El último sábado participé del programa radial Al Dorso, en FM La Tribu.
Conversamos sobre las recientes modificaciones del impuesto a las Ganancias de la IV categoría y las falacias del gobierno en la presentación de la nueva normativa. También sobre el alcance limitado de los reclamos que levanta la burocracia sindical, que dejan afuera la situación de los trabajadores más precarios y explotados, y la pelea del sindicalismo de izquierda por estos temas, combate que es tanto contra las patronales, como contra el gobierno y la burocracia sindical. Por último, también charlamos sobre los posicionamientos de la izquierda obrera y socialista ante temas como el fracking, la megaminería, o los derechos negados de los pueblos oririginarios.
El canje de bonos para descomprimir los vencimientos de 2015, y los
anuncios sobre Ganancias para los aguinaldos de asalariados que ganen
menos de 35 mil pesos, coronan una serie de medidas para descomprimir el
verano.
La semana que pasó tuvo importantes anuncios económicos. En primer
lugar, Cristina Fernández anunció el pasado miércoles, en su
intervención en la 20 Conferencia Industrial organizada por la Unión
Industrial Argentina (UIA), que eximirán del impuesto a las ganancias
sobre el aguinaldo a quienes cobren menos de 35 mil pesos. El jueves, el
Ministro de Economía Axel Kicillof anunció que se canjearán, un año
antes del vencimiento, los bonos Boden 2015, por un total de 6.700
millones de dólares, habilitando a canjearlos por efectivo, o por nuevos
bonos, Bonar 24, que pagarán a sus tenedores rendimientos hasta su
vencimiento, dentro de 10 años. Cristina también dejó claro en la UIA
que la ley de Abastecimiento, resistida por las entidades empresariales
que iniciaron acciones legales, no será reglamentada. Un guiño a los
empresarios que confirmó lo que les había anticipado el Secretario de
Comercio, Augusto Costa.
Con estas medidas, el gobierno muestra iniciativa en algunos frentes
críticos, y aspira así a terminar de descomprimir algunos focos de
tensión en la economía. De esta forma, aspiran a llegar al final de
mandato de Cristina Fernández sin tener que encarar grandes cambios,
aunque por lo tanto también sin revertir el notorio deterioro expresado
en la caída de la actividad económica, el empleo y el consumo.
El jefe de Gabinete se manifestó esta mañana “filosófica e
ideológicamente” a favor de mantener el sin cambios el Impuesto a las
Ganancias.
En su habitual conferencia matutina, el jefe de Gabinete Jorge
Capitanich manifestó que el gobierno considera “que es filosófica e
ideológicamente necesario cobrar Impuesto a las Ganancias”.
El argumento, repetido ya varias veces por funcionarios del gobierno
nacional y por la propia Presidenta, es que Ganancias “grava la
manifestación de la capacidad contributiva. Implica que quien más gana
debe ser quien solidariamente más contribuya”. Se machaca así con la
supuesta “progresividad” del impuesto.
Sin embargo, el planteo sobre la aducida “progresividad” se cae si
analizamos la cuestión dentro de la estructura impositiva como un todo.
El año 2014 fue el año de la profundización del ajuste como producto de la devaluación. Los trabajadores, los más golpeados.
Ya desde 2012, el pretencioso nombre “modelo de crecimiento con
inclusión social” con el que el kirchnerismo pretendió definir los
lineamientos de la política económica, no habla ni por asomo de lo que
se palpa diariamente. Ni “crecimiento”, ya que desde 2012 la economía
está prácticamente frenada, aunque las dibujadas estadísticas oficiales
del Indec, legado del ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno que
mantiene su vigencia, no lo reflejen. Ni “inclusión social” –que bien
mirada siempre fue bastante relativa ya que la mejora en los indicadores
que ocurrió en los años de mayor bonanza económica se dio a la par que
un gran cuidado de no afectar las ganancias juntadas “con pala” por los
sectores empresarios. Como sea, desde 2008 se enlenteció hasta la
inmovilidad el retroceso de la precariedad laboral que ocurrió entre
2003 y 2007. La reducción de la pobreza, resultado del crecimiento del
empleo y de la implementación de la Asignación Universal por Hijo y
otras medidas similares, se frenó en los últimos años (y a partir de
2012 se registra un aumento de la indigencia, en cifras de la CTA
oficialista).
Pero desde enero de 2014, entramos en una nueva etapa de aceleración
del ajuste mediante la depreciación del peso frente al dólar. Esto
generó fuertes impactos, sobre los precios y sobre la actividad
económica (también afectada por otras medidas del gobierno). Estos
impactos, los costos del ajuste, han estado muy desigualmente
distribuidos.
A continuación publicamos la primer parte del informe sobre ingenios azucareros del NOA elaborado por Emiliano Trodler. El mismo aborda las transformaciones recientes en el sector, la relación entre salarios y ganancias, y los usos que ha tenido la denunciada "crisis" en el sector, el alcanze de la cual queda relativizada por el análisis presentado. Esta primer parte del informe se continuará en Ideas de Izquierda, con un análisis de los procesos de lucha reciente en los ingenios del NOA.
