Canje para seguir pagando: de soberanía, sólo el nombre

Cristina Fernandez anunció ayer que enviará al Congreso un proyecto de Ley de Pago Soberano Local de la Deuda Externa, que apunta a cambiar de jurisdicción la deuda emitida bajo legislación norteamericana. Esto ocurre pasados algo más de dos meses desde que la Corte Suprema de los EEUU confirmara el fallo del juez Thomas Griesa al rechazar considerar la apelación del Estado argentino, y el gobierno quedara encerrado entre las alternativas de pagar a los bonistas “holdout” que no entraron al canje el 100% del valor de sus bonos o verse impedido de mantener los cumplimientos a los bonistas que sí canjearon en 2005 y 2010. Y 19 días después de que el “incumplimiento” alcanzara el status de definitivo, activando los mecanismos de declaración del default. El incumplimiento y el propio default son puestos en discusión por el gobierno ya que el dinero fue depositado en regla, antes del primer vencimiento del 30 de junio, sólo que el agente de pago (Bank of New York Mellon) se vio impedido de entregarlo a los bonistas por orden de Griesa. A pesar de este planteo del gobierno, las desacreditadas agencias calificadoras de deuda y las agencias que tienen seguros sobre impagos de la deuda argentina, activaron todos los mecanismos que indica el ingreso en default.

Con el proyecto presentado ayer, el gobierno se decide finalmente por un camino con el que ya había amagado el Ministro de Economía Axel Kicillof en su primer conferencia de prensa luego de conocida la decisión de la Corte Suprema norteamericana, cuando dijo que iba a instruir para evaluar el cambio de jurisdicción de pagos. El proyecto no establece obligatoriamente la jurisdicción argenina, sino que habilita a los bonistas a elegir la jurisdicción que les resulte conveniente. Desde entonces se iniciaron las trabadas negociaciones, en las cuáles el gobierno hizo hincapié en la cláusula RUFO (derecho sobre mejores ofertas) para no mejorar la oferta, sin que el gobierno volviera a sacar a relucir esta alternativa. Dos motivos centrales la hicieron en todo momento poco creíble: 1) la amenaza de desacato por parte de Griesa que pesa sobre los agentes de pago si ayudan a la Argentina a evadirse del fallo del juez neoyorquino, ante lo cual es de esperarse que ningún banco internacional de procedencia norteamericana se arriesgue, y no son de fácil reemplazo; 2) las tenencias de buena parte de los bonos bajo jurisdicción norteamericana por parte de fondos que por estatuto no pueden invertir en papeles que no tengan legislación norteamericana, por lo que no puede esperarse se acepten el cambio para cobrar en Buenos Aires, tenencias que algunos estiman que llegan hasta el 70% de los bonos con ley en Nueva York.

Para afrontar lo primero, el gobierno resuelve el cambio del agente de pago, reemplazando al BONY por Nación Fideicomisos S.A. Esto podría resolver una de las trabas que tenían para intentar el cambio de jurisdicción, ya que escapa de la jurisdicción yanqui y podría contar con una ingeniería legal que lo cubra, más allá de la falta de experiencia y debilidad técnica a la que han apuntado algunos economistas liberales, de los que bregan por un acatamiento en toda la línea de lo ordenado por Griesa.

La cuestión más espinosa está en el segundo punto señalado más arriba, y abre la pregunta de qué porcentaje de aceptación puede asegurarse el gobierno. Si termina muy por abajo del 92,4% sería un problema. Podría producirse una situación en la que deba afrontar en simultáneo la continuidad de los litigios de los holdouts, y los reclamos de “aceleración” -es decir el cobro íntegro de la deuda- por parte de los bonistas afectados por el nuevo default, si el porcentaje que no entra al canje es grande. Todo esto en un contexto donde mantendría la incapacidad para endeudarse afuera. La pregunta es ¿qué probabilidad hay de que los bonistas que habían canjeado en 2005 o 2010 y se ven afectados por el bloqueo de pagos ordenado por Griesa no canjeen para seguir cobrando? Para los que no tengan impedimentos legales, pocas. El que ya canjeó en su mayoría está haciendo el negocio de cobrar, y va a buscar las vías para seguir haciéndolo. Por supuesto, los mismos “buitres” holdout que están haciendo juicio también tienen parte de los bonos regularizados con el objetivo de buscar la aceleración, pero estos mismos también podrían canjear si ven que no les dan los números para llegar al piso mínimo de 25% que se exige para pedir la aceleración. A priori, el mayor problema está entonces con los bonistas que no están habilitados para canjear por deuda emitida bajo jurisdicción argentina. Acá surge la pregunta es ¿habrá un nuevo "Gramercy" que, al igual que con los juicios del CIADI -organismo armado a la medida de las corporaciones imperialistas para ganar juicios contra los Estados semicoloniales y dependientes- compre esta deuda para después canjear? Es una posibilidad. Sería otra escandalosa entrega de un negoción a un "buitre" amigo. Si este es el precio para asegurar un porcentaje de aceptación cercano al 90% actual (aunque seguramente unos puntos menor que lo canjeado hasta ahora), el gobierno ya demostró en el pasado que está dispuesto a pagarlo. A pesar de las diatribas contra la banca local y extranjera, los diez años de kirchnerismo han sido pródigos en obsequiarles todo tipo de negocios.

