La CGT de Caló y su extravagante iniciativa para cuidar los precios

Como venimos sosteniendo (y puede leerse hoy aquí), el único cuidado serio de los precios lo pueden realizar los trabajadores, que actuando de forma coordinada pueden desnudar los costos y disponibilidad de mercancías en todas las cadenas productivas. Allí donde los capitalistas cocinan las trampas con las que buscan saltarse los compromisos de los "Precios cuidados" (que por otra parte les permitieron a varios sectores blanquear aumentos de los últimos meses) es la clase trabajadora la que puede desnundarlos. La que puede mostrar las exorbitantes tasas de ganancia que se amasan en numerosos sectores pescando a río revuelto gracias al descontrol de la moneda. Algún desprevenido podría pensar que los anuncios de hoy muestran que Antonio Caló decidió impulsar que la CGT tome este camino. Parece que la CGT va a tomar cartas en el asunto de cuidar los precios... recorriendo supermercados. Al mismo tiempo que pide "prudencia" a los laburantes cuando las patronales están siendo de todo menos prudentes para remarcar con voracidad, Caló no impulsa que los trabajadores controlen los precios desde sus posiciones estratégicas en la producción de bienes y prestación de servicios sino que quiere "mirar" para otro lado. 

Detras de este palabrerío y de gestos meramente simbólicos como puede ser mandar a algunos burócratas a acompañar las recorridas del "mirar para cuidar" de La Cámpora, la CGT oficial busca tapar el inmovilismo cuando la inflación está carcomiendo el salario y tanto el gobierno nacional como los opositores, y todas los sectores del empresariado, se apuestan a lograr que el resultado de las paritarias sea afianzar los duros golpes al bolsillo obrero. Esta es la vía para sostener el ajustazo que está en marcha. 

Ante este rol traidor de la burocracia, es urgente convocar a un Encuentro Nacional de todo el sindicalismo antiburocrático y combativo para postularse como un polo que ponga en movimiento a la clase obrera para sostener un programa de medidas urgentes para que la burguesía no descargue sobre nuestras espaldas los costos de la crisis.

¿Quien puede controlar los precios y parar los aumentos?

Como ya se venía previendo desde hace unas semanas, en el terreno de las políticas de precios el equipo de Axel Kicillof reafirmó ayer, aunque emprolijándola, la política de Guillermo Moreno. El nuevo Secretario de Comercio, Augusto Costa, anunció ayer un acuerdo de precios, al igual que hiciera Guillermo Moreno a partir de febrero último, sin haber logrado con ello frenar el ritmo de aumento de precios. Podemos dejar pasar el hecho, bastante curioso, de que se anuncia un acuerdo de precios sin que estén, digamos, acordados los precios. Lo que vimos ayer es entonces una declaración de intenciones, que mientras no se plasmen siguen dando vía libre para las maniobras, dispersiones y la lisa y llana remarcación, que de hecho no paró de acelerarse desde que se confirmó la partida de Guillermo Moreno (aunque tampoco estaba congelada antes de su partida, la salida del funcionario fue tomada como una señal de largada para una carrera de velocidad). Dejemos también pasar el notorio adelgazamiento de la canasta anunciada… ¿será acaso consecuencia de que “la mesa de los argentinos” incluida en el acuerdo abarcaba a comienzos de año un universo de 10 mil productos, en agosto uno de a 500 productos, pero ahora apenas requeriría 187?

