar sus propios intereses como “intereses generales” de la provincia, para demostrar la necesidad de pelear por una salida propia de los trabajadores, que solo tendrá su remate con el control obrero de la producción y el gobierno de los trabajadores.


jueves, 4 de septiembre de 2014

Cambio en las tenencias de dólares de bancos. El gobierno dice que no devaluará, pero...

El Banco Central bajó ayer el límite de los activos en dólares que los bancos pueden tener en su patrimonio. La comunicación A5647 publicada ayer en la página oficial del BCRA establece que los bancos no podrán tener una "posición global neta de moneda extranjera" superior al 20% de su responsabilidad patrimonial computable. Según cálculos privados, esto significa que los bancos deberán deshacerse de unos 1.800 millones de dólares. La medida afectará principalmente las tenencias de los bonos dolarizados de los bancos. Es a través de estos papeles que las entidades se hacen de dólares, lo que en el mercado se conoce como 'contado con liqui'.
Es la segunda modificación del límite de activos en dólares que los bancos pueden tener en su patrimonio en menos de un año. El 4 de febrero pasado, la comunicación A 5536 habiá reinstaurado ese tope, creado en 2003 y suspendido en 2005. También había limitado la tenencia de contratos de dólar a futuro en el 10%. Sobre esto último no hubo modificaciones. En ese entonces, esta medida del BCRA permitió frenar la corrida cambiaria, que continuó después de la fuerte depreciación del peso que aplicó el gobierno en enero. Pero la autoridad monetaria fue duramente criticada por haberla aplicado recién después del ajuste cambiario, permitiendo a los bancos ganancias elevadas gracias a sus tenencias en dólares. 
La resolución tomada por el Banco Central respecto de las tenencias en dólares despierta interrogantes. ¿Tiene por objetivo simplemente bajar la presión sobre el mercado cambiario haciendo que los bancos vuelquen oferta de dólares para contener la cotización oficial y descomprimir el mercado paralelo? ¿O tiene un sentido preventivo? Recordemos que en febrero la autoridad monetaria aplicó una restricción a las tenencias en dólares recién después de un ajuste cambiario de 23%. Esto permitió que las instituciones financieras obtuvieran fuertes ganancias con sus tenencias en dólares. Gracias a esto en un en el primer trimestre de este año los bancos amasaron el equivalente a la mitad de las ganancias de todo 2013, es decir $16.104 millones.El 60% de esas utilidades obedeció a ganancias por apuestas al dólar. Entonces, ¿sólo descomprimir o anticiparse a los efectos que tendrá un ajuste cambiario? La incógnita no tardará mucho en despejarse.
 

La ley de abastecimiento rumbo a Diputados

En la jornada de ayer, un maratónico “súpermiércoles”, el Senado aprobó la Ley de Pago Soberano y la Ley de Abastecimiento. Con esta segunda ley el gobierno apunta a tener herramientas para atravesar las turbulencias económicas.
El proyecto, que apunta a una nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, fue aprobado con las modificaciones que incorporó el oficialismo tras el plenario de comisiones y las críticas expresadas allí por sectores empresarios, se vio obligado a incorporar como la exclusión del régimen de sanciones a las pequeñas y a las medianas empresas que no sean formadoras de precios; eliminó las clausuras definitivas como parte de las sanciones previstas en el proyecto inicial.
Además, tipificó las conductas para aplicar las sanciones con el objeto de restringir la criticada discrecionalidad del Ejecutivo; estableció el pago de una compensación "justa y oportuna" en el caso de que la autoridad de Aplicación intervenga en la producción y de ello se origine un perjuicio económico de una empresa, así como se dispuso la preservación de la confidencialidad de los datos empresarios dados a la Autoridad de Aplicación.
Con esta reforma a la ley de Abastecimiento, el gobierno apunta a avanzar en una mayor vigilancia sobre toda la cadena de valor, no sólo en el eslabón final que es el de la comercialización. De sancionarse, le permitiría fijar precios máximos y márgenes de rentabilidad, así como dar continuidad al proceso de producción y comercialización aún contra la voluntad de los empresarios.
El Senado también aprobó esta madrugada un paquete de leyes de defensa del consumidor que postula la creación de un Observatorio de Precios y establece la puesta en marcha de una auditoría de las relaciones de consumo y un fuero federal para resolver los reclamos de los usuarios y consumidores. Ahora continúa su trámite en Diputados.
El proyecto nueva ley de Abastecimiento puso en alerta al empresariado. El Grupo de los Seis, integrado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina anunció que de aprobarse acudirá a la justicia para pedir que se declare su inconstitucionalidad.
Aunque con estos anuncios el gobierno anuncia que estará en condiciones de asegurar mejor acceso de los bienes a precios adecuados para el conjunto de la población, sus antecedentes en materia de precios y regulación resultan poco alentadores sobre las perspectivas de éxito. Tampoco dan pie a los temores que agitan los empresarios.
Sin ir más lejos, los acuerdos de “Precios cuidados” no han servido para frenar la tendencia alcista de los precios y por el contrario han permitido a las grandes marcas y las cadenas de comercio minorista aumentar su cuota de mercado. Y esto no se debe a fallas en la aplicación sino a la estrategia en la que se basan los mismos. En igual sentido, el predecesor del actual Secretario de Comercio Augusto Costa, Guillermo Moreno, hacía gala de gestos duros hacia el empresariado pero realizaba acuerdo con los actores de “posición dominante” que ningún fruto dieron en el objetivo de controlar los precios, pero sí se acompañaron de importantes incentivos a los empresarios involucrados.
Con estos antecedentes, la preocupación que exhiben los industriales tiene un sustento muy débil.

