Ganancias, sindicalismo e izquierda en el programa radial Al Dorso

El último sábado participé del programa radial Al Dorso, en FM La Tribu. 

Conversamos sobre las recientes modificaciones del impuesto a las Ganancias de la IV categoría y las falacias del gobierno en la presentación de la nueva normativa. También sobre el alcance limitado de los reclamos que levanta la burocracia sindical, que dejan afuera la situación de los trabajadores más precarios y explotados, y la pelea del sindicalismo de izquierda por estos temas, combate que es tanto contra las patronales, como contra el gobierno y la burocracia sindical.
Por último, también charlamos sobre los posicionamientos de la izquierda obrera y socialista ante temas como el fracking, la megaminería, o los derechos negados de los pueblos oririginarios.

Podés escuchar el programa, acá:
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Empleo y salarios: termina un año malo, empieza otro que no será mejor

El kirchnerismo hizo bandera del “crecimiento con inclusión” y de la supuesta defensa del empleo. Sin embargo, lo que hemos visto en 2014, es que cuando hay que ajustar, lo hacen sobre la clase trabajadora. Veámoslo.

Paritarias con techo bien bajo 

Según las mediciones de precios de organismos oficiales no alineadas con el Indec, es decir la de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de San Luis, el año estaría terminando con un alza de precios cercana al 40% (el IPC-BA cerró noviembre con una suba acumulada hasta noviembre de 2014 de 36,1% y una suba interanual de 39,1%). Gracias a la recesión que golpea la economía, el año podría terminar con una suba de precios de “sólo” el 37%. 

Comparadas con este trasfondo, las paritarias cerraron en promedio con duras pérdidas para los ingresos promedio de los asalariados.

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Giros en la economía, para pasar el verano

El canje de bonos para descomprimir los vencimientos de 2015, y los anuncios sobre Ganancias para los aguinaldos de asalariados que ganen menos de 35 mil pesos, coronan una serie de medidas para descomprimir el verano.

 

La semana que pasó tuvo importantes anuncios económicos. En primer lugar, Cristina Fernández anunció el pasado miércoles, en su intervención en la 20 Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), que eximirán del impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo a quienes cobren menos de 35 mil pesos. El jueves, el Ministro de Economía Axel Kicillof anunció que se canjearán, un año antes del vencimiento, los bonos Boden 2015, por un total de 6.700 millones de dólares, habilitando a canjearlos por efectivo, o por nuevos bonos, Bonar 24, que pagarán a sus tenedores rendimientos hasta su vencimiento, dentro de 10 años. Cristina también dejó claro en la UIA que la ley de Abastecimiento, resistida por las entidades empresariales que iniciaron acciones legales, no será reglamentada. Un guiño a los empresarios que confirmó lo que les había anticipado el Secretario de Comercio, Augusto Costa.

Con estas medidas, el gobierno muestra iniciativa en algunos frentes críticos, y aspira así a terminar de descomprimir algunos focos de tensión en la economía. De esta forma, aspiran a llegar al final de mandato de Cristina Fernández sin tener que encarar grandes cambios, aunque por lo tanto también sin revertir el notorio deterioro expresado en la caída de la actividad económica, el empleo y el consumo.

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Los costos del ajuste no son iguales para todos

El año 2014 fue el año de la profundización del ajuste como producto de la devaluación. Los trabajadores, los más golpeados.

Ya desde 2012, el pretencioso nombre “modelo de crecimiento con inclusión social” con el que el kirchnerismo pretendió definir los lineamientos de la política económica, no habla ni por asomo de lo que se palpa diariamente. Ni “crecimiento”, ya que desde 2012 la economía está prácticamente frenada, aunque las dibujadas estadísticas oficiales del Indec, legado del ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno que mantiene su vigencia, no lo reflejen. Ni “inclusión social” –que bien mirada siempre fue bastante relativa ya que la mejora en los indicadores que ocurrió en los años de mayor bonanza económica se dio a la par que un gran cuidado de no afectar las ganancias juntadas “con pala” por los sectores empresarios. Como sea, desde 2008 se enlenteció hasta la inmovilidad el retroceso de la precariedad laboral que ocurrió entre 2003 y 2007. La reducción de la pobreza, resultado del crecimiento del empleo y de la implementación de la Asignación Universal por Hijo y otras medidas similares, se frenó en los últimos años (y a partir de 2012 se registra un aumento de la indigencia, en cifras de la CTA oficialista).

Pero desde enero de 2014, entramos en una nueva etapa de aceleración del ajuste mediante la depreciación del peso frente al dólar. Esto generó fuertes impactos, sobre los precios y sobre la actividad económica (también afectada por otras medidas del gobierno). Estos impactos, los costos del ajuste, han estado muy desigualmente distribuidos.

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Mitos de la economía bajo el kirchnerismo

Desde hace unas semanas, comenzamos en La Izquierda Diario a poner en discusión los ejes discursivos con los que se ha representado el llamado "modelo" económico kirchnerista. 

Bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el llamado “modelo” económico sustentado por la política oficial, fue autodefinido como uno de “crecimiento con inclusión”. En comparación con los ’90, o con lo peor de la crisis de 2001, numerosas comparaciones realizadas por estudios oficiales o usinas ideológicas afines buscaron mostrar la mejora de los indicadores sociales, atribuida unánimemente a las virtudes de este “modelo”. Este mismo discurso pretende que desde 2003 hubo una ruptura en toda la línea con las políticas noventistas, de privatización, desregulación, y florecimiento de los negocios capitalistas.

Sin embargo, corriendo el velo del discurso para echar una mirada a las raíces en las que se basó el crecimiento de la economía durante los gobiernos kirchneristas, observamos un abismo entre los mitos y la realidad del “modelo”, años de ganancias récord y donde la supuesta “reparación” para los trabajadores y sectores populares ha mostrado tener un techo muy bajo, que no revierte el deterioro producido durante décadas de ofensiva patronal.

En esta sección puede leerse:

Precarización laboral: eso no se toca por Emiliano Trodler

¿Combate del gobierno contra el agropower o socios del negocio sojero? por Lucía Ruiz

Acerca del mito de que el kirchnerismo defiende a los trabajadores, por Pablo Anino

La fantasía de la industrialización en tiempos K, por Adrián Serna

Magra suba del salario mínimo

Pablo Anino

Este lunes fue convocado el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Desde enero el mínimo está en $3.600. La CGT y CTA oficialista reclamaron un aumento del 35%, que significaban llevarlo a $4.860. Pero fueron desairadas con un aumento en cuotas. El Consejo del Salario fallo a favor del gobierno y los empresarios: aumento a $ 4400 desde septiembre (apenas un 22%) y recién desde enero del 2015, completaría $4716. Las centrales opositoras no fueron convocadas al Consejo.

En junio de 2003 cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner el mínimo se encontraba en $200. Desde entonces se incrementó 1700%. Es un crecimiento que parece sorprendente. Pero el efecto de la inflación hace que ese aumento no sea tan extraordinario como luce.

Cuando el nivel del salario mínimo es comparado con el valor de la canasta familiar queda en evidencia que el Consejo está muy lejos de lograr el objetivo de cubrir lo mínimo que necesita una familia trabajadora para vivir. Para enero de 2014 los trabajadores de la Junta Interna de ATE que enfrentan la intervención del Indec estimaron la canasta familiar en $ 9.113,64. Aplicando a ese valor la inflación oficial que corrió desde entonces (que nuevamente empieza a ser sospechada de tener “retoque” que la subestiman) hace que esa canasta hoy no baje de los $10.500. Es decir, que en el mejor de los casos, el salario mínimo quedará a un nivel que es menos que la mitad de la canasta familiar.

Esta institución, tan reivindicada por el oficialismo, al igual que las paritarias, muestra cada vez más su objetivo, que más que permitir la recuperación salarial establece un piso muy bajo de referencia para los trabajadores. Sólo unos 300 mil asalariados estarían alcanzados por el salario mínimo. Su importancia es que de alguna manera actúa como referencia sobre el ingreso del sector de trabajadores no registrados que comprende 33,5% de la fuerza laboral. Si a este segmento “en negro” se le agrega otras modalidades laborales que dan cuenta de cierta fragilidad en el empleo, se llega a un número cercano al 60% de los trabajadores en condiciones de precariedad laboral. Este es el mapa laboral después de una “década ganada”.

El titular de la CTA oficialista, Hugo Yasky, declaró que "hay una situación real que enciende luces de alarma, como la conflictividad en el sector metalmecánico, en algún sector de la siderurgia y en la construcción (...) un tema que si se toma a tiempo, evitando despidos, permitirá sostener el nivel de ocupación, en toda la región", por lo cual llamó a poner en pie el Observatorio del Empleo. En las reuniones de años previos del Consejo del Salario Mínimo se acordó el seguimiento del trabajo en negro, que a la vista de sus resultados (ninguno), hace avizorar que puede llegar a pasar con el Observatorio del Empleo.

Mientras la CTA oficialista llama a que el Observatorio evite los despidos transcurren muchos sectores de trabajadores, como ocurre actualmente en Lear, que los están enfrentando con la movilización y la lucha.

Salarios, AUH y jubilaciones: al ritmo del candombe del "siempre menos"

Por Gastón Ramírez y Esteban Mercatante

Cada vez que se anuncia un nuevo dato de la inflación, vuelve la polémica entre los valores que anunciarán los funcionarios y aquellos que surgen de las mediciones privadas. No podía ser de otra manera, ya que las cifras del IPC-Nu presentado en febrero, en reemplazo del IPC destriuido por el ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno, que amagaron con devolverle algo de credibilidad a las estadísticas oficiales aunque con numerosos puntos oscuros, vuelven a atravesar el mismo sendero de falta de credibilidad que las de su predecesor, ya que mes a mes presentan datos de inflación que se van alejando más y más de los que indican otros índices, reproduciendo las dudas sobre la solvencia del nuevo índice oficial. Según el Ministerio de Economía la inflación acumulada a junio es del 15%, cuando para las mediciones privadas o la que elabora el Congreso arrojan más de 21,5%.