¿Cuáles serían las consecuencias para la economía argentina? El gobierno podría presentar el éxito -relativo- de dar por cerrada la crisis abierta en junio, ya que menguaría el poder de fuego de los holdouts y la corte yanqui. Pero seguiría cerrado el grifo para endeudamiento externo y además se ingresaría definitivamente en desacato con la corte yanqui. Después de haberse vuelto a validar el sometimiento a la jurisdicción extranjera en los canjes de 2005 y de 2010, ahora el kirchnerismo busca evadirse de las consecuencias de sus propios actos cuando estos le imponen un fallo adverso. Esto implica archivar cualquier perspectiva de emisiones de deuda en los EE.UU., y seguramente también en el resto de las grandes plazas. A pesar de que compiten entre sí por captar clientes, todos los centros de las finanzas globales coinciden en defender a rajatabla la disciplina de las economías dependientes, golpeando contra cualquiera que amague con dar una mínima patadita al tablero, así sea como en el caso del gobierno de Cristina Fernández para abrir vías para continuar con los pagos seriales. Por eso, a lo sumo podrán restablecerse los acuerdos con china, que en este momento están congelados también por el default a apenas un mes de anunciados.

La vía de un embargar el futuro de la economía con deuda para saldar hoy la “restricción externa” seguiría cerrada, y por ende la obligada "heterodoxia" de financiarse con el central, frenar las importaciones de insumos creando así un frenazo económico al parar la producción, al mismo tiempo que se trata de contrarrestar el frenazo bajando las tasas de interés para créditos, en un cóctel explosivo, seguirá desarrollándose. Es decir un ajuste en toda la línea, acomañado del desarrollo de algunas "bombas de tiempo", cuya explosividad se encuentra por el momento limitada por la recesión, que pone límites a la inflación, así como genera conductas "cautas" incluso en la especulación, al menos por el momento. Pero sin la vía de retomar el endeudamiento externa seguirán agravándose los desequilibrios, aunque el gobierno presente una batería de políticas “activas” haciendo gala de un keynesianismo que está con la pólvora mojada. Aún si se logra el "éxito" en el anunciado cambio de jurisdicción esto no va a cambiar.

Buena parte de la oposición, como es claramente el caso del PRO y parte de la UCR (y ciertos economistas cercanos a Massa, que prefirió callar) critica el anuncio de ayer porque con esto el gobierno pretende validar lo actuado. Reclaman en cambio un inmediato cumplimiento del fallo, pagando a los holdouts todo lo que ordena Griesa. Ante esto el gobierno presenta su alternativa como la de quienes no “ceden” a las presiones imperialistas. Pero esta pretensión tiene patas cortas. Regularizar la deuda mediante este nuevo canje significa continuar con la succión de dólares que representa la deuda. Que a pesar de que el gobierno se felicita de haber pagado 190 mil millones de dólares no paró de crecer, y hoy ronda los 250 mil millones de dólares después de los acuerdos con Repsol, Ciadi, y Club de París. Estos pagos, junto con la fuga de capitales con la que la burguesía colocó las ganancias que amasó a resguardo en paraísos fiscales, y con el descalabro energético que es resultado del vaciamiento empresario, son las gangrenas que han hecho reaparecer la mentada “restricción externa”, que en realidad no es otra cosa que una expresión del atraso y dependencia del capitalismo argentino que esta expolación contribuye a reproducir. Es pagar la deuda lo que tiene gravosas consecuencias para la clase trabajadora y el pueblo, no el default. Por eso es necesario declarar el no pago, inseparable de a otra serie de medidas como el monopolio del comercio exterior y la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores. Las alternativas no pueden reducirse, como los presentan los partidos patronales, entre cumplir con Griesa o cambiar jurisdicción para seguir pagando. Repetimos, más que nunca, debemos exigir que no sean el gobierno y la casta política quienes decidan de espaldas a los trabajadores embargando el futuro con el grillete de los pagos de deuda. Como ha reclamado el diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolásdel Caño, es necesario abrir lugar a una consulta popular vinculante, para que sea el pueblo el que decida que se hace con la deuda.