La ley del pago

La Cámara de Senadores dio aprobación al proyecto de Ley de Pago Soberano Local de la Deuda Externa, que apunta a cambiar de jurisdicción la deuda emitida bajo legislación norteamericana. Ahora seguirá su trámite en diputados. El gobierno apuesta a aprobarlo en trámite veloz para realizar la operación de canje antes del 30 de septiembre, cuando hay un vencimiento de 200 millones de dólares del bono Par cuyo incumplimiento ampliaría los bonos en default a causa del fallo del juez Thomas Griesa.

Este proyecto aprobado en el Senado declara “de interés público la Reestructuración de la Deuda Soberana” y apunta a implementar instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios correspondientes al cien por ciento de los títulos emitidos en el marco de la Reestructuración de Deuda Soberana 2005-2010. El proyecto reemplaza el agente de pago (hasta entonces el Bank of New York Mellon, BONY) por Nación Fideicomisos y apunta a realizar un nuevo canje que reemplace los bonos emitidos bajo jurisdicción norteamericana por otros. El texto que diseñó el Poder Ejecutivo explica que los cambios se proponen “con motivo de la ilegítima e ilegal obstrucción” que dispuso el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa, ante el reclamo de los holdouts, “de los mecanismos de cobro de los servicios de los Títulos Reestructurados no regidos por ley y jurisdicción argentina”.

El proyecto enviado al congreso el 19 de agosto preveía la posibilidad de habilitar a los bonistas a elegir la jurisdicción que les resultase conveniente. El Frente para la Victoria incorporó el martes pasado nuevas modificaciones apuntando a ampliar el apoyo al proyecto. La reforma apunta a incluir explícitamente la posibilidad de canjear por títulos “regidos por legislación y jurisdicción” de Francia además de la Argentina. Esta modificación buscó contemplar los reclamos del Frente Renovador de habilitar otro lugar de pago además de Buenos Aires. A pesar de esto, el massismo reafirmó el rechazo al proyecto. El artículo 12 establece la creación de la Comisión Bicameral Permanente para investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda, así como el “seguimiento de la gestión y los pagos que se realicen” y una “investigación de la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitres”. Curiosa intención, considerando que hace ya cuatro años –cuando impulsó el Fondo del Bicentenario para usar dólares del Banco Central para pagar deuda– la Presidenta descartó cualquier investigación de la deuda planteando que el tiempo para hacerla era 1983, a la salida de la dictadura. El artículo 14 exime del pago de impuestos a los fondos que se destinen para los bonistas.

El gobierno busca acelerar la aprobación del proyecto para completar el canje antes del 30 de setiembre, y evitar que se agrave el default. Después de haber quitado derechos de representación al agente pagador (el BoNY), Economía no puede depositar el dinero como hizo en junio y aducir que cumplió las obligaciones como hizo en junio. Por eso la urgencia.