Lo que está en discusión es cuánto pierden los trabajadores, ya que invariablemente, aún con los benevolentes datos oficiales, el resultado en negativo para los salarios en la carrera con los precios. Según estudios publicados recientemente el poder de compra de la masa salarial cayó un 5,2% en el primer trimestre, respecto de un año atrás. Si contamos el conjunto de los ingresos de la población (salarios, jubilaciones, planes sociales) estos se redujeron un 4,8% respecto del primer trimestre de 2013. Ud. se preguntará, pero ¿Cómo? ¿No hubo paritarias, actualizaciones de las jubilaciones y de la asistencia social? Si, claro, pero las subas están por detrás de la inflación. Lo que a un desprevenido podría parecerle más, es sencillamente, menos. Veamos.

En el caso de las jubilaciones pese a la ley de movilidad, el incrementó del 11,3%  de Marzo, con una inflación acumulada del 13,5 (según el Indec) entre Enero y Mayo, estaría agotado a partir de Julio. Si tomamos el IPC Congreso para el mismo período la inflación acumulada es del 18.5%, con lo cual ya se licuó en Junio el aumento de Marzo. En el caso de las prestaciones sociales como la Asignación por Hijo o el programa PROGRESAR, éstas habrían subido en una cifra cercana al 31% en el primer trimestre. Pero la asignación por hijo, que se ajustó en junio, no variaba desde igual mes del año pasado. Es decir que con el aumento que rige desde julio, comparado con una inflación que ronda entre el 36% y el 40% anual (y mayor aún en los alimentos y otras partidas de consumo básico), en términos reales habría perdido un 3,1% en su poder de compra, respecto al primer trimestre de 2013 (ver acá).

Aquellos trabajadores que se encuentran registrados tuvieron una reducción de su poder de compra cercano al 5% en el primer trimestre del año respecto a igual período del año pasado. Sin embargo, si analizamos por sectores existe una gran disparidad. En el caso de los empleados de comercio la suba del 27% anual significa una baja del 9% y en el caso de los trabajadores de la construcción la paritaria del 30% anual se traduce en una baja del 5% en su poder de compra.

Para el sector de salarios más elevados, al efecto poda de la inflación, se suma la quita del impuesto a las ganancias que arbitrariamente aplican sobre el salario (que no es ganancia). Un empleado bancario con dos hijos luego de una paritaria del 29% descontando el pago de ganancias y por efecto de la inflación tiene una reducción del 16% de su poder de compra. En el caso de los metalúrgicos con un aumento del 30% la caída por ambos efectos es del 17%. No es una sorpresa, ni algo que ocurre recién este año. Según publica el Observatorio del Derecho Social de la CTA, desde 2006 hasta hoy, los agremiados en la UOM acumulan una pérdida de 7,69% en comparación con la inflación acumulada en el mismo período. Otro gremio que también muestra un fuerte retroceso es la UTA, que muestra una evolución salarial que perdió 3,13% respecto de la inflación. En el caso de los estatales, el salario de convenio se encontrará a comienzos de 2015, según la misma fuente, un 28,2% por debajo del nivel de comienzos de 2007.

Los aumentos de los salarios por debajo de la inflación no son una casualidad o el resultado fortuito de la marcha de los mercados. Por el contrario, es una decisión del gobierno y las patronales (con el apoyo de la burocracia sindical). Para el gobierno y las patronales, los aumentos presuntamente “desdemedidos” de los salarios son el gran culpable de la inflación. Por eso, más aún después de la devaluación de enero, redoblaron la presión para moderar las subas, con colaboración de la mayor parte de las conducciones sindicales. Al pactar paritarias que no alcancen la suba de precios, se aseguran que no baje (sino más bien que suba) su rentabilidad. Lo que pierden los trabajadores se lo llevan los empresarios. Por ejemplo, el caso de Quickfood (Paty) acaba de dejar en la calle a 250 familias, sin embargo, como parte de este proceso de ajuste espera mejorar sus ganancias que para el primer trimestre del año ya acumulan $12 millones. En los gremios afiliados en la CGT Balcarce, sólo donde está la izquierda como en alimentación se perforó los techos que buscaba imponer el gobierno.

Con la caída del poder adquisitivo de los salarios, se cae también uno de los presuntos logros del modelo: “la recuperación del salario”. Recuperación que, lejos de ser un resultado de la política oficial, como explicamos acá lo es del cambio en las condiciones de empleo, y que por el contrario la política kirchnerista buscó contener desde 2006 con los techos para las paritarias, subordinado completamente la recomposición salarial al mantenimiento de altos márgenes de ganancia. El resultado está a la vista: Según el propio Indec el 40% de las familias perciben ingresos por menos de 6.700 pesos por mes, cuando la canasta familiar para no ser pobres ronda los pesos 10.000.Si los empresarios se la llevaron (y siguen llevando con pala), los trabajadores (en blanco) que tuvieron que esperar recién a 2007 para recuperar el poder de compra del salario previo a la devaluación del 2001-2002, con enormes disparidades entre gremios; y con la inflación y los techos más bajos que imponen los tiempos de ajuste, ahora pierden junto a los trabajadores en negro (los que más pierden) los jubilados, y quienes cobran planes sociales. Este deterioro vuelve a acrecentar la brecha de ingresos. Y esta situación de mayor desigualdad se corrobora en el deterioro en la distribución del ingreso familiar (a favor de los que más ganan) con una suba del Coeficiente de Gini de 0.09 (mayor suba significa más desigualdad en la distribución del ingreso), comparando el primer trimestre del año respecto al último trimestre del año pasado.

Aunque el gobierno se esfuerce en negarlo, con ayuda de los medios oficialistas, estamos ante un año de caída de los salarios, a lo que se suma, en un marco de creciente desmejora de la actividad económica y con patronales que suspenden y despiden, un panorama del empleo tampoco es nada alentador. Hoy, para fortalecer la pelea de los trabajadores por defender sus condiciones de vida frente a los ataques del gobierno y las patronales, con colaboración de la burocracia sindical, es necesario jugarse con todo al triunfo de luchas “testigo” como la de los trabajadores de Lear, EMFER-ATSA. Es un punto fundamental para desbaratar el ajuste en marcha.

Azucar amargo. Los ingenios azucareros del NOA; salarios, ganancias y "crisis"

A continuación publicamos la primer parte del informe sobre ingenios azucareros del NOA elaborado por Emiliano Trodler. El mismo aborda las transformaciones recientes en el sector, la relación entre salarios y ganancias, y los usos que ha tenido la denunciada "crisis" en el sector, el alcanze de la cual queda relativizada por el análisis presentado. Esta primer parte del informe se continuará en Ideas de Izquierda, con un análisis de los procesos de lucha reciente en los ingenios del NOA.

 

Introducción

Durante el año 2013 la caída en los precios del azúcar ha sido motivo de una furibunda campaña en defensa de la rentabilidad empresaria. A la cabeza de esta campaña estuvieron cañeros e industriales, legisladores del PJ, la UCR, PRO, y también los dirigentes de la FOTIA. Contaron a su vez con el inestimable apoyo de la prensa.
Los medios de comunicación hablaban de la crisis azucarera en los términos más catastróficos. La televisión y los diarios hablaban de quebrantos en la industria y precios que “tornan inviable la actividad”. Desde la EEAOC señalaban a esta como “la peor crisis azucarera de los últimos 30 años”. Durante el mes de agosto el Grupo Los Balcanes entraba en concurso preventivo de acreedores. Catalina Lónac, principal propietaria del grupo empresario, hablaba de una “crisis terminal en la industria azucarera”, llamando a que “los obreros, los dueños de los ingenios y el Gobierno hagan lo que tienen que hacer”. Todo parecía indicar que la industria se iba a pique. En ese contexto, recrudecían las tensiones entre cañeros e industriales al mismo tiempo que cerraban filas ante el gobierno provincial para exigir medidas que tendieran a salvar a “la familia azucarera”.
Las cámaras patronales (UCIT, CACTU, UCS, CUE por los cañeros, la CART, CARNA, CAA, por los industriales), el poder ejecutivo provincial, los partidos de la oposición patronal, y la cúpula de la FOTIA reclamaban una Ley Azucarera que regulase el precio del azúcar mediante la fijación de cupos de exportación, subvenciones a los productores más pequeños, y estimulo a la producción de bioetanol. Esa Ley se sancionó en marzo y reglamentó la puesta en pie del Instituto de Promoción del Azucar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), organismo compuesto por 6 miembros (industriales, cañeros, y del PE), que intentaría constituirse como una “mesa azucarera” de coordinación entre los distintos sectores patronales.
Al mismo tiempo se daba fuerte impulso a una política de subsidios desde el gobierno nacional, que por aquellos días también anunciaba la puesta en funcionamiento del Ingenio La Esperanza en Jujuy. Los medios de comunicación justificaban este millonario desembolso a los empresarios del azúcar y hablaban de “subsidios para mantener a flote el precio”. Para finales de la zafra el precio de la bolsa de azúcar había aumentado de $125 a más de $200 llevando nuevamente el precio a sus mejores niveles. A esta recuperación del precio contribuyeron las fuertes heladas y sequias que implicaron una sensible reducción de la molienda, y de los diagnósticos de “crisis terminal” se pasaba ahora a la euforia: “los días negros de la crisis han quedado atrás en la industria azucarera”; “la crisis se disipa; respiran los azucareros”; “se prevé que los buenos precios se sostendrán entre los próximos 18 a 20 meses”. En Jujuy y en Salta las heladas y sequias provocaban fuertes caídas en la producción. Hugo Rossi, presidente del Ingenio El Tabacal afirmaba al final de la zafra que la temporada se había acortado 32 días y se habían molido 475 mil tn menos de caña. Por las mismas causas El Ingenio Ledesma declaraba cerrar el año con una caída del 28% en la producción de azúcar. Pero en Salta y Jujuy la caída de los precios del azúcar no generó pronósticos tan sombríos sobre el futuro de la industria como en Tucumán. Al mismo tiempo, la caída en los niveles de producción fue recibida en Tucumán como un “alivio” para las patronales del campo y la industria, que encontraron en las inclemencias de la naturaleza un regulador más eficaz que el recién estrenado IPAAT para controlar la caída de los precios.
En unos pocos meses la industria azucarera parecía haberse salvado de la catástrofe. Sin embargo, un análisis más profundo de la industria azucarera pone de relieve el notable contraste que existe entre los negros vaticinios empresariales y los auspiciosos informes que recopilan los datos de la evolución histórica en la producción, precios, productividad, y las tendencias del mercado azucarero a nivel internacional, que parecen contradecir la idea de un “crisis terminal”. También contrasta con las “memorias” de los balances contables presentados por los principales ingenios azucareros en años recientes.
Cabe preguntarse entonces: más allá de la caída en los precios y la producción de 2013, ¿hubo o no una “crisis terminal” en la industria azucarera?; ¿puede la Ley Azucarera constituirse en un mecanismo efectivo para regular la caída de los precios?. ¿Por qué no hubieron los mismos pronósticos en Tucumán que en Salta o Jujuy?.
En nuestro intento de esbozar una primera respuesta a estas preguntas trataremos de demostrar que la “crisis azucarera” tiene su origen no tanto en la caída de los precios o en los cambios climáticos (que ocurrieron), sino en la propia dinámica anárquica de las relaciones capitalistas de producción que atraviesan un profundo proceso de disolución de las viejas estructuras de propiedad. La caída de los precios, intentaremos demostrar, se produce en un mercado que se desarrolla entre los polos de la competencia y la protección estatal de una burguesía nacional parasitaria, y es a su vez acicateada por las tendencias a la concentración, centralización del capital y a la penetración del capital imperialista.
Con este primer informe queremos acercar a los trabajadores en general y a los obreros de los ingenios del NOA en particular, un análisis crítico acerca de las verdaderas causas de la crisis azucarera, poniendo en evidencia los intereses de clase que dan fundamento a las disputas entre industriales y cañeros, que siempre intentan presentar sus propios intereses como “intereses generales” de la provincia, para demostrar la necesidad de pelear por una salida propia de los trabajadores, que solo tendrá su remate con el control obrero de la producción y el gobierno de los trabajadores.

