sábado, 21 de diciembre de 2013

¿Quien puede controlar los precios y parar los aumentos?

Como ya se venía previendo desde hace unas semanas, en el terreno de las políticas de precios el equipo de Axel Kicillof reafirmó ayer, aunque emprolijándola, la política de Guillermo Moreno. El nuevo Secretario de Comercio, Augusto Costa, anunció ayer un acuerdo de precios, al igual que hiciera Guillermo Moreno a partir de febrero último, sin haber logrado con ello frenar el ritmo de aumento de precios. Podemos dejar pasar el hecho, bastante curioso, de que se anuncia un acuerdo de precios sin que estén, digamos, acordados los precios. Lo que vimos ayer es entonces una declaración de intenciones, que mientras no se plasmen siguen dando vía libre para las maniobras, dispersiones y la lisa y llana remarcación, que de hecho no paró de acelerarse desde que se confirmó la partida de Guillermo Moreno (aunque tampoco estaba congelada antes de su partida, la salida del funcionario fue tomada como una señal de largada para una carrera de velocidad). Dejemos también pasar el notorio adelgazamiento de la canasta anunciada… ¿será acaso consecuencia de que “la mesa de los argentinos” incluida en el acuerdo abarcaba a comienzos de año un universo de 10 mil productos, en agosto uno de a 500 productos, pero ahora apenas requeriría 187?

Lo más llamativo es que los nuevos funcionarios presenten la misma política que durante este año no arrojó grandes logros y pretendan convencer a alguien de que esta vez será diferente. En su exposición del nuevo acuerdo de precios, Costa detalló las múltiples irregularidades a través de las cuáles los comercios minoristas y las empresas que elaboran los productos que componen la canasta se las arreglaron para sortear el compromiso que habían contraído con Guillermo Moreno; empezando por la considerable dispersión que se registra entre los precios que un mismo producto puede llegar a exhibir en distintos locales (incluso de la misma cadena), y que en el acuerdo de Moreno era explícita ya que cada cadena anunciaba un precio distinto. El reemplazante de Moreno también censuró otras trampas en las que incurrieron las firmas, como los cambios en los tamaños de los envases para cobrar lo mismo a cambio de menos producto; o el lanzamiento de líneas de productos alternativas a las incluidas en los acuerdos de precios, a precios considerablemente mayores. Y a esto se suma el liso y llano desabastecimiento de los productos incluidos en los acuerdos, para forzar a los consumidores a adquirir otros sustitutos no incluidos en los compromisos con el gobierno. Esta amplia inventiva de minoristas y fabricantes agujereo el acuerdo de precios, y llevó a otro año donde la inflación perforó el 20%. Pero esta vez, promete el funcionario, no ocurrirá nada de eso. ¿Y cómo podría evitarse recaer en el mismo resultado fallido de Guillermo Moreno? Se supone que habría tres patas que distinguen este acuerdo y le garantizarían mayor fortaleza:

-          La simplicidad, ya que la cantidad de productos es más reducida;

-          El involucramiento de las cadenas de valor, y no sólo de los comercios minoristas, lo cual supuestamente podría permitir discutir cómo se distribuye el excedente;

-          Y, finalmente, el “arma” más novedosa, la forzada implementación de nuevos controladores fiscales, que permitirían establecer un control en tiempo real de la facturación de las grandes firmas.

-          Finalmente, también se puso sobre el tapete la amenaza de multas, que también hubiera estado flotando en los acuerdos previos sin mayores efectos.

