De buitres “malos” y “patriotas”

En el marco del creciente escepticismo de varios analistas ante el nuevo canje de deuda anunciado por el gobierno el martes pasado, apareció este fin de semana un fondo de inversión amigo que podría apuntalar la estrategia del gobierno. David Martínez Guzmán, titular del fondo Finthech Advisory, que tiene títulos de deuda pública argentina por una cifra cercana a los mil millones de dólares, ha planteado su apoyo al proyecto de ley enviado al Congreso el pasado martes y su intención de cooperar para “aislar al juez Thomas Griesa y a los fondos buitre y reanudar la cadena de pagos interrumpida en forma arbitraria”.

Empieza a tomar cuerpo el objetivo de involucrar a los bonistas de los canjes para encausar la crisis creada por la decisión de la Corte Suprema el pasado 16 de junio de no tomar la apelación argentina al fallo de Griesa, que obliga a pagar el 100% de la deuda más punitorios a los bonistas holdout (que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010) y ordena el embargo de todos los fondos que argentina deposite para pagar vencimientos de la deuda canjeada. El depósito que realizó la Argentina para el vencimiento del 30 de junio por 539 millones de dólares en el Bank of New York Mellon (BoNY), no fue finalmente embargado pero sí bloqueado. Aunque el gobierno sostiene que al pagar cumplió con sus obligaciones, y responsabiliza al agente de pago (el BoNY), después del 30 de julio se activaron los mecanismos que declaran al país en default.

Un tercer canje con destino incierto

Con el anuncio del nuevo canje, que con las declaraciones de Martínez Guzmán muestra aceptación entre algunos acreedores, el gobierno apuesta a salir del default en un tiempo limitado. De ser posible antes del 30 de septiembre, cuando hay un nuevo vencimiento de deuda por 200 millones de dólares del bono Par. Es que, después de la oficialización del default, difícilmente pueda Economía repetir la decisión de junio y depositar en el BoNY. Sin embargo, la aparición de Fintech en escena no despeja los puntos dudosos de la estrategia oficial. El primero es el mecanismo para canjear los bonos. El Gobierno decidió remover al BoNY como agente de pago y reemplazarlo por Nación Fideicomisos (u otra entidad que puedan designar los bonistas). Este cambio se topa con una dificultad: la necesaria participación del BoNY validando los registros de los bonistas podría volverlo pasible de caer en desacato ante la corte neoyorquina, ya que el fallo de Griesa prohíbe a los agentes de pago de jurisdicción neoyorquina colaborar con un eventual canje o cambio de domicilio. La segunda cuestión son los fondos de inversión extranjeros que, por estatuto, no pueden cambiar de jurisdicción.Salvo que los fondos “amigos” se ocupen de la compra de esta porción de la deuda, todo el mecanismo fracasaría ante la baja aceptación. Es decir que surgiría una se generarían más holdouts que podrían iniciar nuevos juicios. A pesar del respaldo de Fintech, los interrogantes al atajo que presenta el gobierno persisten.

Lo que pone en evidencia es que, aunque se sigue apelando a la retórica de “Patria o buitres”, los intentos de restablecer el pago de la deuda externa persisten. Es natural. Durante años el gobierno y todos los “progres” que desde diversos medios replican el pensamiento oficial, sostuvieron hasta el hartazgo que la deuda había dejado de ser un problema, gracias a la “capacidad de pago” del país (que se basó en un ciclo inédito de crecimiento de las exportaciones que revirtió tendencias previas) y la supuesta reestructuración “soberana” que había pactado una quita elevada (que después se hizo evidente que no era tal en los hechos). La estrategia del kirchnerismo fue resolver el problema de la deuda pagando “serialmente”, y en esto fue acompañado por buena parte de los “progres” que en otros tiempos habían repudiado el costo social de la deuda. Desde 2005 el kirchnerismo fue el mejor pagador, aunque quedaron en el tintero algunas de las hipotecas que había dejado la hecatombe de 2001, como ocurría con el Club de París, o los bonistas holdout.Conviviendo con estos frentes, el gobierno se obligó a redoblar el ritmo de transferencia de recursos a través de los pagos netos de deuda. Donde otros pagaban deuda con deuda, el gobierno argentino entregaba dólares contantes y sonantes. También reemplazaba deuda externa con deuda interna, contraída mayormente con ANSES y el Banco Central, es decir, retrayendo recursos paras las jubilaciones, preparando un futuro desfalco de la caja previsional y minando los márgenes para hacer política monetaria. Estrategia costosa y fallida: a pesar de ser “pagadores seriales”, la deuda pública pasó de 126 mil millones de dólares luego del canje de 2005, a 200 mil millones de dólares a fines de 2013. En la actualidad estaría superando los 225 mil millones de dólares.

Los 190 mil millones de dólares que el propio gobierno dice haber pagado desde 2003 (equivalente a media producción anual de la economía argentina), está entre las explicaciones de fondo de la escasez de dólares. Sumada a una fuga de capitales que se acerca a otros 100 mil millones en la última década, a las remesas de utilidades de las corporaciones al exterior que fueron récord, al descalabro energético y al fracaso de la publicitada reindustrialización, que se ver de forma patente en la industria automotriz que muchos más dólares de importaciones requiere cuanto más produce. Hasta 2011 se toleró alegremente estas sangrías, confiando que los dólares de la soja alcanzarían para cubrirlas. Cuando se hizo evidente que no era tan así, se confió en el cepo cambiario para cuidar las divisas. Sin embargo las reservas en manos del Banco Central siguieron cayendo.

Por eso el gobierno pegó el volantazo en enero: devaluación de más de 20 por ciento en días y vuelta a los mercados. El gobierno pagó los litigios del Ciadi (tribunal a la medida de las grandes empresas multinacionales), pactó con el Club de París, e indemnizó generosamente a Repsol. Sin embargo, se topó con la decisión adversa de la corte norteamericana, y el resultado es que por ahora cualquier resolución de la escasez de dólares por la vía de endeudarse afuera está archivada. Esta escasez, sumada a la inflación, ya está volviendo a apretar para generar un segundo ajuste cambiario en un año.

En la última semana el mercado paralelo se volvió a mover en espera de un nuevo ajuste en el tipo de cambio, ante el complicado panorama para conseguir dólares que genera el default que el gobierno pretende no ha ocurrido. El vice ministro de economía Emanuel Álvarez Agis salió a negar a finales de las semana pasada que se venga una devaluación, pero ya sabemos lo que suelen preanunciar estas declaraciones. Al mismo tiempo que hacía sus declaraciones, el Banco Central permitía que el dólar oficial subiera 11 centavos. Ya con los efectos que tuvo la devaluación de enero, las proyecciones apuntaban a una caída del salario de 5 por ciento para 2014, a pesar de las paritarias. Las nuevas turbulencias anuncian que la pérdida podría ser aún más severa, lo que se suma al deterioro del empleo.

El problema no es el default sino la deuda

En el debate entre oficialismo y oposición patronal sobre qué hacer con los buitres, que con el proyecto de canje se vuelve a trasladar al congreso, hay un acuerdo básico que es seguir pasando la deuda usuraria y fraudulenta. Deuda que se pagó varias veces desde la vuelta de la democracia, lo que no frenó su aumento desde 35 mil millones de dólares hasta su monto actual. Con o sin aprobación del proyecto oficial, el gobierno, el PRO, el Frente Renovador y las principales fuerzas del FAUnen coinciden mantener y profundizar el lastre de la deuda, comprometiendo nuestro futuro. La deuda es un fraude y un saqueo, que golpea con todo sobre los trabajadores y sectores populares. Por eso es urgente discutir no cómo pagarla, sino las medidas para dejar de pagarla.