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El ajuste K y los ataques patronales apuntan contra el empleo y el salario

A comienzos de este año, señalábamos que el giro dado por el gobierno de Cristina Fernández en enero, al imponer el mayor ajuste cambiario desde 2002 signaba “de forma irreversible, la entrada en una nueva dinámica”. La del ajuste a un ritmo más acelerado. Más acelerado, decimos, porque en los hechos después de las elecciones de 2011 se decretó el fin del tan mentado “nunca menos”, y comenzaron las primeras medidas de ajuste.

Pero la devaluación marcó un salto. Le dio un nuevo empujón a la inflación, que ya se había acelerado de forma considerable a fines de 2013, y en unos pocos meses (de noviembre a marzo) el poder adquisitivo del salario cayó más de 15%. El ajuste cambiario fue seguido por una política monetaria restrictiva que subió las tasas de interés y restringió la liquidez para contener al dólar, con la consecuencia de encarecer significativamente el crédito al consumo -con tasas que llegan al 80%- y reducir (o cortar, según el tipo de bienes) su disponibilidad. Se trató de un zarpazo en toda la línea, el mayor de la época kirchnerista, contra los ingresos de los asalariados y el nivel de vida de todos los sectores populares. Y al mismo produjo un regalo a los bancos, que en el primer trimestre de este año llegaron en algunos casos a cuadriplicar sus ganancias respecto de igual período del año anterior.

Cuatro meses después, se confirma que hemos entrado en una nueva dinámica. Veamos.


Una estabilización “macro” provisional y limitada

La situación que se está configurando, se alejó en lo inmediato de los pronósticos de descalabro de la economía que circulaban durante los primeros meses del año. A fuerza de ajuste ortodoxo, el tándem Kicillof (Ministro de Economía) y Fábrega (Presidente del Banco Central, BCRA) logró estabilizar la situación. La devaluación, seguida por una política monetaria restrictiva (es decir un combo de ajuste ortodoxo por ambos lados) para incentivar el ahorro en pesos y frenar la fuga al dólar; el posterior blanqueo de la inflación con el nuevo IPCNu (aunque también el achicamiento del crecimiento que los libró del cupón de crecimiento a fin de año) y el acomodamiento en una pauta de negociaciones salariales que supera el objetivo que se había puesto el gobierno a comienzos de año (18%) pero que va a dejar los salarios por debajo de la devaluación acumulada desde fines de 2013, y de la suba proyectada de precios para este año, lograron estabilizar la macroeconomía por un período (dependiendo cuánto dure de si planchan la moneda o no, del nivel de inflación y de los dólares que entren por el comercio exterior). Las patronales siempre propensas a reclamar por la “competitividad” se vieron beneficiadas por una devaluación que hizo caer el costo salarial en dólares, y el “agropower” logró un tipo de cambio favorable para liquidar los dólares amasados por la cosecha. Esto puso un freno a la fuga de dólares, que se llevó 13 mil millones de dólares en 2013 a pesar del cepo cambiario.

Los esfuerzos mostrados en la negociación con el Club de París para restablecer un cronograma de pago de estas deudas con acreedores de los países ricos, la circunspecta presencia de Kicillof en la reunión del FMI, y el acuerdo con Repsol para pagar generosamente la compra del 51% de las acciones de YPF, empezaron a despejar alguna posibilidad de emisión de deuda pública en el exterior. Se comprende, con tasas por el piso en los países ricos, los grandes bancos internacionales desesperan por hacer negocios con un país al que le pueden cobrar arriba de 8%. Por lo pronto avanzaron emisiones de deuda de YPF, así como hay ofertas para préstamos a tasas que rondan el 6% al BCRA, para ampliar la cobertura de dólares (es decir, no sería un financiamiento al tesoro del Estado argentino sino una especie de “swap”, que cubre al BCRA para sostener la política monetaria), en ambos casos a tasas altas en términos internacionales, pero mejores que hace un tiempo. La estabilización también despejó, al desinflar el mercado cambiario paralelo, algunos obstáculos que limitaban la extensión del acuerdo Chevron a otras empresas, como era la necesidad de hacer mecanismos para compensar la "pérdida" de las multinacionales por entrar en dólar legal en vez de blue. Al acuerdo con Dow anunciado en septiembre pasado, se sumó otro con la malaya Petronas, así como un nuevo desembolso conjunto de YPF y Chevron por 1.600 millones de dólares. Estos negocios petroleros representan el ingreso de al menos 2 mil millones de dólares para este año.

Todo esto contribuyó a descomprimir el faltante de dólares, tanto por el lado de frenar la salida como de alimentar la entrada, relajando entonces la “restricción externa” (sobre esta restricción en la economía argentina ver aquí). Pero aunque esto alejó por el momento los riesgos de una crisis externa (es decir de un escenario donde el tipo de cambio nuevamente se vuelva inmanejable, con nuevo salto del blue e incluso riesgo del sistema financiero), la inflación que sigue a paso firme, y la baja de la tasa de interés que está encarando ahora el BCRA para tratar de restablecer las condiciones de crédito, dejan el interrogante de cuánto tiempo duraran estas condiciones. A esto se agrega otra inquietud, imprevista hace unos meses, que es el deterioro agudo del balance comercial. Llamativamente el Indec acaba de ajustarlo a la baja para el año 2013, pasando de u$s 9.024 millones a u$s 8.004 millones. Pero lo más alarmante es que las habituales discrepancias con los registros de Intercambio Comercial Argentino (ICA) son mucho mayores que en otros años, y llevaron a ajustar las estimaciones privadas para 2013 a un superávit virtualmente nulo (ver acá). Para este año, se redefinieron los pronósticos y se espera un superávit comercial de u$s 5 mil millones. El saldo externo favorable observado desde 2002 ha sido clave para fortalecer las reservas del BCRA, que se fueron volviendo cada vez más importantes para la política económica a medida que otras patas del llamado “modelo”, como el superávit fiscal o la competitividad lograda en 2002 con la megadevaluación, se deterioraban. Como explicábamos en Ideas de Izquierda 7: “El hecho de que el BCRA tuviera un nivel elevado de reservas, contribuyó durante los últimos años de diversas formas a sostener el esquema de financiamiento imprescindible para afrontar un gasto público en aumento”, entre otras cosas porque permitió que una parte de las reservas fuera usada para pagar deuda pública externa, sin contrapartida de mayor endeudamiento del Tesoro (el Fondo del Bicentenario). Para que nos demos una idea, los vencimientos de deuda del Gobierno nacional que se pagaron con reservas ascienden a u$s 27.500 millones entre 2010 y 2013. Las alarmas sonaron en 2011 sólo porque los dólares de la soja (y otros granos) ya no alcanzaban para sostener el déficit industrial, el déficit energético, los pagos de la deuda, las remesas de capitales y la lisa y llana fuga de dólares. Ese año fue el primero de la década kirchnerista donde el año concluyó con una caída en las reservas en manos del Banco Central.

El superávit comercial previsto para este año está un poco por encima de los vencimientos de deuda pública de este año (3.200 millones de dólares) en caso de que efectivamente no haya pago de cupón de PBI como se prevé por el momento (sino la cifra podría trepar a 6 mil millones de dólares, es decir que el superávit comercial del año no llegaría siquiera a cubrir esto). Considerando que la salida de dólares se enlenteció pero no se frenó del todo, es probable que el año termine nuevamente con caída de reservas. 2015 luce más complicado, ya que los vencimientos ascenderán a 9 mil millones de dólares.