La apelación a un cierto fetichismo tecnológico pretende conferirle un barniz de credibilidad a una política bastante floja de papeles. Pero el listado de maniobras presentado por el propio Secretario da una idea de la insuficiencia de una fiscalización a través de controladores fiscales. ¿Cómo permitirán los mismos lidia con una de las maniobras más extendidas, que es el liso y llano desabastecimiento? ¿De qué manera podrán probar no se trata de una cuestión de mercados con “exceso de demanda”, de cuellos de botella en la producción, etc.? Incluso si creyéramos en la vocación de fiscalizar el cumplimiento efectivo del acuerdo, suena a una tarea titánica: sólo tomando en cuenta los supermercados, tenemos según un relevamiento del Sindicato de Comercio del año 2011 8.672 bocas de expendio. Esto significa que el personal de la Secretaría –ayudado parecería por el de la AFIP- deberá realizar de forma simultánea en todo el país 1.621.664 controles durante el tiempo que dure el acuerdo para asegurar el cumplimiento en los supermercados (y esto si tomamos como un único control la verificación de que se cumpla el precio acordado y cada producto se encuentre disponible). En el caso de las disputas que sin duda se abrirán, el control seguramente deberá extenderse desde las redes de comercio hacia los productores, multiplicando las instancias. Hay una profunda asimetría en el juego que se establece entre el control centralizado y unificado que pueden tener las empresas, tanto de comercio minorista como fabricantes, (que efectivamente en un caso como en otro controlan los precios, pero lo hacen en su beneficio y remarcando de acuerdo a sus necesidades) y el del gobierno.  Aún con la amenaza de las multas, las empresas pueden organizar un cumplimiento aleatorio del acuerdo que les permita evitar o reducir estas sanciones, eligiendo los lugares y momentos donde resulte conveniente incumplirlo mediante algunos de los mecanismos ya aplicados y perfeccionados en años de trato con Guillermo Moreno (y en varios casos con guiños del funcionario para llevarlos a cabo). Resultaría enternecedor, si no fuera un despliegue para la tribuna realizando con altas cargas de cinismo, pretender que este acuerdo podrá ser más exitoso que los anteriores con sólo sumar algunas simplificaciones en el esquema de funcionamiento de los acuerdos y continuar enviando funcionarios a “mirar para cuidar”.

La inflación en la Argentina actual es una cuestión compleja que se enraíza distintos factores que contribuyen de conjunto a motorizarla (como analizamos acá). La política cambiaria del gobierno, que viene impulsando una mayor depreciación del peso, contribuye a acelerarla. Lo mismo ocurre con la ampliación del gasto fiscal sostenida con financiamiento del Banco Central (lo cual no significa sostener que una emisión monetaria elevada siempre será inflacionaria, como sostiene la postura neoclásica). Un acuerdo de precios, aún implementado con los controles más estrictos, no hace más que atacar los síntomas, así como uno de los factores que la aceleran como es la remarcación por parte de las firmas, y lo hace de tal modo que deja en manos de las empresas mil resquicios para zafarse del acuerdo. El acuerdo presentado por el gobierno no es más que otra fantochada, que al igual que los de Moreno apunta a “atacar expectativas” (es decir tratar de crear algún plafond para frenar las expectativas de los asalariados, evitando que todos busquen el mismo piso que las fuerzas policiales arrancaron con sus motines) y en el mejor de los casos descomprimir un poco la situación por un tiempo limitado.

Un verdadero control de los precios sólo podría llevarse a cabo poniendo en movimiento la fuerza social de clase trabajadora, de los cientos de miles de trabajadores de supermercados, de los cientos de miles que trabajan en las empresas productoras de los bienes que integran la canasta familiar. La acción coordinada de éstos, estableciendo comités de trabajadores y consumidores en todo el territorio nacional, que exigan la apertura de los libros de las empresas, para desmontar las maniobras de las firmas que aducen falta de stock y auscultar el verdadero estado económico de las firmas, es la que puede atacar de raíz este fenómeno que está carcomiendo los ingresos de los asalariados. Todo esto obviamente sólo puede llevarse a cabo empezando por expulsar de los sindicatos a los burócratas, que actúan en beneficio de los empresarios permitiendo todas sus maniobras. Esta es una primer medida elemental, –y “sencilla” si se pone en movimiento la fuerza de los millones de trabajadores- pero que debe ser complementada con otras para cortar todas las cabezas de la hibra. Empezando por decretar el no pago de la deuda externa para cortar con esta sangría de recursos que diezma el presupuesto, establecer la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior así como el congelamiento de todos los giros de utilidades de empresas, para cortar con especulación cambiaria que afecta los precios.

