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miércoles, 24 de diciembre de 2014

Empleo y salarios: termina un año malo, empieza otro que no será mejor

El kirchnerismo hizo bandera del “crecimiento con inclusión” y de la supuesta defensa del empleo. Sin embargo, lo que hemos visto en 2014, es que cuando hay que ajustar, lo hacen sobre la clase trabajadora. Veámoslo.

Paritarias con techo bien bajo 

Según las mediciones de precios de organismos oficiales no alineadas con el Indec, es decir la de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de San Luis, el año estaría terminando con un alza de precios cercana al 40% (el IPC-BA cerró noviembre con una suba acumulada hasta noviembre de 2014 de 36,1% y una suba interanual de 39,1%). Gracias a la recesión que golpea la economía, el año podría terminar con una suba de precios de “sólo” el 37%. 
Comparadas con este trasfondo, las paritarias cerraron en promedio con duras pérdidas para los ingresos promedio de los asalariados.

martes, 9 de diciembre de 2014

Giros en la economía, para pasar el verano

El canje de bonos para descomprimir los vencimientos de 2015, y los anuncios sobre Ganancias para los aguinaldos de asalariados que ganen menos de 35 mil pesos, coronan una serie de medidas para descomprimir el verano.

http://www.ieco.clarin.com/economia/Cristina-Kirchner_CLAIMA20141203_0282_27.jpg 

La semana que pasó tuvo importantes anuncios económicos. En primer lugar, Cristina Fernández anunció el pasado miércoles, en su intervención en la 20 Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), que eximirán del impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo a quienes cobren menos de 35 mil pesos. El jueves, el Ministro de Economía Axel Kicillof anunció que se canjearán, un año antes del vencimiento, los bonos Boden 2015, por un total de 6.700 millones de dólares, habilitando a canjearlos por efectivo, o por nuevos bonos, Bonar 24, que pagarán a sus tenedores rendimientos hasta su vencimiento, dentro de 10 años. Cristina también dejó claro en la UIA que la ley de Abastecimiento, resistida por las entidades empresariales que iniciaron acciones legales, no será reglamentada. Un guiño a los empresarios que confirmó lo que les había anticipado el Secretario de Comercio, Augusto Costa.
Con estas medidas, el gobierno muestra iniciativa en algunos frentes críticos, y aspira así a terminar de descomprimir algunos focos de tensión en la economía. De esta forma, aspiran a llegar al final de mandato de Cristina Fernández sin tener que encarar grandes cambios, aunque por lo tanto también sin revertir el notorio deterioro expresado en la caída de la actividad económica, el empleo y el consumo.

miércoles, 15 de octubre de 2014

La recesión no frena el alza de precios

http://www.laizquierdadiario.com/IMG/arton4053.jpgLos precios al consumidor registraron en septiembre una suba del 2,48 por ciento respecto del mes anterior según el IPC Congreso, es decir las estimaciones de las consultoras privadas relevadas por legisladores de la oposición. La medición interanual mostró un alza de 41,06 por ciento. A pesar de que la economía se encuentra en caída, y terminará el año con una disminución que diversos cálculos ubican entre 1,5 y 3 %, y de que el consumo se desplomó en septiembre nada menos que 8,2% según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), esto no hace mella en el proceso inflacionario, que se mantiene.
 

jueves, 4 de septiembre de 2014

Suba de las naftas, ¿Será la última?

Gastón Ramírez

Luego del séptimo incremento de las naftas en lo que va del año, Capitanich anunció en su rueda de prensa matutina que la tendencia es que no se realicen otros aumentos lo que resta del 2014. Una afirmación en consonancia, con las declaraciones del presidente de Shell Argentina , Juan José Aranguren, quien según la agencia DyN, afirmó que "si el dólar se mantiene, el precio de la nafta ya está en equilibrio", luego de reportarse subas del orden del 60 por ciento en el año.

Por su parte, el presidente de la Federación Entidades de Combustibles bonaerenses (FECOBA), Luis Malchiodi, dijo ayer durante una entrevista en Radio La Red que "la nafta va a llegar a $20 a fin de año" y que "va a haber un aumento por mes, casi con seguridad".

Los combustibles registran subas del 40% o más en lo que va del año y difícilmente se revierta esta tendencia, en una economía con una inflación rondando el 40% anual. El efecto del incremento en los combustibles, indefectiblemente se traslada al resto de la actividad económica comenzando por el sector de transporte que impacta luego en los costos de logística de los grandes supermercados que terminan descargando en nuevas subas de precios en las góndolas. Los más perjudicados son los consumidores del interior del país. Además de quienes tienen autos y ven encarecer su mantenimiento.

Según analistas, “la nafta en Argentina cuesta hoy al tipo de cambio oficial 1,41 U$S/litro. En Estados Unidos la nafta se comercializa hoy mismo a 0,93 U$S/litro con tendencia a la baja, siguiendo una tendencia bajista en las cotizaciones del crudo. Las tendencias de precios son también decrecientes en Europa por las mismas razones” (Clarín 2/9/14).

El alza en los combustibles ya supera la inflación acumulada hasta agosto con precios en dólares más altos que los internacionales. Esta indicaría no sólo una política de no perder pisada ante la suba general de precios y la devaluación del peso; sino también una apuesta fuerte: vía la suba de precios acordada entre el gobierno y las petroleras, se obtiene parte del financiamiento que aún no consiguen en el mercado internacional de crédito empantanado tras el default del 31 de Julio. Así, lo indicarían el alto mandatario de Shell, Aranguren, quien señaló que "el país tiene recursos en su geología para reemplazar importaciones. Los recursos necesitan capital y el capital necesita confianza y reglas" (DyN).

Una extraña “tranquilidad” pretenden difundir Capitanich y las multinacionales pretroleras ante la suba de precios, cuando estamos frente a una estrategia oficial de meter más la mano en el bolsillo de la población para financiar a las multinacionales petroleras, mientras la crisis energética por la caída en la producción local de hidrocarburos, no resuelta, suma una factura de más de 10.000 millones de dólares anuales.

martes, 2 de septiembre de 2014

Una economía en zona de turbulencia

Cada noticia que se conoce sobre la economía argentina confirma que el panorama negativo se profundiza cada día. Una serie de elementos se concatenan para crear un círculo vicioso, donde los problemas en un frente crean problemas en otro, que a su vez repercuten negativamente en un tercer plano, y así sucesivamente.

La dupla dólar inflación es quizá uno de los ejemplos más evidentes. La devaluación de enero alimentó un salto en la inflación que tuvo a los alimentos y otros bienes básicos entre los componentes más afectados. Para tomar un ejemplo, según informes de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, los gastos de una familia tipo en el distrito subieron 39,3% en julio de este año con relación al mismo mes de 2013. El resto de los distritos no se quedan atrás. Mientras tanto, los cálculos más optimistas sobre el aumento de salarios (los que provee el Ministerio de Trabajo de la Nación), indican que el aumento promedio fue de 25,7%, si se considera el promedio de los valores salariales a lo largo de la vigencia de los acuerdos, incluyendo la percepción de los aumentos en etapas y el pago de sumas extraordinarias. Como se ve, el salario perdió por goleada en la carrera con los precios. Esto tuvo como resultado una severa caída en el salario real promedio, no menor al 5%.
Este ajuste se traduce en menor consumo, reforzado además por el recorte de los créditos y su encarecimiento (cuya reducción alcanza el 7% en lo que va del año). Esto pega de lleno sobre la actividad económica, ya golpeada por la caída de la demanda externa (que pegó con todo en la industria automotriz) y la escasez de dólares, que llevó al freno de las compras al exterior de insumos por parte de la Secretaría de Comercio, parando numerosos sectores de la industria. En estas condiciones, se multiplica la evidencia de que los pronósticos optimistas de hace unos meses de que el parate económico trocaría en recuperación durante la segunda mitad del año, son de cumplimiento imposible en la actual situación. Las cifras del Indec pusieron en evidencia en agosto, por primera vez, que no sólo cae la industria (-2,8% en el acumulado del año respecto de igual período del año anterior) y la construcción (-2,3%), sino también el empleo. La tasa de desocupación pasó de 7,2% en el primer trimestre de este año, a 7,5% en el segundo. No sólo recortan los salarios, también crece la desocupación. La ampliación de “Progresar” y la vuelta de los Repro, presentados como virtuoso keynesianismo, son medidas de contragolpe para intentar contrarrestar los efectos de la política de ajuste profundizada desde la devaluación y de las medidas de los empresarios para descargar el ajuste sobre los trabajadores. El gobierno quiere borrar con una mano lo que escribe con la otra.