Por eso, aunque en lo inmediato el ajuste cambiario y la política monetaria ortodoxa contribuyeron a estabilizar la situación, el deterioro comercial es otro síntoma de que esto podría durar poco.


La hora de la recesión

La “estabilización” –con los límites que señalamos más arriba- ha sido lograda a costa de un ajuste que golpeó una economía que ya mostraba múltiples señales de deterioro. La devaluación agravó un escenario complicado, empujando en lo inmediato a la economía hacia la recesión. La economía, que venía ya de dos años (2012 y 2013) muy bajo crecimiento (que ahora el ajuste de los números oficiales del PBI confirma), ingresó técnicamente en recesión, ya que se registraron dos trimestres consecutivos de contracción de la economía. Los pronósticos para el año prevén una contracción económica de entre 0,5% y 1,5%. Con una inflación que difícilmente termine el año por debajo de 35%, y acuerdos salariales que salvo excepciones estuvieron por debajo del 30%, la política oficial se orienta hacia una profundización del deterioro del salario real (que en promedio había terminado con una ligera caída en 2013, que en varios gremios, con los convenios salariales negociados por debajo del promedio, fue en realidad un deterioro bastante más marcado).

Uno de los sectores que muestra mayores complicaciones es la industria automotriz. Esta acusa una caída acumulada de la producción de 18% en los primeros cuatro meses del año, y una disminución de las ventas locales del 30% y del 18,6% de las exportaciones en igual período. Por ahora el deterioro se está acelerando, ya que sólo el mes de abril la caída en las ventas mayoristas fue de 40% respecto de igual mes del año anterior. Como señalamos acá, las automotrices han aprovechado las formidables ventajas en flexibilidad que les otorgan las cláusulas de flexibilidad perfeccionadas en cada convenio (por rama y por empresa) durante la última década para ajustar just in time el trabajo, anunciando en unas pocas semanas una seguidilla de suspensiones que afecta a 12 mil trabajadores. Esto evidencia cómo, aún los sectores mejor pagos de la clase trabajadora argentina, y que lograron participar en cierto modo del “derrame” que no bajó a los escalones donde se encuentra el grueso de los asalariados del país, se encuentran hoy ampliamente flexibilizados. Esta dimensión de la precariedad que se invisibiliza en tiempos de crecimiento, se pone en evidencia apenas emerge la crisis. Estamos empezando a ver reminiscencias de lo que fue 2009. Pero promete ser mucho peor, y es necesario responder a la medida del ataque que se viene.

La profundidad de la caída tiene numerosos efectos expansivos sobre el resto de la industria. Las terminales representan el 6,5% del PBI industrial y el 7,2% del empleo en forma directa. Aún con la limitada integración de componentes locales en los vehículos (30/35%), más de 400 empresas autopartistas se mueven al vaivén de lo que ocurre con la producción automotriz. El 55% de su facturación está compuesto por ventas a las terminales locales. Otro 15% se dirige a Brasil, donde las automotrices también están aplicando suspensiones. La onda expansiva del parate automotriz continúan, a través de sus proveedores, hacia un importante número de metalúrgicas, fundidoras y proveedores de insumos básicos como acero, aluminio, vidrios, químicos y plásticos. Esto significa sectores que implican que no menos del 14% del PBI industrial (3% del PBI total nacional). Según estimaciones de Dante Sica de Abeceb, por cada puesto de trabajo generado en una terminal automotriz, se crean otros 3,7 empleos en empresas eslabonadas en la cadena de producción, distribución y comercialización. Es decir que la crisis automotriz afecta a una buena parte de los más de 165 mil empleos involucrados en la cadena. Ante esto las patronales se aprestan a descargar sobre los trabajadores el peso de la crisis. Ni lerdos ni perezosos, las patronales autopartistas ya iniciaron despidos, como observamos en Gestamp.

¿Cuáles son los motivos de esta caída? En la industria automotriz el gobierno pretende explicarla centralmente por la caída de Brasil. Pero aunque las exportaciones cayeron fuerte, mucho más lo hicieron las ventas locales. También están cayendo fuerte otras ramas de la industria muy vinculadas al desenvolvimiento del mercado local. De conjunto la actividad industrial de marzo de 2014 muestra disminuciones del 6% en términos desestacionalizados. La producción de cemento registra en marzo una caída del 4,8% en comparación con igual mes de 2013; en el primer trimestre de 2014 en comparación con el mismo período del año anterior la producción de cemento presenta una disminución del 0,8. Alimentos y bebidas cayó en marzo 0,4 respecto de igual mes del año anterior, y acumula en el año una caída de 0,6 respecto de igual período del año previo). Mientras tanto, firmas como Aluar que exporta un 70% de la producción, presentaron balances con ganancias que crecieron un 115% en nueve meses.

En este contexto, durante la segunda parte del año podría haber, en el mejor de los casos, alguna reversión parcial del deterioro. Hasta marzo el consumo agregado acumulaba en el año una caída del 0,6, mientras que el crédito al consumo registraba una caída de 6,1%.

Después de paritarias y la liquidación de la soja puede haber algún impulso a la demanda, aunque limitado porque la tendencia a la destrucción del empleo no da signos de detenerse. las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicadas para el primer trimestre, que reflejan una merma interanual del 1,2 por ciento en la cantidad de obreros en la industria manufacturera. La encuesta industrial del Indec indica que el 3,2% por ciento de los empresarios fabriles prevé una baja en el número de empleados para los próximos meses, así como también estiman reducir la cantidad de horas trabajadas. Según la encuesta reciente de la consultora SEL, sobre 140 grandes empresas, un 15% espera disminuir su personal en 2014, cifra que casi duplica la relevada el año pasado, cuando sólo el 8 por ciento preveía despidos. El estudio señala que “esta expectativa se agudiza en el sector de bienes durables, donde la proporción de empresas que espera disminuciones se duplica, llegando a un 30 por ciento”. En contraposición, el 19 por ciento espera aumentos, 4 puntos por debajo de igual período del año anterior. Según el mismo estudio, el 26 por ciento de las empresas líderes redujo las contrataciones estacionales. Alineado a lo anterior, el 21 por ciento ya ha eliminado la contratación de personal temporario, cifra que asciende al 24 entre las compañías de bienes durables y consumo masivo.



Un programa para frenar el ataque

Ante este cuadro de deterioro, que ya está golpeando sobre la clase trabajadora, desde usinas afines al oficialismo depositan confianza en las herramientas del gobierno para contener los efectos sobre los ingresos de los trabajadores y sectores populares. Mencionan en Programa de Recuperación Productiva (RePRo), implementado en 2008 ante la caída de la economía que causó la crisis mundial. Algunos llegan tan lejos como para afirmar que el anuncio de 40% de aumento para la AUH y para las asignaciones familiares (que analizamos acá) desmiente el rumbo del ajuste.

Pero este aumento es por sí sólo un reconocimiento del ajuste aplicado sobre los ingresos de la clase trabajadora, de los sectores público y privado, que en ningún caso tuvieron una recomposición nominal del ingreso equivalente. Si la AUH le empata le gana por poco a la inflación (no así a los aumentos de precios de alimentos, que alcanzan a 40% desde junio último, cuando había sido el anterior aumento de la asignación), los salarios pierden por goleada.

Ante el déficit fiscal, y las limitaciones para financiarlo, el gobierno no puede actuar para contrapesar la caída económica. Al contrario, está obligado a actuar para profundizarla. A diferencia de otros ajustes devaluatorios (como 2002) que permitieron ajustar gastos en relación a los ingresos, mejorando la situación fiscal, ahora ocurrió todo lo contrario. La devaluación no hizo más que agravar las dificultades, entre otras cosas porque agravó el costo de las importaciones de combustible. Como consecuencia de esto, los aumentos de tarifas de servicios públicos y del transporte trasladan a los precios una parte de los subsidios, pero esto no permite reducirlos sino sólo limitar su crecimiento. Salvo que ensayen a fondo la vuelta a los mercados, o que aceleren el financiamiento a través de la emisión monetaria (que el actual jefe del BCRA no parece dispuesto a convalidar), el ajuste fiscal debe continuar a paso firme, ya que no hay margen para continuar con los mecanismos de financiamiento ensayados en los últimos años (a través de ANSES y el BCRA). Por eso se encuentra limitada la capacidad de empujar la economía con gasto público. A la inversa, la devaluación y la reducción de subsidios, así como el encarecimiento del crédito son un combo de ajuste sobre la economía. La estabilización provisional (que podrá extenderse a cosa de más devaluación -es decir más ajuste- y endeudamiento externo) lograda a fuerza de medidas ortodoxas, está permitiendo dosificar los ritmos, no cambiar la tendencia.