Un programa opuesto por el vértice al revival noventista –aunque sea preservando toques “morenistas” que molestan a algunos sectores empresarios- que viene exhibiendo el nuevo electo económico.

martes, 10 de diciembre de 2013

La precarización: el corazón del "modelo"

Ya puede leerse online la revista Ideas de Izquierda n° 5, de noviembre.
Posteamos acá las notas del dossier, sobre precarización laboral:

Mundo Grúa

16 primera 

 

 

   

 

¿Qué querés María? Las ocho horas queremos…

 16 segunda

Fragmentación institucionalizada

 16 tercera




El régimen político vuelve a decir "felices pascuas"

Hoy reposteamos artículo del amigo FR en la web del PTS (www.pts.org.ar), sobre la situación abierta por la extensión de los motines policiales y las respuestas de la izquierda.
El régimen político vuelve a decir "felices pascuas"
La generalización de los motines policiales a 17 provincias, con situaciones como las de Tucumán o Salta (entre otras), que repiten los hechos vividos en Córdoba la semana pasada y que ya produjeron cerca de 20 muertes; son una manifestación más del “fin de ciclo” político del kirchnerismo.
La mayoría de los gobiernos provinciales, avalados por el gobierno nacional, están otorgando de forma inmediata todos los reclamos de la corporación policial, siguiendo los pasos del gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota. Pese a esto, en muchas provincias, las protestas continúan y los uniformados aumentan su “pliego de reclamos”. No es solo la cuestión “salarial”, sino también exigen amnistías, impunidad y ascensos para fuerzas policiales que venían cuestionadas por su íntima relación con el narcotráfico, la trata de personas, los desarmaderos de autos y otros negocios ilegales. Venía quedando en evidencia ante la sociedad que las policías son las organizadoras del “gran delito” que está detrás del “pequeño delito”, ese que tanto agitan los gobiernos y los medios de comunicación en sus campañas de “seguridad” y que terminan en la demonización de los sectores más pobres de la población y en el fortalecimiento de los “criminales de uniforme” (amparados por el poder político y judicial).
En estos momentos dramáticos que vive el país, el gobierno se predispone a “festejar” los 30 años de democracia, con músicos y “acrobacia”, mientras cede ante apriete armado de una las instituciones más represivas del Estado. Los que se llenan la boca hablando de la democracia, mientras ceden todos los días ante las corporaciones económicas, hoy demuestran la bancarrota de su pseudo-democratismo, arrodillándose ante la prepotencia patotera de una de las corporaciones mafiosas y armadas de sus propio Estado.
El “modus operandi” de la mafia policial se repite a lo largo del país. Zonas liberadas e impulso coordinado de los primeros saqueos indiscriminados. En una situación social donde se mantienen altos niveles de pobreza y precarización laboral, agravados por la inflación creciente; el cuadro deriva en crisis que llevan al enfrentamiento de pobres contra pobres o de los sectores más vulnerables de la población trabajadora, con el resto de la clase obrera y las clases medias empobrecidas.
El chantaje armado de las fuerzas policiales busca de esta manera generar una base social de derecha y un re-prestigio, además de mejores condiciones para su función represiva. La escenas de linchamientos vistas en Córdoba, por parte de sectores de clases medias contra jóvenes de los barrios populares, basadas también en la cultura de la segregación social impulsada como política de estado; muestran lo peligroso y lo criminal de la operación política que lleva adelante uno de los principales brazos armados del estado.

El “partido policial”

Con la concesión de prácticamente todas las reivindicaciones de los policías, en el marco una protesta nacional, fortalecen el poder material y político que esta corporación ya venía obteniendo en los últimos años, en el marco de la crisis histórica del resto de las FFAA. Más allá de los resultados inmediatos de la crisis en curso, las policías logran un triunfo material y un reconocimiento como un nuevo y peligroso actor político nacional. Con este aval político, logrado con los métodos del “vandorismo policial” (“golpear para negociar”), esta corporación gana terreno. Incluso las concesiones del poder político, ante el chantaje de las policías, puede alentar también a las otras fuerzas armadas a intentar recuperar terreno (y puede abrir peligrosamente paso a intentos de actuar como un “partido policial”, de tutelaje del régimen político argentino).
Los efectos colaterales “no deseados”, como el impulso a la lucha que provocó en otros sectores estatales de trabajadores (como los de la salud de Córdoba), por la bronca ante la respuesta inmediata que tuvieron los uniformados, mientras cualquier conflicto normal de trabajadores nunca tiene esta resolución; no pueden soslayar este dato político que fortalece a un enemigo estratégico del movimiento obrero y los sectores populares y uno de los pilares del régimen y el estado capitalista argentino. El desprestigio con el que todavía cargan estas fuerzas (más escandalosamente en provincias como Santa Fe o Córdoba), es una “ventaja” que debe ser utilizada para impulsar la movilización, no sólo por el aumento de salarios (plus de fin de año y demandas similares), sino también contra la represión y la impunidad, contra la criminalización de la juventud y los sectores populares.