El círculo vicioso se cierra sobre sí mismo. A ocho meses del ajuste devaluatorio, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo está de vuelta en niveles exorbitantes, del 70%. El Jefe de Gabinete Capitanich ha salido a decir que lo del blue es invento de los medios, y que se trata de un mercado insignificante. La misma cantinela que se escuchó durante meses, hasta que finalmente el gobierno aceleró y realizó una devaluación de 23% para descomprimir el mercado. Los bancos y toda una calaña de especuladores, como siempre, los grandes ganadores. Sólo durante el primer trimestre de este año, los bancos amasaron el equivalente a la mitad de las ganancias de todo 2013, es decir $16.104 millones. Anualizado, esto significaría una duplicación de sus ganancias. El 60% de esas utilidades obedeció a ganancias por apuestas al dólar.
Lo cierto es que, a pesar del ninguneo, el Banco Central debió vender más de 400 millones de dólares en agosto para controlar el cambio oficial. La vuelta de la tensión cambiaria se explica por varios motivos. De fondo está la inflación, que ha vuelto a colocar la paridad cambiaria real (es decir en términos de poder de compra de la moneda local en relación al dólar) en niveles cercanos a los de comienzos de año, cuando la corrida cambiaria llevó al gobierno a dar un salto devaluatorio de 23% en enero, acelerando el ritmo que se había iniciado desde que Axel Kicillof y Juan Carlos Fábrega fueron nombrados en Economía y el Banco Central (BCRA), respectivamente. Como ocurre en estas circunstancias, no faltaron en las últimas semanas los reclamos -solapados- de sectores empresarios por la pérdida de “competitividad” (que en su concepción se consigue devaluando los salarios), ni el coro de economistas que acompaña y busca dar sustento a estos reclamos. Para algunos, aún la cotización del dólar paralelo a 14 pesos sigue siendo barata. A la inflación se suman el déficit energético e industrial, y los pagos de deuda pública en dólares, que generan una fuerte demanda sobre las reservas del BCRA. Esta demanda se confronta con la estrechez de las arcas de la autoridad monetaria: las reservas nuevamente amenazan caer a menos de 28 mil millones de dólares, como a comienzos de año. Ocurre que las fuentes de divisas están bloqueadas. No sólo fracasó la vuelta a los “mercados” por el litigio con los bonistas en el juzgado de Thomas Griesa. Al mismo tiempo se registra una caída de las ventas al exterior, la principal fuente de ingreso de dólares: entre enero y julio las exportaciones cayeron 3.780 millones de dólares en comparación a 2013. La baja de las exportaciones agrava la tensión cambiaria, y a su vez a mayor distancia entre las cotizaciones legal y paralela, más caen las exportaciones por reticencia de los “chacrers” a liquidar la soja.
El gobierno hace como si en todo esto no tuviera ninguna responsabilidad. Los especuladores buscan imponerle un golpe de mercado y los empresarios con posición dominante remarcan precios y manejan la oferta. Pero, ¿por qué los mayores “especuladores” y hacedores de golpe de mercado, los bancos, fueron un sector mimado durante estos años, que amasaron ganancias récord? ¿Por qué algunos empresarios con “posición dominante” como la patronal buitre de Lear violan alegremente las leyes y fallos del país y cuentan con total apoyo gubernamental? ¿Por qué son esos mismos actores con posición dominante algunos de los privilegiados por políticas oficiales como la de Precios cuidados, que ayudaron más a los negocios de las empresas que a frenar los precios?
El gobierno aplica el ajuste para que el conjunto de la clase capitalista descargue los costos del descalabro económico sobre las espaldas de los trabajadores, pero se hace el distraído. Cada día lo deja más en claro. Para defender los salarios, el empleo y las condiciones de trabajo, necesitamos una política de otra clase.

miércoles, 13 de agosto de 2014

El (des)empleo en tiempos de ajuste

 Gastón Ramírez y Esteban Mercatante




Como se explica acá, la economía argentina se enfila desde comienzos de año en un ajuste a paso veloz, que agravó las tendencias al deterioro de la actividad que ya eran visibles desde 2012. Devaluación en enero, sumada al cepo a la importación que volvió a agravarse , los impuestos a los autos de alta gama, las dificultades para endeudarse en el exterior, la suba de las tasas de interés que junto con paritarias negociadas por debajo de la inflación, provocaron un freno en la producción y en el consumo que impactó en el conjunto de la actividad económica durante los últimos 6 meses. Con el default que el gobierno pretende negar, estas tendencias seguramente se agravarán.

Pero el impacto del ajuste -que no le fue impuesto al gobierno sino que es un resultado directo de sus decisiones políticas- en el empleo ya es palpable. De acuerdo a los datos que arroja la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo de la Nación en el segundo trimestre de 2014 se observa un deterioro del mercado de trabajo y una desaceleración en la creación de empleo. Algunos sectores como la industria o la construcción en donde muestran las situaciones más difíciles de suspensiones y despidos, y otros sectores como comercio y los servicios donde hay pérdida de empleo más bien por goteo. Pero en todos los sectores se observa una tendencia al deterioro.
Según la encuesta del Ministerio el empleo formal registrado tuvo una caída del 0,3% durante el segundo trimestre en relación al primer trimestre del año, aunque en términos interanuales hubo una tenue suba del 0,5%. Si analizamos la tasa de entrada (contrataciones) y salida (desvinculaciones) del mercado laboral, ambas experimentan una baja a partir del primer trimestre del año. Hay menos contrataciones y menos renuncias.
El dato resonante aparece en el crecimiento de las suspensiones que alcanzan a 6 de cada mil empleados, siendo la cifra más elevada desde el último bajón del empleo en 2009. Sólo en la industria automotriz (terminales y autopartes) se registran más de 15.000 suspensiones.
En el análisis por aglomerados urbanos donde se realiza la encuesta, el empleo formal cae entre el segundo y el primer trimestre del año, en Gran Buenos Aires (0,1%), en Gran Córdoba (0,7%), en Gran Rosario (1,5%), en Gran Mendoza (1%), en Gran Tucumán (0,8%), en Gran Santa Fe (0,9%), en Gran Paraná (0,1%) , a excepción de Gran Resistencia donde hubo una suba (2,4%).
En el caso de las ramas las que caen son Comercio, Restaurantes y Hoteles (-0,3%) y Construcción (-4,6%) comparando con el año pasado. Según fuentes sindicales hubo 2.200 despidos en los restaurantes de CABA, más de 15.000 despidos en la construcción, 2.000 en Tierra del Fuego (UOM) y algunos frigoríficos que cerraron en Córdoba o en Buenos Aires. El dato más llamativo se registra en la industria que habría crecido un 0,4% interanual, cuando estudios privados recientes indican que hubo una caída del 2% en el mismo período, según la UIA.
La menor actividad económica como es habitual se hace sentir más en las pequeñas empresas que son las primeras en ajustar, así lo indica el informe, las pequeñas tuvieron una reducción del empleo del 0,6% y las grandes del 0,3%. Y en el caso de los trabajadores los sectores más flexibles son los que registran los índices más elevados en las bajas de personal de las empresas, entre Mayo y Junio, las bajas por motivo “finalización de contrato por tiempo determinado” sube casi el doble del 8,6% al 15%.
El informe agrega que el 70% de las empresas no realizan búsquedas de personal actualmente. El 59% de ellas prevé realizar contrataciones de personal, aunque es un valor inferior al 70% de un año atrás.

No alcanza con parches
Aunque el gobierno venía minimizando la situación anunció la semana pasada algunas medidas de crisis. El Programa de Inserción Laboral financia con sumas que parten de los 2.700 pesos hasta la mitad del sueldo del nuevo personal que tomen las empresas, en caso de que la compañía adhiera también al Régimen de Promoción del Trabajo Registrado (Ley 26.940) con la cual se disminuyen las cargas patronales. También se vuelve a subsidiar a las empresas que presenten preventivos de crisis con el REPRO, que aumentó de 1.500 a 2.000 pesos por empleado, bajo el compromiso de que no despidan personal. Estas medidas tienen como máximo un plazo de entre 6 a 12 meses. Teniendo en cuenta que los planes oficiales son más bien de contención del empleo ya creado, difícilmente alcancen el objetivo oficial de crear 800.000 puestos de trabajo. Lo que puede si otorgar, son nuevos motivos para que los empresarios, aceleren sus acuses de crisis y se adhieran a estas nuevas facilidades fiscales mientras dure el bajón de la actividad económica y puedan así mantener sus ganancias y sus negocios. Pese a que en el discurso donde presentó estos anuncios Cristina Fernandéz volvió a denunciar que los grandes empresarios que se la llevaron en pala durante estos años, el gobierno, decidió poner más plata del Estado para subsidiar a los empresarios. No sólo esto, sino que el gobierno implementa su propia versión de un régimente de pasantías (ProEmplear) que durante un tiempo de “capacitación” pagará a los jóvenes inscriptos en ProgREsAr (que venían recibiendo 600 pesos mensuales) hasta 2.600 pesos mientras dure la capacitación (6 meses) y 2.700 pesos de salario cuando sean incorporados a una empresa durante un año, montos a todas luces irrisorios. La flexibilización laboral avanza rampante enmarcada en un discurso de “inclusión”.
Ya 2009 mostró que estas medidas no impiden que las patronales descarguen los costos de la crisis sobre los trabajadores. Por mucho uso que hayan hecho entonces las empresas de los dineros oficiales (que hoy son más escasos que hace 5 años), la destrucción del empleo superó los 200 mil puestos de trabajo. Por eso, los diputados del Frente de Izquierda presentaron en el congreso un proyecto para prohibir los despidos y asegurar a todos los trabajadores un salario acorde a la canasta familiar, medidas que la diputada oficialista Diana Conti rechazaba ayer en Minuto Uno diciendo que estamos en un país capitalista y por eso es impensable prohibir los despidos (a confesión de partes...).
Por lo demás, la histórica lucha de Lear, el ataque que enfrentan los trabajadores de Donnelley con la quiebra trucha y cierre de la planta sin aviso (así como Gestamp, y Emfer y Tatsa) muestran que, para gobierno, empresas, y burócratas sindicales afines (una infame “triple alianza”), la “defensa del empleo” sólo aplica en el mejor de los casos cuando pueden asegurarse una plena disciplina. Los “díscolos” (es decir aquellos sectores donde los trabajadores apoyan a delegados de izquierda o combativos) son atacados, despedidos y suspendidos en el mismo momento en el que el gobierno anuncia medidas “para defender los puestos de trabajo”. Sólo con la lucha, impulsando la coordinación y tomando como bandera la defensa coordinada contra los ataques de esta “triple alianza”, podremos los trabajadores defender las condiciones de trabajo y pelear por mantener el empleo.