Buitres: Sigue la negociación privada, hay posibilidad para que los K puedan continuar pagando serialmente

Aunque ha pasado la hora de cierre de la plaza neoyorquina, y con ella la posibilidad de que Argentina realizara pagos antes del horario trazado como límite, todavía no está dicha la última palabra. Los representantes de los bancos argentinos continúan negociando con los holdouts, en línea con el plan que comenzó a dibujarse ayer, que comentamos acá. En su conferencia de hoy, después del cierre de la negociación con Pollack, Kicillof teatralizó un completo desconocimiento de lo que los banqueros argentinos pudieran estar discutiendo con los bonistas en Nueva York. 

Aunque en lo formal el plazo límite está cumplido, de alcanzarse algún acuerdo de compra de bonos, los nuevos titulares de los bonos defaulteados podrían solicitar el restablecimiento del stay. El default "express", podría retrotraerse con cierta rapidez. No todos los analistas coinciden. Para Roque Fernandez, "Con la Argentina en default, todo se complica más". Por otro lado, "si los bancos privados compran la deuda al precio que la venden los bonistas, cabe preguntarse quién pagará la diferencia. Ahí no termina de cerrarme porque tendría que ingresar el Estado argentino, y podría afirmarse que es violatorio de la cláusula Rufo. No sé, no conozco". Quien dice esto, conoce de buenos negocios para bonistas, los gestionó durante los últimos años del gobierno de Menem. 

Pero Ámbito, sin embarog, anuncia que "se llegó hace minutos a un acuerdo para comprar el 100% de la deuda. Ayer ámbito.com había anticipadoque se estudiaban dos alternativas y finalmente se llegó a un acuerdo para que Argentina este sólo un tiempo corto en default". 

De concrentarse este anuncio, el default de unas horas no daría lugar a mayores consecuencias, más que algún que otro buen negocio para quien sepa aprovechar con "golpe de ojo" (o inside information) los vaivenes frenéticos de las cotizaciones al calor de las noticias. El gobierno argentino podrá seguir pagando serialmente, como lo viene haciendo, y se crearán condiciones para que todos los acreedores "holdout" empiecen a negociar, ahora con el stay y de cara a enero, al mismo tiempo que el gobierno negocia con los bonistas que canjearon la renuncia a la RUFO. El resultado cantado, va a ser un crecimiento de la deuda, por el reconomiento a todos los holdouts. Esto creará las condiciones para nuevo endeudamiento, y para abrirse a la entrada de capitales, sumamente interesados en meterse en algunos buenos negocios en la Argentina. Resta preocuparse por los costos de la "ayuda" de los banqueros, como analizamos acá.

Hay que dejar en claro, evitar este default no es un alivio para la clase trabajadora. No es, como dice Pollack en su comunicado, que el default tendrá graves consecuencias. Es pagar la deuda lo que tiene gravosas consecuencias para la clase trabajadora y el pueblo. Por eso es necesario declarar el no pago, junto a otra serie de medidas. Aunque se agitan muchos cucos sobre las consecuencias que esto podría tener, si es parte de un programa de conjunto (monopolio del comercio exterior, nacionalizaciòn de la banca bajo control de los trabajadores) puede asegurarse que no tendrá impactos severos sobre la clase trabajadora. 

Repetimos, más que nunca, debemos exigir que no sean el gobierno (camarilla que defiende los intereses de los capitalistas) y los banqueros, negociando con los buitres y los jueces imperiales, quienes comprometan nuestro futuro negociando entre cuatro paredes de espaldas a los trabajadores, abriendo paso a onerosas negociaciones que son el preámbulo de un nuevo crecimiento de la deuda. Como ha reclamado el diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolásdel Caño, es necesario abrir lugar a una consulta popular vinculante, para que sea el pueblo el que decida que se hace con la deuda.

Buitres: ¿Qué costos va a traer la “ayuda” de los banqueros?