Canje para seguir pagando: de soberanía, sólo el nombre

Cristina Fernandez anunció ayer que enviará al Congreso un proyecto de Ley de Pago Soberano Local de la Deuda Externa, que apunta a cambiar de jurisdicción la deuda emitida bajo legislación norteamericana. Esto ocurre pasados algo más de dos meses desde que la Corte Suprema de los EEUU confirmara el fallo del juez Thomas Griesa al rechazar considerar la apelación del Estado argentino, y el gobierno quedara encerrado entre las alternativas de pagar a los bonistas “holdout” que no entraron al canje el 100% del valor de sus bonos o verse impedido de mantener los cumplimientos a los bonistas que sí canjearon en 2005 y 2010. Y 19 días después de que el “incumplimiento” alcanzara el status de definitivo, activando los mecanismos de declaración del default. El incumplimiento y el propio default son puestos en discusión por el gobierno ya que el dinero fue depositado en regla, antes del primer vencimiento del 30 de junio, sólo que el agente de pago (Bank of New York Mellon) se vio impedido de entregarlo a los bonistas por orden de Griesa. A pesar de este planteo del gobierno, las desacreditadas agencias calificadoras de deuda y las agencias que tienen seguros sobre impagos de la deuda argentina, activaron todos los mecanismos que indica el ingreso en default.

Con el proyecto presentado ayer, el gobierno se decide finalmente por un camino con el que ya había amagado el Ministro de Economía Axel Kicillof en su primer conferencia de prensa luego de conocida la decisión de la Corte Suprema norteamericana, cuando dijo que iba a instruir para evaluar el cambio de jurisdicción de pagos. El proyecto no establece obligatoriamente la jurisdicción argenina, sino que habilita a los bonistas a elegir la jurisdicción que les resulte conveniente. Desde entonces se iniciaron las trabadas negociaciones, en las cuáles el gobierno hizo hincapié en la cláusula RUFO (derecho sobre mejores ofertas) para no mejorar la oferta, sin que el gobierno volviera a sacar a relucir esta alternativa. Dos motivos centrales la hicieron en todo momento poco creíble: 1) la amenaza de desacato por parte de Griesa que pesa sobre los agentes de pago si ayudan a la Argentina a evadirse del fallo del juez neoyorquino, ante lo cual es de esperarse que ningún banco internacional de procedencia norteamericana se arriesgue, y no son de fácil reemplazo; 2) las tenencias de buena parte de los bonos bajo jurisdicción norteamericana por parte de fondos que por estatuto no pueden invertir en papeles que no tengan legislación norteamericana, por lo que no puede esperarse se acepten el cambio para cobrar en Buenos Aires, tenencias que algunos estiman que llegan hasta el 70% de los bonos con ley en Nueva York.

Para afrontar lo primero, el gobierno resuelve el cambio del agente de pago, reemplazando al BONY por Nación Fideicomisos S.A. Esto podría resolver una de las trabas que tenían para intentar el cambio de jurisdicción, ya que escapa de la jurisdicción yanqui y podría contar con una ingeniería legal que lo cubra, más allá de la falta de experiencia y debilidad técnica a la que han apuntado algunos economistas liberales, de los que bregan por un acatamiento en toda la línea de lo ordenado por Griesa.

La cuestión más espinosa está en el segundo punto señalado más arriba, y abre la pregunta de qué porcentaje de aceptación puede asegurarse el gobierno. Si termina muy por abajo del 92,4% sería un problema. Podría producirse una situación en la que deba afrontar en simultáneo la continuidad de los litigios de los holdouts, y los reclamos de “aceleración” -es decir el cobro íntegro de la deuda- por parte de los bonistas afectados por el nuevo default, si el porcentaje que no entra al canje es grande. Todo esto en un contexto donde mantendría la incapacidad para endeudarse afuera. La pregunta es ¿qué probabilidad hay de que los bonistas que habían canjeado en 2005 o 2010 y se ven afectados por el bloqueo de pagos ordenado por Griesa no canjeen para seguir cobrando? Para los que no tengan impedimentos legales, pocas. El que ya canjeó en su mayoría está haciendo el negocio de cobrar, y va a buscar las vías para seguir haciéndolo. Por supuesto, los mismos “buitres” holdout que están haciendo juicio también tienen parte de los bonos regularizados con el objetivo de buscar la aceleración, pero estos mismos también podrían canjear si ven que no les dan los números para llegar al piso mínimo de 25% que se exige para pedir la aceleración. A priori, el mayor problema está entonces con los bonistas que no están habilitados para canjear por deuda emitida bajo jurisdicción argentina. Acá surge la pregunta es ¿habrá un nuevo "Gramercy" que, al igual que con los juicios del CIADI -organismo armado a la medida de las corporaciones imperialistas para ganar juicios contra los Estados semicoloniales y dependientes- compre esta deuda para después canjear? Es una posibilidad. Sería otra escandalosa entrega de un negoción a un "buitre" amigo. Si este es el precio para asegurar un porcentaje de aceptación cercano al 90% actual (aunque seguramente unos puntos menor que lo canjeado hasta ahora), el gobierno ya demostró en el pasado que está dispuesto a pagarlo. A pesar de las diatribas contra la banca local y extranjera, los diez años de kirchnerismo han sido pródigos en obsequiarles todo tipo de negocios.

¿Cuáles serían las consecuencias para la economía argentina? El gobierno podría presentar el éxito -relativo- de dar por cerrada la crisis abierta en junio, ya que menguaría el poder de fuego de los holdouts y la corte yanqui. Pero seguiría cerrado el grifo para endeudamiento externo y además se ingresaría definitivamente en desacato con la corte yanqui. Después de haberse vuelto a validar el sometimiento a la jurisdicción extranjera en los canjes de 2005 y de 2010, ahora el kirchnerismo busca evadirse de las consecuencias de sus propios actos cuando estos le imponen un fallo adverso. Esto implica archivar cualquier perspectiva de emisiones de deuda en los EE.UU., y seguramente también en el resto de las grandes plazas. A pesar de que compiten entre sí por captar clientes, todos los centros de las finanzas globales coinciden en defender a rajatabla la disciplina de las economías dependientes, golpeando contra cualquiera que amague con dar una mínima patadita al tablero, así sea como en el caso del gobierno de Cristina Fernández para abrir vías para continuar con los pagos seriales. Por eso, a lo sumo podrán restablecerse los acuerdos con china, que en este momento están congelados también por el default a apenas un mes de anunciados.

La vía de un embargar el futuro de la economía con deuda para saldar hoy la “restricción externa” seguiría cerrada, y por ende la obligada "heterodoxia" de financiarse con el central, frenar las importaciones de insumos creando así un frenazo económico al parar la producción, al mismo tiempo que se trata de contrarrestar el frenazo bajando las tasas de interés para créditos, en un cóctel explosivo, seguirá desarrollándose. Es decir un ajuste en toda la línea, acomañado del desarrollo de algunas "bombas de tiempo", cuya explosividad se encuentra por el momento limitada por la recesión, que pone límites a la inflación, así como genera conductas "cautas" incluso en la especulación, al menos por el momento. Pero sin la vía de retomar el endeudamiento externa seguirán agravándose los desequilibrios, aunque el gobierno presente una batería de políticas “activas” haciendo gala de un keynesianismo que está con la pólvora mojada. Aún si se logra el "éxito" en el anunciado cambio de jurisdicción esto no va a cambiar.