Toda la burguesía y los partidos patronales acompañan las medidas de ajuste. Aunque desde sectores opositores y El Foro de Convergencia Empresaria expresen la intención de lograr medidas más decididas, y sobre todo, aspiren a desmontar mecanismos de intervención en la economía aplicados durante estos años que, aunque aplicados en función de sostener la reproducción del capitalismo nacional, cuentan con el rechazo de sectores empresarios. Pero no hay diferencias en un punto fundamental: que sean los trabajadores los que paguen los costos de la crisis. El gobierno, que al mismo tiempo que puso techos a los salarios por debajo de la inflación se resiste a mover el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y trata de “privilegiados” a los sectores sindicalizados, pretende que todo esto es para sostener los ingresos de los sectores más bajos. Puro verso: el ajuste pega de lleno sobre estos sectores, ya que, por fuera de la percepción de la asignación con fondos del Estado, buena parte de los ingresos en estos sectores provienen de un empleo, en condiciones no registradas (en “negro”), en los sectores como la construcción que están entre los que más caen (construcción cayó 6% en marzo). Como planteamos en Ideas de izquierda 5, las condiciones de precarización de la fuerza de trabajo, que son las principales responsables del bajo piso de ingresos. Al cabo de una supuesta década “ganada”, el 50% percibe ingresos de hasta $4.040, y el 70% está por debajo de los $6.000. Suena a broma presentar ahora, como medida contra el trabajo no registrado, después de 10 años en el poder, un proyecto de blanqueo de inspiración cavallista, con la modesta aspiración de bajar un 10% el empleo no registrado (es decir que pase de 34% a 28% de la Población Económicamente Activa). En abril, el mismo mes en que se anunciaban estas medidas,las contribuciones a la seguridad social crecieron un 19,4% interanual, la mitad del aumento general que registró la recaudación. Es decir bastante menos que la inflación estimada. Dado que el desempleo no se disparó y que los despidos todavía son puntuales, eso implica que hay empresas que dejaron de pagar los aportes por sus empleados o que empezaron a “negrear” ante el enfriamiento de la economía. El plan de “blanqueo” nace fallado por la crisis, que potencia la inclinación negrera de la burguesía argentina.

Los verdaderos “privilegiados”, en la Argentina del ajuste ortodoxo llevado a cabo puntillosamente por heterodoxos, son los sectores empresarios, si juzgamos por la última presentación de balances de las empresas cotizantes, con crecimientos de los beneficios de hasta 400% en el caso de algunos bancos.

Con el 10A, la clase trabajadora hizo visible su fuerza en la calle. También se puso en evidencia la presencia de la izquierda en sectores estratégicos, como es la zona norte del Gran Buenos Aires donde se encuentran algunas de las principales concentraciones fabriles del país. En numerosas fábricas los sectores clasistas arrebataron muchas de las organizaciones (centralmente Comisiones Internas) de manos de la burocracia sindical. También contamos con el avance político que representa la conquista de diputados, legisladores y concejales de los trabajadores con el Frente de Izquierda. Con esta fuerza los trabajadores podemos evitar pagar los costos de esta nueva crisis (como pasó con el fin del Gobierno de Alfonsín o el de Menem y la Alianza). Tenemos la fuerza para articular una alianza con los sectores populares, resistir este ajuste e imponer una salida opuesta. Es mentira que no queda otra que aceptar las “reglas” del ajuste, es decir, las de los que la “juntaron con pala”. Atacando sus millonarias ganancias, hay una salida a favor de los trabajadores y el pueblo.

Para imponerla, lo primero es terminar con la tregua que, después del 10A, impulsan los sectores opositores de la burocracia sindical. Hay que imponer un paro nacional de 36 horas con movilización y piquetes. Rodear de solidaridad todas las luchas, pelear por la prohibición de todas las suspensiones y despidos, y por la reapertura de todas las paritarias para imponer “cláusulas gatillo” para ajustar los salarios ante la inflación. Reparto de las horas de trabajo manteniendo el salario. Abajo la precarización laboral. Pase a planta y a mejor convenio.

La clase trabajadora puede presentar una alternativa al ajuste. Hay que expropiar a los bancos y crear una banca estatal única controlada por los trabajadores que termine con los usureros. Se debe confiscar a las comercializadoras de granos e imponer el monopolio estatal del comercio exterior, hay que decidir qué se exporta y qué se deja introducir como importaciones de acuerdo a las necesidades populares, y con precios accesibles y no de acuerdo a la ganancia de las multinacionales. Hay que desconocer la deuda usuraria, que ya se pagó más de treinta veces, e imponer que los empresarios retornen los dólares que tienen en el exterior (calculados en 210 mil millones). Si se niegan, hay que expropiar sus bienes en el país. Todas las privatizadas demostraron que utilizaron los subsidios para su rentabilidad, sin inversión (los permanentes cortes de luz fueron la muestra reciente): hay que estatizarlos y ponerlos a funcionar bajo control de los trabajadores.

Estas son demandas de un plan de emergencia que muestran que hay otra salida, pero que no vendrá ni de este Gobierno que se arrodilla ante el capital ni de la oposición patronal. Solo la movilización obrera y popular puede ir conquistando estas demandas y un Gobierno de los trabajadores puede imponer este programa de conjunto. Para que la crisis la paguen los empresarios.

Los Encuentros regionales como el que se prepara para el 24 de mayo en la Zona norte del Gran Buenos Aires, tienen como desafío impedir el avance de las suspensiones y despidos, así como rechazar la ley antipiquetes, la represión a los que luchan y tomar medidas para seguir exigiendo la absolución ya a los petroleros de Las Heras.

Otra crisis del capitalismo dependiente argentino

En las últimas semanas venimos analizando el giro marcado del gobierno de Cristinta Fernandez, que viene de imponer el mayor ajuste cambiario desde 2002. Sólo en enero la depreciación del peso en relación al dólar fue superior al 20%. En este posteo, largo, nos vamos un poco de la coyuntura profundizar desde el análisis marxista de los determinantes del funcionamiento de la economía argentina, cómo este giro es el resultado de las contradicciones de este proceso. Y signan, de forma irreversible, la entrada en una nueva dinámica, con varios elementos de desarrollo aún abierto. Debe leerse, entonces, como un complemento de los textos que vienen abordando lo que acá se considera sólo tangencialmente.

Introducción

Para buena parte de la oposición política patronal, así como para los economistas y consultores económico/financieros, la situación que estamos atravesando es el resultado de una “mala praxis” del gobierno, por una política laxa de gasto público y expansión monetaria sostenida durante años y que habría empujado la inflación, la fuga de capitales e incentivado la dolarización de los ahorros. Muchos lamentan la “oportunidad perdida” de la década, ya que con los fuertes superávits comerciales gracias a la demanda china y la soja cotizando altísimo, de todos modos reemergieron desde 2011 problemas crónicos que afectaron el crecimiento de la economía argentina en otros momentos históricos. Todo esto, afirman varios, podría haberse evitado con políticas más consistentes que hubieran canalizado los excedentes hacia un desarrollo de largo plazo.

Desde las veredas oficiales no se archivó el discurso de la década ganada, aunque algunos admiten que existen problemas porque, parafraseando, “en diez años no se puede hacer todo”. Quedaría pendiente que el “modelo de desarrollo con inclusión social” avance en la sustitución de importaciones, el desarrollo de numerosas industrias de componentes, para aliviar el problema de los dólares. Pero no estas serían señales de transformaciones por hacer, y una muestra patente de límites del “modelo”.

Ambas visiones nos parecen equivocadas. La crisis no surge de una “mala praxis” oficial; buena parte de lo que la oposición patronal define como “mala praxis” fueron medidas de gobiernos que, pos 2001 y con una clase obrera en fuerte recomposición social, tuvieron que tomar nota de una relación de fuerzas para compatibilizar la defensa de los intereses capitalistas con algunas medidas de contención hacia la clase obrera y los sectores populares. Así, la “urgencia” se impuso sobre los planes más estratégicos porque ante todo estaba el restablecimiento del orden, la “pasivización” de los sectores obreros y populares a través de políticas de conciliación de clase. Por otra parte, hace años nos deslizamos hacia un fin de época porque la entelequia de esta conciliación sólo es posible bajo ciertas condiciones muy específicas, de “holgura” económica, como las que había creado el mega ajuste de 2002 que se dio de la mano de la devaluación que puso fin a la convertibilidad. Hoy, doce años después de la gran crisis (que también fue doce años después de otra gran crisis, para delicias de los buscadores de ciclos de regularidad perfecta) el capitalismo argentino pone en evidencia que el combustible que lo mueve son los recurrentes ajustes a los sectores populares. Es eso lo que está marcha, y sólo eso puede relanzar la economía nacional en términos capitalistas.

Pero vayamos por partes. Lo expuesto en el párrafo previo son las conclusiones que surgen del análisis de qué es la formación económico-social argentina y cuáles son las determinaciones de la acumulación de capital en el país. Mediante ese análisis podremos comprobar que esta crisis no surge de la nada, sino que es consecuencia de las condiciones que determinan de la economía capitalista argentina, y que sólo un trastocamiento profundo de las bases de esta sociedad puede evitar la catástrofe que la burguesía se prepara para volver a descargar sobre nuestras cabezas.

La gravitación del tipo de cambio en la acumulación de capital en la Argentina

El ministro de economía Axel Kicillof volvió en una entrevista reciente a un tema muy trillado: la supuesta “mentalidad” que inclinaría a los argentinos hacia el dólar. Pero no se puede reducir la cuestión a un caso para diván colectivo. La “cuestión” del dólar es una consecuencia de la gravitación que tiene el tipo de cambio para la acumulación capitalista en el país. Y está lejos de ser un problema meramente argentino, aunque sin duda la historia de crisis nacionales -y los modos en que estas se “resolvieron”- genera reflejos que no se observan en otras latitudes, al menos en la misma medida.