martes, 15 de julio de 2014

Salarios, AUH y jubilaciones: al ritmo del candombe del "siempre menos"

Por Gastón Ramírez y Esteban Mercatante

Cada vez que se anuncia un nuevo dato de la inflación, vuelve la polémica entre los valores que anunciarán los funcionarios y aquellos que surgen de las mediciones privadas. No podía ser de otra manera, ya que las cifras del IPC-Nu presentado en febrero, en reemplazo del IPC destriuido por el ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno, que amagaron con devolverle algo de credibilidad a las estadísticas oficiales aunque con numerosos puntos oscuros, vuelven a atravesar el mismo sendero de falta de credibilidad que las de su predecesor, ya que mes a mes presentan datos de inflación que se van alejando más y más de los que indican otros índices, reproduciendo las dudas sobre la solvencia del nuevo índice oficial. Según el Ministerio de Economía la inflación acumulada a junio es del 15%, cuando para las mediciones privadas o la que elabora el Congreso arrojan más de 21,5%.
Lo que está en discusión es cuánto pierden los trabajadores, ya que invariablemente, aún con los benevolentes datos oficiales, el resultado en negativo para los salarios en la carrera con los precios. Según estudios publicados recientemente el poder de compra de la masa salarial cayó un 5,2% en el primer trimestre, respecto de un año atrás. Si contamos el conjunto de los ingresos de la población (salarios, jubilaciones, planes sociales) estos se redujeron un 4,8% respecto del primer trimestre de 2013. Ud. se preguntará, pero ¿Cómo? ¿No hubo paritarias, actualizaciones de las jubilaciones y de la asistencia social? Si, claro, pero las subas están por detrás de la inflación. Lo que a un desprevenido podría parecerle más, es sencillamente, menos. Veamos.
En el caso de las jubilaciones pese a la ley de movilidad, el incrementó del 11,3%  de Marzo, con una inflación acumulada del 13,5 (según el Indec) entre Enero y Mayo, estaría agotado a partir de Julio. Si tomamos el IPC Congreso para el mismo período la inflación acumulada es del 18.5%, con lo cual ya se licuó en Junio el aumento de Marzo. En el caso de las prestaciones sociales como la Asignación por Hijo o el programa PROGRESAR, éstas habrían subido en una cifra cercana al 31% en el primer trimestre. Pero la asignación por hijo, que se ajustó en junio, no variaba desde igual mes del año pasado. Es decir que con el aumento que rige desde julio, comparado con una inflación que ronda entre el 36% y el 40% anual (y mayor aún en los alimentos y otras partidas de consumo básico), en términos reales habría perdido un 3,1% en su poder de compra, respecto al primer trimestre de 2013 (ver acá).
Aquellos trabajadores que se encuentran registrados tuvieron una reducción de su poder de compra cercano al 5% en el primer trimestre del año respecto a igual período del año pasado. Sin embargo, si analizamos por sectores existe una gran disparidad. En el caso de los empleados de comercio la suba del 27% anual significa una baja del 9% y en el caso de los trabajadores de la construcción la paritaria del 30% anual se traduce en una baja del 5% en su poder de compra.
Para el sector de salarios más elevados, al efecto poda de la inflación, se suma la quita del impuesto a las ganancias que arbitrariamente aplican sobre el salario (que no es ganancia). Un empleado bancario con dos hijos luego de una paritaria del 29% descontando el pago de ganancias y por efecto de la inflación tiene una reducción del 16% de su poder de compra. En el caso de los metalúrgicos con un aumento del 30% la caída por ambos efectos es del 17%. No es una sorpresa, ni algo que ocurre recién este año. Según publica el Observatorio del Derecho Social de la CTA, desde 2006 hasta hoy, los agremiados en la UOM acumulan una pérdida de 7,69% en comparación con la inflación acumulada en el mismo período. Otro gremio que también muestra un fuerte retroceso es la UTA, que muestra una evolución salarial que perdió 3,13% respecto de la inflación. En el caso de los estatales, el salario de convenio se encontrará a comienzos de 2015, según la misma fuente, un 28,2% por debajo del nivel de comienzos de 2007.
Los aumentos de los salarios por debajo de la inflación no son una casualidad o el resultado fortuito de la marcha de los mercados. Por el contrario, es una decisión del gobierno y las patronales (con el apoyo de la burocracia sindical). Para el gobierno y las patronales, los aumentos presuntamente “desdemedidos” de los salarios son el gran culpable de la inflación. Por eso, más aún después de la devaluación de enero, redoblaron la presión para moderar las subas, con colaboración de la mayor parte de las conducciones sindicales. Al pactar paritarias que no alcancen la suba de precios, se aseguran que no baje (sino más bien que suba) su rentabilidad. Lo que pierden los trabajadores se lo llevan los empresarios. Por ejemplo, el caso de Quickfood (Paty) acaba de dejar en la calle a 250 familias, sin embargo, como parte de este proceso de ajuste espera mejorar sus ganancias que para el primer trimestre del año ya acumulan $12 millones. En los gremios afiliados en la CGT Balcarce, sólo donde está la izquierda como en alimentación se perforó los techos que buscaba imponer el gobierno.
Con la caída del poder adquisitivo de los salarios, se cae también uno de los presuntos logros del modelo: “la recuperación del salario”. Recuperación que, lejos de ser un resultado de la política oficial, como explicamos acá lo es del cambio en las condiciones de empleo, y que por el contrario la política kirchnerista buscó contener desde 2006 con los techos para las paritarias, subordinado completamente la recomposición salarial al mantenimiento de altos márgenes de ganancia. El resultado está a la vista: Según el propio Indec el 40% de las familias perciben ingresos por menos de 6.700 pesos por mes, cuando la canasta familiar para no ser pobres ronda los pesos 10.000.Si los empresarios se la llevaron (y siguen llevando con pala), los trabajadores (en blanco) que tuvieron que esperar recién a 2007 para recuperar el poder de compra del salario previo a la devaluación del 2001-2002, con enormes disparidades entre gremios; y con la inflación y los techos más bajos que imponen los tiempos de ajuste, ahora pierden junto a los trabajadores en negro (los que más pierden) los jubilados, y quienes cobran planes sociales. Este deterioro vuelve a acrecentar la brecha de ingresos. Y esta situación de mayor desigualdad se corrobora en el deterioro en la distribución del ingreso familiar (a favor de los que más ganan) con una suba del Coeficiente de Gini de 0.09 (mayor suba significa más desigualdad en la distribución del ingreso), comparando el primer trimestre del año respecto al último trimestre del año pasado.
Aunque el gobierno se esfuerce en negarlo, con ayuda de los medios oficialistas, estamos ante un año de caída de los salarios, a lo que se suma, en un marco de creciente desmejora de la actividad económica y con patronales que suspenden y despiden, un panorama del empleo tampoco es nada alentador. Hoy, para fortalecer la pelea de los trabajadores por defender sus condiciones de vida frente a los ataques del gobierno y las patronales, con colaboración de la burocracia sindical, es necesario jugarse con todo al triunfo de luchas “testigo” como la de los trabajadores de Lear, EMFER-ATSA. Es un punto fundamental para desbaratar el ajuste en marcha.

viernes, 16 de mayo de 2014

El ajuste K y los ataques patronales apuntan contra el empleo y el salario

A comienzos de este año, señalábamos que el giro dado por el gobierno de Cristina Fernández en enero, al imponer el mayor ajuste cambiario desde 2002 signaba “de forma irreversible, la entrada en una nueva dinámica”. La del ajuste a un ritmo más acelerado. Más acelerado, decimos, porque en los hechos después de las elecciones de 2011 se decretó el fin del tan mentado “nunca menos”, y comenzaron las primeras medidas de ajuste.