Buena parte de la oposición, como es claramente el caso del PRO y parte de la UCR (y ciertos economistas cercanos a Massa, que prefirió callar) critica el anuncio de ayer porque con esto el gobierno pretende validar lo actuado. Reclaman en cambio un inmediato cumplimiento del fallo, pagando a los holdouts todo lo que ordena Griesa. Ante esto el gobierno presenta su alternativa como la de quienes no “ceden” a las presiones imperialistas. Pero esta pretensión tiene patas cortas. Regularizar la deuda mediante este nuevo canje significa continuar con la succión de dólares que representa la deuda. Que a pesar de que el gobierno se felicita de haber pagado 190 mil millones de dólares no paró de crecer, y hoy ronda los 250 mil millones de dólares después de los acuerdos con Repsol, Ciadi, y Club de París. Estos pagos, junto con la fuga de capitales con la que la burguesía colocó las ganancias que amasó a resguardo en paraísos fiscales, y con el descalabro energético que es resultado del vaciamiento empresario, son las gangrenas que han hecho reaparecer la mentada “restricción externa”, que en realidad no es otra cosa que una expresión del atraso y dependencia del capitalismo argentino que esta expolación contribuye a reproducir. Es pagar la deuda lo que tiene gravosas consecuencias para la clase trabajadora y el pueblo, no el default. Por eso es necesario declarar el no pago, inseparable de a otra serie de medidas como el monopolio del comercio exterior y la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores. Las alternativas no pueden reducirse, como los presentan los partidos patronales, entre cumplir con Griesa o cambiar jurisdicción para seguir pagando. Repetimos, más que nunca, debemos exigir que no sean el gobierno y la casta política quienes decidan de espaldas a los trabajadores embargando el futuro con el grillete de los pagos de deuda. Como ha reclamado el diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolásdel Caño, es necesario abrir lugar a una consulta popular vinculante, para que sea el pueblo el que decida que se hace con la deuda.

El default de los pagadores seriales, ¿Cómo sigue?

Gastón Ramírez

Estimado lector, van unas líneas sobre la situación con los fondos buitres desde la entrada del país en default el miércoles pasado. Sepa disculpar, aunque sea domingo, el frenesí financiero y sus consecuencias sobre la vida de millones en el país bien valen una actualización de fin de semana.

Luego del fracaso de las negociaciones entre el gobierno y los fondos buitres en litigio que no ingresaron al canje de 2005 y 2010, el país entró en default al sostenerse la sentencia del juez Griesa, por la cual se obliga al gobierno a pagar a estos fondos, y en caso de no hacerlo, bloquea la posibilidad de seguir pagando a los bonistas (también buitres) que aceptaron el canje anterior y que tienen sede de cobro en USA. El ministro Kicillof fue el que primero pegó el grito en el cielo acusando, una vez más, al juez Griesa y a su intermediador Pollack de jugar a favor de los buitres, como si la justicia de USA podría ser favorable a un país atado a los intereses financieros y económicos de las multinacionales yanquis, entre otras. Un mismo discurso, que retomó Cristina en su cadena nacional del jueves, para luego terminar afirmando que el mismo gobierno está dispuesto a pagar a los buitres lo que reclaman, reconociéndoles una ganancia del 300%, ni más ni menos. De fondo el problema aducido para pagar ahora, es la clausula RUFO sigla en inglés para Derechos Sobre Futuras Ofertas), que habilitaría al conjunto de los bonistas que tienen bonos de los canjes previos a iniciar nuevos reclamos y juicios exigiendo una mejora en el pago lo cual gatillaría la deuda en montos que se estiman en no menos de 100 mil millones de dólares.

Ante esta alternativa, el gobierno-con internas entre sus funcionarios- se arrimó hacia el camino del default selectivo. Los bonos bajo jurisdicción norteamericana, en dólares, están alcanzando ese estatus en opinión de las agencias de calificación de riesgo (incluso la agencia China Dagong le bajó la calificación a la deuda). Ahora se abre un período de negociaciones ya que los bonistas defaulteados por las claúsulas del canje en condiciones de reagruparse (con un piso de 25%) para exigir mejoras en los pagos ya programados de la deuda (aceleración en la jerga financiera).

Otra cuestión que empieza a disiparse es el carácter de la negociación entre bancos privados como ADEBA encabezado por el banquero Brito y la banca internacional para comprar la deuda de los bonistas en juicio para evitar el default y buscar un arreglo con el gobierno argentino que en última instancia es quien va a pagar. Por un lado, Kicillof el miércoles reconoció la existencia de esta negociación, aunque por el temor a la clausula RUFO, midió sus palabras dejando en claro que era un acuerdo entre privados y que el Estado no iba a poner plata ahí. Ahora el viceministro de economía sale a decir que “el acuerdo de ADEBA con los buitres fue una maniobra mediática”. Por el otro, Vanoli anunció una denuncia en la CNV contra los bancos por supuestas maniobras especulativas (como si estas solo empezaron ahora). Analistas cercanos al gobierno, plantean que las agencias financieras y bancos internacionales difundieron la existencia de una negociación para evitar que el precio de los bonos argentinos se desplomen y así pagar menos seguros de deuda. Pero esta versión queda corta, ante la nómina publicada por el Cronista (ver acá), en la cual se puede ver a bancos como el JP Morgan (quien decían encabezaba las negociaciones por un acuerdo entre privados), dentro de los que votaron por el default. Lo cual habilita a que entren en juego los seguros de deuda que se aplican sobre la diferencia entre el valor nominal del bono y lo que realmente vale en el mercado.

En realidad, el intento de buscar un Plan B con la banca nacional fue ideado desde un sector del gobierno que lo emparentan con el titular del BCRA Fábrega y Capitanich, quienes fueron luego desautorizados por Cristina y Kicillof en la interna que hay en el ministerio de economía desde diciembre último. El cálculo de Fábrega era lograr un acuerdo por medio de la banca para evitar el default y la activación de la clausula RUFO, y así habilitar la llegada de dólares que tanto necesita el país. En los cálculos de Kicillof primo la mesura ante el enorme temor de que se active la RUFO y disparar una situación de nueva deuda inmanejable, en un contexto internacional donde hay tendencias hacia una suba de las tasas de interés referencia de la FED en el mediano plazo lo cual sería un camino de ida (vuelta) al "infierno" tan temido en tiempos de Néstor.

Aunque la posibilidad de un acuerdo entre privados parece más remota, existe una negociación en juego, que ahora se da con los mecanismos de activación del default parcial en marca. Estas negociaciones, así como las atribuciones que Griesa se tomaba más allá de su jurisdicción, explican que el viernes haya autorizado el pago a bonistas en euros que tienen jurisdicción en Argentina como lo hizo con el Citibank que pagó bonos de la deuda con Repsol y con bonistas de los canjes de 2005 y 2010. Una especie de “goteo” de la clasula pari passu por la cual, la justicia de Griesa frena el pago a los buitres con bonos de legislación en USA. Y para reafirmar el compromiso con todos los buitres el gobierno anuncia que va a presionar jurídicamente al Bank of New York para que pague a los bonistas a los cuales les depositó más de 500 millones de dólares, confirmando su vocación de pagadores seriales.

Así toda la gesta patriótica de pacotilla montada sobre el conflicto con los buitres, comienza a desmoronarse, dejando al descubierto que por más que pagaron serialmente más de 193 mil millones de dólares a los buitres, estos siguen sometiendo al país con más fuerza que nunca. Pagar no es la opción, para ganar soberanía, como intentaron los funcionarios e ideólogos del gobierno difundir con toda esta opereta de flojos actores.