Lo más llamativo es que los nuevos funcionarios presenten la misma política que durante este año no arrojó grandes logros y pretendan convencer a alguien de que esta vez será diferente. En su exposición del nuevo acuerdo de precios, Costa detalló las múltiples irregularidades a través de las cuáles los comercios minoristas y las empresas que elaboran los productos que componen la canasta se las arreglaron para sortear el compromiso que habían contraído con Guillermo Moreno; empezando por la considerable dispersión que se registra entre los precios que un mismo producto puede llegar a exhibir en distintos locales (incluso de la misma cadena), y que en el acuerdo de Moreno era explícita ya que cada cadena anunciaba un precio distinto. El reemplazante de Moreno también censuró otras trampas en las que incurrieron las firmas, como los cambios en los tamaños de los envases para cobrar lo mismo a cambio de menos producto; o el lanzamiento de líneas de productos alternativas a las incluidas en los acuerdos de precios, a precios considerablemente mayores. Y a esto se suma el liso y llano desabastecimiento de los productos incluidos en los acuerdos, para forzar a los consumidores a adquirir otros sustitutos no incluidos en los compromisos con el gobierno. Esta amplia inventiva de minoristas y fabricantes agujereo el acuerdo de precios, y llevó a otro año donde la inflación perforó el 20%. Pero esta vez, promete el funcionario, no ocurrirá nada de eso. ¿Y cómo podría evitarse recaer en el mismo resultado fallido de Guillermo Moreno? Se supone que habría tres patas que distinguen este acuerdo y le garantizarían mayor fortaleza:

-          La simplicidad, ya que la cantidad de productos es más reducida;

-          El involucramiento de las cadenas de valor, y no sólo de los comercios minoristas, lo cual supuestamente podría permitir discutir cómo se distribuye el excedente;

-          Y, finalmente, el “arma” más novedosa, la forzada implementación de nuevos controladores fiscales, que permitirían establecer un control en tiempo real de la facturación de las grandes firmas.

-          Finalmente, también se puso sobre el tapete la amenaza de multas, que también hubiera estado flotando en los acuerdos previos sin mayores efectos.

La apelación a un cierto fetichismo tecnológico pretende conferirle un barniz de credibilidad a una política bastante floja de papeles. Pero el listado de maniobras presentado por el propio Secretario da una idea de la insuficiencia de una fiscalización a través de controladores fiscales. ¿Cómo permitirán los mismos lidia con una de las maniobras más extendidas, que es el liso y llano desabastecimiento? ¿De qué manera podrán probar no se trata de una cuestión de mercados con “exceso de demanda”, de cuellos de botella en la producción, etc.? Incluso si creyéramos en la vocación de fiscalizar el cumplimiento efectivo del acuerdo, suena a una tarea titánica: sólo tomando en cuenta los supermercados, tenemos según un relevamiento del Sindicato de Comercio del año 2011 8.672 bocas de expendio. Esto significa que el personal de la Secretaría –ayudado parecería por el de la AFIP- deberá realizar de forma simultánea en todo el país 1.621.664 controles durante el tiempo que dure el acuerdo para asegurar el cumplimiento en los supermercados (y esto si tomamos como un único control la verificación de que se cumpla el precio acordado y cada producto se encuentre disponible). En el caso de las disputas que sin duda se abrirán, el control seguramente deberá extenderse desde las redes de comercio hacia los productores, multiplicando las instancias. Hay una profunda asimetría en el juego que se establece entre el control centralizado y unificado que pueden tener las empresas, tanto de comercio minorista como fabricantes, (que efectivamente en un caso como en otro controlan los precios, pero lo hacen en su beneficio y remarcando de acuerdo a sus necesidades) y el del gobierno.  Aún con la amenaza de las multas, las empresas pueden organizar un cumplimiento aleatorio del acuerdo que les permita evitar o reducir estas sanciones, eligiendo los lugares y momentos donde resulte conveniente incumplirlo mediante algunos de los mecanismos ya aplicados y perfeccionados en años de trato con Guillermo Moreno (y en varios casos con guiños del funcionario para llevarlos a cabo). Resultaría enternecedor, si no fuera un despliegue para la tribuna realizando con altas cargas de cinismo, pretender que este acuerdo podrá ser más exitoso que los anteriores con sólo sumar algunas simplificaciones en el esquema de funcionamiento de los acuerdos y continuar enviando funcionarios a “mirar para cuidar”.