Introducción
Durante el año 2013 la caída en los precios del azúcar ha sido motivo de una furibunda campaña en defensa de la rentabilidad empresaria. A la cabeza de esta campaña estuvieron cañeros e industriales, legisladores del PJ, la UCR, PRO, y también los dirigentes de la FOTIA. Contaron a su vez con el inestimable apoyo de la prensa. Los medios de comunicación hablaban de la crisis azucarera en los términos más catastróficos. La televisión y los diarios hablaban de quebrantos en la industria y precios que “tornan inviable la actividad”. Desde la EEAOC señalaban a esta como “la peor crisis azucarera de los últimos 30 años”. Durante el mes de agosto el Grupo Los Balcanes entraba en concurso preventivo de acreedores. Catalina Lónac, principal propietaria del grupo empresario, hablaba de una “crisis terminal en la industria azucarera”, llamando a que “los obreros, los dueños de los ingenios y el Gobierno hagan lo que tienen que hacer”. Todo parecía indicar que la industria se iba a pique. En ese contexto, recrudecían las tensiones entre cañeros e industriales al mismo tiempo que cerraban filas ante el gobierno provincial para exigir medidas que tendieran a salvar a “la familia azucarera”. Las cámaras patronales (UCIT, CACTU, UCS, CUE por los cañeros, la CART, CARNA, CAA, por los industriales), el poder ejecutivo provincial, los partidos de la oposición patronal, y la cúpula de la FOTIA reclamaban una Ley Azucarera que regulase el precio del azúcar mediante la fijación de cupos de exportación, subvenciones a los productores más pequeños, y estimulo a la producción de bioetanol. Esa Ley se sancionó en marzo y reglamentó la puesta en pie del Instituto de Promoción del Azucar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), organismo compuesto por 6 miembros (industriales, cañeros, y del PE), que intentaría constituirse como una “mesa azucarera” de coordinación entre los distintos sectores patronales. Al mismo tiempo se daba fuerte impulso a una política de subsidios desde el gobierno nacional, que por aquellos días también anunciaba la puesta en funcionamiento del Ingenio La Esperanza en Jujuy. Los medios de comunicación justificaban este millonario desembolso a los empresarios del azúcar y hablaban de “subsidios para mantener a flote el precio”. Para finales de la zafra el precio de la bolsa de azúcar había aumentado de $125 a más de $200 llevando nuevamente el precio a sus mejores niveles. A esta recuperación del precio contribuyeron las fuertes heladas y sequias que implicaron una sensible reducción de la molienda, y de los diagnósticos de “crisis terminal” se pasaba ahora a la euforia: “los días negros de la crisis han quedado atrás en la industria azucarera”; “la crisis se disipa; respiran los azucareros”; “se prevé que los buenos precios se sostendrán entre los próximos 18 a 20 meses”. En Jujuy y en Salta las heladas y sequias provocaban fuertes caídas en la producción. Hugo Rossi, presidente del Ingenio El Tabacal afirmaba al final de la zafra que la temporada se había acortado 32 días y se habían molido 475 mil tn menos de caña. Por las mismas causas El Ingenio Ledesma declaraba cerrar el año con una caída del 28% en la producción de azúcar. Pero en Salta y Jujuy la caída de los precios del azúcar no generó pronósticos tan sombríos sobre el futuro de la industria como en Tucumán. Al mismo tiempo, la caída en los niveles de producción fue recibida en Tucumán como un “alivio” para las patronales del campo y la industria, que encontraron en las inclemencias de la naturaleza un regulador más eficaz que el recién estrenado IPAAT para controlar la caída de los precios. En unos pocos meses la industria azucarera parecía haberse salvado de la catástrofe. Sin embargo, un análisis más profundo de la industria azucarera pone de relieve el notable contraste que existe entre los negros vaticinios empresariales y los auspiciosos informes que recopilan los datos de la evolución histórica en la producción, precios, productividad, y las tendencias del mercado azucarero a nivel internacional, que parecen contradecir la idea de un “crisis terminal”. También contrasta con las “memorias” de los balances contables presentados por los principales ingenios azucareros en años recientes. Cabe preguntarse entonces: más allá de la caída en los precios y la producción de 2013, ¿hubo o no una “crisis terminal” en la industria azucarera?; ¿puede la Ley Azucarera constituirse en un mecanismo efectivo para regular la caída de los precios?. ¿Por qué no hubieron los mismos pronósticos en Tucumán que en Salta o Jujuy?. En nuestro intento de esbozar una primera respuesta a estas preguntas trataremos de demostrar que la “crisis azucarera” tiene su origen no tanto en la caída de los precios o en los cambios climáticos (que ocurrieron), sino en la propia dinámica anárquica de las relaciones capitalistas de producción que atraviesan un profundo proceso de disolución de las viejas estructuras de propiedad. La caída de los precios, intentaremos demostrar, se produce en un mercado que se desarrolla entre los polos de la competencia y la protección estatal de una burguesía nacional parasitaria, y es a su vez acicateada por las tendencias a la concentración, centralización del capital y a la penetración del capital imperialista. Con este primer informe queremos acercar a los trabajadores en general y a los obreros de los ingenios del NOA en particular, un análisis crítico acerca de las verdaderas causas de la crisis azucarera, poniendo en evidencia los intereses de clase que dan fundamento a las disputas entre industriales y cañeros, que siempre intentan presentar sus propios intereses como “intereses generales” de la provincia, para demostrar la necesidad de pelear por una salida propia de los trabajadores, que solo tendrá su remate con el control obrero de la producción y el gobierno de los trabajadores.
Como viene ocurriendo todos los años, el gobierno presenteó un presupuesto con supuestos bastante improbables, acorde a sus necesidades, acompañados además de varias evaluaciones de lo que esta ocurriendo que son lisas y llanas falsificaciones. La previsión de suba de precios de un 10,5% en 2014, cuando ayer en Tecnópolis la presidenta sostenía que no tomaría ninguna medida contra la inflación, es una muestra de los supuestos improbables. La afirmación de que este año cerrará con una suba del 10,8%, ya entra en el terreno de lo falso, aunque la destrucción del IPC del Indek, y la reducción a sólo 3 provincias que mantienen índices independientes, haga imposible hacer una aproximación creíble de una suba de precios que -con acuerdos y todo- difícilmente esté muy abajo del 20%.