Pero la devaluación marcó un salto. Le dio un nuevo empujón a la inflación, que ya se había acelerado de forma considerable a fines de 2013, y en unos pocos meses (de noviembre a marzo) el poder adquisitivo del salario cayó más de 15%. El ajuste cambiario fue seguido por una política monetaria restrictiva que subió las tasas de interés y restringió la liquidez para contener al dólar, con la consecuencia de encarecer significativamente el crédito al consumo -con tasas que llegan al 80%- y reducir (o cortar, según el tipo de bienes) su disponibilidad. Se trató de un zarpazo en toda la línea, el mayor de la época kirchnerista, contra los ingresos de los asalariados y el nivel de vida de todos los sectores populares. Y al mismo produjo un regalo a los bancos, que en el primer trimestre de este año llegaron en algunos casos a cuadriplicar sus ganancias respecto de igual período del año anterior.

Cuatro meses después, se confirma que hemos entrado en una nueva dinámica. Veamos.


Una estabilización “macro” provisional y limitada

La situación que se está configurando, se alejó en lo inmediato de los pronósticos de descalabro de la economía que circulaban durante los primeros meses del año. A fuerza de ajuste ortodoxo, el tándem Kicillof (Ministro de Economía) y Fábrega (Presidente del Banco Central, BCRA) logró estabilizar la situación. La devaluación, seguida por una política monetaria restrictiva (es decir un combo de ajuste ortodoxo por ambos lados) para incentivar el ahorro en pesos y frenar la fuga al dólar; el posterior blanqueo de la inflación con el nuevo IPCNu (aunque también el achicamiento del crecimiento que los libró del cupón de crecimiento a fin de año) y el acomodamiento en una pauta de negociaciones salariales que supera el objetivo que se había puesto el gobierno a comienzos de año (18%) pero que va a dejar los salarios por debajo de la devaluación acumulada desde fines de 2013, y de la suba proyectada de precios para este año, lograron estabilizar la macroeconomía por un período (dependiendo cuánto dure de si planchan la moneda o no, del nivel de inflación y de los dólares que entren por el comercio exterior). Las patronales siempre propensas a reclamar por la “competitividad” se vieron beneficiadas por una devaluación que hizo caer el costo salarial en dólares, y el “agropower” logró un tipo de cambio favorable para liquidar los dólares amasados por la cosecha. Esto puso un freno a la fuga de dólares, que se llevó 13 mil millones de dólares en 2013 a pesar del cepo cambiario.

Los esfuerzos mostrados en la negociación con el Club de París para restablecer un cronograma de pago de estas deudas con acreedores de los países ricos, la circunspecta presencia de Kicillof en la reunión del FMI, y el acuerdo con Repsol para pagar generosamente la compra del 51% de las acciones de YPF, empezaron a despejar alguna posibilidad de emisión de deuda pública en el exterior. Se comprende, con tasas por el piso en los países ricos, los grandes bancos internacionales desesperan por hacer negocios con un país al que le pueden cobrar arriba de 8%. Por lo pronto avanzaron emisiones de deuda de YPF, así como hay ofertas para préstamos a tasas que rondan el 6% al BCRA, para ampliar la cobertura de dólares (es decir, no sería un financiamiento al tesoro del Estado argentino sino una especie de “swap”, que cubre al BCRA para sostener la política monetaria), en ambos casos a tasas altas en términos internacionales, pero mejores que hace un tiempo. La estabilización también despejó, al desinflar el mercado cambiario paralelo, algunos obstáculos que limitaban la extensión del acuerdo Chevron a otras empresas, como era la necesidad de hacer mecanismos para compensar la "pérdida" de las multinacionales por entrar en dólar legal en vez de blue. Al acuerdo con Dow anunciado en septiembre pasado, se sumó otro con la malaya Petronas, así como un nuevo desembolso conjunto de YPF y Chevron por 1.600 millones de dólares. Estos negocios petroleros representan el ingreso de al menos 2 mil millones de dólares para este año.

Todo esto contribuyó a descomprimir el faltante de dólares, tanto por el lado de frenar la salida como de alimentar la entrada, relajando entonces la “restricción externa” (sobre esta restricción en la economía argentina ver aquí). Pero aunque esto alejó por el momento los riesgos de una crisis externa (es decir de un escenario donde el tipo de cambio nuevamente se vuelva inmanejable, con nuevo salto del blue e incluso riesgo del sistema financiero), la inflación que sigue a paso firme, y la baja de la tasa de interés que está encarando ahora el BCRA para tratar de restablecer las condiciones de crédito, dejan el interrogante de cuánto tiempo duraran estas condiciones. A esto se agrega otra inquietud, imprevista hace unos meses, que es el deterioro agudo del balance comercial. Llamativamente el Indec acaba de ajustarlo a la baja para el año 2013, pasando de u$s 9.024 millones a u$s 8.004 millones. Pero lo más alarmante es que las habituales discrepancias con los registros de Intercambio Comercial Argentino (ICA) son mucho mayores que en otros años, y llevaron a ajustar las estimaciones privadas para 2013 a un superávit virtualmente nulo (ver acá). Para este año, se redefinieron los pronósticos y se espera un superávit comercial de u$s 5 mil millones. El saldo externo favorable observado desde 2002 ha sido clave para fortalecer las reservas del BCRA, que se fueron volviendo cada vez más importantes para la política económica a medida que otras patas del llamado “modelo”, como el superávit fiscal o la competitividad lograda en 2002 con la megadevaluación, se deterioraban. Como explicábamos en Ideas de Izquierda 7: “El hecho de que el BCRA tuviera un nivel elevado de reservas, contribuyó durante los últimos años de diversas formas a sostener el esquema de financiamiento imprescindible para afrontar un gasto público en aumento”, entre otras cosas porque permitió que una parte de las reservas fuera usada para pagar deuda pública externa, sin contrapartida de mayor endeudamiento del Tesoro (el Fondo del Bicentenario). Para que nos demos una idea, los vencimientos de deuda del Gobierno nacional que se pagaron con reservas ascienden a u$s 27.500 millones entre 2010 y 2013. Las alarmas sonaron en 2011 sólo porque los dólares de la soja (y otros granos) ya no alcanzaban para sostener el déficit industrial, el déficit energético, los pagos de la deuda, las remesas de capitales y la lisa y llana fuga de dólares. Ese año fue el primero de la década kirchnerista donde el año concluyó con una caída en las reservas en manos del Banco Central.

El superávit comercial previsto para este año está un poco por encima de los vencimientos de deuda pública de este año (3.200 millones de dólares) en caso de que efectivamente no haya pago de cupón de PBI como se prevé por el momento (sino la cifra podría trepar a 6 mil millones de dólares, es decir que el superávit comercial del año no llegaría siquiera a cubrir esto). Considerando que la salida de dólares se enlenteció pero no se frenó del todo, es probable que el año termine nuevamente con caída de reservas. 2015 luce más complicado, ya que los vencimientos ascenderán a 9 mil millones de dólares.

Por eso, aunque en lo inmediato el ajuste cambiario y la política monetaria ortodoxa contribuyeron a estabilizar la situación, el deterioro comercial es otro síntoma de que esto podría durar poco.


La hora de la recesión

La “estabilización” –con los límites que señalamos más arriba- ha sido lograda a costa de un ajuste que golpeó una economía que ya mostraba múltiples señales de deterioro. La devaluación agravó un escenario complicado, empujando en lo inmediato a la economía hacia la recesión. La economía, que venía ya de dos años (2012 y 2013) muy bajo crecimiento (que ahora el ajuste de los números oficiales del PBI confirma), ingresó técnicamente en recesión, ya que se registraron dos trimestres consecutivos de contracción de la economía. Los pronósticos para el año prevén una contracción económica de entre 0,5% y 1,5%. Con una inflación que difícilmente termine el año por debajo de 35%, y acuerdos salariales que salvo excepciones estuvieron por debajo del 30%, la política oficial se orienta hacia una profundización del deterioro del salario real (que en promedio había terminado con una ligera caída en 2013, que en varios gremios, con los convenios salariales negociados por debajo del promedio, fue en realidad un deterioro bastante más marcado).

Uno de los sectores que muestra mayores complicaciones es la industria automotriz. Esta acusa una caída acumulada de la producción de 18% en los primeros cuatro meses del año, y una disminución de las ventas locales del 30% y del 18,6% de las exportaciones en igual período. Por ahora el deterioro se está acelerando, ya que sólo el mes de abril la caída en las ventas mayoristas fue de 40% respecto de igual mes del año anterior. Como señalamos acá, las automotrices han aprovechado las formidables ventajas en flexibilidad que les otorgan las cláusulas de flexibilidad perfeccionadas en cada convenio (por rama y por empresa) durante la última década para ajustar just in time el trabajo, anunciando en unas pocas semanas una seguidilla de suspensiones que afecta a 12 mil trabajadores. Esto evidencia cómo, aún los sectores mejor pagos de la clase trabajadora argentina, y que lograron participar en cierto modo del “derrame” que no bajó a los escalones donde se encuentra el grueso de los asalariados del país, se encuentran hoy ampliamente flexibilizados. Esta dimensión de la precariedad que se invisibiliza en tiempos de crecimiento, se pone en evidencia apenas emerge la crisis. Estamos empezando a ver reminiscencias de lo que fue 2009. Pero promete ser mucho peor, y es necesario responder a la medida del ataque que se viene.