La izquierda y la clase obrera ante los motines policiales

El motín policial tuvo distintas respuestas en la izquierda, desde aquellos que “alegremente” toman el elemento de crisis del régimen y las luchas que desató en otros sectores de trabajadores, pero sin delimitarse claramente del chantaje policial; hasta aquellos que, como Vilma Ripoll, directamente le dan su apoyo y llaman al aumento de salario y a la sindicalización.
La extensión nacional de la protesta y los métodos (impulso al enfrentamiento de pobres contra pobres), dejan en evidencia la contradicción de aquellos que, desde la izquierda, han llamado a apoyar las huelgas y los reclamos policiales. Luego de su triunfo en Córdoba, la policía salió inmediatamente a la caza en los barrios populares, entrando ilegalmente a los hogares, con el objetivo presunto de “cumplir” con la orden de De La Sota, de recuperar las mercaderías. Ahora están mejor pertrechadas, con mejores condiciones y más salarios para salir a reprimir a la juventud y a los trabajadores, por ejemplo a aquellos que hoy tienen 11 hospitales tomados.
Frente a la crisis en curso la posición elemental de la que hay que partir es la de ningún apoyo a los motines policiales y la denuncia a todos los gobiernos patronales (sean oficialistas y opositores) que se han entregado ante el chantaje de los uniformados. No se puede dar apoyo a un movimiento que fortalece no solo materialmente a uno de los brazos armados del Estado, sino que además le da entidad de actor político. La negra trayectoria de las policías en la historia nacional, que tiene en su haber “hitos” como el Navarrazo en Córdoba, hasta su función esencial en la organización de la Triple A, debería ser una muestra suficiente para que algunos autodenominados “marxistas”, revean su posición de apoyo a estos motines.
No es casualidad que la posición de la burocracia sindical vaya desde la “prescindencia” al apoyo activo a los motines, como hizo el jefe del SMATA Omar Dragún en Córdoba, ladero del gobernador De la Sota. Su función “policial” y de contención del movimiento obrero, los “hermana” con la función de la policía en la sociedad.
La burocracia sindical es la que se está encargando de contener al movimiento obrero, en momentos en que la inflación crece cada día más; y permite que la crisis del régimen político y las debilidades que son producto del “fin de ciclo”, sean aprovechadas por derecha por las fuerzas policiales. Micheli de la CTA opositora habla tardíamente de la necesidad de un paro, sin oponerse claramente a los motines. Por esto se vuelve más urgente la recuperación de los sindicatos, para que la clase obrera pueda intervenir con su programa y sus métodos. Para imponer un paro que unifique todos los reclamos de los trabajadores a nivel nacional. Rechazando el chantaje policial, exigiendo un salario mínimo igual a la canasta familiar, ajustado por la inflación. Terminar con la precarización laboral. Reclamando por un plan de obras públicas para dar trabajo y vivienda a los sectores más necesitados. Y ante las necesidades inmediatas, hay que encauzar la lucha por alimentos y vivienda dirigiéndola hacia el poder político reclamando la entrega inmediata de bolsones de alimentos en todos los barrios carenciados del país bajo el control de delegados barriales elegidos democráticamente y que trabajen en común y coordinadamente con las organizaciones obreras. Esto evitaría el método desesperado de los saqueos que son utilizados (y hasta impulsados) por la policía y en muchos casos llevan al enfrentamiento de pequeños comerciantes contra los pobres.
La vanguardia obrera, empezando por las agrupaciones clasistas y siguiendo con las comisiones internas, cuerpos de delegados y seccionales sindicales recuperadas por los trabajadores, las organizaciones estudiantiles combativas y pro-obreras, deben tomar esta perspectiva. Sólo clase obrera, acompañando y acaudillando al resto de los sectores oprimidos y el pueblo pobre, sobre que el “opera” impunemente la policía, puede dar una salida progresiva a la crisis a la que está llevando al país, la mafia policial.