Ahora es cuando, debemos exigir que se abra una consulta popular vinculante como ha reclamado el diputado nacional delFrente de Izquierda, Nicolás del Caño, para que sea el pueblo el que decida que se hace con la deuda y no una camarilla de funcionarios que defienden los intereses de los capitalistas y los funcionarios.

Default o no default, esa NO es la cuestión

 

En La verdad obrera 580 damos cuenta junto a Gastón Ramírez de las últimas novedades de ayer, sobre la -hasta el momento- frustrada negociación, ya no entre los buitres y el gobierno, sino de los primeros con banqueros argentinos, para comprar los bonos en poder de los litigantes. Aunque algunos banqueros intentan proseguir las negociaciones, con el correr de las horas el default se hace más palpable.
A pesar del dramatismo que ha adquirido el suspenso sobre el default, para los trabajadores y el pueblo, lo verdaderamente catastrófico es continuar el ciclo de endeudamiento, acompañado de pagos "seriales". El gobierno ha hecho puntillosamente lo segundo, y se prepara para despedirse reiniciando otro ciclo de emisión de deuda. 

Invitamos a leer, acá.

Buitres: Sigue la negociación privada, hay posibilidad para que los K puedan continuar pagando serialmente

Aunque ha pasado la hora de cierre de la plaza neoyorquina, y con ella la posibilidad de que Argentina realizara pagos antes del horario trazado como límite, todavía no está dicha la última palabra. Los representantes de los bancos argentinos continúan negociando con los holdouts, en línea con el plan que comenzó a dibujarse ayer, que comentamos acá. En su conferencia de hoy, después del cierre de la negociación con Pollack, Kicillof teatralizó un completo desconocimiento de lo que los banqueros argentinos pudieran estar discutiendo con los bonistas en Nueva York. 

Aunque en lo formal el plazo límite está cumplido, de alcanzarse algún acuerdo de compra de bonos, los nuevos titulares de los bonos defaulteados podrían solicitar el restablecimiento del stay. El default "express", podría retrotraerse con cierta rapidez. No todos los analistas coinciden. Para Roque Fernandez, "Con la Argentina en default, todo se complica más". Por otro lado, "si los bancos privados compran la deuda al precio que la venden los bonistas, cabe preguntarse quién pagará la diferencia. Ahí no termina de cerrarme porque tendría que ingresar el Estado argentino, y podría afirmarse que es violatorio de la cláusula Rufo. No sé, no conozco". Quien dice esto, conoce de buenos negocios para bonistas, los gestionó durante los últimos años del gobierno de Menem. 

Pero Ámbito, sin embarog, anuncia que "se llegó hace minutos a un acuerdo para comprar el 100% de la deuda. Ayer ámbito.com había anticipadoque se estudiaban dos alternativas y finalmente se llegó a un acuerdo para que Argentina este sólo un tiempo corto en default". 

De concrentarse este anuncio, el default de unas horas no daría lugar a mayores consecuencias, más que algún que otro buen negocio para quien sepa aprovechar con "golpe de ojo" (o inside information) los vaivenes frenéticos de las cotizaciones al calor de las noticias. El gobierno argentino podrá seguir pagando serialmente, como lo viene haciendo, y se crearán condiciones para que todos los acreedores "holdout" empiecen a negociar, ahora con el stay y de cara a enero, al mismo tiempo que el gobierno negocia con los bonistas que canjearon la renuncia a la RUFO. El resultado cantado, va a ser un crecimiento de la deuda, por el reconomiento a todos los holdouts. Esto creará las condiciones para nuevo endeudamiento, y para abrirse a la entrada de capitales, sumamente interesados en meterse en algunos buenos negocios en la Argentina. Resta preocuparse por los costos de la "ayuda" de los banqueros, como analizamos acá.

Hay que dejar en claro, evitar este default no es un alivio para la clase trabajadora. No es, como dice Pollack en su comunicado, que el default tendrá graves consecuencias. Es pagar la deuda lo que tiene gravosas consecuencias para la clase trabajadora y el pueblo. Por eso es necesario declarar el no pago, junto a otra serie de medidas. Aunque se agitan muchos cucos sobre las consecuencias que esto podría tener, si es parte de un programa de conjunto (monopolio del comercio exterior, nacionalizaciòn de la banca bajo control de los trabajadores) puede asegurarse que no tendrá impactos severos sobre la clase trabajadora. 

Repetimos, más que nunca, debemos exigir que no sean el gobierno (camarilla que defiende los intereses de los capitalistas) y los banqueros, negociando con los buitres y los jueces imperiales, quienes comprometan nuestro futuro negociando entre cuatro paredes de espaldas a los trabajadores, abriendo paso a onerosas negociaciones que son el preámbulo de un nuevo crecimiento de la deuda. Como ha reclamado el diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolásdel Caño, es necesario abrir lugar a una consulta popular vinculante, para que sea el pueblo el que decida que se hace con la deuda.

Buitres: ¿Qué costos va a traer la “ayuda” de los banqueros?

En unas horas, gracias a la colecta de 250 millones de dólares en bonos para entregar como garantía a los bonistas holdouts, el banquero Jorge Brito pasó de traidor a héroe para el gobierno nacional. Camino inverso al recorrido hace unos años cuando el enfrentamiento con Guillermo Moreno y cruces de declaraciones con la Presidenta lo alejaron del lugar de preferencia que mantenía para el gobierno en el sector financiero. Ostracismo que nunca impidió, sin embargo, que el Banco Macro, que Brito preside, conservara tratos con Anses, realizando jugosos negocios. Tampoco, que al igual que el resto de la banca, realizara ganancias récord gracias a la política oficial. Bussiness are bussiness.

Ahora, el banquero puede adjudicarse el mérito de haber encolumnado a los banqueros locales, nucleados en Adeba, preocupados por las consecuencias que podría tener el default (por muy selectivo o restrictivo que pudiera ser), para que reúnan 250 millones de dólares en bonos con los cuales constituir un fideicomiso. Con este fideicomiso se buscaría negociar con los fondos buitre la compra de parte de sus tenencias de títulos en default. El objetivo de estas medidas sería lograr que los bonistas le soliciten al juez Thomas Griesa el restablecimiento del stay, cautelar que suspendería la sentencia de noviembre de 2012 y permitiría que el gobierno argentino cancele los vencimientos de hoy, evitando el default. Si esto ocurre, podría crearse un puente para llegar a enero, cuando argentina estaría en condiciones de negociar sin la amenaza de la cláusula RUFO (sigla en inglés para Derechos Sobre Futuras Ofertas) establecida en los bonos canjeados en 2005 y 2010, que les da derecho a participar de cualquier mejora en las condiciones que se otorgue a algún bonista antes de enero de 2015. En el interín, además, el gobierno podría intentar la renuncia por parte de los bonistas “performing” a la cláusula RUFO.

El ofrecimiento de una garantía por parte de los bancos privados nacionales permite superar una restricción establecida en el canje de 2005. La página 203 del prospecto del canje de 2005 establece textualmente que: “La Argentina se compromete a no crear ningún tipo de garantía (bajo cualquier condición de acuerdo preferencial) para asegurar el pago de su deuda, salvo que éste se ofrezca a la totalidad de los bonistas o que al menos cuente con la aprobación de éstos”. Con esta claúsula, el gobierno no podía ofrecer de forma directa ninguna garantía a los fondos buitre sin arriesgar consecuencias por parte de los bonistas que canjearon.