¿De dónde surge la gravitación del tipo de cambio? Pues de las condiciones de productividad media de la economía nacional en relación a los niveles medios imperantes a nivel internacional. Los capitales que se valorizan en el espacio económico nacional exhiben una productividad del trabajo menor a los promedios internacionales, con excepción del agro y otras pocas ramas que cuentan con ventajas específicas. Esta brecha de productividad significa que buena parte de los capitales en rubros dedicados a la elaboración de bienes “transables” (es decir mercancías sometidas a la competencia internacional, ya sea que se produzcan para el comercio exterior o para el mercado interno afrontando competencia de bienes equivalentes producidos en otros países) requieren más tiempo socialmente necesario que sus homólogos de otras latitudes para producir las mismas mercancías. Es decir, producen a un costo más alto comparativamente más alto que en otros país, lo que significa que su operación no sería posible si este mayor tiempo de trabajo necesario se expresara plenamente en términos de valor internacional. ¿Qué implicancias tiene esto? Pues que para una fracción considerable de los capitales que se valorizan en el espacio nacional, su posibilidad de reproducción se encuentra condicionada a una depreciación del tipo de cambio. El tipo de cambio depreciado, es decir una variación en la cotización de la moneda nacional en relación a las monedas que operan como reservas de valor internacionalmente, particularmente el dólar, significa que cada hora de trabajo nacional se va expresar sólo como una fracción de la misma a nivel internacional. Esto permite que los sectores que producen con costos mayores que los que imperan a nivel internacional en la rama en cuestión, tengan precios internacionales equivalentes a los de sus competidores que otros países que producen con técnicas más elevadas, es decir que gana la llamada competitividad. Esto puede permitir en algunos casos el desarrollo de exportaciones manufactureras, pero sobre todo preserva el mercado nacional para empresas de capital local, a costa de reducir los términos de intercambio nacionales. El correlato es la depresión del salario medido en dólares, lo cual significa en términos reales una pérdida de poder adquisitivo para la fuerza de trabajo.(aunque quizás no en la misma proporción de la depreciación cambiaria). La competitividad del capital se logra reduciendo la participación de la fuerza de trabajo en el valor generado, es decir con un aumento de la tasa de explotación.

Esto explica la tendencia recurrente en numerosas economías de desarrollo medio a depreciar del tipo de cambio. Podría parecer que el tipo de cambio es como una varita mágica que compensa las desventajas de productividad. Ciertamente los teóricos como los neoestructuralistas (Frenkel, en cierta medida también Ferrer aunque no es de esta corriente), que consideran la política cambiaria de este tipo un pilar para el desarrollo, así lo creen. También los industriales comparten unánimemente esta inclinación. Pero ocurre que no es tan sencillo.

El dólar “caro” y sus contradicciones

El tipo de cambio depreciado tiene consecuencias que conspiran contra la inversión en medios de producción, que en muchos casos deben importarse en un país como la Argentina. Es que como dijimos, con la depreciación del tipo de cambio, la economía argentina reduce sus términos de intercambio. Esto puede hacer más competitivas y por lo tanto más rentables determinadas producciones manufactureras con la capacidad ya instalada, pero al mismo tiempo, como se puede adquirir como contrapartida menos bienes de capital que si pudiera vender las mercancías que produce sin depreciar el tipo de cambio, disminuir la rentabilidad esperada de nuevas inversiones en las mismas ramas beneficiadas por la depreciación al encarecer el costo de nuevas inversiones basadas en medios de producción importados. Esto se debe a que, aunque en el caso de los bienes transables producidos para la exportación o para el mercado interno, en principio el tipo de cambio depreciado tiende a aumentar la tasa de ganancia que perciben con la capacidad ya instada, esto no necesariamente repercute de igual manera en la rentabilidad esperada de nuevas inversiones. Estamos ante una contradicción real: como los medios de producción importados tienen una gravitación muy importante en la inversión local, especialmente en lo que hace a la capacidad de mantener (con cierto retraso respecto de otras economías) el ritmo de innovación tecnológica, las condiciones que favorecen la reproducción de los capitales menos productivos (una fracción considerable de los capitales nacionales), tienden al mismo tiempo a restringir las posibilidades de su desarrollo productivo. La brecha de productividad que la depreciación cambiaria se propone compensar, tiende así a preservarse e incluso agrandarse con el paso del tiempo. Las que se ven afectadas son, sobre todo, las inversiones de mayor envergadura.

Pero además de este resultado de mediano plazo (que refuta la capacidad del tipo de cambio depreciado para dinamizar el desarrollo a mediano plazo) un aspecto más crítico es la dinámica inflacionaria que puede desatar la devaluación, que es lo que estamos presenciando hace años en la argentina. Como planteamos en otro trabajo (ver “La Argentina, a 10 años de la salida de la convertibilidad: contradicciones recurrentes para la continuidad de la acumulación capitalista. Una mirada desde la teoría marxista”), “el tipo de cambio depreciado no se sostiene en el tiempo, sino que lo característico es una alternancia entre períodos de depreciación y de apreciación, muchas veces mediados de cortes abruptos”. No se sostiene, en primer lugar porque no todas las fracciones de la burguesía están interesadas en la preservación de un tipo de cambio depreciado. Los capitales que radicados en áreas de bienes y servicios no transables, se benefician con un tipo de cambio apreciado que eleva la expresión en términos de valor internacional del plusvalor que obtienen en el país. Estos intereses contradictorios se expresan en la disputa por el ingreso: toda devaluación genera un cambio de precios relativos, en detrimento de los asalariados pero también de de otras fracciones del capital, que crea condiciones para futuros ajustes de precios, y como contragolpe también de salarios. Estos ajustes tienden a crear una dinámica de retroalimentación, y erosionan el tipo de cambio depreciado. Esto ha sido conceptualizados con el término “pass through”, que mide en qué medida los ajustes de precios disparados por una devaluación limitan la proporción en la que la modificación en el tipo de cambio nominal se traduce en una del tipo de cambio real. Esto ocurrió con posterioridad a 2002 en el país. Pero con cierto efecto retardado, ya que en ese año la profunda recesión que se extendió entre 1998 y 2001 permitió facilitó la transferencia de costos, tanto a los sectores capitalistas productores de bienes y servicios no transables soportaron una reducción de sus márgenes por la modificación cambiaria como -sobre todo- a la clase trabajadora, que en las condiciones de extremo desempleo no pudo evitar que la devaluación de 2002 diera lugar a un mazazo al salario. Medido en dólares, el costo salarial cayó un 60% producto de la devaluación, mientras que el salario real, es decir el poder adquisitivo del salario (por el encarecimiento de los precios atados al dólar, como muchos los alimentos, que se dio en ese momento) cayó casi un 30%. Este mazazo fue clave en las altas ganancias de los años siguientes, que motorizaron el crecimiento industrial y una moderada recuperación de la inversión. Gracias a esto, el impacto de la devaluación generó durante 2002 un aumento de los precios de 31%, un pass through limitado si consideramos que la devaluación llevó el tipo de cambio de 1 a más de 4 pesos por dólar, para estabilizarse posteriormente alrededor de 3 pesos por dólar. Sin embargo, el cambio en las condiciones económicas no podía más que disparar nuevos ajustes. La magnitud de la devaluación permitió que en un comienzo estos ajustes no crearan mayores tensiones, ya que, como analizan Daniel Heymann y Adrián Ramos la “configuración de los precios relativos surgidos de la crisis, con un muy alto tipo de cambio real y salarios reales bajos, dejó mucho espacio para una recuperación del poder de compra en dólares de los precios y salarios domésticos”(“Una transición incompleta. Inflación y políticas macroeconómicas en la Argentina post-convertibilidad”, Revista de Economía Política de Buenos Aires, Año 4, Vols 7 y 8, Bs. As., 2010). Según estos autores, a partir de 2005 empezarían a manifestarse los límites de este espacio.

Esta dimensión estructural de la inflación nos remite entonces de forma insoslayable al corazón del “modelo”. El mega-ajuste de 2002 y las condiciones de extraordinaria rentabilidad que esta produjo para buena parte de la burguesía tenían rasgos de expecionalidad, no crearon una situación estable. Los intentos de los sectores (más o menos) perjudicados por recuperar sus márgenes empezaron a disparar ajustes sucesivos que externalizan una disputa por el excedente social entre los sectores capitalistas. Como no podía ser de otro modo, en estas condiciones también los asalariados fueron obligados a exigir aumentos de salarios nominales, a riesgo de ver sus ingresos aún más erosionados de lo que ya lo habían sido con la devaluación si no lo hacían. Si en 2002, ningún sector de la clase trabajadora -golpeada por una desocupación masiva- pudo oponer resistencia al saqueo al salario que significó la devaluación, que contó con el cerrado apoyo de la burocracia sindical moyanista. La recomposición social de la clase trabajadora que trajo aparejada la fuerte recuperación con tasas “chinas” de crecimiento económico creo mejores condiciones desde 2004 para pelear por la recuperación del terreno perdido. Por eso ante esta escalada de los precios a partir de 2005 y 2006, se profundizan las presiones para recuperar los ingresos y evitar que la incipiente inflación los siga erosionando.

La escalada inflacionaria no es otra cosa que una expresión del carácter atrasado y dependiente de la economía nacional, que transforma al tipo de cambio depreciado en una necesidad que no puede sostenerse en el tiempo, que crea tensiones entre las fracciones capitalistas que se expresan en ajustes sucesivos de los precios relativos. Los capitalistas buscan culpar a los aumentos de salarios de las subas de precios, y cualquier concesión en este terreno es un argumento para volver a remarcar. Pero en realidad los reclamos por aumentos de salarios en la mayoría de los casos no hicieron más que intentar una recuperación de los ingresos ante la permanente licuación que ocasiona el accionar empresario remarcando precios -en los marcos permisivos de una política económica cuyos “controles” de precios no han contribuido en nada a limitar la inflación.

Las contradicciones de la devaluación, así como el peso preponderante del capital extranjero en los pricipales sectores de la economía argentina con las consecuencias que esto conllleva (ver “Los contornos de la dependencia”, IdIz nº 3), así como el carácter particularmente rapaz de los principales sectores de la burguesía “nacional”, explica que el período de condiciones más favorables en los últimos 60 años para la acumulación capitalista en el país, no dinamizara las tasas de inversión. Los principales grupos capitalistas aprovecharon de forma “extensiva” los beneficios de la devaluación, es decir sacando el mayor aprovechamiento de los recursos instalados para realizar una buena masa de ganancias, lo cual empujó un crecimiento a tasas “chinas” pero no sostenible a mediano plazo.

