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viernes, 19 de septiembre de 2014

Anticipo: La conflictividad laboral según el Ministerio de Trabajo (Mañana en La Izquierda Diario)

En tiempos recientes, las maneras de medir la conflictividad laboral en la Argentina vienen siendo puestas en debate. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) salió a criticar la metodología del Observatorio del Derecho Social de la CTA y otros similares. La Izquierda Diario, el primer diario digital de la izquierda en la Argentina, publicó hoy la "Declaración de la Red de Observatorios de Conflictividad Social", donde estos responden a las críticas del ministerio. 
Pero hay más. Paula Varela, docente de la UBA, Investigadora del CONICET e integrante del comité editorial de Ideas de Izquierda, analiza en la edición de mañana sábado, las contradicciones que se pueden observar en la metodología que aplica el MTEySS. Es la primer parte de un análisis sobre las formas de medir la conflictividad que abordará en su segunda parte la metodología del Observatorio del Derecho Social. 


Dime porqué luchas….
¿Qué hay detrás del debate sobre la conflictividad laboral?

Paula Varela
Docente de la UBA, Investigadora del CONICET

El 31/08 La Nación publica algunos datos del último informe sobre empleo del Observatorio del Derecho Social de la CTA (ODS), con el sugestivo título “Los gremios oficialistas son los más afectados por el ajuste laboral”. El lunes 01/09 Página 12 responde levantando los últimos datos del Ministerio de Trabajo y titulando: “Conflictividad laboral en baja”. Hacia el final de la nota, como quien no quiere la cosa, cita los datos del ODS y descalifica los “observatorios privados” por carecer de rigor científico. De este modo, y por primera vez en 8 años, el Ministerio sale a la ofensiva en una “batalla cultural” por los datos de la conflictividad laboral en el país. Algunas claves de esa cruzada.

Método: desde arriba no se ve
Lo primero que hay que decir, como destacan, en honor a la claridad metodológica, Luis Campos, Julia Campos y Jimena Frankel[1](responsables del ODS) es que las bases del Ministerio y las del Observatorio no son conmensurables porque miden cosas distintas[2]. El Ministerio mide conflictos con paro(cantidad de huelguistas y días caídos) y el ODS mide conflictos con paro y otras formas de conflictividad laboral como ocupación, cortes, movilización, etc[3]. Ambas decisiones metodológicas implican un sesgo (y de hecho, una posición teórica respecto de qué es el conflicto laboral). La opción del Ministerio de reducir el relevamiento a los conflictos con paro tiene la virtud de poner al paro como herramienta privilegiada de los trabajadores asalariados (lo cual es importante luego de años neoliberales en los que no sólo dejó de medirse la huelga sino que casi se la declaró una pieza de museo). Pero tiene la debilidad de excluir del análisis otras formas que son indudablemente parte de la conflictividad de los trabajadores asalariados. Para ir a hechos concretos, las 9 jornadas de lucha de los trabajadores de Lear (que nadie serio puede negar su carácter laboral en la medida en que responden al despido de trabajadores y, sobre llovido, al intento de desafuero de delegados elegidos hace menos de un año por el 70% de los votos) quedan fuera de la medición del Ministerio. Para decirlo brutalmente, para el Ministerio de Trabajo hoy en Lear no hay conflicto porque ni la carpa que está instalada en la puerta, ni las denuncias de amenazas y violencia que los delegados realizan por parte de la patota del SMATA, ni los cortes de la Panamericana junto con otras organizaciones, ni las marchas al Ministerio (de facto, a la misma sede donde está el observatorio oficial) cuentan como conflictividad laboral. Más aún, la actual toma y puesta a producir de la exDonnelley, y las movilizaciones con las que el 18/09 obtuvieron el reconocimiento del INAES de la cooperativa Mady-Graf, tampoco computa como conflicto laboral.
Este sesgo no es casual, responde a una ubicación “institucionalista”(a nivel teórico), y “estatalista” (a nivel político) respecto de la conflictividad laboral, en la medida en que tiende a sobrevalorar las protestas con reconocimiento estatal (que pueden acudir al paro con cobertura legal) y subvaluar todo tipo de protesta de los asalariados que se desarrolla por fuera de las vías institucionales concertadas entre el Estado, las cúpulas sindicatos y las empresas. En un contexto en el que, justamente, la relación entre las bases opositoras organizadas en comisiones internas y las cúpulas se tensa; y en el que, como el caso del SMATA, la burocracia desnuda su papel de policía; la negación de otras formas de protesta de los trabajadores (como cortes, marchas, piquetes o carpas) redunda en distorsión de la realidad. Pero en el caso del Ministerio de Trabajo, redunda también en cierto cinismo. Porque es el propio Ministerio el que “ilegaliza” la protesta de los trabajadores opositores al avalar, por ejemplo, destituciones de delegados truchas como las del SMATA en LEAR (“en una cárcel, las votaciones las gana el carcelero” decía una nota publicada hace poco en este diario). ¿Qué posibilidad tienen delegados destituidos a punta de despido de impulsar un paro para protestar por los despidos y la persecución?¿Qué cobertura tienen los trabajadores para realizar ese paro si el Ministerio acepta, livianamente, la dictadura del SMATA (que es, casualmente, la de la multinacional Lear)? Ninguna. Entonces, ¿qué hacen? Protestan incansablemente sin hacer paro (cualquier ciudadano que acceda a la televisión conoce la incansabilidad de los operarios de Lear).
A eso hay que sumarle un segundo elemento que hace que la reducción del conflicto laboral al paro tienda a redundar en una distorción de la realidad: la recesión económica que el propio INDEC reconoce. En un escenario recesivo, con suspensiones y despidos, la disminución de los paros (y el aumento de otras formas de conflictividad laboral) suele deberse justamente al clásico argumento de las cúpulas sindicales de “no paremos para no darle motivos a la patronal para despedir”. Argumento con el que se facilita que en el segundo trimestre de 2014 en Argentina haya habido un aumento de la desocupación de 4.2% (en comparación con el segundo trimestre de 2013, datos INDEC) y argumento que, por otra parte, el gobierno nacional apoya con la palabra en los discursos y con la espada en la Panamericana del gendarme Berni. Estos elementos no pueden escapar (y seguramente no escapan) al análisis de los investigadores del Ministerio. Pero lamentablemente, están ausentes en sus elaboraciones públicas.