Si esto destrabará la situación, a horas del default, se conocerá dentro de un rato. De lo que podemos estar seguros, es que a los banqueros no los mueve ningún altruismo. Desde el vamos, podemos estar seguros que las mismas operaciones que realizarán para “salvar las papas” les van a generar ingresos por comisiones, además de evitarles las turbulencias que podría generar en el patriminio de sus bancos y en sus operaciones si la Argentina va a otro default.

Pero eso sería apenas el comienzo. Podemos imaginar que el éxito en las gestiones de hoy podría derivar en un recibimiento triunfal de Brito y sus socios por parte de la propia Presidenta, que poco tendría que envidiarle al que tuvo la selección nacional de fútbol el pasado 14 de julio. Sería el comienzo de una relación nuevamente más aceitada entre los banqueros y el gobierno. Esto pondría sobre el tapete la marcha atrás con algunas de las medidas que molestan al sector financiero, porque limitan la posibilidad de explayar libremente su voracidad. Una de ellas es el tope a las tasas de interés que pueden cobrar los bancos, fijadas el pasado 10 de junio en 37% para préstamos personales y 32% para prendarios en el caso de las entidades más grandes (para las entidades más pequeñas, la tasa de los créditos personales será 46% y los prendarios, 36%). También podrían buscar revertir las “nuevas reglas sobre comisiones y cargos de productos y servicios financieros básicos” que estableció el Banco Central (BCRA) junto con los topes, por las cuales los bancos y las emisoras no financieras de tarjetas de crédito tienen que solicitar autorización previa del BCRA para aplicar aumentos al costo. Estas medidas tuvieron por parte de los bancos una resistencia subterránea, consistente en empujar la salida de depositantes del sistema pagándoles tasas más bajas por sus plazos fijos, incentivando así la búsqueda de alternativas por parte de los ahorristas, lo cual amenazaba nuevamente con un salto del dólar blue. Es decir, la respuesta de los bancos a los intentos de regulación fue empujar hacia la desestabilización del precario equilibrio logrado por el gobierno a fuerza de devaluación y ajuste.

Otro punto que los bancos podrían llegar a reclamar, es la posibilidad de ampliar sus tenencias en moneda extranjera. En febrero pasado el BCRA reflotó una norma de 2005 que limita al 30% el patrimonio de tenencias en divisa que puede tener cada entidad financiera y al 10% adicional para los contratos de futuros. Esta medida fue aplicada después de la devaluación, no antes, y por eso los bancos, con tenencias que superaban holgadamente estos porcentajes, hicieron en pocos meses ganancias formidables. Sólo durante el primer trimestre de este año, los bancos amasaron el equivalente a la mitad de las ganancias de todo 2013, es decir $16.104 millones. Anualizado, esto significaría una duplicación de sus ganancias. El 60% de esas utilidades obedeció a ganancias por apuestas al dólar.

Y podemos estar seguros, ahora más que nunca, de que la reforma financiera, aspiración que otro banquero oficialista, Carlos Heller, busca sacar a relucir de vez en cuando para volver a archivarla ante la falta de apoyo oficial, es otra promesa sepultada del relato, junto con la inexistente reforma tributaria.

La gesta de pacotilla armada alrededor del litigio con los buitres, para ocultar la bancarrota de la estrategia de salir del problema de la deuda pagando serialmente, apunta a terminar en el grotesto, con la soberanía “rescatada” (con pago) de la mano de los banqueros. Soberanía limitada, por otra parte, al derecho de seguir pagando puntillosamente.

Ahora más que nunca, debemos exigir que no sean el gobierno (camarilla que defiende los intereses de los capitalistas) y los banqueros, negociando con los buitres y los jueces imperiales, quienes comprometan nuestro futuro negociando entre cuatro paredes de espaldas a los trabajadores, abriendo paso a onerosas negociaciones que son el preámbulo de un nuevo crecimiento de la deuda. Como ha reclamado el diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolásdel Caño, es necesario abrir lugar a una consulta popular vinculante, para que sea el pueblo el que decida que se hace con la deuda.

Buitres en NY: al filo de la navaja

Como viene haciendo desde que la Corte Suprema norteamericana avaló su fallo que ordena a la Argentina pagar a los bonistas “holdout” en cash, el juez Thomas Griesa volvió hoy a redoblar la presión sobre el gobierno para que cumpla el fallo. Se negó a reponer el “stay”, que habilitaría la posibilidad de que se pueda concretar el pago de los bonos “performing” (que ingresaron a los canjes anteriores) que venció el pasado 30 de junio, con período de gracia hasta el 30 de julio. El juez rechazó pronunciarse sobre la situación de los pagos a bonos nominados en yenes y euros, que también se vieron afectados por el bloqueo a los fondos que el gobierno depositó en el Bank of New York (BONY) para afrontar el vencimiento del pasado 30. La audiencia de hoy estaba convocada por el pedido de Euroclear de clarificar la situación de estos bonos, ya que los acreedores fuera de EE.UU. sostienen que Griesa estaría actuando fuera de su jurisdicción. De no saldarse el pago ya vencido antes del 30 de julio, estos bonos entrarán en default. Esto significa que se habilitaría la posibilidad de que los bonistas que entraron al canje puedan iniciar reclamos por el valor total de los bonos. Pero, como si se tratase de una mamuschkas, cada fecha límite encierra dentro de sí un nuevo aplazamiento, hasta un punto futuro donde, con amenazas cada vez más ominosas, la situación puede sin embargo retrotraerse al punto de arranque. Después del 30, aunque ya en default, el gobierno tendría otros 60 días para restablecer la situación de los bonos.

Griesa dispuso para mañana nuevos encuentros entre los bonistas y los funcionarios argentinos. Estos últimos insisten que no pueden alcanzar un acuerdo con los buitres, ya que se dispararía la llamada claúsula RUFO (sigla en inglés para Derechos Sobre Futuras Ofertas) establecida en los bonos canjeados, que les da derecho a participar de cualquier mejora en las condiciones que se otorgue a algún bonista antes de enero de 2015. Más allá de la diversidad de interpretaciones sobre esta claúsula, desde el gobierno sostienen que un arreglo con los bonistas aún bajo presión judicial la dispararía, pudiendo hacer que la deuda crezca en hasta 120 mil millones de dólares. Ante esta amenaza, la estrategia del gobierno oscila entre intentar alcanzar un acuerdo que se concrete después de enero o, si esto no resulta posible, ir a un default de los bonos en el extranjero cargando la responsabilidad sobre la intransigencia de Griesa. Hasta la semana pasada, los valores de los bonos indicaban que todos los especuladores confiaban en un acuerdo, pero esto empezó a cambiar. La hipótesis de default parcial se vuelve más palpable con el correr de los días. La deuda que en este caso caería en cesación de pagos sería la emitida fuera de la jurisdicción argentina, en dólares, yenes y euros. Ante la posibilidad de este escenario, varios analistas desdramatizan sus posibles consecuencias señalando que hoy la deuda en moneda extranjera tiene un peso muy menor que en otras épocas, representando apenas el equivalente a un 15,1% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, sería un disparo en las piernas para la estrategia que tiene trazada el gobierno de volver a los mercados y estimular la entrada de capitales.