Agotamiento del "modelo" y fin de ciclo

El llamado “modelo” fue la herencia del ajuste múltiple que ocurrió en 2002, que empalmó con un ciclo alcista en la demanda y los precios de exportación de granos que, con altibajos, se mantiene hasta hoy. El ajuste múltiple fue un resultado de la devaluación. Al mismo tiempo esta hizo caer el gasto público (que cayó en 2002 un 5% en términos nominales pero 37% en términos reales), abarató el salario, lo cual bajó el costo salarial en casi un 60% y mejoró la rentabilidad empresaria; por último el dólar caro contribuyó a mejorar las condiciones para la exportación, y actuando como límite para las importaciones.

Pero la dinámica contradictoria que desató la devaluación, ha alterado esta situación. A pesar de que en numerosos sectores el empresariado logró preservar el costo salarial por debajo de los niveles de 2001 gracias a fuertes aumentos de productividad que no tuvieron correlato en las remuneraciones (el costo salarial está hoy aproximadamente en un 85% del nivel pre devaluación), las presiones para contener los aumentos salariales, o para arrancar al Estado subsidios para compensar parcialmente los aducidos aumentos de costos tuvieron como efecto crear una presión muy fuerte hacia el aumento del gasto público. Como efecto de las tendencias alcistas de los precios, los subsidios al capital y las mayores exigencias de la deuda, a partir de 2007 el esquema económico empieza a entrar en una nueva dinámica donde el gobierno nacional intenta conjurar, recursos públicos mediante, el creciente agotamiento. Con los subsidios el gobierno “internalizó” una presión al aumento del gasto público, que se volvió casi forzosa. En vez de contener las contradicciones las absorbió bajo esta forma. En 2007 los subsidios fueron de 14.600 millones de pesos, en 2014 serían de $ 140.000 millones. Como consecuencia de esto, el abundante superávit fiscal se transformó en déficit, luego del pago de deuda, a partir de 2009, lo cual empujó a buscar mayores fuentes de financiamiento, a través de la ANSES y posteriormente del Banco Central. Junto con esto comienzan desde 2006, y más decididamente en 2007, los techos al salario. El pivote que dio aire para administrar los crecientes síntomas de agotamiento, y que ayudado por condiciones internacionales favorables dio margen para administrar las contradicciones crecientes durante varios años fue la persistencia del saldo externo favorable. Sin embargo, esto empezó a cambiar y en 2011 empezó a volverse crítico: reapareció el fantasma de la restricción externa, que durante los mejores años kirchneristas muchos consideraron un problema del pasado que la modernizada economía argentina no volvería a sufrir. Durante toda la década el kirchnerismo convivió alegremente con todas estas gangrenas permitiendo que se desarrollaran. Las alarmas sonaron en 2011 sólo porque los dólares de la soja (y otros granos) ya no alcanzaban para sostener el déficit industrial, el déficit energético, los pagos de la deuda, las remesas de capitales y la lisa y llana fuga de dólares. Ese año fue el primero de la década kirchnerista donde el año concluyó con una caída en las reservas en manos del Banco Central.

Si desde sus orígenes el kirchnerismo se caracterizó por una apuesta a utilizar los recursos del Estado para distender las relaciones entre las clases, impulsando algunas mejoras de ingresos (en relación al piso que habían alcanzado en 2002, pero sin acercarse ni de lejos a los niveles históricos en el caso se los salarios, ver acá) con la emergencia de la restricción externa empezó su política adquirió de conjunto un sesgo contrario, el del ajuste. Los techos al salario, la reticencia a cualquier cambio impositivo que llevó a agravar la carga del impuesto a las ganancias sobre los asalariados, y las medidas aplicadas para preservar los dólares frenando las importaciones, fueron todas en ese sentido. Con la devaluación acelerada se busca dar un paso más firme en este mismo sentido, aunque creando nuevas contradicciones por la misma dinámica que describimos más arriba. La suerte del “modelo” está íntimamente atada a lo que ocurra con los salarios. El “modelo”, que durante años ilusionó con una conciliación entre las clases como vía para sostener un capitalismo “en serio”, supuestamente muy distinto al “anarcocapitalismo” neoliberal, no puede más que intentar regenerarse volviendo a arrastrarnos por el camino del ajuste, aunque ahora se le diga “heterodoxo”. 
La situación, muy distinta que en 2002, encuentra a la clase obrera mejor posicionada para enfrentar el peso del ajuste. Pero es necesaria una política decidida que no va a salir de ningún sector de las conducciones sindicales burocráticas. Más que nunca es urgente para la izquierda clasista la pelea por conquistar los sindicatos y expulsar a la burocracia. Y, ante la urgente necesidad de dar respuesta a los ataques que se vienen, la necesidad de un Encuentro Nacional de todo el movimiento obrero combativo y antiburocrático que levante un programa de medidas urgentes y exija la apertura inmediata de paritarias libres, sin techo y con cláusulas gatillo contra la inflación. 

NOTA: Acá retomamos lo elaborado en otros artículos. Algunas lecturas útiles para profundizar son:

La Argentina, a 10 años de la salida de la convertibilidad: contradicciones recurrentes para la continuidad de la acumulación capitalista. Una mirada desde la teoría marxista

Las raíces de la inflación en la Argentina. Un análisis desde el marxismo

Nos sobran los motivos – 20N clase obrera, cristinismo e izquierda

 

En su discurso del martes en San Pedro, la Presidenta expresó brutalmente lo que el variopinto arco cristinista viene expresando hace días. El paro no tendría grandes motivos, dado el contraste entre la situación nacional y la que caracteriza a buena parte de las naciones más ricas. Pero más aún, sería una amenaza contra “el modelo”, y por lo tanto contra las condiciones del “bienestar” que caracterizaría la situación de todos los trabajadores. Literalmente, mandó la amenaza: “no jodan con el trabajo”. En la misma línea, Fernando “chino” Navarro sostuvo que no habría lugar para el reclamo porque “tenemos el mejor salario de América Latina” y “somos el país con menor exclusión”.


Del “nunca menos” al... ¡menos!


Es cierto, la situación argentina (como de buena parte del mundo “emergente) contrasta hoy con la crisis europea. Este fue un año de estancamiento, en el que se registró por primera vez desde 2009 una caída en el empleo, pero hay indicios de una magra recuperación. Una ayuda no menor está viniendo por el lado externo, gracias a los altos precios y la firme demanda de granos. Aunque este año varios voceros oficiales ensayaron el discurso de que “el mundo se nos vino encima”, lo cierto es que aún en tiempos de declinación como los actuales, no puede el kirchnerismo (hoy en su etapa cristinista) decir que el flanco externo le haya sido adverso. La elevada liquidez mundial producto de las últimas rondas de inyección de liquidez orquestadas por los bancos centrales de las economías más grandes viene resultando una considerable ayuda. En otros países esto viene permitiendo que se endeuden a tasas del 5% anual, como es el caso de Bolivia hace unas semanas. Nada parecido puede ocurrir en la Argentina, presionada por algunos fondos buitre, pero la nueva situación contribuyó indirectamente a restar argumentos a la fuga de dólares. Esta abundancia de dólares presiona al alza los precios de los granos de soja, permitiendo que los popes del agrobussiness, y el gobierno que es su socio gracias a las retenciones, puedan esperar un 2013 de bonanza en lo que respecta al ingreso de verdes. También Brasil parece estar retomando ritmo, ayudado por algunas medidas del gobierno de Dilma, y también por esta abundante liquidez que se traduce en ingresos de dólares que alimentan el consumo. Pero claro, se trata de una situación precaria, que rápidamente puede deteriorarse considerando los varios puntos críticos que podrían deteriorar la situación global.


¿Por qué ante este panorama, que hoy no es de crisis aguda, el llamado a paro de la CGT de Moyano y la CTA de Micheli tuvo una respuesta contundente, aún considerando que como afirma JDM estos dirigentes “fueron a menos” (llamando por TV y sin hacer nada para extender el paro en los gremios de la CGT Balcarce)? La contundente adhesión al paro, que gracias a las peleas dadas por sectores de la izquierda clasista tuvo gran fuerza aún en gremios oficialistas (como fue el caso de la línea B del subte, varias fábricas de alimentación como Pepsico y Stani, y gráficas como Donnelley, WorldColor y Print Pack, por sólo nombrar algunas) y podría haber sido aún más activa y extendida si la propia burocracia no la hubiera torpedeado, da cuenta de los inicios de una ruptura, que responde a que se desnuda cada vez más este carácter de contunuidad en lo esencial con el legado neoliberal. No se trata, como dirían algunos, de “lo que falta” en un proyecto transformador. Se trata del corázon del kirchnerismo/cristinismo como modelo de “capitalismo en serio”, que como tal ha preservado las principales conquistas logradas a sangre y fuego por la burguesía, adornándolas un poco con medidas distributivas que pueden sostenerse en tiempos de vacas gordas. Tiempos que están más en el pasado que en el futuro.


Con el deterioro económico, aún moderado, se puso en evidencia rápidamente lo precario de buena parte de las “mejoras” en las que se asientan los esfuerzos del gobierno por darse un barniz reformista. Como ya hemos definido en otro post, lo que caracteriza al kirchnerismo desde su origen es el esfuerzo por “distender” parcialmente las relaciones [de la clase dominante] con las clases subalternas, creando algunas expectativas de mejoras en algunos sectores obreros y populares (que sólo se concretaron parcialmente para franjas limitadas, como las de los trabajadores privados registrados, y solamente si las comparamos con la situación catastrófica de la hecatombe de 2001)”. Pero esta “distensión” ha ido de la mano de una profunda continuidad en un punto clave de los “estragos” que hizo la ofensiva patronal de los años '90 sobre la clase trabajadora: el andamiaje de la fragmentación y precarización laboral. Este se trabuce en leyes, pero también en una “ciudadanía” de segunda en lo que respecta a la representación laboral y la capacidad de imponer reivindicaciones, validada por las conducciones sindicales. Se trata de un elemento central en la determinación de la fuerza social relativa del capital y del trabajo, ya que no sólo afecta a los precarios y fragmentados, sino que es determinante para el conjunto de la clase. Por eso, aunque la última década presenció una fuerte recomposición en el peso social de la clase trabajadora que le dio mayor capacidad de luchar con éxito por sus reivindicaciones, se pusieron en evidencia férreos límites para este avance. A pesar del formidable aumento de los puestos de trabajo, y la considerable reducción del desempleo, en la mayoría de los gremios recién en 2007 empezaron a aproximarse a niveles de remuneración cercanos a los de 2001. A partir de ahí, fue cada vez más difícil lograr en los acuerdos paritarios aumentos que siguieran los pasos de una inflación bien por encima del 20%. Resultado: en muchos gremios no se pudo sostener la recuperación, en otros comenzó una ligera senda descendente, y en un sector minoritario siguió la recomposión salaria en térnimos reales (es decir, con aumentos por arriba de la inflación).