La profundidad de la caída tiene numerosos efectos expansivos sobre el resto de la industria. Las terminales representan el 6,5% del PBI industrial y el 7,2% del empleo en forma directa. Aún con la limitada integración de componentes locales en los vehículos (30/35%), más de 400 empresas autopartistas se mueven al vaivén de lo que ocurre con la producción automotriz. El 55% de su facturación está compuesto por ventas a las terminales locales. Otro 15% se dirige a Brasil, donde las automotrices también están aplicando suspensiones. La onda expansiva del parate automotriz continúan, a través de sus proveedores, hacia un importante número de metalúrgicas, fundidoras y proveedores de insumos básicos como acero, aluminio, vidrios, químicos y plásticos. Esto significa sectores que implican que no menos del 14% del PBI industrial (3% del PBI total nacional). Según estimaciones de Dante Sica de Abeceb, por cada puesto de trabajo generado en una terminal automotriz, se crean otros 3,7 empleos en empresas eslabonadas en la cadena de producción, distribución y comercialización. Es decir que la crisis automotriz afecta a una buena parte de los más de 165 mil empleos involucrados en la cadena. Ante esto las patronales se aprestan a descargar sobre los trabajadores el peso de la crisis. Ni lerdos ni perezosos, las patronales autopartistas ya iniciaron despidos, como observamos en Gestamp.

¿Cuáles son los motivos de esta caída? En la industria automotriz el gobierno pretende explicarla centralmente por la caída de Brasil. Pero aunque las exportaciones cayeron fuerte, mucho más lo hicieron las ventas locales. También están cayendo fuerte otras ramas de la industria muy vinculadas al desenvolvimiento del mercado local. De conjunto la actividad industrial de marzo de 2014 muestra disminuciones del 6% en términos desestacionalizados. La producción de cemento registra en marzo una caída del 4,8% en comparación con igual mes de 2013; en el primer trimestre de 2014 en comparación con el mismo período del año anterior la producción de cemento presenta una disminución del 0,8. Alimentos y bebidas cayó en marzo 0,4 respecto de igual mes del año anterior, y acumula en el año una caída de 0,6 respecto de igual período del año previo). Mientras tanto, firmas como Aluar que exporta un 70% de la producción, presentaron balances con ganancias que crecieron un 115% en nueve meses.

En este contexto, durante la segunda parte del año podría haber, en el mejor de los casos, alguna reversión parcial del deterioro. Hasta marzo el consumo agregado acumulaba en el año una caída del 0,6, mientras que el crédito al consumo registraba una caída de 6,1%.

Después de paritarias y la liquidación de la soja puede haber algún impulso a la demanda, aunque limitado porque la tendencia a la destrucción del empleo no da signos de detenerse. las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicadas para el primer trimestre, que reflejan una merma interanual del 1,2 por ciento en la cantidad de obreros en la industria manufacturera. La encuesta industrial del Indec indica que el 3,2% por ciento de los empresarios fabriles prevé una baja en el número de empleados para los próximos meses, así como también estiman reducir la cantidad de horas trabajadas. Según la encuesta reciente de la consultora SEL, sobre 140 grandes empresas, un 15% espera disminuir su personal en 2014, cifra que casi duplica la relevada el año pasado, cuando sólo el 8 por ciento preveía despidos. El estudio señala que “esta expectativa se agudiza en el sector de bienes durables, donde la proporción de empresas que espera disminuciones se duplica, llegando a un 30 por ciento”. En contraposición, el 19 por ciento espera aumentos, 4 puntos por debajo de igual período del año anterior. Según el mismo estudio, el 26 por ciento de las empresas líderes redujo las contrataciones estacionales. Alineado a lo anterior, el 21 por ciento ya ha eliminado la contratación de personal temporario, cifra que asciende al 24 entre las compañías de bienes durables y consumo masivo.



Un programa para frenar el ataque

Ante este cuadro de deterioro, que ya está golpeando sobre la clase trabajadora, desde usinas afines al oficialismo depositan confianza en las herramientas del gobierno para contener los efectos sobre los ingresos de los trabajadores y sectores populares. Mencionan en Programa de Recuperación Productiva (RePRo), implementado en 2008 ante la caída de la economía que causó la crisis mundial. Algunos llegan tan lejos como para afirmar que el anuncio de 40% de aumento para la AUH y para las asignaciones familiares (que analizamos acá) desmiente el rumbo del ajuste.

Pero este aumento es por sí sólo un reconocimiento del ajuste aplicado sobre los ingresos de la clase trabajadora, de los sectores público y privado, que en ningún caso tuvieron una recomposición nominal del ingreso equivalente. Si la AUH le empata le gana por poco a la inflación (no así a los aumentos de precios de alimentos, que alcanzan a 40% desde junio último, cuando había sido el anterior aumento de la asignación), los salarios pierden por goleada.

Ante el déficit fiscal, y las limitaciones para financiarlo, el gobierno no puede actuar para contrapesar la caída económica. Al contrario, está obligado a actuar para profundizarla. A diferencia de otros ajustes devaluatorios (como 2002) que permitieron ajustar gastos en relación a los ingresos, mejorando la situación fiscal, ahora ocurrió todo lo contrario. La devaluación no hizo más que agravar las dificultades, entre otras cosas porque agravó el costo de las importaciones de combustible. Como consecuencia de esto, los aumentos de tarifas de servicios públicos y del transporte trasladan a los precios una parte de los subsidios, pero esto no permite reducirlos sino sólo limitar su crecimiento. Salvo que ensayen a fondo la vuelta a los mercados, o que aceleren el financiamiento a través de la emisión monetaria (que el actual jefe del BCRA no parece dispuesto a convalidar), el ajuste fiscal debe continuar a paso firme, ya que no hay margen para continuar con los mecanismos de financiamiento ensayados en los últimos años (a través de ANSES y el BCRA). Por eso se encuentra limitada la capacidad de empujar la economía con gasto público. A la inversa, la devaluación y la reducción de subsidios, así como el encarecimiento del crédito son un combo de ajuste sobre la economía. La estabilización provisional (que podrá extenderse a cosa de más devaluación -es decir más ajuste- y endeudamiento externo) lograda a fuerza de medidas ortodoxas, está permitiendo dosificar los ritmos, no cambiar la tendencia.

Toda la burguesía y los partidos patronales acompañan las medidas de ajuste. Aunque desde sectores opositores y El Foro de Convergencia Empresaria expresen la intención de lograr medidas más decididas, y sobre todo, aspiren a desmontar mecanismos de intervención en la economía aplicados durante estos años que, aunque aplicados en función de sostener la reproducción del capitalismo nacional, cuentan con el rechazo de sectores empresarios. Pero no hay diferencias en un punto fundamental: que sean los trabajadores los que paguen los costos de la crisis. El gobierno, que al mismo tiempo que puso techos a los salarios por debajo de la inflación se resiste a mover el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y trata de “privilegiados” a los sectores sindicalizados, pretende que todo esto es para sostener los ingresos de los sectores más bajos. Puro verso: el ajuste pega de lleno sobre estos sectores, ya que, por fuera de la percepción de la asignación con fondos del Estado, buena parte de los ingresos en estos sectores provienen de un empleo, en condiciones no registradas (en “negro”), en los sectores como la construcción que están entre los que más caen (construcción cayó 6% en marzo). Como planteamos en Ideas de izquierda 5, las condiciones de precarización de la fuerza de trabajo, que son las principales responsables del bajo piso de ingresos. Al cabo de una supuesta década “ganada”, el 50% percibe ingresos de hasta $4.040, y el 70% está por debajo de los $6.000. Suena a broma presentar ahora, como medida contra el trabajo no registrado, después de 10 años en el poder, un proyecto de blanqueo de inspiración cavallista, con la modesta aspiración de bajar un 10% el empleo no registrado (es decir que pase de 34% a 28% de la Población Económicamente Activa). En abril, el mismo mes en que se anunciaban estas medidas,las contribuciones a la seguridad social crecieron un 19,4% interanual, la mitad del aumento general que registró la recaudación. Es decir bastante menos que la inflación estimada. Dado que el desempleo no se disparó y que los despidos todavía son puntuales, eso implica que hay empresas que dejaron de pagar los aportes por sus empleados o que empezaron a “negrear” ante el enfriamiento de la economía. El plan de “blanqueo” nace fallado por la crisis, que potencia la inclinación negrera de la burguesía argentina.

Los verdaderos “privilegiados”, en la Argentina del ajuste ortodoxo llevado a cabo puntillosamente por heterodoxos, son los sectores empresarios, si juzgamos por la última presentación de balances de las empresas cotizantes, con crecimientos de los beneficios de hasta 400% en el caso de algunos bancos.

Con el 10A, la clase trabajadora hizo visible su fuerza en la calle. También se puso en evidencia la presencia de la izquierda en sectores estratégicos, como es la zona norte del Gran Buenos Aires donde se encuentran algunas de las principales concentraciones fabriles del país. En numerosas fábricas los sectores clasistas arrebataron muchas de las organizaciones (centralmente Comisiones Internas) de manos de la burocracia sindical. También contamos con el avance político que representa la conquista de diputados, legisladores y concejales de los trabajadores con el Frente de Izquierda. Con esta fuerza los trabajadores podemos evitar pagar los costos de esta nueva crisis (como pasó con el fin del Gobierno de Alfonsín o el de Menem y la Alianza). Tenemos la fuerza para articular una alianza con los sectores populares, resistir este ajuste e imponer una salida opuesta. Es mentira que no queda otra que aceptar las “reglas” del ajuste, es decir, las de los que la “juntaron con pala”. Atacando sus millonarias ganancias, hay una salida a favor de los trabajadores y el pueblo.