El swap con China, los acuerdos con los BRICS, y un default parcial, podrían ser configurar un plan B ante la dureza de Griesa y los bonistas buitres, para establecer un plan de contingencia ante el temor de la claúsula RUFO. Podrían aderezarse con discursos sobre la “herencia” de las cláusulas noventistas que cedieron soberanía judicial en favor de las cortes neoyorquinas. Sin embargo, por mucho esfuerzo que hagan para presentarlo como un ataque a un gobierno que parece defender una postura soberana, un eventual default parcial no sería más que la vía para escapar de una encerrona en la que el gobierno está por decisiones políticas de este mismo período. Si Griesa y sus favorecidos tienen poder de daño, es porque no sólo se otorgó soberanía extranjera en la emisión de bonos de los '90 y en los canjes sucesivos. Se volvió a hacer en las reestructuraciones de tiempos kirchneristas, en 2005 y en 2010, espoleados por la necesidad de asegurarse buenos niveles de aceptación para mostrar éxito en el canje. Dudoso “éxito”, que llevó a que la economía argentina volvió a ser desfalcada anualmente por los pagos a los especuladores, bien aderezados con obsequiosos cupones atados al crecimiento de la economía. El gobierno “nac & pop”, que ilusionó con que podría salirse del problema de la deuda pagando “serialmente”, se encuentra acorralado por las cortes como producto de sus propias decisiones, para peor en un momento en que el Banco Central se muestra escaso de dividas, a consecuencia de los pagos serial de deuda, de una formidable fuga de capitales y del déficit energético. La nueva encrucijada pone en evidencia que, en las antípodas de la estrategia del gobierno y de todos los partidos patronales, la única salida al problema de la deuda es el no pago, como parte de un programa de conjunto para cortar con la expoliación de todos los buitres, como desarrollamos en Ideas de izquierda 11. 

Entrevista: que implica la decisión de la corte suprema norteamericana y cuál es la posición de la izquierda

El fallo de la corte de los Estados Unidos rechazando la apelación de la Argentina y ratificando el fallo del juez Griesa, exigiendo el pago a los fondos buitre. Que implicancias tiene el fallo? Que son los fondos buitre?

El análisis de Pablo Anino y Esteban Mercatante, economistas del semanario La Verdad Obrera y la Revista Ideas de Izquierda.

Entrevista a Pablo Anino y Esteban Mercatante

La semana pasada luego del fallo que rechaza la apelación de la Argentina ante la Corte de EEUU y obliga a pagarle a los fondos buitre, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, el ministro de economía Axel Kicillof y el Secretario de Legal y Tecnica Carlos Zanini realizaron una reunión, a puertas cerradas, en el Congreso Nacional con los Jefes de las bancadas. El diputado Nicolás del Caño participó de esta reunión. Pateando el Tablero le realizó una entrevista donde nos comentó en que consistió esta reunión y cual es la posición de la izquierda respecto a este fallo.

Nicolas del Caño diputado del PTS en el Frente de Izquierda

Son todos buitres

Por cadena nacional la Presidenta expuso el lunes algunos de los hitos de la historia del saqueo que es la deuda externa. Se detuvo en los negociados y estafas que significó el blindaje, en el final del gobierno de la Alianza, maniobra que significó un formidable crecimiento de la deuda, que no permitió la bancarrota ni el default, pero sí sirvió para llenar los bolsillos de varios banqueros. Pero aunque parecería que el alegato no podría tener otra conclusión que declarar el no pago a los usureros, sólo concluyó con una denuncia a los “extorsionadores”, que serían los “fondos buitre”.

Pese a la denuncia del lunes, retomada el martes por el ministro de Economía, el gobierno proyecta un nuevo ciclo de endeudamiento. A pesar del traspié de estos días, esa apuesta quedó en stand by pero no fue descartada. Para compatibilizar esta intención con las declamaciones “nacionales y populares”, es necesario sostener que la deuda no es siempre parte del problema. Que, esta vez, será diferente. La historia no parece darles la razón.

En La Verdad Obrera 574, seguimos dando cuenta de las novedades de la crisis abierta por el rechazo de la Corte suprema norteamericana a la apelación presentada por el estado argetino, ante el fallo que obliga a pagar a los buitres que no ingresaron al canje. Pablo Anino escribe "Se acaba el relato del “desendeudamiento”, se reabre la crisis de la deuda". En otro artículo, damos cuenta de "La historia sin fin de la deuda".

En entrevista al diputado Nicolás del Caño, este plantea que "La izquierda exige una consulta popular, apostando a la movilización masiva". 

Deuda: la izquierda exige consulta popular

Comunicado de prensa del diputado Nicolás del Caño finalizada la reunión de Capitanich, Kicillof y Zanini para exponer sobre la respuesta al rechazo de la corte norteamericana.










Al salir de la reunión que se realizó esta mañana en el Congreso nacional entre los ministros Jorge Capitanich y Axel Kicillof, el secretario legal y técnic


Nicolás del Caño: (011) 15 2309 1046 / (0261) 470 6345 | @Nicolaso Carlos Zanniniy los presidentes de los bloques de Senadores y Diputados, Nicolás del Caño, diputado nacional del bloque PTS-Frente de Izquierda, declaró a la prensa presente en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso: "En primer lugar rechazamos una reunión cerrada a espaldas de los millones de argentinos integrantes del pueblo trabajador, más aún tratándose de un tema que hace al futuro de todos, y por eso planteamos que se abrieran las puertas para que puedan transmitir en vivo y en directo todos los medios de difusión presentes. Se negaron. La izquierda plantea que la crisis de la deuda, incluyendo los pagos al Club de París, debe ser debatida por todo el pueblo y no en reuniones a puertas cerradas. Sostenemos que se le debe consultar al pueblo cómo resolver este tema crucial para la soberanía nacional.



La izquierda rechaza de plano el fallo del juez Griesa avalado por la Corte de los EE. UU., sencillamente porque marca una prepotencia imperialista que pretende que Argentina sea una colonia total al servicio de la burguesía financiera internacional. Rechazamos todo pago y toda negociación con los llamados fondos buitre, a diferencia de lo que sostiene el oficialismo y la mayoría de las bancadas de la oposición. Hoy quisieron esconder cómo se pactaba entre todos estos ’pagadores seriales’ de la deuda externa..


Del Caño prosiguió: "El Gobierno nacional recibió de Griesa y la Corte de EE. UU. una dosis de su propia medicina: creyeron -con el aval de la mayoría de la oposición- que ’haciendo los deberes’, arreglando con el Ciadi, haciéndole un pago multimillonario a los vaciadores de la Repsol, pactando el pago con el Club de París de una deuda contraída en gran parte por la dictadura militar iban a conseguir créditos baratos. Por el contrario, el insaciable capital financiero internacional responde con este fallo: quieren más y más, y el Gobierno y la mayoría de la oposición firmaron hoy un pacto que, tras rimbombantes palabras de soberanía, busca seguir la senda del pago a la Repsol y al Club de París, es decir, seguir entregándose a los designios del capital financiero, otro pacto más de coloniaje".


"La extorsión que realizan los llamados fondos buitre no es diferente a todo el mecanismo de la deuda externa. Solo bajo los Gobiernos kirchneristas se pagaron más de 173 mil millones de dólares, como lo afirmó la propia presidenta CFK, llegando a sostener orgullosamente que somos pagadores seriales. Es inadmisible que se pretenda hacer pasar esta negociación como una patriada cuando no es otra cosa que seguir honrando al capital financiero. El acuerdo con el Club de París y la indemnización a los vaciadores de Repsol, saludadas con bombos y platillos por la amplia mayoría de la oposición, han sido una clara muestra de las prioridades de este Gobierno, que prefiere destinar miles de millones a los extorsionadores y no a los millones de argentinos que sufren graves problemas de vivienda, a la salud y a la educación públicas o al transporte", esbozó el diputado del Frente de Izquierda.