¿Qué ves?
Ahora bien, lo interesante es que, más allá de este sesgo estatalista en la medición del Ministerio, los datos producidos por sus investigadores vienen presentando una tendencia a la alza de la conflictividad laboral desde 2006 en adelante en la cual, hasta ahora, no puede probarse que el 2014 sea la excepción. En 2013,esta tendencia mostró un amesetamiento (los niveles de conflictos con paro fueron casi idénticos al 2012), ante el cual, lamentablemente, el Ministerio optó por titular su informe anual con la distorsiva frase “La disminución de la conflictividad laboral en 2013”, título que, cuando se veía el informe, no era corroborado por los datos porque las variaciones numéricas daban más bien un sostenimiento de los niveles récord de 2012 y no una reducción. En 2014 aún no tenemos los datos que permitan observar si esos niveles récord se mantienen, aumentan o decrecen. Pero sí sabemos, que “la conflictividad laboral en el primer trimestre se ubicó por encima del promedio registrado para esos meses entre 2006 y 2013”[4]. ¿Qué es lo que bajó, entonces? La conflictividad (siempre con esta medición reducida a conflicto con paro) entre el primer y el segundo trimestre. Es esa variación, en un contexto al alza que el propio Ministerio expone, el que suscita el polémico titular “La conflictividad laboral en baja”. A esto hay que agregar que los datos del segundo trimestre de 2014 no llegaron a contabilizar el paro general opositor del 28A ocurrido días antes de la publicación(o sea, no contabilizó ni el conflicto en sí mismo, ni la cantidad de huelguistas, ni su influencia en días no trabajados). En síntesis, el título es más una expresión de deseo y una puesta en escena para la “batalla cultural”, que un análisis estadístico.