La inflación en la Argentina actual es una cuestión compleja que se enraíza distintos factores que contribuyen de conjunto a motorizarla (como analizamos acá). La política cambiaria del gobierno, que viene impulsando una mayor depreciación del peso, contribuye a acelerarla. Lo mismo ocurre con la ampliación del gasto fiscal sostenida con financiamiento del Banco Central (lo cual no significa sostener que una emisión monetaria elevada siempre será inflacionaria, como sostiene la postura neoclásica). Un acuerdo de precios, aún implementado con los controles más estrictos, no hace más que atacar los síntomas, así como uno de los factores que la aceleran como es la remarcación por parte de las firmas, y lo hace de tal modo que deja en manos de las empresas mil resquicios para zafarse del acuerdo. El acuerdo presentado por el gobierno no es más que otra fantochada, que al igual que los de Moreno apunta a “atacar expectativas” (es decir tratar de crear algún plafond para frenar las expectativas de los asalariados, evitando que todos busquen el mismo piso que las fuerzas policiales arrancaron con sus motines) y en el mejor de los casos descomprimir un poco la situación por un tiempo limitado.

Un verdadero control de los precios sólo podría llevarse a cabo poniendo en movimiento la fuerza social de clase trabajadora, de los cientos de miles de trabajadores de supermercados, de los cientos de miles que trabajan en las empresas productoras de los bienes que integran la canasta familiar. La acción coordinada de éstos, estableciendo comités de trabajadores y consumidores en todo el territorio nacional, que exigan la apertura de los libros de las empresas, para desmontar las maniobras de las firmas que aducen falta de stock y auscultar el verdadero estado económico de las firmas, es la que puede atacar de raíz este fenómeno que está carcomiendo los ingresos de los asalariados. Todo esto obviamente sólo puede llevarse a cabo empezando por expulsar de los sindicatos a los burócratas, que actúan en beneficio de los empresarios permitiendo todas sus maniobras. Esta es una primer medida elemental, –y “sencilla” si se pone en movimiento la fuerza de los millones de trabajadores- pero que debe ser complementada con otras para cortar todas las cabezas de la hibra. Empezando por decretar el no pago de la deuda externa para cortar con esta sangría de recursos que diezma el presupuesto, establecer la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior así como el congelamiento de todos los giros de utilidades de empresas, para cortar con especulación cambiaria que afecta los precios.

Un programa opuesto por el vértice al revival noventista –aunque sea preservando toques “morenistas” que molestan a algunos sectores empresarios- que viene exhibiendo el nuevo electo económico.

Más sobre la sanata de la "soberanía" hidrocarburífera

Como no podía ser de otra forma, el conflicto entre Moyano y el gobierno acaparó casi toda la atención (y la tensión) en los últimos días. En La Verdad Obrera Nº 480 puede leerse el editorial Todo el apoyo a la huelga de los camioneros. Por un paro y plan de lucha nacional, así como Las batallas del PTS en el escenario nacional. También en la "troskósfera" pueden leerse varios posicionamientos sobre el tama (como por ejemplo Entre el gorilismo K y las respuestas de Moyano. Anuncio de las batallas por venir, Moyano y su retroceso táctico (y estratégico),Guerra en el PJ, movimiento obrero e izquierda. Algunas notas , Semieje partido,Tres problemas que surgen de los hechos de esta semana, y acá se da un paneo crítido de lo que ha dicho la "peronósfera").

Sin embargo, quería señalar algunas novedades sobre la situación de la "recomprada" YPF que comenta en esta nota LaPolíticaOnline (y que, como ocurre siempre con este medio, debemos tener en cuenta que ha de ser  mitad bolazo y mitad posta, o proporciones parecidas). Allí se señala las jugadas "que no previó Kicillof". Esta "jugada", no es otra que las leoninas exigencias que podían preverse por parte de las grandes petroleras multinacionales para asociarse con YPF aportando capital. Citando a un gerente, esta nota sostiene que las petroleras “Saben que tienen margen para exigir condiciones favorables, porque YPF por su cuenta no puede conseguir –al menos, en la situación actual- los capitales para concretar su plan de acción”. Con algo de ironía, la propia jugada del gobierno para deprimir la capitalización bursátil en el marco de su ofensiva contra Repsol, achicó ahora la espalda financiera de la compañía "recomprada" (sin fecha cierta de pago), con lo cual se vuelve menos atractiva para los inversores, dificultando cualquier financiamiento interno. Esta situación, las regulaciones oficiales, así como las trabas a las importaciones, son usados por las multinacionales en la mesa de negociación para subir las exigencias. 