Pero, dibujos aparte, el proyecto de presupuesto es revelador de algunos de los lineamientos que seguirán marcando la economía política K.
- Ante todo, se reafirma una vez más la vocación de pagador serial del gobierno de Cristina Fernandez. Al mismo tiempo que se reabre el
canje para obsequiar a los bonistas que no ingresaron a los canjes
previos las generosas condiciones de 2005 y 2010, el presupuesto
anuncia que el pago de interesese de la deuda casi se va a duplicar
en como porcentaje de la producción nacional, pasando de 1.69% del
PIB a 2,38% del PIB. Nada menos que un 9% del gasto público tendrá como destino el pago de los intereses a los usureros, a lo que se suman los pagos de capital de deuda. Para afrontar la deuda en dólares, se prevé tomar nada menos que 9.855 millones de dólares del Banco Central, en el quinto año de aplicación del Fondo del Desendeudamiento, que sacrifica el único colchón que mantiene la economía ante un deterioro de las cuentas externas en el altar de los usureros. La sobreestimación del crecimiento, que se está expresando este año en el maquillaje del enlentecimiento económico y se prefigura en la previsión optimista -por decir lo menos-de 6,2% de crecimiento en 2014, sumará a la deuda otros 5000 millones de dólares en 2014, y otros 6400 millones en 2015, en concepto de cupon de los bonos por el crecimiento económico.
-Al estimar en el proyecto de
presupuesto un dólar en 2014 a 6,33 pesos, es decir una depreciación
del peso de más del 10% que se suma al 16 por ciento que se depreció
en lo que va del año, las previsiones del gobierno contienen un
nuevo guiño para los industriales. La aceleración del ritmo
devaluatorio que busca preservar la rentabilidad de los empresarios contribuye a acelerar la suba del costo de vida que
golpea sobre el pueblo trabajador.
-Asimismo, los subsidios a la energía y
el combustible, que en su forma actual son un subsidio a las
ganancias empresarias y alimentan un esquema de liquidación del
sector energético y de cumbustibles, siguen aumentando, de 77 mil
millones de pesos a 79 mil millones.La Asignación Universal por Hijo
representa apenas un cuarto de lo que se gasta en este rubro. Sólo
estatizando todo el sistema energético bajo control de los
trabajadores es posible cortar con este agujero negro del fisco que
sólo beneficia a los empresarios.
-Finalmente, a pesar del retroceso que
realizó el gobierno con el anuncio del proyecto de ley para modificar el mínimo
no imponible del impuesto a las Ganancias, que mitigó uno de los
aspectos que más contribuyeron a acentuar la regresividad de la estructura impositiva en los últimos años, la estructura de ingresos impositivos previstos vuelve a
poner de relieve el carácter regresivo de todo el sistema
impositivo. Sin contar los ingresos y erogasiones previsionales (que
en los últimos años han servido para financiar generosamente a los
empresarios de los rubros más variados y al propio tesoro nacional mientras se negó sistemáticamente el 82% móvil a los jubilados),
el 31% de los ingresos totales del Estado son del IVA, que recae ante todo
sobre el pueblo trabajador. Si descontamos los ingresos previsionales el IVA representa nada menos que el 38 de los ingresos fiscales. El resto se reparte entre los distintos
impuestos, pero como se hizo público por estos días en impuestos como Ganancias las distintas exenciones y elusiones hace que el selecto
grupo de los que ganaron más de 10 millones de pesos, paguen apenas
una tasa de 17,7% en concepto de ganancia, es decir la mitad de la
alícuota nacional.
El proyecto de presupuesto muestra una vez más
que el Estado recauda mayormente a costa del pueblo trabajador, y
privilegia en sus gastos a los bonistas uruseros y a los empresarios cuyas ganancias se engrosan con millones de pesos del gasto público mientras se benefician con multiples variantes para eludir impuestos. No hay reformas o retoques parciales como los que ahora está impulsando el gobierno para ganancias, o la anulación de la exención de ganancias para la tenencia y compra-venta de acciones de empresas no cotizantes, que modifiquen la regresividad que caracteriza a los ingresos y gastos del Estado. Sólo es posible
transformar de manera progresiva el sistema si el conjunto de los
gastos del estado, incluyendo la seguridad social, se sostienen con
una estructura de ingresos basada en impuestos a las grandes
fortunas, a las rentas (financieras y del suelo) y gravámenes
directos al capital y las ganancias personales más elevados y sin
las deducciones y exenciones vigentes. Con estas simples medidas
podría obtenerse decenas de miles de millones de pesos, para
garantizar a todos los trabajadores un salario acorde a la canasta
familiar, sostener el 82% móvil para todos los asalariados -hoy
retaceado por el gobierno- y encarar rápidamente las obras de
infraestructura vial, de vivienda y de provisión energética que hoy
son postergadas o realizadas a cuentagotas con el argumento de la
falta de recursos.
El el viceministro de Economía Axel Kicillof volvió a justificar ayer el cobro del impuesto al salario.
Lo hizo en el show ultraoficialista 678. Algunos oficialistas (ver Alfredo Zaiat) afirman este impuesto al salario conformaría un esquema progresivo, ya que los que más ganan aportan para sostener un gasto que beneficia a los que menos ganan. Esta última argumentación, es un insulto a la inteligencia cuando sigue sin estar gravada la renta financiera, se mantienen los privilegios impositivos para actividades nocivas para el medio ambiente como la minería, y el mínimo no imponible está en $5800, que es un salario que casi duplica lo que ganan la mitad de los asalariados (que rondan los $3000 mensuales) pero está lejos de corresponderse con "sectores de mayor capacidad contributiva" como sostiene Zaiat.