¿Qué es, entonces, lo que quiere ocultar el Ministerio con titulares más grandilocuentes que descriptivos? Un doble movimiento que emana de sus propias bases de datos y que puede enriquecerse con otras bases (como el ODS): la constante alza de la conflictividad desde 2006, con cambios significativos en relación a quiénes protagonizan los conflictos y cuáles son sus motivos.Lo que el Ministerio no está diciendo es que estamos observando el pasaje de “los conflictos del crecimiento” a los “conflictos de la crisis” en un marco de 7 años de aumento de la conflictividad laboral. Es esa combinación, la que el Ministerio no quiere medir por el simple hecho de que los obliga a (y deberían hacerlo al menos en honor al rigor científico) a despegarse del discurso gubernamental que establece que en 2012 se terminaron los conflictos “buenos, legítimos, genuinos”y comenzaron los conflictos “malos, ilegítimos, destituyentes”. El intento de establecer en 2013 el punto de inflexión de la conflictividad laboral pareciera que responde a la búsqueda de acompañar, en base a datos estadísticos, el discurso gubernamental de deslegitimar los actuales conflictos laborales. Y con ello, deslegitimar también los reclamos de los trabajadores y cubrir, “científicamente”, una política gubernamental que da como resultado, también medible en datos estadísticos, caída de salario real, caída del empleo y aumento de represión.
El problema al que se enfrentan los investigadores del Ministerio es que, hacer propio el oportunismo gubernamental de considerar legítimos los conflictos que los favorecen (y contabilizarlos) e ilegítimos los que los denuncian (y no contabilizarlos), se da de patadas con el rigor científico. De allí a decir que los obreros de Lear le hacen el “juego a la derecha” por defender sus puestos de trabajo, sólo se requiere una brisa. Los investigadores del Ministerio (que vienen haciendo un trabajo muy útil en estos años) están ante la disyuntiva de, o bien, tirar todo ese trabajo por la borda y comenzar un proceso de “INDECización” del que no se vuelve; o bien, continuar la producción y análisis estadístico y denunciar la manipulación ideológica del gobierno nacional que transforma lo que hasta ayer era positivo (y digno de ser medido), en acciones destituyentes (y dignas de ser reprimidas).

En la próxima nota analizaremos los cambios en la conflictividad laboral que emanan de las bases del Ministerio y del ODS, en relación a quiénes son los protagonistas y qué piden.



[1] Agradecemos a los responsables del ODS por la entrevista concedida.
[2] También usan fuentes distintas. El Ministerio releva 140medios de prensa entre nacionales, provinciales y municipales; y el ODS relava los 3 diarios nacionales más importantes (La Nación, Clarín y Página12). Eso hace que la base del Ministerio sea mucho más completa y mucho más nacional, pero al mismo tiempo equipara un paro en la Municipalidad de Morteros (Pcia. de Córdoba), con un paro nacional de la UOM (ambos aparecen como un conflicto con paro, aunque pueden diferenciarse en cuanto a su cantidad de huelguistas, por ejemplo). El relevamiento vía diarios nacionales suele destacar los conflictos más relevantes a nivel nacional, aunque al mismo tiempo tiende a dar más prioridad a lo que pasa en Buenos Aires (donde está el centro político y laboral del país; y donde están las redacciones), y subvaluar el interior del país.
[3]Como señala la Red de Observatorios de Conflictividad Social en su carta publicada en este diario el 18/09, las unidades de análisis distintas obligan a un trabajo metodológico para la comparabilidad de las distintas bases.El el caso del ODS las acciones que son tenidas en cuenta son: declaración de alerta y movilización; asamblea y reunión; acciones comunicacionales; trabajo a reglamento/quite de colaboración; paro de actividades; ocupación; actividades en la vía pública; cortes de ruta; movilización/marcha; acciones legales o administrativas; piquete de abastecimiento.
[4] Ver Conflictividad laboral en baja, 01/09/2014, Página12. 