En unas horas, gracias a la colecta de 250 millones de dólares en bonos para entregar como garantía a los bonistas holdouts, el banquero Jorge Brito pasó de traidor a héroe para el gobierno nacional. Camino inverso al recorrido hace unos años cuando el enfrentamiento con Guillermo Moreno y cruces de declaraciones con la Presidenta lo alejaron del lugar de preferencia que mantenía para el gobierno en el sector financiero. Ostracismo que nunca impidió, sin embargo, que el Banco Macro, que Brito preside, conservara tratos con Anses, realizando jugosos negocios. Tampoco, que al igual que el resto de la banca, realizara ganancias récord gracias a la política oficial. Bussiness are bussiness.

Ahora, el banquero puede adjudicarse el mérito de haber encolumnado a los banqueros locales, nucleados en Adeba, preocupados por las consecuencias que podría tener el default (por muy selectivo o restrictivo que pudiera ser), para que reúnan 250 millones de dólares en bonos con los cuales constituir un fideicomiso. Con este fideicomiso se buscaría negociar con los fondos buitre la compra de parte de sus tenencias de títulos en default. El objetivo de estas medidas sería lograr que los bonistas le soliciten al juez Thomas Griesa el restablecimiento del stay, cautelar que suspendería la sentencia de noviembre de 2012 y permitiría que el gobierno argentino cancele los vencimientos de hoy, evitando el default. Si esto ocurre, podría crearse un puente para llegar a enero, cuando argentina estaría en condiciones de negociar sin la amenaza de la cláusula RUFO (sigla en inglés para Derechos Sobre Futuras Ofertas) establecida en los bonos canjeados en 2005 y 2010, que les da derecho a participar de cualquier mejora en las condiciones que se otorgue a algún bonista antes de enero de 2015. En el interín, además, el gobierno podría intentar la renuncia por parte de los bonistas “performing” a la cláusula RUFO.

El ofrecimiento de una garantía por parte de los bancos privados nacionales permite superar una restricción establecida en el canje de 2005. La página 203 del prospecto del canje de 2005 establece textualmente que: “La Argentina se compromete a no crear ningún tipo de garantía (bajo cualquier condición de acuerdo preferencial) para asegurar el pago de su deuda, salvo que éste se ofrezca a la totalidad de los bonistas o que al menos cuente con la aprobación de éstos”. Con esta claúsula, el gobierno no podía ofrecer de forma directa ninguna garantía a los fondos buitre sin arriesgar consecuencias por parte de los bonistas que canjearon.

Si esto destrabará la situación, a horas del default, se conocerá dentro de un rato. De lo que podemos estar seguros, es que a los banqueros no los mueve ningún altruismo. Desde el vamos, podemos estar seguros que las mismas operaciones que realizarán para “salvar las papas” les van a generar ingresos por comisiones, además de evitarles las turbulencias que podría generar en el patriminio de sus bancos y en sus operaciones si la Argentina va a otro default.

Pero eso sería apenas el comienzo. Podemos imaginar que el éxito en las gestiones de hoy podría derivar en un recibimiento triunfal de Brito y sus socios por parte de la propia Presidenta, que poco tendría que envidiarle al que tuvo la selección nacional de fútbol el pasado 14 de julio. Sería el comienzo de una relación nuevamente más aceitada entre los banqueros y el gobierno. Esto pondría sobre el tapete la marcha atrás con algunas de las medidas que molestan al sector financiero, porque limitan la posibilidad de explayar libremente su voracidad. Una de ellas es el tope a las tasas de interés que pueden cobrar los bancos, fijadas el pasado 10 de junio en 37% para préstamos personales y 32% para prendarios en el caso de las entidades más grandes (para las entidades más pequeñas, la tasa de los créditos personales será 46% y los prendarios, 36%). También podrían buscar revertir las “nuevas reglas sobre comisiones y cargos de productos y servicios financieros básicos” que estableció el Banco Central (BCRA) junto con los topes, por las cuales los bancos y las emisoras no financieras de tarjetas de crédito tienen que solicitar autorización previa del BCRA para aplicar aumentos al costo. Estas medidas tuvieron por parte de los bancos una resistencia subterránea, consistente en empujar la salida de depositantes del sistema pagándoles tasas más bajas por sus plazos fijos, incentivando así la búsqueda de alternativas por parte de los ahorristas, lo cual amenazaba nuevamente con un salto del dólar blue. Es decir, la respuesta de los bancos a los intentos de regulación fue empujar hacia la desestabilización del precario equilibrio logrado por el gobierno a fuerza de devaluación y ajuste.