Pero todo eso son argumentos adicionales para tirar sobre la mesa; el nudo de la cuestión, lo que inclina la balanza en favor de las petroleras, es la urgencia del gobierno por introducir compleja tecnología para la recuperación de pozos y para la explotación no convencional, y la incapacidad poner fondos propios en esta empresa. De esta forma, quienes tiénen los recursos y (sobre todo) la tecnología, se sientan a la mesa corriengo con ventaja. En el apuro por hacerse de Vaca Muerta antes de que Repsol negociara con otras firmas su puesta en explotación, los funcionarios que diseñaron el plan calcularon con excesivo optimismo que el tractivo del yacimiento sería suficiente para rebajar las exigencias. Pero, como era previsible, las firmas buscan condiciones que permitan sacarle el máximo jugo a los yacimientos. Conducta rapaz muy parecida a la que Kicillof denunció en varias oportunidades de los "colonizadores" españoles.

Lo que las petroleras exigen, y cayó como un baldaso de agua fría para los afiebrados pronósticos de la progresía oficialista sobre la "redistribución" progresiva que permitiría la expropiación parcial (ver por ejemplo aquí  y aquí algunos ejemplos paradigmáticos de ilusiones trasnochadas sobre las posibilidades del Estado gestionando el petróleo en persecusión del "interés público") es el aumento de precios internos –en especial del gas, que a nivel local se paga u$s 2,50 por millón de BTU, e importarlo de Bolivia cuesta u$s 12-, la libre disponibilidad de las utilidades que obtengan las empresas (es decir una excepción de las presiones "informales" que viene haciendo el gobierno para que las multinacionales no giren utilidades a sus casas matrices), liberación de importaciones, garantizando que sortearán las trabas aplicadas por la Secretaría de Comercio, que dirige Guillermo Moreno. La capacidad para operar sin inconvenientes y demoras en el mercado de divisas, y "el compromiso de mantener estables estas cuestiones a través de un norma regulatoria, en lo posible aprobada por el Congreso como se hizo en los noventa con el marco legal de la minería". 

Podríamos decir que exigen el "contrato Barrik". Concederlo sería un baldaso de agua fría para el Cristinismo. No es que tengan muchos pruritos al respecto (la asociación con las mineras no ha hecho más que estrecharse durante la década de gobiernos K, a tal punto que cambiaron la ley de glaciares para no entorpecer la minería a cielo abierto). Pero ocurre que no se lleva muy bien con toda la propaganda sobre la "soberanía" y las denuncias contra la rapacidad de Repsol (algo obvio desde los '90, de lo cual los K parece que tardaron un poquito en darse cuenta). Tampoco se lleva muy bien con la idea de que mágicamente, esta "recompra" parcial de YPF permitiría resolver todos los problemas energéticos, sin afectar más profundamente los intereses imperialistas, y sin elevar los precios ni nada. 

Estas complicaciones no son una sorpresa, sino el resultado lógico de las falacias del plan K (de Kicillof, aunque algunos se lo adjudican a Dromi). Como ya hemos planteado aquí "esperando que sean los inversores externos los que resuelvan los problemas del país, se parte de una débil posición que obligará a mayores concesiones, como ajustar los precios para terminar de acercarlos a los internacionales y garantizar las remesas de utilidades". Esas son las exigencias de las que Cristina Fernandez terminó de desayunarse en su reciente reunión con petroleros en el Upper East Side de Manhattan.

Las poco atractivas opciones para el cristinismo, son entonces aceptar las exigencias de las petroleras, retrocediendo sobre lo proclamado, o quedarse con la enorme potencialidad de Vaca Muerta sin explotar. Por supuesto, con la trampita de igualar soberanía con "autoabastecimiento", y este con exportaciones netas positivas, sustrayendo la discusión de los costos que haya que soportar para lograrlo (en términos ecológicos, pero también de cesión de soberanía), es una vía para tratar de salir airosos de una entrega tan nefasta como la de Frondizi (ver aquí). Pero difícilmente esta operación sea muy efectiva, considerando que necesariamente irá acompañada de aumentos en los precios del combustible "para todos y todas".