Para finalizar, Del Caño agregó: "Los diputados del Frente de Izquierda somos los únicos que planteamos el rechazo al fallo de Griesa, como así también al pago a los vaciadores de la Repsol y al acuerdo con el Club de París. Somos los únicos que hoy como ayer planteamos una medida elemental de soberanía nacional como es el no pago de la deuda externa. Que el pueblo decida soberanamente".





Contacto:Del Caño |www.facebook.com/NicolasDelCano.PTS

Las implicancias de la decisión de la corte norteamericana de rechazar la apelación

Hace unas semanas, señalábamos en este post la existencia de dos temporalidades en la economía argentina de 2014. Por un lado, la estabilización lograda en el plano más crítico, es decir la situación del tipo de cambio y la posición de reservas del banco central, ganada a fuerza de devaluación, suba de tasas de interés, ardides varios, y disciplinamiento en las negociaciones paritarias. Es decir, un combo de ajuste ortodoxo bastante profundo. Por otro lado, el ingreso de la economía en recesión, en el marco del cual se registra una severa caída de la industria automotriz y otras relacionadas. La recesión es un resultado directo del ajuste, así como del deterioro de las ventas al exterior de automóviles, especialmente a Brasil.

En las últimas semanas esta segunda dimensión es la que había ganado visibilidad, por las suspensiones en las terminales automotrices y en algunas autopartistas, acompañadas de despidos a sectores de activistas en algunas de estas últimas. Con el rechazo de la corte norteamericana a tratar la apelación presentada por el gobierno argentino al fallo de Griesa, el plazo del que goza la estabilización cambiaria se acorta. Las dos temporalidades se fusionan; pasamos a un horizonte cercano en el que se puede volver a complicar el terreno cambiario y volver la presión sobre las reservas, al mismo tiempo que la economía se sigue deteriorando.

La resolución del lunes golpea en varios puntos sensibles, creando una desestabilización de conjunto. Veamos:

•      En primer lugar, se van agotando las instancias a través de las cuales el gobierno puede seguir postergando una salida de fondo para los bonistas que rechazaron los canjes. Las condiciones que rigen para la deuda soberana, a las cuáles se obligaron sucesivos gobiernos argentinos al emitir deuda (incluyendo los de Néstor y Cristina en los canjes), permiten que los bonistas que no quieran avenirse a lo que acepta una mayoría de acreedores cuando se produce una reestructuración, tengan libertad para seguir litigando por mejores condiciones. De esta forma, aunque se produzca una reestructuración “exitosa”, es decir aceptada por amplia mayoría de los tenedores de títulos públicos, la cuestión puede seguir en litigio para los que no acepten reestructurar. A esta “extorsión” se avino el gobierno argentino cuando negoció; aunque se buscó minimizarla, para comprobar ahora que no es nada menor. A pesar de dos canjes “exitosos”, el litigio de apenas una parte de los que no ingresaron al canje hace peligrar la regularización de toda la deuda. Con el rechazo de la corte, queda firme el fallo de Griesa, y los tiempos y variantes de negociación se reducen. El gobierno está obligado a negociar o buscar alternativas para evitar las consecuencias del fallo (como cambiar el domicilio de pago para escapar al embargo o canjear los bonos por otros de jurisdicción argentina) a contrarreloj, con lo cual el default técnico se vuelve un fantasma real. Si el gobierno se decidiera por la negociación, esta se produciría ahora con la confirmación de un fallo adverso, sin que la corte norteamericana se haya avenido siquiera a dar un plazo de gracia haciendo consultas con el gobierno, lo cual debilita la posición del gobierno y fortalece la de los bonistas. Si decide pagar en Buenos Aires sería declarar una desobediencia al fallo (desobediencia hecha con el fin de seguir siendo puntuales pagadores al 93% que reestructuró), que podría dar lugar a eventuales embargos (recordemos lo que ocurrió con la Fragata libertad en Ghana), pero sobre todo dinamitaría cualquier posibilidad de vuelta a los mercados, ya de por sí ensombrecida. Aunque los tiempos se abreviaron considerablemente, ninguna definición tendría que tener lugar en lo inmediato. Por lo pronto, puede pedir a la corte que revise el caso, lo cual significa 25 días más. Esto significa que pago de los bonos Discount del 30 de junio no estaría amenazado. Posteriormente, quedará por ver si Griesa accede a los pedidos del fondo MNL, de Paul Singer, de acelerar el pedido de pago o se abre una instancia de negociación.
•      El punto crítico, con todo, no está en lo que ocurrirá con la deuda, que puede repercutir muy severamente pero en el mediano plazo, sino con la ganada estabilidad cambiaria. Después de la fuerte devaluación de enero, la suba de interés para contener a los ahorristas en pesos y frenar el escape al dólar terminó de desinflar el mercado blue a partir de febrero. Las paritarias, que no terminan de cerrarse, están terminando en la mayoría de los casos con una caída de los salarios reales, lo cual significa que tuvo cierto éxito la estrategia de descargar los costos del ajuste sobre la clase trabajadora. Para garantizar que con este ajuste se pudiera llegar a 2015, la apuesta era la vuelta a los mercados. Hace ya varios meses que se habla del “desendeudamiento heterodoxo” y fórmulas por el estilo, para cubrir el hecho de que, cuando las papas quemas, la apuesta vuelve a ser la emisión de deuda, cuyas gravosas consecuencias hemos visto varias veces en las últimas décadas. A pesar de los deberes cumplidos por el gobierno con el Club de París, el Ciadi y Repsol, la amenaza de default técnico se convierte en una traba para poder emitir deuda a tasas accesibles. Esto significa que los dólares con los cuales se apostaba a cubrir los pagos de deuda en dólares y blindar al Banco Central ante eventuales corridas, no estarán ingresando. Como la inflación no cede, podemos esperar que se reinicie la especulación por un nuevo ajuste cambiario. El panorama se agrava por la respuesta –también “extorsiva”- que los bancos están mostrando ante a la decisión de poner tope a las tasas de interés para créditos personales y cuotas de las tarjetas. Bajaron la tasa de interés que ofrecen a los ahorristas, para desalentar los depósitos, lo cual significa más pesos que podrían volcarse rápidamente a la compra de billetes verdes. Frustrado el recurso a los mercados internacionales por el momento, acá también el gobierno pierde el manejo de los tiempos. ¿Qué significa esto? Que próximamente veremos seguramente un recrudecimiento del dólar blue y más presiones para devaluar. Esto significaría más presión inflacionaria y para reabrir paritarias. Pero el panorama de deterioro del empleo será utilizado por las patronales para hacer que los trabajadores reciban todo el peso de los ajustes.

La combinación de ajuste y vuelta a los mercados para dosificar sus ritmos, está entrando en ruinas antes de empezar. Esto preanuncia un forzado ajuste a ritmo más fuerte. La burguesía y sus representantes políticos en el oficialismo y la oposición coinciden en un punto: el ajuste debe recaer sobre los trabajadores. Aunque el gobierno declaró varias veces que su política es que el empleo no se vea afectado, las restricciones fiscales y la incapacidad de endeudarse restaron cualquier poder de fuego para plantear seriamente medidas anticíclicas.

La encerrona actual es el resultado de haber permitido alegremente durante los años de “vacas gordas” que la gangrena de la deuda, las remesas empresarias, la fuga de capitales y el deterioro de la matriz energética se expandieran y drenaran recursos. Ante la crisis, se hace palpable que más de una década de gobiernos “nacionales y populares” no alteró ni un ápice la situación de atraso y dependencia. Después de una década de formidables transferencias a los bonistas, la deuda pública total sigue equivaliendo a la mitad del PBI, y la parte en dólares en manos privadas vuelve a crecer de forma considerable. Las renegociaciones pretendidamente “soberanas” de la deuda, en 2005 y 2010, crearon formidables concesiones (como el cupón al PBI, mantener la jurisdicción norteamericana, y la llamada clausula Rufo, que obliga hasta enero de 2015 a extender a todos los bonistas cualquier concesión que se haga a los holdouts que sea mejor que las de las renegociaciones previas), y ni siquiera permitieron evitar la encerrona por parte de los holdouts. 