Kicillof ensayó otro argumento, también bastante recorrido por el progresismo K. Afirma que este gravamen sostendría un Estado benefactor: "Cuando el Estado vuelve a ser un Estado activo y benefactor lo que uno paga como impuesto tiene como contraprestación varios servicios". Luego de esto, pasó a definir estas contraprestaciones como un "salario indirecto", definición con la que coincidimos, pero que tiene un contenido muy distinto al que el viceministro le quiere dar. Para Kicillof, "a lo que uno gana hay que sumarle lo que deja de pagar por los subsidios y a partir de eso calcular los impuestos. Hay que tener otra mirada". De esta forma, el resultado del impuesto a la ganancias sería "neutro", ya que lo que los asalariados pagan por un lado lo reciben por otro. Pero, ¿quién es el gran beneficiario de todo este andamiaje? Ciertamente no puede decirse que sea la base para una política de distrución progresiva, salvo que vayamos a creerle al Indek de que es posible comer con $6 y la inflación ha sido desde 2006 menor al 10% anual. Este mismo Indec sostiene, en su EPH (categoría “Población total según escala de ingreso individual”) que:
El 90% de los asalariados gana menos de $5460,
El 80% gana menos de $4230,
El 70%, menos de $3513.
El "salario indirecto" del que habla el viceministro ha sido una viga más en el sostén de estos niveles de remuneraciones, que dan cuenta de un patrón regresivo del ingreso que ha resultado ampliamente beneficioso para el empresariado. Gracias a el "salario indirecto", los empresarios han amasado fortunas y acrecentado la participación de sus ganancias como proporción del ingreso nacional, mientras el Estado "benefactor" solventaba una parte de los consumos obreros y populares de transporte y energía. Así contribuían a contener el descontento que pudiera devirar en mayores reclamos de recomposición salarial (ampliamos acá).
La "progresividad" sólo puede partir de cortar con una estructura de gastos que tiene como eje afrontar el saqueo de la deuda pública y los subsidios al capital, declarando el no pago de la deuda y nacionalizando la banca, las prestadoras de servicios públicos y las emrpesas estratégicas para ponerlas bajo control de los trabajadores y comités de usuarios. Asimismo, cualquier estructura impositiva verdaderamente progresiva sólo puede empezar por terminar con el IVA que es la principal fuente de recaudación a costa del consumo obrero y popular, extender el gravamen de ganancia a la renta y cortar con las desgravaciones al gran capital, y estableciendo alícuotas considerables en los impuestos a las grandes fortunas. De esta forma podría afrontarse el 82% móvil que el gobierno se niega a pagar y encarar planes de obras públicas para responder a las postergadas demandas obreras y populares de vivienda e infraestructura, permitiendo trabajo para todos con un salario acorde a la canasta familiar. En las antípodas, el programa que defiende el "keynesiano" (que algunos trasnochados siguen llamando marxista) Kicillof es el de un Estado benefactor, sí, pero para los empresarios.
En su discurso del martes en San Pedro, la Presidenta expresó brutalmente lo que el variopinto arco cristinista viene expresando hace días. El paro no tendría grandes motivos, dado el contraste entre la situación nacional y la que caracteriza a buena parte de las naciones más ricas. Pero más aún, sería una amenaza contra “el modelo”, y por lo tanto contra las condiciones del “bienestar” que caracterizaría la situación de todos los trabajadores. Literalmente, mandó la amenaza: “no jodan con el trabajo”. En la misma línea, Fernando “chino” Navarro sostuvo que no habría lugar para el reclamo porque “tenemos el mejor salario de América Latina” y “somos el país con menor exclusión”.
Del “nunca menos” al... ¡menos!
Es cierto, la situación argentina (como de buena parte del mundo “emergente) contrasta hoy con la crisis europea. Este fue un año de estancamiento, en el que se registró por primera vez desde 2009 una caída en el empleo, pero hay indicios de una magra recuperación. Una ayuda no menor está viniendo por el lado externo, gracias a los altos precios y la firme demanda de granos. Aunque este año varios voceros oficiales ensayaron el discurso de que “el mundo se nos vino encima”, lo cierto es que aún en tiempos de declinación como los actuales, no puede el kirchnerismo (hoy en su etapa cristinista) decir que el flanco externo le haya sido adverso. La elevada liquidez mundial producto de las últimas rondas de inyección de liquidez orquestadas por los bancos centrales de las economías más grandes viene resultando una considerable ayuda. En otros países esto viene permitiendo que se endeuden a tasas del 5% anual, como es el caso de Bolivia hace unas semanas. Nada parecido puede ocurrir en la Argentina, presionada por algunos fondos buitre, pero la nueva situación contribuyó indirectamente a restar argumentos a la fuga de dólares. Esta abundancia de dólares presiona al alza los precios de los granos de soja, permitiendo que los popes del agrobussiness, y el gobierno que es su socio gracias a las retenciones, puedan esperar un 2013 de bonanza en lo que respecta al ingreso de verdes. También Brasil parece estar retomando ritmo, ayudado por algunas medidas del gobierno de Dilma, y también por esta abundante liquidez que se traduce en ingresos de dólares que alimentan el consumo. Pero claro, se trata de una situación precaria, que rápidamente puede deteriorarse considerando los varios puntos críticos que podrían deteriorar la situación global.