Aunque avanza el trámite parlamentario, hay varios motivos por los cuáles el proyecto es recibido con escepticismo. El BoNY debería colaborar para que se concrete el canje, para identificar a los bonistas, y si lo hace podría ser declarados en desacato por parte de Griesa. Nación Fideicomisos S.A. es cuestionado además por varios agentes financieros debido a la falta de experiencia y presunta debilidad técnica.

Un segundo motivo de duda son las tenencias de buena parte de los bonos bajo jurisdicción norteamericana por parte de fondos que por estatuto no pueden invertir en papeles que no tengan legislación norteamericana, por lo que no puede esperarse se acepten el cambio para cobrar en Buenos Aires, tenencias que algunos estiman que llegan hasta el 70% de los bonos con ley en Nueva York. Esto abre la pregunta de qué porcentaje de aceptación puede asegurarse el gobierno. Si termina muy por abajo del 92,4% al gobierno le costaría mostrarlo como un éxito. Podría producirse una situación en la que deba afrontar en simultáneo la continuidad de los litigios de los holdouts (que no entraron a los canjes de 2005 y 2010) y los reclamos de “nuevos” holdout que no participen de este canje.

Por fuera de estar incertidumbres, una cosa es segura: lo único de soberano en el proyecto presentado es el nombre, más aún ahora que lleva acento francés. Regularizar la deuda mediante este nuevo canje significa reiniciar una gravosa entrega de dólares. El gobierno se felicita de haber pagado 190 mil millones de dólares. Pero a pesar de eso la carga no paró de crecer; hoy ronda los 250 mil millones de dólares. Esta carga sobre los recursos fiscales obligó a destinar fondos públicos que podrían haberse utilizado para gastos en salud, educación o infraestrucura. Pagar la deuda, como lo venimos sufriendo hace décadas, tiene gravosas consecuencias para la clase trabajadora y el pueblo.

En el senado no hubo una sola voz que rechazara enteramente pagar la deuda. Todas las expresiones políticas, aún la centroizquierda opositor, acompaña el precepto de que “las deudas se pagan”, acompañando o presentando alternativas. Sólo el Frente de Izquierda plantea claramente el no pago, y, como ha reclamado el diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolás del Caño, es necesario abrir lugar a una consulta popular vinculante, para que sea el pueblo el que decida que se hace con la deuda.

Suba de las naftas, ¿Será la última?

Gastón Ramírez

Luego del séptimo incremento de las naftas en lo que va del año, Capitanich anunció en su rueda de prensa matutina que la tendencia es que no se realicen otros aumentos lo que resta del 2014. Una afirmación en consonancia, con las declaraciones del presidente de Shell Argentina , Juan José Aranguren, quien según la agencia DyN, afirmó que "si el dólar se mantiene, el precio de la nafta ya está en equilibrio", luego de reportarse subas del orden del 60 por ciento en el año.

Por su parte, el presidente de la Federación Entidades de Combustibles bonaerenses (FECOBA), Luis Malchiodi, dijo ayer durante una entrevista en Radio La Red que "la nafta va a llegar a $20 a fin de año" y que "va a haber un aumento por mes, casi con seguridad".

Los combustibles registran subas del 40% o más en lo que va del año y difícilmente se revierta esta tendencia, en una economía con una inflación rondando el 40% anual. El efecto del incremento en los combustibles, indefectiblemente se traslada al resto de la actividad económica comenzando por el sector de transporte que impacta luego en los costos de logística de los grandes supermercados que terminan descargando en nuevas subas de precios en las góndolas. Los más perjudicados son los consumidores del interior del país. Además de quienes tienen autos y ven encarecer su mantenimiento.

Según analistas, “la nafta en Argentina cuesta hoy al tipo de cambio oficial 1,41 U$S/litro. En Estados Unidos la nafta se comercializa hoy mismo a 0,93 U$S/litro con tendencia a la baja, siguiendo una tendencia bajista en las cotizaciones del crudo. Las tendencias de precios son también decrecientes en Europa por las mismas razones” (Clarín 2/9/14).