Otro punto que los bancos podrían llegar a reclamar, es la posibilidad de ampliar sus tenencias en moneda extranjera. En febrero pasado el BCRA reflotó una norma de 2005 que limita al 30% el patrimonio de tenencias en divisa que puede tener cada entidad financiera y al 10% adicional para los contratos de futuros. Esta medida fue aplicada después de la devaluación, no antes, y por eso los bancos, con tenencias que superaban holgadamente estos porcentajes, hicieron en pocos meses ganancias formidables. Sólo durante el primer trimestre de este año, los bancos amasaron el equivalente a la mitad de las ganancias de todo 2013, es decir $16.104 millones. Anualizado, esto significaría una duplicación de sus ganancias. El 60% de esas utilidades obedeció a ganancias por apuestas al dólar.

Y podemos estar seguros, ahora más que nunca, de que la reforma financiera, aspiración que otro banquero oficialista, Carlos Heller, busca sacar a relucir de vez en cuando para volver a archivarla ante la falta de apoyo oficial, es otra promesa sepultada del relato, junto con la inexistente reforma tributaria.

La gesta de pacotilla armada alrededor del litigio con los buitres, para ocultar la bancarrota de la estrategia de salir del problema de la deuda pagando serialmente, apunta a terminar en el grotesto, con la soberanía “rescatada” (con pago) de la mano de los banqueros. Soberanía limitada, por otra parte, al derecho de seguir pagando puntillosamente.

Ahora más que nunca, debemos exigir que no sean el gobierno (camarilla que defiende los intereses de los capitalistas) y los banqueros, negociando con los buitres y los jueces imperiales, quienes comprometan nuestro futuro negociando entre cuatro paredes de espaldas a los trabajadores, abriendo paso a onerosas negociaciones que son el preámbulo de un nuevo crecimiento de la deuda. Como ha reclamado el diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolásdel Caño, es necesario abrir lugar a una consulta popular vinculante, para que sea el pueblo el que decida que se hace con la deuda.

Entrevista: que implica la decisión de la corte suprema norteamericana y cuál es la posición de la izquierda

El fallo de la corte de los Estados Unidos rechazando la apelación de la Argentina y ratificando el fallo del juez Griesa, exigiendo el pago a los fondos buitre. Que implicancias tiene el fallo? Que son los fondos buitre?

El análisis de Pablo Anino y Esteban Mercatante, economistas del semanario La Verdad Obrera y la Revista Ideas de Izquierda.

Entrevista a Pablo Anino y Esteban Mercatante

La semana pasada luego del fallo que rechaza la apelación de la Argentina ante la Corte de EEUU y obliga a pagarle a los fondos buitre, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, el ministro de economía Axel Kicillof y el Secretario de Legal y Tecnica Carlos Zanini realizaron una reunión, a puertas cerradas, en el Congreso Nacional con los Jefes de las bancadas. El diputado Nicolás del Caño participó de esta reunión. Pateando el Tablero le realizó una entrevista donde nos comentó en que consistió esta reunión y cual es la posición de la izquierda respecto a este fallo.

Nicolas del Caño diputado del PTS en el Frente de Izquierda

Las implicancias de la decisión de la corte norteamericana de rechazar la apelación

Hace unas semanas, señalábamos en este post la existencia de dos temporalidades en la economía argentina de 2014. Por un lado, la estabilización lograda en el plano más crítico, es decir la situación del tipo de cambio y la posición de reservas del banco central, ganada a fuerza de devaluación, suba de tasas de interés, ardides varios, y disciplinamiento en las negociaciones paritarias. Es decir, un combo de ajuste ortodoxo bastante profundo. Por otro lado, el ingreso de la economía en recesión, en el marco del cual se registra una severa caída de la industria automotriz y otras relacionadas. La recesión es un resultado directo del ajuste, así como del deterioro de las ventas al exterior de automóviles, especialmente a Brasil.

En las últimas semanas esta segunda dimensión es la que había ganado visibilidad, por las suspensiones en las terminales automotrices y en algunas autopartistas, acompañadas de despidos a sectores de activistas en algunas de estas últimas. Con el rechazo de la corte norteamericana a tratar la apelación presentada por el gobierno argentino al fallo de Griesa, el plazo del que goza la estabilización cambiaria se acorta. Las dos temporalidades se fusionan; pasamos a un horizonte cercano en el que se puede volver a complicar el terreno cambiario y volver la presión sobre las reservas, al mismo tiempo que la economía se sigue deteriorando.