Apelando a la “caja”, durante un tiempo el kirchnerismo pudo compatibilizar tendencias contradictorias. Otorgando subsidios, logró mantener cierta disposición empresaria a mantener aumentos, conteniendo de esta forma las demandas que en 2005 y 2006 se expresaban con fuerza por abajo, mostrando la entrada en escena del sindicalismo “de base” (aunque sin evitar que esto se tradujera en aumentos de precios cada vez más fuertes). Estas concesiones, sumadas a los efectos que ya de por sí estaba produciendo el crecimiento del empleo (un aprovechamiento empresario del “abaratamiento” del salario que trajo la devaluación, ver aquí y aquí), permitieron mostrar una mejora en los indicadores del ingreso, que iba de la mano con un aumento a niveles récord de la participación de las ganancias en el ingreso. La base para que esta situación fuera sostenible, fue el mazazo previo que recibieron los salarios con la devaluación de 2002, que hizo subir los precios sin que se movieran los salarios, mejorando de forma formidable la ecuación de los empresarios. Como si esto fuera poco, en buena parte de los acuerdos paritarios las patronales conseguían compromisos de productividad, con lo que la ecuación total resultaba ampliamente favorable. El límite –estrecho- de las concesiones era que las condiciones de rentabilidad (es decir los costos salariales bajos) se mantuvieran mejor que en 2001. No es extraño entonces, que a partir de 2006, los aumentos salariales comiencen a ser contestados con aumentos de precios crecientes, y exigir por otro lado un esfuerzo creciente del estado por solventar con subsidios una porción de la plusvalía (ver aquí).


Si estos subsidios fueron una manera en la que el kirchnerismo buscó compatibilizar la persistencia del patrón de distribución “primaria” (es decir al nivel de las remuneraciones) noventista, con algunas mejoras, el mecanismo privilegiado en los últimos años fue la política de ingresos. Esta adquiere con la AUH una extensión cualitativamente mayor a cualquier política previa, y permite contrarrestar parcialmente los efectos de la inflación, al menos para los sectores pobres.


La capacidad de estas políticas para operar como distención, contrarrestando -sin revertir- los elementos que estructuralmente fortalecieron al capital en desmedro de los asalariados, estaba atada a dos factores. El primero, que ya mencionamos, la magnitud del colchón logrado por el capital con el saqueo al salario. El segundo, la capacidad fiscal del gobierno para dirigir recursos hacia la “distensión”. Ambos aspectos se han ido estrechando en paralalelo. Aunque mediante la sucesiva apropiación de cajas (aumento de impuestos como las retenciones hasta la derrota de la 125, liquidación de las AFJP, uso de reservas del Banco Central para pagar deuda en dólares y, finalmente, la reforma de la carta orgánica de este último para aumentar su capacidad de préstamo) le dio una flexibilidad para conservar cierta holgura fiscal, pero a fines de 2011 sonaron las alarmas por el acelarado aumento de algunas partidas, como el gasto energético.


El resultado de estas capacidades más estrechas ha producido efectos diferenciados para distintos sectores de la clase trabajadora. Los trabajadores registrados han logrado aumentos salariales que en promedio se mantuvieron a la par de la inflación, aunque con mucha dispersión entre los distintos gremios. Incluso algunos años lograron alguna mejora en términos reales (como en 2010 producto de la intensa actividad desplegada por los sectores antiburocráticos en el gremio de la alimentación, que perforaron los techos salariales que estaban en torno del 20% y generaron presión sobre otros gremios). Pero esta mejora -moderada y relativizada por la inflación- se ha visto contrarrestada de forma creciente por el impuesto a las ganancias, por la movilidad limitada que tuvo el mínimo no imponible (sobre este robo al salario, ver lo que dicen Pablo Anino y Octavio Crivaro aquí). También ha afectado a vastos sectores la pérdida de las asignaciones familiares, por pasar a estar por encima del máximo de ingreso para percibirlas. Las últimas modificaciones dejaron afuera de quienes perciben esta asignación a nuevos sectores. Al mismo tiempo, mientras desde 2007 se ha detenido la reducción del empleo precario, mostrando los límite estrechos para acceder a “ciudadanía” laboral, fueron estos sectores los que más vieron modificar su ecuación de ingresos producto de la AUH. Lo mismo puede decirse de los trabajadores registrados con niveles de ingresos más bajos. Sin embargo, acá también la inflación se ha diluido parte de sus efectos.


La política de ingresos y laboral del kirchnerismo, como vemos, atacó mucho más las diferencias de ingresos entre asalariados que tanto preocupa hace tiempo a escribas oficialista como Verbitsky (ver aquí y aquí), que la limitada participación del ingreso asalariado producto del aumento de la participación del capital. Se subió el “piso”, principalmente por transferencias estatales y sin afectar la fragmentación estructural que tanto provecho ha dado a la burguesía, mucho menos se movió el techo. Y con el efecto persistente de la inflación, sumado a la mayor presión social y el cambio en el panorama laboral, todos los sectores de la clase trabajadora viven un panorama que no podía estar más lejos de la idílica situación que dibuja el “relato” oficial.


Cristina Fernandez conquistó un vasto apoyo entre los trabajadores en las elecciones del año pasado con la promesa del “nunca menos”. Sin entusiamo, el apoyo a la continuidad K se dio bajo la expectativa de que las modestas mejoras de estos años (más ligadas a la lucha y a la fuerza social recuperada por la clase trabajadora que a decisiones gubernamentales) se mantendrían. La sintonía fina, que con algunas contramarchas sigue firme (sino veamos la reciente votación de la ley de ART, la reticencia a mover el mínimo no imponible dando apenas un “regalo” de navidad) rompió esta expectativa. Como si fuera poco, a quince días del colapso energético en Ciudad de Buenos Aires, el “keynesiano” Kicillof anunció hoy junto con Julio de Vido nuevos anuncios sobre aumentos de tarifas eléctricas. Adivine el lector: ¿a qué se parece más el anuncio, a una política heterodoxa de ingresos, o a un “noventoso” regalo a las prestadoras de servicios públicos (una pista, la acción de edenor subió a horas del anuncio más de un 8%)?


¿Quo vadis?


¿Hacia donde va a conducir esta ruptura que empieza a desarrollarse? ¿Hacia una “fusión” del 20N con el 8N o hacia una política obrera independiente de la burguesía? ¿Scioli (o de la Sota) o la izquierda clasista? Resulta sagaz Pagni cuando plantea como central el problema de la inflación y la negación que hace el gobierno, comparando con la ubicación del sindicalismo en los años '80: “Como en los 80, el mercado laboral no ajusta hoy por cantidad, sino por precio.El número de empleados se mantiene, pero la remuneración disminuye en términos reales. El malestar se concentra en el universo de los ocupados. Y determina una mayor movilización gremial”. Claramente el cronista se deja llevar por sus deseos, ya que hay un abismo entre la situación actual y los tiempos alfonsinistas, con un Estado en ese momento quebrado bajo asesiado de acreedores externos. Sin embargo, tras su razonamiento hay un problema político de primer orden para quienes apostamos a la emergencia política independiente de la clase trabajadora. Si Moyano y Barrionuevo apuestan a incidir con sus acciones en la interna peronista (apoyando a Scioli y de la Sota respectivamente), Micheli apuesta a llevar agua para el molino del FAP, en ambos casos, por lógica de alianzas policlasistas de cualquiera de estos proyectos, el peso va para el lado de las “correcciones”, como planteó Scioli por estos días. Es decir la “normalización” definitiva por el lado de política antiinflacionarias y de ajuste más directo, contra el ajuste en cuotas e indirecto (vía inflación) que aplica el gobierno. Este programa no responde a las aspiraciones del conjunto de la clase trabajadora, pero sí puede traccionar a los sectores de mejores ingresos contra la amenaza del descontrol inflacionario. Ante esta convergencia posible, es fundamental fortalecer las condiciones para que, al contrario, pueda soldarse la unidad del conjunto de la clase trabajadora en alianza con el pueblo pobre. Para esto es fundamental la constitución de un polo alternativo que luche al interior de los sindicatos contra las direcciones de las CGTs y las CTAs.


Contra las variantes políticas patronales que impulsan distintas alas de la burocracia, es fundamental sostener una política consecuente para desarrollar la independencia de clase, tomando un programa independiente que responda a las aspiraciones del conjunto de los trajadores, y peleando por la mayor unidad de las filas obreras, contra las divisiones que defienden los empresarios, los burócratas y el gobierno. Como plantea Paula Varela “Si efectivamente, la comprobación de una disidencia por izquierda en sectores de masas abre la posibilidad a una ruptura con el peronismo, el polo opositor clasista tiene que ser más claro y más contundente”. No sólo delimitándonos claramente de los movimientos que fortalecen a las variantes de oposición patronal, como el 8N, sino también de la bucracia aún en el momento que acompañamos las acciones que llaman por justas reivindicaciones, como el paro del 20. Para esto, es fundamental el llamado inmediato a una Asamblea Nacional de Trabajadores para agrupar a los sectores combativos.