El alza en los combustibles ya supera la inflación acumulada hasta agosto con precios en dólares más altos que los internacionales. Esta indicaría no sólo una política de no perder pisada ante la suba general de precios y la devaluación del peso; sino también una apuesta fuerte: vía la suba de precios acordada entre el gobierno y las petroleras, se obtiene parte del financiamiento que aún no consiguen en el mercado internacional de crédito empantanado tras el default del 31 de Julio. Así, lo indicarían el alto mandatario de Shell, Aranguren, quien señaló que "el país tiene recursos en su geología para reemplazar importaciones. Los recursos necesitan capital y el capital necesita confianza y reglas" (DyN).

Una extraña “tranquilidad” pretenden difundir Capitanich y las multinacionales pretroleras ante la suba de precios, cuando estamos frente a una estrategia oficial de meter más la mano en el bolsillo de la población para financiar a las multinacionales petroleras, mientras la crisis energética por la caída en la producción local de hidrocarburos, no resuelta, suma una factura de más de 10.000 millones de dólares anuales.

martes, 2 de septiembre de 2014

Una economía en zona de turbulencia

Cada noticia que se conoce sobre la economía argentina confirma que el panorama negativo se profundiza cada día. Una serie de elementos se concatenan para crear un círculo vicioso, donde los problemas en un frente crean problemas en otro, que a su vez repercuten negativamente en un tercer plano, y así sucesivamente.

La dupla dólar inflación es quizá uno de los ejemplos más evidentes. La devaluación de enero alimentó un salto en la inflación que tuvo a los alimentos y otros bienes básicos entre los componentes más afectados. Para tomar un ejemplo, según informes de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, los gastos de una familia tipo en el distrito subieron 39,3% en julio de este año con relación al mismo mes de 2013. El resto de los distritos no se quedan atrás. Mientras tanto, los cálculos más optimistas sobre el aumento de salarios (los que provee el Ministerio de Trabajo de la Nación), indican que el aumento promedio fue de 25,7%, si se considera el promedio de los valores salariales a lo largo de la vigencia de los acuerdos, incluyendo la percepción de los aumentos en etapas y el pago de sumas extraordinarias. Como se ve, el salario perdió por goleada en la carrera con los precios. Esto tuvo como resultado una severa caída en el salario real promedio, no menor al 5%.
Este ajuste se traduce en menor consumo, reforzado además por el recorte de los créditos y su encarecimiento (cuya reducción alcanza el 7% en lo que va del año). Esto pega de lleno sobre la actividad económica, ya golpeada por la caída de la demanda externa (que pegó con todo en la industria automotriz) y la escasez de dólares, que llevó al freno de las compras al exterior de insumos por parte de la Secretaría de Comercio, parando numerosos sectores de la industria. En estas condiciones, se multiplica la evidencia de que los pronósticos optimistas de hace unos meses de que el parate económico trocaría en recuperación durante la segunda mitad del año, son de cumplimiento imposible en la actual situación. Las cifras del Indec pusieron en evidencia en agosto, por primera vez, que no sólo cae la industria (-2,8% en el acumulado del año respecto de igual período del año anterior) y la construcción (-2,3%), sino también el empleo. La tasa de desocupación pasó de 7,2% en el primer trimestre de este año, a 7,5% en el segundo. No sólo recortan los salarios, también crece la desocupación. La ampliación de “Progresar” y la vuelta de los Repro, presentados como virtuoso keynesianismo, son medidas de contragolpe para intentar contrarrestar los efectos de la política de ajuste profundizada desde la devaluación y de las medidas de los empresarios para descargar el ajuste sobre los trabajadores. El gobierno quiere borrar con una mano lo que escribe con la otra.