La resolución del lunes golpea en varios puntos sensibles, creando una desestabilización de conjunto. Veamos:

•      En primer lugar, se van agotando las instancias a través de las cuales el gobierno puede seguir postergando una salida de fondo para los bonistas que rechazaron los canjes. Las condiciones que rigen para la deuda soberana, a las cuáles se obligaron sucesivos gobiernos argentinos al emitir deuda (incluyendo los de Néstor y Cristina en los canjes), permiten que los bonistas que no quieran avenirse a lo que acepta una mayoría de acreedores cuando se produce una reestructuración, tengan libertad para seguir litigando por mejores condiciones. De esta forma, aunque se produzca una reestructuración “exitosa”, es decir aceptada por amplia mayoría de los tenedores de títulos públicos, la cuestión puede seguir en litigio para los que no acepten reestructurar. A esta “extorsión” se avino el gobierno argentino cuando negoció; aunque se buscó minimizarla, para comprobar ahora que no es nada menor. A pesar de dos canjes “exitosos”, el litigio de apenas una parte de los que no ingresaron al canje hace peligrar la regularización de toda la deuda. Con el rechazo de la corte, queda firme el fallo de Griesa, y los tiempos y variantes de negociación se reducen. El gobierno está obligado a negociar o buscar alternativas para evitar las consecuencias del fallo (como cambiar el domicilio de pago para escapar al embargo o canjear los bonos por otros de jurisdicción argentina) a contrarreloj, con lo cual el default técnico se vuelve un fantasma real. Si el gobierno se decidiera por la negociación, esta se produciría ahora con la confirmación de un fallo adverso, sin que la corte norteamericana se haya avenido siquiera a dar un plazo de gracia haciendo consultas con el gobierno, lo cual debilita la posición del gobierno y fortalece la de los bonistas. Si decide pagar en Buenos Aires sería declarar una desobediencia al fallo (desobediencia hecha con el fin de seguir siendo puntuales pagadores al 93% que reestructuró), que podría dar lugar a eventuales embargos (recordemos lo que ocurrió con la Fragata libertad en Ghana), pero sobre todo dinamitaría cualquier posibilidad de vuelta a los mercados, ya de por sí ensombrecida. Aunque los tiempos se abreviaron considerablemente, ninguna definición tendría que tener lugar en lo inmediato. Por lo pronto, puede pedir a la corte que revise el caso, lo cual significa 25 días más. Esto significa que pago de los bonos Discount del 30 de junio no estaría amenazado. Posteriormente, quedará por ver si Griesa accede a los pedidos del fondo MNL, de Paul Singer, de acelerar el pedido de pago o se abre una instancia de negociación.
•      El punto crítico, con todo, no está en lo que ocurrirá con la deuda, que puede repercutir muy severamente pero en el mediano plazo, sino con la ganada estabilidad cambiaria. Después de la fuerte devaluación de enero, la suba de interés para contener a los ahorristas en pesos y frenar el escape al dólar terminó de desinflar el mercado blue a partir de febrero. Las paritarias, que no terminan de cerrarse, están terminando en la mayoría de los casos con una caída de los salarios reales, lo cual significa que tuvo cierto éxito la estrategia de descargar los costos del ajuste sobre la clase trabajadora. Para garantizar que con este ajuste se pudiera llegar a 2015, la apuesta era la vuelta a los mercados. Hace ya varios meses que se habla del “desendeudamiento heterodoxo” y fórmulas por el estilo, para cubrir el hecho de que, cuando las papas quemas, la apuesta vuelve a ser la emisión de deuda, cuyas gravosas consecuencias hemos visto varias veces en las últimas décadas. A pesar de los deberes cumplidos por el gobierno con el Club de París, el Ciadi y Repsol, la amenaza de default técnico se convierte en una traba para poder emitir deuda a tasas accesibles. Esto significa que los dólares con los cuales se apostaba a cubrir los pagos de deuda en dólares y blindar al Banco Central ante eventuales corridas, no estarán ingresando. Como la inflación no cede, podemos esperar que se reinicie la especulación por un nuevo ajuste cambiario. El panorama se agrava por la respuesta –también “extorsiva”- que los bancos están mostrando ante a la decisión de poner tope a las tasas de interés para créditos personales y cuotas de las tarjetas. Bajaron la tasa de interés que ofrecen a los ahorristas, para desalentar los depósitos, lo cual significa más pesos que podrían volcarse rápidamente a la compra de billetes verdes. Frustrado el recurso a los mercados internacionales por el momento, acá también el gobierno pierde el manejo de los tiempos. ¿Qué significa esto? Que próximamente veremos seguramente un recrudecimiento del dólar blue y más presiones para devaluar. Esto significaría más presión inflacionaria y para reabrir paritarias. Pero el panorama de deterioro del empleo será utilizado por las patronales para hacer que los trabajadores reciban todo el peso de los ajustes.

