De buitres “malos” y “patriotas”

En el marco del creciente escepticismo de varios analistas ante el nuevo canje de deuda anunciado por el gobierno el martes pasado, apareció este fin de semana un fondo de inversión amigo que podría apuntalar la estrategia del gobierno. David Martínez Guzmán, titular del fondo Finthech Advisory, que tiene títulos de deuda pública argentina por una cifra cercana a los mil millones de dólares, ha planteado su apoyo al proyecto de ley enviado al Congreso el pasado martes y su intención de cooperar para “aislar al juez Thomas Griesa y a los fondos buitre y reanudar la cadena de pagos interrumpida en forma arbitraria”.

Empieza a tomar cuerpo el objetivo de involucrar a los bonistas de los canjes para encausar la crisis creada por la decisión de la Corte Suprema el pasado 16 de junio de no tomar la apelación argentina al fallo de Griesa, que obliga a pagar el 100% de la deuda más punitorios a los bonistas holdout (que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010) y ordena el embargo de todos los fondos que argentina deposite para pagar vencimientos de la deuda canjeada. El depósito que realizó la Argentina para el vencimiento del 30 de junio por 539 millones de dólares en el Bank of New York Mellon (BoNY), no fue finalmente embargado pero sí bloqueado. Aunque el gobierno sostiene que al pagar cumplió con sus obligaciones, y responsabiliza al agente de pago (el BoNY), después del 30 de julio se activaron los mecanismos que declaran al país en default.

Un tercer canje con destino incierto

Con el anuncio del nuevo canje, que con las declaraciones de Martínez Guzmán muestra aceptación entre algunos acreedores, el gobierno apuesta a salir del default en un tiempo limitado. De ser posible antes del 30 de septiembre, cuando hay un nuevo vencimiento de deuda por 200 millones de dólares del bono Par. Es que, después de la oficialización del default, difícilmente pueda Economía repetir la decisión de junio y depositar en el BoNY. Sin embargo, la aparición de Fintech en escena no despeja los puntos dudosos de la estrategia oficial. El primero es el mecanismo para canjear los bonos. El Gobierno decidió remover al BoNY como agente de pago y reemplazarlo por Nación Fideicomisos (u otra entidad que puedan designar los bonistas). Este cambio se topa con una dificultad: la necesaria participación del BoNY validando los registros de los bonistas podría volverlo pasible de caer en desacato ante la corte neoyorquina, ya que el fallo de Griesa prohíbe a los agentes de pago de jurisdicción neoyorquina colaborar con un eventual canje o cambio de domicilio. La segunda cuestión son los fondos de inversión extranjeros que, por estatuto, no pueden cambiar de jurisdicción.Salvo que los fondos “amigos” se ocupen de la compra de esta porción de la deuda, todo el mecanismo fracasaría ante la baja aceptación. Es decir que surgiría una se generarían más holdouts que podrían iniciar nuevos juicios. A pesar del respaldo de Fintech, los interrogantes al atajo que presenta el gobierno persisten.

Lo que pone en evidencia es que, aunque se sigue apelando a la retórica de “Patria o buitres”, los intentos de restablecer el pago de la deuda externa persisten. Es natural. Durante años el gobierno y todos los “progres” que desde diversos medios replican el pensamiento oficial, sostuvieron hasta el hartazgo que la deuda había dejado de ser un problema, gracias a la “capacidad de pago” del país (que se basó en un ciclo inédito de crecimiento de las exportaciones que revirtió tendencias previas) y la supuesta reestructuración “soberana” que había pactado una quita elevada (que después se hizo evidente que no era tal en los hechos). La estrategia del kirchnerismo fue resolver el problema de la deuda pagando “serialmente”, y en esto fue acompañado por buena parte de los “progres” que en otros tiempos habían repudiado el costo social de la deuda. Desde 2005 el kirchnerismo fue el mejor pagador, aunque quedaron en el tintero algunas de las hipotecas que había dejado la hecatombe de 2001, como ocurría con el Club de París, o los bonistas holdout.Conviviendo con estos frentes, el gobierno se obligó a redoblar el ritmo de transferencia de recursos a través de los pagos netos de deuda. Donde otros pagaban deuda con deuda, el gobierno argentino entregaba dólares contantes y sonantes. También reemplazaba deuda externa con deuda interna, contraída mayormente con ANSES y el Banco Central, es decir, retrayendo recursos paras las jubilaciones, preparando un futuro desfalco de la caja previsional y minando los márgenes para hacer política monetaria. Estrategia costosa y fallida: a pesar de ser “pagadores seriales”, la deuda pública pasó de 126 mil millones de dólares luego del canje de 2005, a 200 mil millones de dólares a fines de 2013. En la actualidad estaría superando los 225 mil millones de dólares.