Para imponerla, lo primero es terminar con la tregua que, después del 10A, impulsan los sectores opositores de la burocracia sindical. Hay que imponer un paro nacional de 36 horas con movilización y piquetes. Rodear de solidaridad todas las luchas, pelear por la prohibición de todas las suspensiones y despidos, y por la reapertura de todas las paritarias para imponer “cláusulas gatillo” para ajustar los salarios ante la inflación. Reparto de las horas de trabajo manteniendo el salario. Abajo la precarización laboral. Pase a planta y a mejor convenio.

La clase trabajadora puede presentar una alternativa al ajuste. Hay que expropiar a los bancos y crear una banca estatal única controlada por los trabajadores que termine con los usureros. Se debe confiscar a las comercializadoras de granos e imponer el monopolio estatal del comercio exterior, hay que decidir qué se exporta y qué se deja introducir como importaciones de acuerdo a las necesidades populares, y con precios accesibles y no de acuerdo a la ganancia de las multinacionales. Hay que desconocer la deuda usuraria, que ya se pagó más de treinta veces, e imponer que los empresarios retornen los dólares que tienen en el exterior (calculados en 210 mil millones). Si se niegan, hay que expropiar sus bienes en el país. Todas las privatizadas demostraron que utilizaron los subsidios para su rentabilidad, sin inversión (los permanentes cortes de luz fueron la muestra reciente): hay que estatizarlos y ponerlos a funcionar bajo control de los trabajadores.

Estas son demandas de un plan de emergencia que muestran que hay otra salida, pero que no vendrá ni de este Gobierno que se arrodilla ante el capital ni de la oposición patronal. Solo la movilización obrera y popular puede ir conquistando estas demandas y un Gobierno de los trabajadores puede imponer este programa de conjunto. Para que la crisis la paguen los empresarios.

Los Encuentros regionales como el que se prepara para el 24 de mayo en la Zona norte del Gran Buenos Aires, tienen como desafío impedir el avance de las suspensiones y despidos, así como rechazar la ley antipiquetes, la represión a los que luchan y tomar medidas para seguir exigiendo la absolución ya a los petroleros de Las Heras.


jueves, 15 de mayo de 2014

AUH vs Inflación. ¿Mejora efectiva, o restitución (y reconocimiento) del mazazo acumulado en un año?

La presidenta anunció que a partir de junio la AUH pasará de $460 a $644. Se trata de un aumento del 40%. El número en abstracto suena bastante imponente. Tanto que varios oficialistas salieron a hacer declaraciones entusiastas como que se trata de “otro baldazo de agua fría para los que piden ajuste". El encuestador y bloguero Artemio López sostiene que “15 puntos por sobre el nivel inflacionario de 2013 y al menos 10 puntos por sobre el estimado por la ortodoxia para 2014, nuestra estimación es que la actualización del 40% se ubicará 15 puntos por sobre el nivel inflacionario 2014”. El sociólogo llega a afirmar, nada menos, que esto permite “alejarse de la variante ortodoxa del ajuste post devaluatorio”. En primer lugar, debemos decir que las cifras que arroja están bastante por debajo de las que, a falta de credibilidad de la información oficial, pueden aproximarse. Los índices provinciales de las pocas provincias que mantuvieron cifras propias durante 2013, así como otras estimaciones privadas (que sí, tienen una cierto sesgo al lanza, así como el gobierno mostró bajo la impronta de Moreno una tendencia a planchar la variación del nivel de precios hasta llegar al ridículo) ubican la variación de precios para todo 2013 alrededor de 28%. Además, en el caso de los alimentos, que concentran una parte importante del consumo de los sectores de menores ingresos, el aumento de precios fue más alto que la tasa de inflación promedio, rondando el 40%. Por otro lado, para el año en curso, aunque la variación de precios se enlenteció después de los frenéticos aumentos de enero y febrero, resulta prematuro ubicar la inflación del año en 30%, más aún en 25%. Por empezar, se vienen nuevos ajustes en las tarifas de los servicios públicos que van a acelerar el aumento de precios, sobre todo en la zona de CABA y GBA. Para seguir, no está dicho que el gobierno no vaya a ajustar nuevamente el tipo de cambio, y que eso estimule más la suba de precios. Mientras tanto, los números oficiales de inflación vuelven a mostrar algunos vicios que los llevan a presentar una realidad desfigurada, como basarse en los precios cuidados que  están en menos del 30% de los puntos de venta minorista.
Podemos decir entonces que, aunque la recuperación de la AUH le gana a la inflación, lo hace por bastante poco. En el mejor de los casos está unos 8 o 9 puntos por encima de la inflación acumulada desde junio pasado, fecha del último aumento. La mejora en términos reales, ronda entonces apenas el 7%, y es casi nula vis a vis los aumentos de los alimentos.
Sin embargo, el principal motivo por el que es ficcional afirmar que con este anuncio el gobierno se aleja “de la variante ortodoxa del ajuste post devaluatorio” (como si el combo devaluación, intereses altos, acuerdo con el Club de París y pago a Repsol no fuera una indigesta con todo el combo ortodoxo), es porque este anuncio resulta complementario a una pauta salarial que evoluciona bien por debajo de la inflación. Los pronósticos de caída del salario real para este año se ubican entre 5% y 9%. En el mismo momento en que hay empresas que muestran ganancias formidables, entre otras bancos como BBVA Banco francés que cuadriplicó su rentabilidad en el primer trimestre, y el Banco Macro que registró un aumento de 159% en las mismas gracias a las medidas oficiales, YPF que también mejoró sus ganancias aumentando los precios del combustible, y Aluar que más que duplicó sus ganancias en un año, por sólo mencionar unos pocos casos, buena parte de los asalariados ve caer su poder adquisitivo, lo cual se agrava por el recorte de los créditos, cuyo acceso quedó restringido a los sectores de más altos ingresos.

En un momento en que el ajuste k y la ofensiva patronal con despidos y suspensiones en la industria (ante todo automotriz y autopartista) amenaza ya a decenas de miles de puestos de trabajo, el aumento de la AUH no cambia la perspectiva de conjunto de deterioro para los sectores populares. Con esta medida se recompone, pero no se aumenta, una parte de los ingresos de los sectores más precarios (pero que son también los que se están viendo más afectados por deterioro del empleo en sectores como la construcción, que tiene un 65% de trabajadores en negro, mal pagos y que compensan sus ingresos con la AUH, que ahora podría transformarse en su fuente única de ingresos), mientras se impulsa un ajuste sobre el conjunto de los asalariados. Al mismo tiempo en que a los que cuadriplicaron sus ganancias con la devaluación ni siquiera se les impone un gravamen extraordinario, con lo cual se valida la transferencia de ingresos que hizo el Estado con la devaluación de comienzos de año (ver acá). Si esto no es una “variante ortodoxa” de ajuste, se le parece bastante.

lunes, 10 de febrero de 2014

Otra crisis del capitalismo dependiente argentino

En las últimas semanas venimos analizando el giro marcado del gobierno de Cristinta Fernandez, que viene de imponer el mayor ajuste cambiario desde 2002. Sólo en enero la depreciación del peso en relación al dólar fue superior al 20%. En este posteo, largo, nos vamos un poco de la coyuntura profundizar desde el análisis marxista de los determinantes del funcionamiento de la economía argentina, cómo este giro es el resultado de las contradicciones de este proceso. Y signan, de forma irreversible, la entrada en una nueva dinámica, con varios elementos de desarrollo aún abierto. Debe leerse, entonces, como un complemento de los textos que vienen abordando lo que acá se considera sólo tangencialmente.