La combinación de ajuste y vuelta a los mercados para dosificar sus ritmos, está entrando en ruinas antes de empezar. Esto preanuncia un forzado ajuste a ritmo más fuerte. La burguesía y sus representantes políticos en el oficialismo y la oposición coinciden en un punto: el ajuste debe recaer sobre los trabajadores. Aunque el gobierno declaró varias veces que su política es que el empleo no se vea afectado, las restricciones fiscales y la incapacidad de endeudarse restaron cualquier poder de fuego para plantear seriamente medidas anticíclicas.

La encerrona actual es el resultado de haber permitido alegremente durante los años de “vacas gordas” que la gangrena de la deuda, las remesas empresarias, la fuga de capitales y el deterioro de la matriz energética se expandieran y drenaran recursos. Ante la crisis, se hace palpable que más de una década de gobiernos “nacionales y populares” no alteró ni un ápice la situación de atraso y dependencia. Después de una década de formidables transferencias a los bonistas, la deuda pública total sigue equivaliendo a la mitad del PBI, y la parte en dólares en manos privadas vuelve a crecer de forma considerable. Las renegociaciones pretendidamente “soberanas” de la deuda, en 2005 y 2010, crearon formidables concesiones (como el cupón al PBI, mantener la jurisdicción norteamericana, y la llamada clausula Rufo, que obliga hasta enero de 2015 a extender a todos los bonistas cualquier concesión que se haga a los holdouts que sea mejor que las de las renegociaciones previas), y ni siquiera permitieron evitar la encerrona por parte de los holdouts. 

La única manera de cortar la "extorsión" es declarar el no pago de toda la deuda. Gobierno y oposición patronal coinciden hoy en que saldar el tema de la deuda es clave para resolver la cuestión del dólar. Pero buena parte de la cuestión del dólar se debe al pago de la deuda. Otro tanto se debe a las maniobras de fuga de capitales, en las que los bancos juegan un rol clave, y las de manipulación del comercio exterior. Por eso, junto a la declaración del no pago de la deuda, es fundamental la nacionalización de la banca -con control o gestión obrera- y el establecimiento del monopolio estatal del comercio exterior. De esta forma puede atacarse la cuestión del dólar sin un nuevo mazazo al pueblo trabajador, preparando el terreno para que los costos de esta crisis la paguen quienes la generaron, los usureros junto con los grandes capitalistas nacionales y extranjeros. 

Rechazo de la corte norteamericana: un traspié para los pagadores seriales

Se complica la vuelta a los mercados de deuda internacionales, que los “nacionales y populares” habían transformado en bandera.

En una decisión sorpresiva, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó tomar el caso de apelación presentado por el gobierno argentino al fallo del Juez Thomas Griesa de noviembre de 2012, que había obligado a la Argentina a pagar 1.330 millones de dólares correspondientes a una parte de los bonos que siguen en default desde 2001.

Estos bonos corresponden a los fondos “buitre” Aurelius Capital Management y Elliott Management Corp. affiliate NML Capital Ltd. Estos son parte de los bonistas llamados “holdout”, es decir que rechazaron las generosas ofertas de canje presentadas por la Argentina en 2005 y en 2010. En ambos casos, aunque la deuda tuvo fuerte quita nominal, se acompaño de cupones atados al crecimiento de la economía que sumaron otros 20 mil millones de dólares a los pagos de deuda. A pesar de estas generosas condiciones, varios grupos de los llamados “buitres” (que no son mucho más buitres que otros que sí ingresaron al canje), continuaron presionando para obtener condiciones aún mejores, llegando a declarar que no aceptarían ninguna quita nominal.

Después de varias derrotas en las cortes norteamericanas, los holdout obtuvieron un triunfo cuando el juez Griesa ordenó en noviembre de 2010 pagarles la deuda al 100%, amenazando con embargos si no lo hacían. Esto significaba que los depósitos para pagos de bonos que no están en default podrían ser incautados para pagar a los litigantes. Al rechazar la Corte Suprema aceptar la apelación, este fallo queda firme.