Los 190 mil millones de dólares que el propio gobierno dice haber pagado desde 2003 (equivalente a media producción anual de la economía argentina), está entre las explicaciones de fondo de la escasez de dólares. Sumada a una fuga de capitales que se acerca a otros 100 mil millones en la última década, a las remesas de utilidades de las corporaciones al exterior que fueron récord, al descalabro energético y al fracaso de la publicitada reindustrialización, que se ver de forma patente en la industria automotriz que muchos más dólares de importaciones requiere cuanto más produce. Hasta 2011 se toleró alegremente estas sangrías, confiando que los dólares de la soja alcanzarían para cubrirlas. Cuando se hizo evidente que no era tan así, se confió en el cepo cambiario para cuidar las divisas. Sin embargo las reservas en manos del Banco Central siguieron cayendo.

Por eso el gobierno pegó el volantazo en enero: devaluación de más de 20 por ciento en días y vuelta a los mercados. El gobierno pagó los litigios del Ciadi (tribunal a la medida de las grandes empresas multinacionales), pactó con el Club de París, e indemnizó generosamente a Repsol. Sin embargo, se topó con la decisión adversa de la corte norteamericana, y el resultado es que por ahora cualquier resolución de la escasez de dólares por la vía de endeudarse afuera está archivada. Esta escasez, sumada a la inflación, ya está volviendo a apretar para generar un segundo ajuste cambiario en un año.

En la última semana el mercado paralelo se volvió a mover en espera de un nuevo ajuste en el tipo de cambio, ante el complicado panorama para conseguir dólares que genera el default que el gobierno pretende no ha ocurrido. El vice ministro de economía Emanuel Álvarez Agis salió a negar a finales de las semana pasada que se venga una devaluación, pero ya sabemos lo que suelen preanunciar estas declaraciones. Al mismo tiempo que hacía sus declaraciones, el Banco Central permitía que el dólar oficial subiera 11 centavos. Ya con los efectos que tuvo la devaluación de enero, las proyecciones apuntaban a una caída del salario de 5 por ciento para 2014, a pesar de las paritarias. Las nuevas turbulencias anuncian que la pérdida podría ser aún más severa, lo que se suma al deterioro del empleo.

El problema no es el default sino la deuda

En el debate entre oficialismo y oposición patronal sobre qué hacer con los buitres, que con el proyecto de canje se vuelve a trasladar al congreso, hay un acuerdo básico que es seguir pasando la deuda usuraria y fraudulenta. Deuda que se pagó varias veces desde la vuelta de la democracia, lo que no frenó su aumento desde 35 mil millones de dólares hasta su monto actual. Con o sin aprobación del proyecto oficial, el gobierno, el PRO, el Frente Renovador y las principales fuerzas del FAUnen coinciden mantener y profundizar el lastre de la deuda, comprometiendo nuestro futuro. La deuda es un fraude y un saqueo, que golpea con todo sobre los trabajadores y sectores populares. Por eso es urgente discutir no cómo pagarla, sino las medidas para dejar de pagarla.