El círculo vicioso se cierra sobre sí mismo. A ocho meses del ajuste devaluatorio, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo está de vuelta en niveles exorbitantes, del 70%. El Jefe de Gabinete Capitanich ha salido a decir que lo del blue es invento de los medios, y que se trata de un mercado insignificante. La misma cantinela que se escuchó durante meses, hasta que finalmente el gobierno aceleró y realizó una devaluación de 23% para descomprimir el mercado. Los bancos y toda una calaña de especuladores, como siempre, los grandes ganadores. Sólo durante el primer trimestre de este año, los bancos amasaron el equivalente a la mitad de las ganancias de todo 2013, es decir $16.104 millones. Anualizado, esto significaría una duplicación de sus ganancias. El 60% de esas utilidades obedeció a ganancias por apuestas al dólar.
Lo cierto es que, a pesar del ninguneo, el Banco Central debió vender más de 400 millones de dólares en agosto para controlar el cambio oficial. La vuelta de la tensión cambiaria se explica por varios motivos. De fondo está la inflación, que ha vuelto a colocar la paridad cambiaria real (es decir en términos de poder de compra de la moneda local en relación al dólar) en niveles cercanos a los de comienzos de año, cuando la corrida cambiaria llevó al gobierno a dar un salto devaluatorio de 23% en enero, acelerando el ritmo que se había iniciado desde que Axel Kicillof y Juan Carlos Fábrega fueron nombrados en Economía y el Banco Central (BCRA), respectivamente. Como ocurre en estas circunstancias, no faltaron en las últimas semanas los reclamos -solapados- de sectores empresarios por la pérdida de “competitividad” (que en su concepción se consigue devaluando los salarios), ni el coro de economistas que acompaña y busca dar sustento a estos reclamos. Para algunos, aún la cotización del dólar paralelo a 14 pesos sigue siendo barata. A la inflación se suman el déficit energético e industrial, y los pagos de deuda pública en dólares, que generan una fuerte demanda sobre las reservas del BCRA. Esta demanda se confronta con la estrechez de las arcas de la autoridad monetaria: las reservas nuevamente amenazan caer a menos de 28 mil millones de dólares, como a comienzos de año. Ocurre que las fuentes de divisas están bloqueadas. No sólo fracasó la vuelta a los “mercados” por el litigio con los bonistas en el juzgado de Thomas Griesa. Al mismo tiempo se registra una caída de las ventas al exterior, la principal fuente de ingreso de dólares: entre enero y julio las exportaciones cayeron 3.780 millones de dólares en comparación a 2013. La baja de las exportaciones agrava la tensión cambiaria, y a su vez a mayor distancia entre las cotizaciones legal y paralela, más caen las exportaciones por reticencia de los “chacrers” a liquidar la soja.
El gobierno hace como si en todo esto no tuviera ninguna responsabilidad. Los especuladores buscan imponerle un golpe de mercado y los empresarios con posición dominante remarcan precios y manejan la oferta. Pero, ¿por qué los mayores “especuladores” y hacedores de golpe de mercado, los bancos, fueron un sector mimado durante estos años, que amasaron ganancias récord? ¿Por qué algunos empresarios con “posición dominante” como la patronal buitre de Lear violan alegremente las leyes y fallos del país y cuentan con total apoyo gubernamental? ¿Por qué son esos mismos actores con posición dominante algunos de los privilegiados por políticas oficiales como la de Precios cuidados, que ayudaron más a los negocios de las empresas que a frenar los precios?
El gobierno aplica el ajuste para que el conjunto de la clase capitalista descargue los costos del descalabro económico sobre las espaldas de los trabajadores, pero se hace el distraído. Cada día lo deja más en claro. Para defender los salarios, el empleo y las condiciones de trabajo, necesitamos una política de otra clase.