Este fallo resulta inesperado. Entre las opciones de la Corte, que eran aceptar el caso y producir un nuevo fallo, rechazarlo, o postergar la decisión haciendo consultas al gobierno norteamericano, el rechazo era la menos esperable. El giro del gobierno con enormes señales a los mercados, haciendo un ajuste ortodoxo (devaluación y enfriamiento) bastante severo, acordando con el Club de París y con Repsol, y cerrando litigios en el Ciadi (corte establecida para fallar en favor de las multinacionales en contra de los gobiernos donde éstas invierten), le habían ganado una posición favorable de la administración norteamericana. El gobierno de Obama tenía además motivos propios para involucrarse, ya que hay preocupación de los banqueros sobre las consecuencias de este fallo para el rol que ocupa la plaza neoyorquina como base para estas reestructuraciones.

El gobierno, que esperaba una aceptación, o en el peor de los casos una postergación, debe evaluar un plan B, y hacerlo en plazos breves. El 30 de junio vence el próximo pago de bonos Discount, y se corre el riesgo de embargo del mismo. En lo inmediato, puede intentar salir del embargo cambiando el domicilio de pago de dichos bonos (hoy pagados en Nueva York), o canjeándolos por otros bajo jurisdicción argentina. El problema, claro, es que la primer variante debería contar con la colaboración de los bancos internacionales que gestionan los pagos, que no está claro que vayan a querer ser parte de movidas para desobedecer al fallo de un juez norteamericano. La segunda, podría ser rechazada por varios bonistas, que sin la cobertura que da la jurisdicción norteamericana no podrían, ante eventuales futuros impagos, hacer lo mismo que están haciendo hoy Elliot y Aurelius. Se corre así el riesgo de dejar en el limbo a una parte del 93% que entró al canje. Por eso, el fantasma del llamado default “técnico” sobrevuela.

Aunque el tiempo apremia, puede evitarse ese escenario catástrofe. Probablemente el juez Griesa llame a las partes a negociar. El gobierno argentino ya venía preparando el terreno para incluir en su relato una negociación con los buitres, así como hace apenas un mes declaró que acordar con el Club de París era lo mejor que le podía pasar al país (faltó que dijeran que volvimos al primer mundo). Aún en el mejor de los escenarios, el camino de salir del enredo del default pagando, obligaba tarde o temprano a presentar una oferta a los holdouts. Pero claro, el rechazo de la corte impone hacerlo en las peores condiciones. ¿Reducción de la quita, pago de los cupones de crecimiento de todos estos años, como se hizo en 2010? Son todas opciones que están sobre la mesa. El problema es que aunque el litigio en cuestión es por 1.330 millones de dólares, la deuda total que sigue en default alcanza los 15 mil millones. Además, si se mejoran las condiciones en relación a lo negociado en 2005 y 2010, podría haber lugar a reclamos de los que entraron al canje, para mejorar las condiciones.

Nada de esto significa, a esta altura, grandes contradicciones para el gobierno y su equipo económico. Aunque todavía se sigue hablando de desendeudamiento, sólo en este año se agregó 15 mil millones de dólares a la deuda regularizada en manos de privados. Y la intención era incrementar sustantivamente ese monto, ya que el “modelo” en su versión 2014 incluye vuelta a la emisión de deuda en los mercados internacional para garantizar la llegada al 2015 sin cimbronazos. El fallo de la corte es un golpe a esa estrategia, pero también puede convertirse en excusa para hacer, “obligados”, mayores concesiones. El gobierno que “fue obligado” a devaluar (aunque no sabemos por qué entrego meses antes miles de millones en seguros de cambio, cosa que sólo hace quien planea realizar un ajuste cambiario), ahora podría ser “obligado” a entregar a los holdouts aún más de lo que concedió en 2005 y 2010 en aras de mostrar una quita nominal elevada.

Este fallo es otra muestra contundente del verso que significa sostener que del problema de la deuda se sale pagando. Según declaraba Cristina el año pasado, entre 2003 y 2013 se habían pagado 173.333 millones de dólares, el equivalente a casi la mitad de la producción anual del país. Un formidable regalo a los usureros. Esto no impidió que la deuda siguiera creciendo de forma exponencial. Ahora, podría pegar nuevos saltos como producto de estas negociaciones. 

La deuda es un fraude, y un saqueo. Cada año se lleva miles de millones de dólares necesarios para la urgente inversión en infraestructura y transporte, vivienda, educación y salud, gastos que se mantienen a raya para garantizar los fondos a los usureros. Por eso, es necesario luchar por el no pago. Esta bandera debe ser parte de un programa integral de los trabajadores para responder a las demandas de los explotados, oponiéndolo a los intentos de los pagadores seriales de profundizar las entregas a los usureros.