¿Por qué ante este panorama, que hoy no es de crisis aguda, el llamado a paro de la CGT de Moyano y la CTA de Micheli tuvo una respuesta contundente, aún considerando que como afirma JDM estos dirigentes “fueron a menos” (llamando por TV y sin hacer nada para extender el paro en los gremios de la CGT Balcarce)? La contundente adhesión al paro, que gracias a las peleas dadas por sectores de la izquierda clasista tuvo gran fuerza aún en gremios oficialistas (como fue el caso de la línea B del subte, varias fábricas de alimentación como Pepsico y Stani, y gráficas como Donnelley, WorldColor y Print Pack, por sólo nombrar algunas) y podría haber sido aún más activa y extendida si la propia burocracia no la hubiera torpedeado, da cuenta de los inicios de una ruptura, que responde a que se desnuda cada vez más este carácter de contunuidad en lo esencial con el legado neoliberal. No se trata, como dirían algunos, de “lo que falta” en un proyecto transformador. Se trata del corázon del kirchnerismo/cristinismo como modelo de “capitalismo en serio”, que como tal ha preservado las principales conquistas logradas a sangre y fuego por la burguesía, adornándolas un poco con medidas distributivas que pueden sostenerse en tiempos de vacas gordas. Tiempos que están más en el pasado que en el futuro.
Con el deterioro económico, aún moderado, se puso en evidencia rápidamente lo precario de buena parte de las “mejoras” en las que se asientan los esfuerzos del gobierno por darse un barniz reformista. Como ya hemos definido en otro post, lo que caracteriza al kirchnerismo desde su origen es el esfuerzo por “distender” parcialmente las relaciones [de la clase dominante] con las clases subalternas, creando algunas expectativas de mejoras en algunos sectores obreros y populares (que sólo se concretaron parcialmente para franjas limitadas, como las de los trabajadores privados registrados, y solamente si las comparamos con la situación catastrófica de la hecatombe de 2001)”. Pero esta “distensión” ha ido de la mano de una profunda continuidad en un punto clave de los “estragos” que hizo la ofensiva patronal de los años '90 sobre la clase trabajadora: el andamiaje de la fragmentación y precarización laboral. Este se trabuce en leyes, pero también en una “ciudadanía” de segunda en lo que respecta a la representación laboral y la capacidad de imponer reivindicaciones, validada por las conducciones sindicales. Se trata de un elemento central en la determinación de la fuerza social relativa del capital y del trabajo, ya que no sólo afecta a los precarios y fragmentados, sino que es determinante para el conjunto de la clase. Por eso, aunque la última década presenció una fuerte recomposición en el peso social de la clase trabajadora que le dio mayor capacidad de luchar con éxito por sus reivindicaciones, se pusieron en evidencia férreos límites para este avance. A pesar del formidable aumento de los puestos de trabajo, y la considerable reducción del desempleo, en la mayoría de los gremios recién en 2007 empezaron a aproximarse a niveles de remuneración cercanos a los de 2001. A partir de ahí, fue cada vez más difícil lograr en los acuerdos paritarios aumentos que siguieran los pasos de una inflación bien por encima del 20%. Resultado: en muchos gremios no se pudo sostener la recuperación, en otros comenzó una ligera senda descendente, y en un sector minoritario siguió la recomposión salaria en térnimos reales (es decir, con aumentos por arriba de la inflación).
Apelando a la “caja”, durante un tiempo el kirchnerismo pudo compatibilizar tendencias contradictorias. Otorgando subsidios, logró mantener cierta disposición empresaria a mantener aumentos, conteniendo de esta forma las demandas que en 2005 y 2006 se expresaban con fuerza por abajo, mostrando la entrada en escena del sindicalismo “de base” (aunque sin evitar que esto se tradujera en aumentos de precios cada vez más fuertes). Estas concesiones, sumadas a los efectos que ya de por sí estaba produciendo el crecimiento del empleo (un aprovechamiento empresario del “abaratamiento” del salario que trajo la devaluación, ver aquí y aquí), permitieron mostrar una mejora en los indicadores del ingreso, que iba de la mano con un aumento a niveles récord de la participación de las ganancias en el ingreso. La base para que esta situación fuera sostenible, fue el mazazo previo que recibieron los salarios con la devaluación de 2002, que hizo subir los precios sin que se movieran los salarios, mejorando de forma formidable la ecuación de los empresarios. Como si esto fuera poco, en buena parte de los acuerdos paritarios las patronales conseguían compromisos de productividad, con lo que la ecuación total resultaba ampliamente favorable. El límite –estrecho- de las concesiones era que las condiciones de rentabilidad (es decir los costos salariales bajos) se mantuvieran mejor que en 2001. No es extraño entonces, que a partir de 2006, los aumentos salariales comiencen a ser contestados con aumentos de precios crecientes, y exigir por otro lado un esfuerzo creciente del estado por solventar con subsidios una porción de la plusvalía (ver aquí).
Si estos subsidios fueron una manera en la que el kirchnerismo buscó compatibilizar la persistencia del patrón de distribución “primaria” (es decir al nivel de las remuneraciones) noventista, con algunas mejoras, el mecanismo privilegiado en los últimos años fue la política de ingresos. Esta adquiere con la AUH una extensión cualitativamente mayor a cualquier política previa, y permite contrarrestar parcialmente los efectos de la inflación, al menos para los sectores pobres.