Introducción
Para buena parte de la oposición política patronal, así como para los economistas y consultores económico/financieros, la situación que estamos atravesando es el resultado de una “mala praxis” del gobierno, por una política laxa de gasto público y expansión monetaria sostenida durante años y que habría empujado la inflación, la fuga de capitales e incentivado la dolarización de los ahorros. Muchos lamentan la “oportunidad perdida” de la década, ya que con los fuertes superávits comerciales gracias a la demanda china y la soja cotizando altísimo, de todos modos reemergieron desde 2011 problemas crónicos que afectaron el crecimiento de la economía argentina en otros momentos históricos. Todo esto, afirman varios, podría haberse evitado con políticas más consistentes que hubieran canalizado los excedentes hacia un desarrollo de largo plazo.
Desde las veredas oficiales no se archivó el discurso de la década ganada, aunque algunos admiten que existen problemas porque, parafraseando, “en diez años no se puede hacer todo”. Quedaría pendiente que el “modelo de desarrollo con inclusión social” avance en la sustitución de importaciones, el desarrollo de numerosas industrias de componentes, para aliviar el problema de los dólares. Pero no estas serían señales de transformaciones por hacer, y una muestra patente de límites del “modelo”.
Ambas visiones nos parecen equivocadas. La crisis no surge de una “mala praxis” oficial; buena parte de lo que la oposición patronal define como “mala praxis” fueron medidas de gobiernos que, pos 2001 y con una clase obrera en fuerte recomposición social, tuvieron que tomar nota de una relación de fuerzas para compatibilizar la defensa de los intereses capitalistas con algunas medidas de contención hacia la clase obrera y los sectores populares. Así, la “urgencia” se impuso sobre los planes más estratégicos porque ante todo estaba el restablecimiento del orden, la “pasivización” de los sectores obreros y populares a través de políticas de conciliación de clase. Por otra parte, hace años nos deslizamos hacia un fin de época porque la entelequia de esta conciliación sólo es posible bajo ciertas condiciones muy específicas, de “holgura” económica, como las que había creado el mega ajuste de 2002 que se dio de la mano de la devaluación que puso fin a la convertibilidad. Hoy, doce años después de la gran crisis (que también fue doce años después de otra gran crisis, para delicias de los buscadores de ciclos de regularidad perfecta) el capitalismo argentino pone en evidencia que el combustible que lo mueve son los recurrentes ajustes a los sectores populares. Es eso lo que está marcha, y sólo eso puede relanzar la economía nacional en términos capitalistas.
Pero vayamos por partes. Lo expuesto en el párrafo previo son las conclusiones que surgen del análisis de qué es la formación económico-social argentina y cuáles son las determinaciones de la acumulación de capital en el país. Mediante ese análisis podremos comprobar que esta crisis no surge de la nada, sino que es consecuencia de las condiciones que determinan de la economía capitalista argentina, y que sólo un trastocamiento profundo de las bases de esta sociedad puede evitar la catástrofe que la burguesía se prepara para volver a descargar sobre nuestras cabezas.


La gravitación del tipo de cambio en la acumulación de capital en la Argentina
El ministro de economía Axel Kicillof volvió en una entrevista reciente a un tema muy trillado: la supuesta “mentalidad” que inclinaría a los argentinos hacia el dólar. Pero no se puede reducir la cuestión a un caso para diván colectivo. La “cuestión” del dólar es una consecuencia de la gravitación que tiene el tipo de cambio para la acumulación capitalista en el país. Y está lejos de ser un problema meramente argentino, aunque sin duda la historia de crisis nacionales -y los modos en que estas se “resolvieron”- genera reflejos que no se observan en otras latitudes, al menos en la misma medida.
¿De dónde surge la gravitación del tipo de cambio? Pues de las condiciones de productividad media de la economía nacional en relación a los niveles medios imperantes a nivel internacional. Los capitales que se valorizan en el espacio económico nacional exhiben una productividad del trabajo menor a los promedios internacionales, con excepción del agro y otras pocas ramas que cuentan con ventajas específicas. Esta brecha de productividad significa que buena parte de los capitales en rubros dedicados a la elaboración de bienes “transables” (es decir mercancías sometidas a la competencia internacional, ya sea que se produzcan para el comercio exterior o para el mercado interno afrontando competencia de bienes equivalentes producidos en otros países) requieren más tiempo socialmente necesario que sus homólogos de otras latitudes para producir las mismas mercancías. Es decir, producen a un costo más alto comparativamente más alto que en otros país, lo que significa que su operación no sería posible si este mayor tiempo de trabajo necesario se expresara plenamente en términos de valor internacional. ¿Qué implicancias tiene esto? Pues que para una fracción considerable de los capitales que se valorizan en el espacio nacional, su posibilidad de reproducción se encuentra condicionada a una depreciación del tipo de cambio. El tipo de cambio depreciado, es decir una variación en la cotización de la moneda nacional en relación a las monedas que operan como reservas de valor internacionalmente, particularmente el dólar, significa que cada hora de trabajo nacional se va expresar sólo como una fracción de la misma a nivel internacional. Esto permite que los sectores que producen con costos mayores que los que imperan a nivel internacional en la rama en cuestión, tengan precios internacionales equivalentes a los de sus competidores que otros países que producen con técnicas más elevadas, es decir que gana la llamada competitividad. Esto puede permitir en algunos casos el desarrollo de exportaciones manufactureras, pero sobre todo preserva el mercado nacional para empresas de capital local, a costa de reducir los términos de intercambio nacionales. El correlato es la depresión del salario medido en dólares, lo cual significa en términos reales una pérdida de poder adquisitivo para la fuerza de trabajo.(aunque quizás no en la misma proporción de la depreciación cambiaria). La competitividad del capital se logra reduciendo la participación de la fuerza de trabajo en el valor generado, es decir con un aumento de la tasa de explotación.
Esto explica la tendencia recurrente en numerosas economías de desarrollo medio a depreciar del tipo de cambio. Podría parecer que el tipo de cambio es como una varita mágica que compensa las desventajas de productividad. Ciertamente los teóricos como los neoestructuralistas (Frenkel, en cierta medida también Ferrer aunque no es de esta corriente), que consideran la política cambiaria de este tipo un pilar para el desarrollo, así lo creen. También los industriales comparten unánimemente esta inclinación. Pero ocurre que no es tan sencillo.


El dólar “caro” y sus contradicciones
El tipo de cambio depreciado tiene consecuencias que conspiran contra la inversión en medios de producción, que en muchos casos deben importarse en un país como la Argentina. Es que como dijimos, con la depreciación del tipo de cambio, la economía argentina reduce sus términos de intercambio. Esto puede hacer más competitivas y por lo tanto más rentables determinadas producciones manufactureras con la capacidad ya instalada, pero al mismo tiempo, como se puede adquirir como contrapartida menos bienes de capital que si pudiera vender las mercancías que produce sin depreciar el tipo de cambio, disminuir la rentabilidad esperada de nuevas inversiones en las mismas ramas beneficiadas por la depreciación al encarecer el costo de nuevas inversiones basadas en medios de producción importados. Esto se debe a que, aunque en el caso de los bienes transables producidos para la exportación o para el mercado interno, en principio el tipo de cambio depreciado tiende a aumentar la tasa de ganancia que perciben con la capacidad ya instada, esto no necesariamente repercute de igual manera en la rentabilidad esperada de nuevas inversiones. Estamos ante una contradicción real: como los medios de producción importados tienen una gravitación muy importante en la inversión local, especialmente en lo que hace a la capacidad de mantener (con cierto retraso respecto de otras economías) el ritmo de innovación tecnológica, las condiciones que favorecen la reproducción de los capitales menos productivos (una fracción considerable de los capitales nacionales), tienden al mismo tiempo a restringir las posibilidades de su desarrollo productivo. La brecha de productividad que la depreciación cambiaria se propone compensar, tiende así a preservarse e incluso agrandarse con el paso del tiempo. Las que se ven afectadas son, sobre todo, las inversiones de mayor envergadura.
Pero además de este resultado de mediano plazo (que refuta la capacidad del tipo de cambio depreciado para dinamizar el desarrollo a mediano plazo) un aspecto más crítico es la dinámica inflacionaria que puede desatar la devaluación, que es lo que estamos presenciando hace años en la argentina. Como planteamos en otro trabajo (ver “La Argentina, a 10 años de la salida de la convertibilidad: contradicciones recurrentes para la continuidad de la acumulación capitalista. Una mirada desde la teoría marxista”), “el tipo de cambio depreciado no se sostiene en el tiempo, sino que lo característico es una alternancia entre períodos de depreciación y de apreciación, muchas veces mediados de cortes abruptos”. No se sostiene, en primer lugar porque no todas las fracciones de la burguesía están interesadas en la preservación de un tipo de cambio depreciado. Los capitales que radicados en áreas de bienes y servicios no transables, se benefician con un tipo de cambio apreciado que eleva la expresión en términos de valor internacional del plusvalor que obtienen en el país. Estos intereses contradictorios se expresan en la disputa por el ingreso: toda devaluación genera un cambio de precios relativos, en detrimento de los asalariados pero también de de otras fracciones del capital, que crea condiciones para futuros ajustes de precios, y como contragolpe también de salarios. Estos ajustes tienden a crear una dinámica de retroalimentación, y erosionan el tipo de cambio depreciado. Esto ha sido conceptualizados con el término “pass through”, que mide en qué medida los ajustes de precios disparados por una devaluación limitan la proporción en la que la modificación en el tipo de cambio nominal se traduce en una del tipo de cambio real. Esto ocurrió con posterioridad a 2002 en el país. Pero con cierto efecto retardado, ya que en ese año la profunda recesión que se extendió entre 1998 y 2001 permitió facilitó la transferencia de costos, tanto a los sectores capitalistas productores de bienes y servicios no transables soportaron una reducción de sus márgenes por la modificación cambiaria como -sobre todo- a la clase trabajadora, que en las condiciones de extremo desempleo no pudo evitar que la devaluación de 2002 diera lugar a un mazazo al salario. Medido en dólares, el costo salarial cayó un 60% producto de la devaluación, mientras que el salario real, es decir el poder adquisitivo del salario (por el encarecimiento de los precios atados al dólar, como muchos los alimentos, que se dio en ese momento) cayó casi un 30%. Este mazazo fue clave en las altas ganancias de los años siguientes, que motorizaron el crecimiento industrial y una moderada recuperación de la inversión. Gracias a esto, el impacto de la devaluación generó durante 2002 un aumento de los precios de 31%, un pass through limitado si consideramos que la devaluación llevó el tipo de cambio de 1 a más de 4 pesos por dólar, para estabilizarse posteriormente alrededor de 3 pesos por dólar. Sin embargo, el cambio en las condiciones económicas no podía más que disparar nuevos ajustes. La magnitud de la devaluación permitió que en un comienzo estos ajustes no crearan mayores tensiones, ya que, como analizan Daniel Heymann y Adrián Ramos la “configuración de los precios relativos surgidos de la crisis, con un muy alto tipo de cambio real y salarios reales bajos, dejó mucho espacio para una recuperación del poder de compra en dólares de los precios y salarios domésticos”(“Una transición incompleta. Inflación y políticas macroeconómicas en la Argentina post-convertibilidad”, Revista de Economía Política de Buenos Aires, Año 4, Vols 7 y 8, Bs. As., 2010). Según estos autores, a partir de 2005 empezarían a manifestarse los límites de este espacio.
Esta dimensión estructural de la inflación nos remite entonces de forma insoslayable al corazón del “modelo”. El mega-ajuste de 2002 y las condiciones de extraordinaria rentabilidad que esta produjo para buena parte de la burguesía tenían rasgos de expecionalidad, no crearon una situación estable. Los intentos de los sectores (más o menos) perjudicados por recuperar sus márgenes empezaron a disparar ajustes sucesivos que externalizan una disputa por el excedente social entre los sectores capitalistas. Como no podía ser de otro modo, en estas condiciones también los asalariados fueron obligados a exigir aumentos de salarios nominales, a riesgo de ver sus ingresos aún más erosionados de lo que ya lo habían sido con la devaluación si no lo hacían. Si en 2002, ningún sector de la clase trabajadora -golpeada por una desocupación masiva- pudo oponer resistencia al saqueo al salario que significó la devaluación, que contó con el cerrado apoyo de la burocracia sindical moyanista. La recomposición social de la clase trabajadora que trajo aparejada la fuerte recuperación con tasas “chinas” de crecimiento económico creo mejores condiciones desde 2004 para pelear por la recuperación del terreno perdido. Por eso ante esta escalada de los precios a partir de 2005 y 2006, se profundizan las presiones para recuperar los ingresos y evitar que la incipiente inflación los siga erosionando.
La escalada inflacionaria no es otra cosa que una expresión del carácter atrasado y dependiente de la economía nacional, que transforma al tipo de cambio depreciado en una necesidad que no puede sostenerse en el tiempo, que crea tensiones entre las fracciones capitalistas que se expresan en ajustes sucesivos de los precios relativos. Los capitalistas buscan culpar a los aumentos de salarios de las subas de precios, y cualquier concesión en este terreno es un argumento para volver a remarcar. Pero en realidad los reclamos por aumentos de salarios en la mayoría de los casos no hicieron más que intentar una recuperación de los ingresos ante la permanente licuación que ocasiona el accionar empresario remarcando precios -en los marcos permisivos de una política económica cuyos “controles” de precios no han contribuido en nada a limitar la inflación.
Las contradicciones de la devaluación, así como el peso preponderante del capital extranjero en los pricipales sectores de la economía argentina con las consecuencias que esto conllleva (ver “Los contornos de la dependencia”, IdIz nº 3), así como el carácter particularmente rapaz de los principales sectores de la burguesía “nacional”, explica que el período de condiciones más favorables en los últimos 60 años para la acumulación capitalista en el país, no dinamizara las tasas de inversión. Los principales grupos capitalistas aprovecharon de forma “extensiva” los beneficios de la devaluación, es decir sacando el mayor aprovechamiento de los recursos instalados para realizar una buena masa de ganancias, lo cual empujó un crecimiento a tasas “chinas” pero no sostenible a mediano plazo.