jueves, 1 de diciembre de 2011

martes, 29 de noviembre de 2011

Quimeras sobre el discurso de Cristina (o cómo transformarlo de antisindical en igualitarista)


http://www.alsurinforma.com/wp-content/uploads/2011/11/cristina_uia-300x207.jpgEl diario oficialista Página/12 viene haciendo un formidable esfuerzo para convencernos que el sentido de las palabras de Cristina en la UIA, y otros numerosos gestos que la vienen acompañando, son opuestos a lo que parece a primera vista. Como ya habíamos anticipado que ocurriría, sus páginas vienen machacando hasta el hartazgo con las frases más "simpáticas" del discurso, que tenían como trasfondo importantes guiños a los empresarios.
Interpretar que lo que se está implementando con los subsidios es un ajuste, sería según esta lectura caer en la “operación mediática” orquestada por Clarín y La nación (ver por ejemplo a Eduardo Aliverti en “Entradas y salidas”, Página/12, 28/11/2011). También nos dicen que pensar que toda la pirotecnia verbal contra los sindicatos –incluyendo al moyanismo y otros dirigentes de la burocracia pero apuntado especialmente al sindicalismo de base- preanuncia un ataque contra los sindicatos sería equivocado.

La relectura que nos propone la prensa “progre” oficialista del discurso de Cristina, es que “ni la euforia de Mendiguren ni la depresión de Moyano parecen justificadas” (Verbitsky, “Disciplinamiento”, Página/12, 27/11/2011). Cierto, el gobierno señaló a varias empresas que fugaron dólares, casi con nombre y apellido, sugiriendo que las pondría en la mira de varias áreas de gestión, como la AFIP. También, que reclamó inversiones. Algo que no es nuevo, y que los empresarios siempre prometen. Y hasta a veces cumplen. Si total, reciben importantes “regalos” fiscales y créditos baratos, que amplían significativamente los beneficios. Fuera de esto, y algún tirón de orejas como decir que los sectores más vulnerables “no tienen capacidad de ahorro y no hacen ‘contado con liqui’. No son los jubilados de la mínima los que remesan o atesoran billetes o utilidades en portafolio o cambian de portafolio”, la Presidenta propuso abrir el diálogo en numerosos puntos de gran interés para los empresarios, especialmente de la industria. Competitividad (repetimos lo que dijimos hace algunos días, decirle esto a los industriales es hablarles de devaluación o alguna otra ingeniería cambiaria de resultados equivalentes), inflación, rechazo a la ley de ganancias. Alguna recriminación en el marco de estas promesas de “sintonía fina”, no cambia el hecho de que casi todo fue música para los oídos empresariales.
Sobre la cuestión de ganancias, Vervitsky nos propone una lectura sumamente original e implausible, similar a la que ya apeló otras veces para apoyar posiciones políticas antiobreras del gobierno: existirían con Moyano “diferencias objetivas de criterio: mientras el gobierno inyecta recursos en la base de la pirámide porque sabe que se vuelca al consumo y sostiene la demanda agregada, Moyano aboga por mayores ingresos para la cúspide, cuyos ingresos, de acuerdo con los estudios oficiales, en buena medida alimentan la compra de dólares”. Ahora resulta que para este diario, la creme de la creme del proletariado es uno de los grandes responsables de la salida de dólares. Poco importa, para este escriba a sueldo, que hace poco tiempo el mismo medio haya amplificado hasta el hartazgo las palabras de la Presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont, de que “El amperímetro no lo mueven los pequeños inversores”, sino “en buena medida” los grandes ahorristas y empresas. Ahora se descubre que subir el mínimo no imponible sería alimentar la fuga de dólares.
Verbitsky apela a los argumentos ya utilizados hace unos meses en su artículo “La primacía de la política” (Página/12, 15 de mayo de 2011). Allí denunciaba, con total desparpajo, la “aristocracia obrera” que según su lógica era la responsable de la gran inequidad de la distribución de los salarios. Ya hemos polemizado aquí con sus volteretas argumentales, mostrando cómo le hacía el ole a la cuestión de fondo para explicar lo que se supone estaba tratando (las asimetrías salariales), que es cómo la relación entre el gobierno y la burocracia de Moyano sirvió durante todos estos años para preservar el “modelo”, que analizado más allá de la retórica no es otra cosa que un régimen de (sub)acumulación capitalista basado en una elevada rentabilidad (aquí puede leerse nuestra polémica).