La capacidad de estas políticas para operar como distención, contrarrestando -sin revertir- los elementos que estructuralmente fortalecieron al capital en desmedro de los asalariados, estaba atada a dos factores. El primero, que ya mencionamos, la magnitud del colchón logrado por el capital con el saqueo al salario. El segundo, la capacidad fiscal del gobierno para dirigir recursos hacia la “distensión”. Ambos aspectos se han ido estrechando en paralalelo. Aunque mediante la sucesiva apropiación de cajas (aumento de impuestos como las retenciones hasta la derrota de la 125, liquidación de las AFJP, uso de reservas del Banco Central para pagar deuda en dólares y, finalmente, la reforma de la carta orgánica de este último para aumentar su capacidad de préstamo) le dio una flexibilidad para conservar cierta holgura fiscal, pero a fines de 2011 sonaron las alarmas por el acelarado aumento de algunas partidas, como el gasto energético.
El resultado de estas capacidades más estrechas ha producido efectos diferenciados para distintos sectores de la clase trabajadora. Los trabajadores registrados han logrado aumentos salariales que en promedio se mantuvieron a la par de la inflación, aunque con mucha dispersión entre los distintos gremios. Incluso algunos años lograron alguna mejora en términos reales (como en 2010 producto de la intensa actividad desplegada por los sectores antiburocráticos en el gremio de la alimentación, que perforaron los techos salariales que estaban en torno del 20% y generaron presión sobre otros gremios). Pero esta mejora -moderada y relativizada por la inflación- se ha visto contrarrestada de forma creciente por el impuesto a las ganancias, por la movilidad limitada que tuvo el mínimo no imponible (sobre este robo al salario, ver lo que dicen Pablo Anino y Octavio Crivaro aquí). También ha afectado a vastos sectores la pérdida de las asignaciones familiares, por pasar a estar por encima del máximo de ingreso para percibirlas. Las últimas modificaciones dejaron afuera de quienes perciben esta asignación a nuevos sectores. Al mismo tiempo, mientras desde 2007 se ha detenido la reducción del empleo precario, mostrando los límite estrechos para acceder a “ciudadanía” laboral, fueron estos sectores los que más vieron modificar su ecuación de ingresos producto de la AUH. Lo mismo puede decirse de los trabajadores registrados con niveles de ingresos más bajos. Sin embargo, acá también la inflación se ha diluido parte de sus efectos.
La política de ingresos y laboral del kirchnerismo, como vemos, atacó mucho más las diferencias de ingresos entre asalariados que tanto preocupa hace tiempo a escribas oficialista como Verbitsky (ver aquí y aquí), que la limitada participación del ingreso asalariado producto del aumento de la participación del capital. Se subió el “piso”, principalmente por transferencias estatales y sin afectar la fragmentación estructural que tanto provecho ha dado a la burguesía, mucho menos se movió el techo. Y con el efecto persistente de la inflación, sumado a la mayor presión social y el cambio en el panorama laboral, todos los sectores de la clase trabajadora viven un panorama que no podía estar más lejos de la idílica situación que dibuja el “relato” oficial.
Cristina Fernandez conquistó un vasto apoyo entre los trabajadores en las elecciones del año pasado con la promesa del “nunca menos”. Sin entusiamo, el apoyo a la continuidad K se dio bajo la expectativa de que las modestas mejoras de estos años (más ligadas a la lucha y a la fuerza social recuperada por la clase trabajadora que a decisiones gubernamentales) se mantendrían. La sintonía fina, que con algunas contramarchas sigue firme (sino veamos la reciente votación de la ley de ART, la reticencia a mover el mínimo no imponible dando apenas un “regalo” de navidad) rompió esta expectativa. Como si fuera poco, a quince días del colapso energético en Ciudad de Buenos Aires, el “keynesiano” Kicillof anunció hoy junto con Julio de Vido nuevos anuncios sobre aumentos de tarifas eléctricas. Adivine el lector: ¿a qué se parece más el anuncio, a una política heterodoxa de ingresos, o a un “noventoso” regalo a las prestadoras de servicios públicos (una pista, la acción de edenor subió a horas del anuncio más de un 8%)?
¿Quo vadis?
¿Hacia donde va a conducir esta ruptura que empieza a desarrollarse? ¿Hacia una “fusión” del 20N con el 8N o hacia una política obrera independiente de la burguesía? ¿Scioli (o de la Sota) o la izquierda clasista? Resulta sagaz Pagni cuando plantea como central el problema de la inflación y la negación que hace el gobierno, comparando con la ubicación del sindicalismo en los años '80: “Como en los 80, el mercado laboral no ajusta hoy por cantidad, sino por precio.El número de empleados se mantiene, pero la remuneración disminuye en términos reales. El malestar se concentra en el universo de los ocupados. Y determina una mayor movilización gremial”. Claramente el cronista se deja llevar por sus deseos, ya que hay un abismo entre la situación actual y los tiempos alfonsinistas, con un Estado en ese momento quebrado bajo asesiado de acreedores externos. Sin embargo, tras su razonamiento hay un problema político de primer orden para quienes apostamos a la emergencia política independiente de la clase trabajadora. Si Moyano y Barrionuevo apuestan a incidir con sus acciones en la interna peronista (apoyando a Scioli y de la Sota respectivamente), Micheli apuesta a llevar agua para el molino del FAP, en ambos casos, por lógica de alianzas policlasistas de cualquiera de estos proyectos, el peso va para el lado de las “correcciones”, como planteó Scioli por estos días. Es decir la “normalización” definitiva por el lado de política antiinflacionarias y de ajuste más directo, contra el ajuste en cuotas e indirecto (vía inflación) que aplica el gobierno. Este programa no responde a las aspiraciones del conjunto de la clase trabajadora, pero sí puede traccionar a los sectores de mejores ingresos contra la amenaza del descontrol inflacionario. Ante esta convergencia posible, es fundamental fortalecer las condiciones para que, al contrario, pueda soldarse la unidad del conjunto de la clase trabajadora en alianza con el pueblo pobre. Para esto es fundamental la constitución de un polo alternativo que luche al interior de los sindicatos contra las direcciones de las CGTs y las CTAs.