Buitres en NY: al filo de la navaja

Como viene haciendo desde que la Corte Suprema norteamericana avaló su fallo que ordena a la Argentina pagar a los bonistas “holdout” en cash, el juez Thomas Griesa volvió hoy a redoblar la presión sobre el gobierno para que cumpla el fallo. Se negó a reponer el “stay”, que habilitaría la posibilidad de que se pueda concretar el pago de los bonos “performing” (que ingresaron a los canjes anteriores) que venció el pasado 30 de junio, con período de gracia hasta el 30 de julio. El juez rechazó pronunciarse sobre la situación de los pagos a bonos nominados en yenes y euros, que también se vieron afectados por el bloqueo a los fondos que el gobierno depositó en el Bank of New York (BONY) para afrontar el vencimiento del pasado 30. La audiencia de hoy estaba convocada por el pedido de Euroclear de clarificar la situación de estos bonos, ya que los acreedores fuera de EE.UU. sostienen que Griesa estaría actuando fuera de su jurisdicción. De no saldarse el pago ya vencido antes del 30 de julio, estos bonos entrarán en default. Esto significa que se habilitaría la posibilidad de que los bonistas que entraron al canje puedan iniciar reclamos por el valor total de los bonos. Pero, como si se tratase de una mamuschkas, cada fecha límite encierra dentro de sí un nuevo aplazamiento, hasta un punto futuro donde, con amenazas cada vez más ominosas, la situación puede sin embargo retrotraerse al punto de arranque. Después del 30, aunque ya en default, el gobierno tendría otros 60 días para restablecer la situación de los bonos.

Griesa dispuso para mañana nuevos encuentros entre los bonistas y los funcionarios argentinos. Estos últimos insisten que no pueden alcanzar un acuerdo con los buitres, ya que se dispararía la llamada claúsula RUFO (sigla en inglés para Derechos Sobre Futuras Ofertas) establecida en los bonos canjeados, que les da derecho a participar de cualquier mejora en las condiciones que se otorgue a algún bonista antes de enero de 2015. Más allá de la diversidad de interpretaciones sobre esta claúsula, desde el gobierno sostienen que un arreglo con los bonistas aún bajo presión judicial la dispararía, pudiendo hacer que la deuda crezca en hasta 120 mil millones de dólares. Ante esta amenaza, la estrategia del gobierno oscila entre intentar alcanzar un acuerdo que se concrete después de enero o, si esto no resulta posible, ir a un default de los bonos en el extranjero cargando la responsabilidad sobre la intransigencia de Griesa. Hasta la semana pasada, los valores de los bonos indicaban que todos los especuladores confiaban en un acuerdo, pero esto empezó a cambiar. La hipótesis de default parcial se vuelve más palpable con el correr de los días. La deuda que en este caso caería en cesación de pagos sería la emitida fuera de la jurisdicción argentina, en dólares, yenes y euros. Ante la posibilidad de este escenario, varios analistas desdramatizan sus posibles consecuencias señalando que hoy la deuda en moneda extranjera tiene un peso muy menor que en otras épocas, representando apenas el equivalente a un 15,1% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, sería un disparo en las piernas para la estrategia que tiene trazada el gobierno de volver a los mercados y estimular la entrada de capitales.

El swap con China, los acuerdos con los BRICS, y un default parcial, podrían ser configurar un plan B ante la dureza de Griesa y los bonistas buitres, para establecer un plan de contingencia ante el temor de la claúsula RUFO. Podrían aderezarse con discursos sobre la “herencia” de las cláusulas noventistas que cedieron soberanía judicial en favor de las cortes neoyorquinas. Sin embargo, por mucho esfuerzo que hagan para presentarlo como un ataque a un gobierno que parece defender una postura soberana, un eventual default parcial no sería más que la vía para escapar de una encerrona en la que el gobierno está por decisiones políticas de este mismo período. Si Griesa y sus favorecidos tienen poder de daño, es porque no sólo se otorgó soberanía extranjera en la emisión de bonos de los '90 y en los canjes sucesivos. Se volvió a hacer en las reestructuraciones de tiempos kirchneristas, en 2005 y en 2010, espoleados por la necesidad de asegurarse buenos niveles de aceptación para mostrar éxito en el canje. Dudoso “éxito”, que llevó a que la economía argentina volvió a ser desfalcada anualmente por los pagos a los especuladores, bien aderezados con obsequiosos cupones atados al crecimiento de la economía. El gobierno “nac & pop”, que ilusionó con que podría salirse del problema de la deuda pagando “serialmente”, se encuentra acorralado por las cortes como producto de sus propias decisiones, para peor en un momento en que el Banco Central se muestra escaso de dividas, a consecuencia de los pagos serial de deuda, de una formidable fuga de capitales y del déficit energético. La nueva encrucijada pone en evidencia que, en las antípodas de la estrategia del gobierno y de todos los partidos patronales, la única salida al problema de la deuda es el no pago, como parte de un programa de conjunto para cortar con la expoliación de todos los buitres, como desarrollamos en Ideas de izquierda 11.