La única manera de cortar la "extorsión" es declarar el no pago de toda la deuda. Gobierno y oposición patronal coinciden hoy en que saldar el tema de la deuda es clave para resolver la cuestión del dólar. Pero buena parte de la cuestión del dólar se debe al pago de la deuda. Otro tanto se debe a las maniobras de fuga de capitales, en las que los bancos juegan un rol clave, y las de manipulación del comercio exterior. Por eso, junto a la declaración del no pago de la deuda, es fundamental la nacionalización de la banca -con control o gestión obrera- y el establecimiento del monopolio estatal del comercio exterior. De esta forma puede atacarse la cuestión del dólar sin un nuevo mazazo al pueblo trabajador, preparando el terreno para que los costos de esta crisis la paguen quienes la generaron, los usureros junto con los grandes capitalistas nacionales y extranjeros. 

Rechazo de la corte norteamericana: un traspié para los pagadores seriales

Se complica la vuelta a los mercados de deuda internacionales, que los “nacionales y populares” habían transformado en bandera.

En una decisión sorpresiva, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó tomar el caso de apelación presentado por el gobierno argentino al fallo del Juez Thomas Griesa de noviembre de 2012, que había obligado a la Argentina a pagar 1.330 millones de dólares correspondientes a una parte de los bonos que siguen en default desde 2001.

Estos bonos corresponden a los fondos “buitre” Aurelius Capital Management y Elliott Management Corp. affiliate NML Capital Ltd. Estos son parte de los bonistas llamados “holdout”, es decir que rechazaron las generosas ofertas de canje presentadas por la Argentina en 2005 y en 2010. En ambos casos, aunque la deuda tuvo fuerte quita nominal, se acompaño de cupones atados al crecimiento de la economía que sumaron otros 20 mil millones de dólares a los pagos de deuda. A pesar de estas generosas condiciones, varios grupos de los llamados “buitres” (que no son mucho más buitres que otros que sí ingresaron al canje), continuaron presionando para obtener condiciones aún mejores, llegando a declarar que no aceptarían ninguna quita nominal.

Después de varias derrotas en las cortes norteamericanas, los holdout obtuvieron un triunfo cuando el juez Griesa ordenó en noviembre de 2010 pagarles la deuda al 100%, amenazando con embargos si no lo hacían. Esto significaba que los depósitos para pagos de bonos que no están en default podrían ser incautados para pagar a los litigantes. Al rechazar la Corte Suprema aceptar la apelación, este fallo queda firme.

Este fallo resulta inesperado. Entre las opciones de la Corte, que eran aceptar el caso y producir un nuevo fallo, rechazarlo, o postergar la decisión haciendo consultas al gobierno norteamericano, el rechazo era la menos esperable. El giro del gobierno con enormes señales a los mercados, haciendo un ajuste ortodoxo (devaluación y enfriamiento) bastante severo, acordando con el Club de París y con Repsol, y cerrando litigios en el Ciadi (corte establecida para fallar en favor de las multinacionales en contra de los gobiernos donde éstas invierten), le habían ganado una posición favorable de la administración norteamericana. El gobierno de Obama tenía además motivos propios para involucrarse, ya que hay preocupación de los banqueros sobre las consecuencias de este fallo para el rol que ocupa la plaza neoyorquina como base para estas reestructuraciones.

El gobierno, que esperaba una aceptación, o en el peor de los casos una postergación, debe evaluar un plan B, y hacerlo en plazos breves. El 30 de junio vence el próximo pago de bonos Discount, y se corre el riesgo de embargo del mismo. En lo inmediato, puede intentar salir del embargo cambiando el domicilio de pago de dichos bonos (hoy pagados en Nueva York), o canjeándolos por otros bajo jurisdicción argentina. El problema, claro, es que la primer variante debería contar con la colaboración de los bancos internacionales que gestionan los pagos, que no está claro que vayan a querer ser parte de movidas para desobedecer al fallo de un juez norteamericano. La segunda, podría ser rechazada por varios bonistas, que sin la cobertura que da la jurisdicción norteamericana no podrían, ante eventuales futuros impagos, hacer lo mismo que están haciendo hoy Elliot y Aurelius. Se corre así el riesgo de dejar en el limbo a una parte del 93% que entró al canje. Por eso, el fantasma del llamado default “técnico” sobrevuela.

Aunque el tiempo apremia, puede evitarse ese escenario catástrofe. Probablemente el juez Griesa llame a las partes a negociar. El gobierno argentino ya venía preparando el terreno para incluir en su relato una negociación con los buitres, así como hace apenas un mes declaró que acordar con el Club de París era lo mejor que le podía pasar al país (faltó que dijeran que volvimos al primer mundo). Aún en el mejor de los escenarios, el camino de salir del enredo del default pagando, obligaba tarde o temprano a presentar una oferta a los holdouts. Pero claro, el rechazo de la corte impone hacerlo en las peores condiciones. ¿Reducción de la quita, pago de los cupones de crecimiento de todos estos años, como se hizo en 2010? Son todas opciones que están sobre la mesa. El problema es que aunque el litigio en cuestión es por 1.330 millones de dólares, la deuda total que sigue en default alcanza los 15 mil millones. Además, si se mejoran las condiciones en relación a lo negociado en 2005 y 2010, podría haber lugar a reclamos de los que entraron al canje, para mejorar las condiciones.

Nada de esto significa, a esta altura, grandes contradicciones para el gobierno y su equipo económico. Aunque todavía se sigue hablando de desendeudamiento, sólo en este año se agregó 15 mil millones de dólares a la deuda regularizada en manos de privados. Y la intención era incrementar sustantivamente ese monto, ya que el “modelo” en su versión 2014 incluye vuelta a la emisión de deuda en los mercados internacional para garantizar la llegada al 2015 sin cimbronazos. El fallo de la corte es un golpe a esa estrategia, pero también puede convertirse en excusa para hacer, “obligados”, mayores concesiones. El gobierno que “fue obligado” a devaluar (aunque no sabemos por qué entrego meses antes miles de millones en seguros de cambio, cosa que sólo hace quien planea realizar un ajuste cambiario), ahora podría ser “obligado” a entregar a los holdouts aún más de lo que concedió en 2005 y 2010 en aras de mostrar una quita nominal elevada.

Este fallo es otra muestra contundente del verso que significa sostener que del problema de la deuda se sale pagando. Según declaraba Cristina el año pasado, entre 2003 y 2013 se habían pagado 173.333 millones de dólares, el equivalente a casi la mitad de la producción anual del país. Un formidable regalo a los usureros. Esto no impidió que la deuda siguiera creciendo de forma exponencial. Ahora, podría pegar nuevos saltos como producto de estas negociaciones. 

La deuda es un fraude, y un saqueo. Cada año se lleva miles de millones de dólares necesarios para la urgente inversión en infraestructura y transporte, vivienda, educación y salud, gastos que se mantienen a raya para garantizar los fondos a los usureros. Por eso, es necesario luchar por el no pago. Esta bandera debe ser parte de un programa integral de los trabajadores para responder a las demandas de los explotados, oponiéndolo a los intentos de los pagadores seriales de profundizar las entregas a los usureros.