Contra las variantes políticas patronales que impulsan distintas alas de la burocracia, es fundamental sostener una política consecuente para desarrollar la independencia de clase, tomando un programa independiente que responda a las aspiraciones del conjunto de los trajadores, y peleando por la mayor unidad de las filas obreras, contra las divisiones que defienden los empresarios, los burócratas y el gobierno. Como plantea Paula Varela “Si efectivamente, la comprobación de una disidencia por izquierda en sectores de masas abre la posibilidad a una ruptura con el peronismo, el polo opositor clasista tiene que ser más claro y más contundente”. No sólo delimitándonos claramente de los movimientos que fortalecen a las variantes de oposición patronal, como el 8N, sino también de la bucracia aún en el momento que acompañamos las acciones que llaman por justas reivindicaciones, como el paro del 20. Para esto, es fundamental el llamado inmediato a una Asamblea Nacional de Trabajadores para agrupar a los sectores combativos.
Aunque los economistas K gusten definir que el “modelo” se basa en el “crecimiento con inclusión”, lo cierto es que, como muestra el gráfico, la recuperación de la economía argentina está basada en un fuerte mazazo al salario gracias a la devaluación, además de los dólares de la soja.
A pesar de los aumentos anuales de salarios negociados en paritarias, la inflación hace cada vez más difícil que estas mejoras incrementen el poder adquisitivo del salario. Dicho de otra forma, el salario real aumenta menos, o directamente no aumenta, producto de la inflación. Desde 2007, cuando la inflación se calcula que alcanzó o superó el 20% (imposible saberlo a ciencia cierta porque las truchadas del INDEK ya estaban en marcha), son cada vez menos los sectores de la clase trabajadora que pueden mostrar una recuperación del salario. La burocracia sindical es el principal responsable de este resultado: respondiendo a la presión del gobierno, que buscaba defender uno de los grandes pilares del esquema K (las superganancias empresarias), impuso techos a la recomposición de las remuneraciones en el mismo nivel de aumento de los precios, o incluso por debajo del mismo.
Además, estas negociaciones fueron muy dispares por gremio, según la capacidad de las bases de hacer presión en cada caso. Por eso, comparados con la caída brutal que sufrieron los salarios con la devaluación, la recuperación ha sido muy dispar. En el caso de las manufacturas, han logrado superar el techo de la crisis, logrando una mejora que estarían un 20% por encima del nivel de 2001 (se llega a este resultado tomando el índice de precios alternativo desarrollado por CENDA). Esta mejora, que contrasta con la situación del resto de la clase trabajadora, se dio sin embargo de un fuerte aumento de la productividad (del 23%). Por eso, aunque mejoraron las remuneraciones, se agrandó la “torta” y no cayeron las jugosas ganancias empresarias.
En el caso de los trabajadores del comercio, que representan 1,7 millones (contra 1,6 millones de trabajadores en la industria) los salarios están apenas unos puntos porcentuales por encima de los de 2001, pero por debajo que cualquier otro año de los ‘90.
Para los trabajadores no registrados, como reconoce hasta el instituto semi-oficialista Cifra, la situación sigue bastante peor que en 2001. Estos sectores representan el 36% de la clase trabajadora. Al no estar integrados en las negociaciones salariales, la brecha entre la situación de los trabajadores registrados y los sectores no registrados se ha agrandado durante los años kirchneristas. Aunque hagan gala de medidas “redistributivas” como la universalización de la asignación por hijo, esta medida apenas compensa el impacto de la inflación que produce el esquema K sobre los ingresos de los sectores precarizados.
Por todo esto, como se ve en los gráficos, la participación de las ganancias en el producto nacional, tiene un “piso” más alto en la última década que en los años ’90. Como reconoce hasta el INDEC (sesgando un poco para abajo la participación de las ganancias), en el año de participación más baja de los capitalistas en el ingreso del que se tiene registro desde 2001, esta es del 45%, es decir igual que el promedio de la década anterior. Para todo el resto de los años está por encima de este nivel.
Los salarios, por el contrario, tomados de conjunto, apenas han alcanzado el nivel de 2001, año de crisis catastrófica y de hundimiento de los ingresos. En el corazón del esquema K tenemos una formidable redistribución, en beneficio de los capitalistas.
Grafico 1: Salarios como porcentaje del PBI. Grafico 2: Ganancias como porcentaje del PBI.
En línea con el documento que posteamos hace unos días, un informe reciente del Ministerio de Trabajo pone en evidencia los resultados de la política económica kirchnerista luego de 7 años.
El costo laboral se mantiene planchado, a pesar de la recomposición del salario real registrada por los trabajadores en blanco desde 2005. Para 2009, se ubicó en 18% por debajo del nivel de 2001, y descendería bastante más considerando el tipo de cambio multilateral (gracias a la caída del dólar y la apreciación del real). El costo laboral considera la evolución del salario por los empresarios, pero relacionándolo con la productividad del trabajo y los precios que reciben los empresarios por las mercancías producidas. Podríamos decir que es un indicador de cómo evoluciona la tasa de explotación (a menor costo laboral, mayor tasa de explotación).