Volviendo a la nota de LPO, esta propone la conclusión, apoyada en "fuentes oficiales" ligadas al Ministro de Planificación Julio De Vido, que los problemas actuales estarían en "la forma en que se estatizó YPF", que "no hizo más que cerrar las puertas del crédito internacional". Pero esto es una chapucería, ya que el crédito estaba prácticamente cerrado previamente, y aún en las mejores condiciones no habría podido alcanzar la escala suficiente para las inversiones requeridas. Mejorar "las formas" no hubiera hecho más que elevar la carga de la expropiación parcial, acelerando los tiempos en los que deban afrontarse sus costos (por lo pronto la cuestión está en los largos tiempos del Ciadi) sin reducir en lo más mínimo las exigencias de las petroleras para invertir. No, los problemas no están ahí, sino que son el resultado de las restricciones insalvables de una medida que afectó parcialmente la propiedad capitalista en un sector (que apenas impacta sobre el 30% de la explotación hidrocarburífera), sin atacar de conjunto las posiciones del imperialismo, ni tampoco avanzar sobre otras rentas, lo cual hubiera permitido abrir caminos para realizar las inversiones sin depender del capital extranjero.
Lejos del camino oficial, o de sus críticos amigables al capital imperialista, para hablar seriamente de "soberanía hidrocarburífera", es necesario integrar esta cuestión en un programa de vaya hasta el hueso contra el imperialismo y la gran burguesía local, unida a este por mil lazos. 

Como decimos acá: "Entre otras medidas, se tiene que declarar el no pago de la deuda, nacionalizar los bancos y crear una banca estatal única, controlada por los trabajadores, para imponer un férreo control al movimiento de capitales y centralizar el crédito focalizándolo en sectores estratégicos cortando con la sequía crediticia que imponen los bancos para concentrarse en los rentables negocios que reflejan sus balances (en el último año sumaron ganancias por $11.000 millones). Esto también permitiría dar crédito barato para viviendas populares.

Pero estas elementales medidas de autodefensa nacional son apenas un primer aspecto para liberar recursos y encarar el autoabastecimiento energético. La renta agraria, que supera los u$s 10.000 millones que se reparten entre los terratenientes, cerealeras, semilleros, pooles y grandes empresas agropecuarias, debe ser íntegramente apropiada, mediante la expropiación de las grandes tierras y el monopolio estatal del comercio exterior. Lo mismo debe hacerse con la renta minera. Sólo con estas fuentes, en un año podría alcanzarse más de la mitad del valor necesario para inversiones en el rubro energético.

Este es un camino opuesto por el vértice al del gobierno. Expropiar el 100% de los recursos hidrocarburíferos, y no limitarse a una empresa dejando en manos de capitales extranjeros el 70% restante. Establecer un plan energético de conjunto, donde el “interés público” no sea una declaración de intenciones, organizando la explotación de las reservas de gas y petróleo, y su refinamiento, bajo gestión de los trabajadores. La expropiación de todas estas empresas y de la oligarquía terrateniente, junto a la estatización de la banca, que levantamos, no son para que estén bajo la órbita de la burocracia estatal, los De Vido y los Kicillof. Es necesario ponerlas bajo gestión de la clase trabajadora. Son premisas mínimas para poner todos los recursos que genera el pueblo trabajador en función de resolver sus propias necesidades, mediante un plan de obras públicas que ofrezca trabajo a todos los desocupados y apunte a los problemas de la vivienda, la falta de infraestructuras básicas, así como aumentar los presupuestos de educación y salud. Peleamos porque sean los trabajadores y sectores populares los que discutan cómo organizar el conjunto del aparato productivo en función de las necesidades sociales y no de las ganancias empresarias, ligando su destino a una perspectiva socialista en América Latina y en el mundo. No se trata de “imponer” este programa a la burguesía y su Estado, bajo cuyo dominio sólo podemos esperar que se profundice la dependencia. La aplicación de este programa para reorganizar la economía sobre nuevas bases reclama la movilización revolucionaria y un gobierno de la clase trabajadora y el pueblo".