Magra suba del salario mínimo

Pablo Anino
Este lunes fue convocado el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Desde enero el mínimo está en $3.600. La CGT y CTA oficialista reclamaron un aumento del 35%, que significaban llevarlo a $4.860. Pero fueron desairadas con un aumento en cuotas. El Consejo del Salario fallo a favor del gobierno y los empresarios: aumento a $ 4400 desde septiembre (apenas un 22%) y recién desde enero del 2015, completaría $4716. Las centrales opositoras no fueron convocadas al Consejo.
En junio de 2003 cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner el mínimo se encontraba en $200. Desde entonces se incrementó 1700%. Es un crecimiento que parece sorprendente. Pero el efecto de la inflación hace que ese aumento no sea tan extraordinario como luce.
Cuando el nivel del salario mínimo es comparado con el valor de la canasta familiar queda en evidencia que el Consejo está muy lejos de lograr el objetivo de cubrir lo mínimo que necesita una familia trabajadora para vivir. Para enero de 2014 los trabajadores de la Junta Interna de ATE que enfrentan la intervención del Indec estimaron la canasta familiar en $ 9.113,64. Aplicando a ese valor la inflación oficial que corrió desde entonces (que nuevamente empieza a ser sospechada de tener “retoque” que la subestiman) hace que esa canasta hoy no baje de los $10.500. Es decir, que en el mejor de los casos, el salario mínimo quedará a un nivel que es menos que la mitad de la canasta familiar.
Esta institución, tan reivindicada por el oficialismo, al igual que las paritarias, muestra cada vez más su objetivo, que más que permitir la recuperación salarial establece un piso muy bajo de referencia para los trabajadores. Sólo unos 300 mil asalariados estarían alcanzados por el salario mínimo. Su importancia es que de alguna manera actúa como referencia sobre el ingreso del sector de trabajadores no registrados que comprende 33,5% de la fuerza laboral. Si a este segmento “en negro” se le agrega otras modalidades laborales que dan cuenta de cierta fragilidad en el empleo, se llega a un número cercano al 60% de los trabajadores en condiciones de precariedad laboral. Este es el mapa laboral después de una “década ganada”.
El titular de la CTA oficialista, Hugo Yasky, declaró que "hay una situación real que enciende luces de alarma, como la conflictividad en el sector metalmecánico, en algún sector de la siderurgia y en la construcción (...) un tema que si se toma a tiempo, evitando despidos, permitirá sostener el nivel de ocupación, en toda la región", por lo cual llamó a poner en pie el Observatorio del Empleo. En las reuniones de años previos del Consejo del Salario Mínimo se acordó el seguimiento del trabajo en negro, que a la vista de sus resultados (ninguno), hace avizorar que puede llegar a pasar con el Observatorio del Empleo.
Mientras la CTA oficialista llama a que el Observatorio evite los despidos transcurren muchos sectores de trabajadores, como ocurre actualmente en Lear, que los están enfrentando con la movilización y la lucha.

La vuelta de las cuotas "sin interés". La banca nunca pierde

Emiliano Trodler
La retracción de los plazos en los créditos al consumo ha puesto en alerta al Ministerio de Economía que, desde la semana pasada, se encuentra negociando con las emisoras de tarjetas el relanzamiento de un plan de financiamiento para compras en 12 cuotas sin interés. El mismo tendrá un alcance limitado al rubro de los electrodomésticos, indumentaria, y compra de motos de origen nacional.
Como contrapartida, el gobierno se comprometió a bajar el encaje de los depósitos que los bancos tienen en el Banco Central (BCRA) por la totalidad del monto del financiamiento. Una medida que las mismas entidades financierastildan, escépticas, como un “golpe de efecto”.
Es que las emisoras de tarjetas, en su mayoría bancos, no conformes con la suba de la tasa de interés, vienen cubriéndose de la inflación y una posible devaluación reduciendo los plazos para los préstamos al sector privado. Hoy la mayoría de los bancos no prestan con plazos mayores a los 3 a 6 meses.
Pero si las políticas de enfriamiento están golpeando directamente a los asalariados, no corren la misma suerte los banqueros. De acuerdo a un índice elaborado por el FMI (link: http://fsi.imf.org/), las entidades financieras argentinas son las más rentables del mundo. Por eso entre las 20 empresas que más ganancias tuvieron en la argentina encontramos 6 bancos.
Según los informes del BCRA, para el primer semestre del año la rentabilidad del sistema bancario argentino ascendía a 66.219 millones de pesos, lo que representa un aumento del 80% respecto al mismo período del año anterior.
En el negocio de los préstamos al sector privado, el 43% de los mismos están orientados al consumo. En este segmento, los préstamos personales y el financiamiento con tarjetas de créditos representan el 80% del negocio, y son los que pagan las tasas de interés más altas. Estas tasas vienen en aumento.
Hoy la Tasa Nominal Anual (TNA), es decir, el costo del financiamiento para el asalariado que compra un producto con tarjeta o saca un préstamo personal, ronda el 40%. Un porcentaje muy por encima de la inflación reconocida y de los aumentos salariales. Si a la TNA le sumamos los cargos de la operación, llegamos al Costo de Financiamiento Total (CFT), que es la verdadera carga que se paga por las compras financiadas. Para el mes de mayo el CFT alcanzaba cifras cercanas al 80%.
Bajo esta coyuntura signada por las políticas de enfriamiento, el alcance de este limitado plan para “relanzar el consumo” quedará en manos de quienes controlan la circulación del dinero: los banqueros. Desde esa posición han sabido ser los mayores beneficiados tanto en épocas de crecimiento y como en épocas de crisis.