Como en los últimos años en las negociaciones salariales, los empresarios aceptaron aumentos salariales pero a cambio de fuertes aumentos de productividad, de esta forma el costo laboral se ha mantenido a raya. Lo mismo sucede con la participación salarial en el ingreso generado: se ha recuperado en relación a los peores momentos de la crisis, pero no en relación al promedio de partipación salarial en el ingreso de toda la década previa. La tasa de explotación ha conquistado un nivel más alto, que la recomposición salarial de estos años no ha anulado ni mucho menos.
¿Una cuestión aún no resuelta del modelo redistributivo? ¿Una tarea pendiente?
Para nada, el kirchnerismo ha sido un protagonista de primer orden para lograr que a pesar de años de crecimiento récord, a pesar de un enorme aumento del empleo el salario apenas haya podido perforar el techo del valor que tenía al momento de la crisis de 2001 (es decir luego de tres años de caída salarial).
No se trata de un error o de una falencia a superar por el "modelo K". Se trata de un elemento inherente a las condiciones que garantizaron el crecimiento a tasas chinas, y que por lo tanto el kirchnerismo no puede modificar sustancialmente, sino a lo sumo tangencialmente. Son las negociaciones salariales en las paritarias entre los empresarios y las conducciones sindicales, que el gobierno presenta como modelo para la mejora en la distribución del ingreso, las que han permitido este resultado. Por empezar, porque como ya dijimos, en la mayoría de los casos estas negociaciones estuvieron atadas a compromisos de productividad. Incluso más allá de lo negociado, la presión por aumentar el rendimiento del salario ha sido permanente, como es obvio dado que el crecimiento a altas tasas, sobre todo a partir de 2007 en que los empresarios hablan cada vez más de incertidumbre y de necesidad de hacer ajustes, se dio sin cambiar mucho la estructura productiva, aprovechando las capacidades instaladas y cargando las exigencias de mayores rendimientos productivos sobre las fuerza de trabajo ya empleada, aumentándola de forma muy limitada. Y frente a la inflación creciente, las conducciones sindicales han operado con un pacto social de hecho, poniendo un límite a la recomposición salarial en línea con los números de inflación. De esta forma, el salario real no crece desde el año 2007 (salvo que creamos en los números del Indec) mientras que la productividad sí ha aumentado. Sólo este año, gracias a la iniciativa de las comisiones internas de Kraft y otras fábricas de la alimentacion (contra la resistencia de la burocracia de Daer) se perforó los techos impulsados por la burocracia.
Pero sobre todo, el efecto limitado que tienen estas negociaciones esta ligado a la estructura del empleo actual, en la que sólo un tercio de la clase trabajadora se beneficia de los resultados de las negociaciones paritarias. Para el resto lo negociado por las burocracias sindicales tiene escasas consecuencias. La orientación moderadamente reformista que impulsó el kirchnerismo hacia los asalariados registrados, se dio de la mano de cuidar celosamente la fragmentación de la clase trabajadora. Los proyectos de Recalde, como la participación de los trabajadores en las ganancias, de dudosos beneficios si consideramos el ejemplo SUTNA, tienen poca repercusión sobre los sectores precarizados de la clase trabajadora. El kirchnerismo ha articulado políticas hacia los sectores sindicalizados, y paralelamente ha impulsado distintas iniciativas hacia los sectores pobres y los movimientos sociales (extensión de la asignación por hijo, planes Argentina Trabaja). Pero ha mantenido intacta la fragmentación de la clase trabajadora entre efectivos, precarizados y desocupados, y ha atacado con toda la fuerza del estado y la burocracia a los sectores que intentaron superar esta fragmentación. Mientras la internvención estatal es presentada como un hecho virtuoso por parte de todo el progresismo oficialista, lo cierto es que esta se ha movido en dos vías: conteniendo las mejoras salariales y garantizando la fragmentación para mantener el margen de ganancias récord, y mitigando los efectos de esto con políticas hacia los pobres. Por eso, sectores de una disidencia amigable hacia el gobierno, como Fernando Porta, plantean que "la estructura productiva genera tendencias regresivas para la redistribución del ingreso" que son apenas contrarrestadas por las políticas K.
7 años de crecimiento récord -exceptuando el impacto de la crisis entre fines de 2008 y 2009- y lo que ha logrado la clase trabajadora es llegar al punto donde estaba en la crisis precedente, pero peor en relación con los capitalistas cuyo margen de ganancia es más elevado. Y sin embargo, como el margen de rentabilidad ha retrocedido en relación con los mejores años de esta década, el gobierno impulsó una montaña de subsidios para aportar a la ganancia empresaria. Mal que les pese a los progres K, y aunque muchas asociaciones patronales saquen comunicados críticos de la política estatal, los que vienen ganando con la intervención estatal K son los empresarios. El kirchnerismo y los burócratas sindicales, en el mejor de los casos pueden prometer a un sector minoritario de la clase trabajadora mantener sus condiciones de vida frente a la inflación. Una respuesta para el conjunto de la clase trabajara solo puede surgir de que más sectores tomen el ejemplo del sindicalismo de base, con Kraft a la cabeza, y coordinando las luchas entre ocupados -efectivos y contratados- y desocupados.
A continuación publicamos la primer parte del informe sobre ingenios azucareros del NOA elaborado por Emiliano Trodler. El mismo aborda las transformaciones recientes en el sector, la relación entre salarios y ganancias, y los usos que ha tenido la denunciada "crisis" en el sector, el alcanze de la cual queda relativizada por el análisis presentado. Esta primer parte del informe se continuará en Ideas de Izquierda, con un análisis de los procesos de lucha reciente en los ingenios del NOA.
En línea con el documento que posteamos hace unos días, un informe reciente del Ministerio de Trabajo pone en evidencia los resultados de la política económica kirchnerista luego de 7 años.