Agotamiento del "modelo" y fin de ciclo
El llamado “modelo” fue la herencia del ajuste múltiple que ocurrió en 2002, que empalmó con un ciclo alcista en la demanda y los precios de exportación de granos que, con altibajos, se mantiene hasta hoy. El ajuste múltiple fue un resultado de la devaluación. Al mismo tiempo esta hizo caer el gasto público (que cayó en 2002 un 5% en términos nominales pero 37% en términos reales), abarató el salario, lo cual bajó el costo salarial en casi un 60% y mejoró la rentabilidad empresaria; por último el dólar caro contribuyó a mejorar las condiciones para la exportación, y actuando como límite para las importaciones.
Pero la dinámica contradictoria que desató la devaluación, ha alterado esta situación. A pesar de que en numerosos sectores el empresariado logró preservar el costo salarial por debajo de los niveles de 2001 gracias a fuertes aumentos de productividad que no tuvieron correlato en las remuneraciones (el costo salarial está hoy aproximadamente en un 85% del nivel pre devaluación), las presiones para contener los aumentos salariales, o para arrancar al Estado subsidios para compensar parcialmente los aducidos aumentos de costos tuvieron como efecto crear una presión muy fuerte hacia el aumento del gasto público. Como efecto de las tendencias alcistas de los precios, los subsidios al capital y las mayores exigencias de la deuda, a partir de 2007 el esquema económico empieza a entrar en una nueva dinámica donde el gobierno nacional intenta conjurar, recursos públicos mediante, el creciente agotamiento. Con los subsidios el gobierno “internalizó” una presión al aumento del gasto público, que se volvió casi forzosa. En vez de contener las contradicciones las absorbió bajo esta forma. En 2007 los subsidios fueron de 14.600 millones de pesos, en 2014 serían de $ 140.000 millones. Como consecuencia de esto, el abundante superávit fiscal se transformó en déficit, luego del pago de deuda, a partir de 2009, lo cual empujó a buscar mayores fuentes de financiamiento, a través de la ANSES y posteriormente del Banco Central. Junto con esto comienzan desde 2006, y más decididamente en 2007, los techos al salario. El pivote que dio aire para administrar los crecientes síntomas de agotamiento, y que ayudado por condiciones internacionales favorables dio margen para administrar las contradicciones crecientes durante varios años fue la persistencia del saldo externo favorable. Sin embargo, esto empezó a cambiar y en 2011 empezó a volverse crítico: reapareció el fantasma de la restricción externa, que durante los mejores años kirchneristas muchos consideraron un problema del pasado que la modernizada economía argentina no volvería a sufrir. Durante toda la década el kirchnerismo convivió alegremente con todas estas gangrenas permitiendo que se desarrollaran. Las alarmas sonaron en 2011 sólo porque los dólares de la soja (y otros granos) ya no alcanzaban para sostener el déficit industrial, el déficit energético, los pagos de la deuda, las remesas de capitales y la lisa y llana fuga de dólares. Ese año fue el primero de la década kirchnerista donde el año concluyó con una caída en las reservas en manos del Banco Central.
Si desde sus orígenes el kirchnerismo se caracterizó por una apuesta a utilizar los recursos del Estado para distender las relaciones entre las clases, impulsando algunas mejoras de ingresos (en relación al piso que habían alcanzado en 2002, pero sin acercarse ni de lejos a los niveles históricos en el caso se los salarios, ver acá) con la emergencia de la restricción externa empezó su política adquirió de conjunto un sesgo contrario, el del ajuste. Los techos al salario, la reticencia a cualquier cambio impositivo que llevó a agravar la carga del impuesto a las ganancias sobre los asalariados, y las medidas aplicadas para preservar los dólares frenando las importaciones, fueron todas en ese sentido. Con la devaluación acelerada se busca dar un paso más firme en este mismo sentido, aunque creando nuevas contradicciones por la misma dinámica que describimos más arriba. La suerte del “modelo” está íntimamente atada a lo que ocurra con los salarios. El “modelo”, que durante años ilusionó con una conciliación entre las clases como vía para sostener un capitalismo “en serio”, supuestamente muy distinto al “anarcocapitalismo” neoliberal, no puede más que intentar regenerarse volviendo a arrastrarnos por el camino del ajuste, aunque ahora se le diga “heterodoxo”. 
La situación, muy distinta que en 2002, encuentra a la clase obrera mejor posicionada para enfrentar el peso del ajuste. Pero es necesaria una política decidida que no va a salir de ningún sector de las conducciones sindicales burocráticas. Más que nunca es urgente para la izquierda clasista la pelea por conquistar los sindicatos y expulsar a la burocracia. Y, ante la urgente necesidad de dar respuesta a los ataques que se vienen, la necesidad de un Encuentro Nacional de todo el movimiento obrero combativo y antiburocrático que levante un programa de medidas urgentes y exija la apertura inmediata de paritarias libres, sin techo y con cláusulas gatillo contra la inflación. 



NOTA: Acá retomamos lo elaborado en otros artículos. Algunas lecturas útiles para profundizar son:

La Argentina, a 10 años de la salida de la convertibilidad: contradicciones recurrentes para la continuidad de la acumulación capitalista. Una mirada desde la teoría marxista


Las raíces de la inflación en la Argentina. Un análisis desde el marxismo