Ahora, Verbitsky vuelve sobre la misma línea argumental. Moyano representa a una fracción privilegiada de la clase trabajadora, habla desde “la cúspide” de la pirámide, el gobierno piensa en la base. Aunque este argumento pretende embellecer al gobierno, en realidad empieza por embellecer a la propia burocracia. No dice que ésta es una policía política en el movimiento obrero, que acumula privilegios ocupando la dirección de sindicatos regimentados estatalmente, a los fines de adecuar los reclamos obreros a las condiciones económicas. Nos la presenta como una defensora de los privilegios de los estratos más altos de la clase obrera. Esto sólo es cierto en el sentido de que la burocracia sólo habla corporativamente de los intereses de los trabajadores registrados efectivos, dejando afuera no sólo a los trabajadores precarios, sino también a gran parte de los contratados. Sin embargo, incluso los intereses y aspiraciones de esta fracción de la clase trabajadora quedan subordinados a las necesidades del capital y del Estado. La misma burocracia que posa de “reformista” en años de vacas gordas, es la que deja pasar despidos, suspensiones y bajas de salarios en tiempos de crisis. Lo vimos durante toda la década menemista, y especialmente durante la crisis de 1998/2001: todos los sectores de la burocracia dejaron pasar despidos, suspensiones y bajas de salarios, aparte de permitir que se exija más productividad. Incluso mientras Moyano criticaba la ley “banelco” de flexibilización laboral, era impulsor de una devaluación que salvaría a la burguesía argentina (gracias a la pesificación “asimétrica) mientras hundía el poder adquisitivo de los salarios. Esta misma burocracia dejó pasar en 2008/09 más de 200 mil despidos, en muchos casos argumentando que ni siquiera eran tales porque afectaban a contratados, e impulsando en el mejor de los casos medidas de “lucha” testimoniales, como en el caso de Paraná Metal. Empresas, gobierno y sindicalistas atacaron duramente a los sectores del sindicalismo de base que encararon la defensa de contratados (como a Hernán “Bocha” Puddu, delegado de Iveco en Córdoba que fue expulsado del SMATA por defender a contratados, y luego despedido). Verbitsky nos transforma a esta casta, responsable de dosificar las mejoras a las que puede aspirar la clase trabajadora aún en tiempos excepcionalmente prósperos para la economía nacional como fueron los últimos años, en una defensora de intereses corporativos. Sin duda, busca oponer los intereses de la “privilegiada” clase obrera efectiva a los de otras fracciones de la clase, pero sólo porque ésto le permite poner un techo más bajo a lo que sus “representados” pueden aspirar (para ampliar, ver aquí).
Luego de embellecer a la burocracia, Verbitsky pasa a contarnos la gesta popular que estaría detrás de los sistemáticos discursos de Cristina Fernández contra las organizaciones obreras. Las tensiones con Moyano, serían según Verbitsky y numerosos periodistas más de PáginaK, porque el gobierno quiere medidas aplicables “a todos los trabajadores”. La distribución de ganancias y la elevación del mínimo no imponible no lo serían. Los sindicalistas deberían más bien preocuparse por las condiciones laborales que afectan a la mitad de los asalariados peor remunerados, que están por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, este discurso “igualitario” que tanto conmueve a los periodistas de este diario, fue pronunciado enfrente de los empresarios, para asegurarles que nadie andará metiendo las narices en sus balances. Por otro, le avisó a Moyano que la no movilidad del mínimo no imponible será otra pata mas del ajuste que no existe (en los discursos oficiales, pero sí en las facturas de servicios y los techos salariales que se anuncian para los trabajadores). Pero además, Cristina realiza su discurso, y los periodistas oficialistas lo leen, como si este sindicalismo no hubiera sido aliado central del gobierno. Y como si la política de precariedad laboral no hubiera sido un –inconfesable desde ya- pilar del “modelo”. Como hemos planteado ya en otra ocasión, la precarización juega un rol clave para explicar los altos niveles de ganancia capitalista en el período de la pos devaluación porque
[…] a diferencia de los ’90, este resultado se está dando con una economía que funciona a máxima capacidad, con undesempleo mucho menor, e incluso en algunos sectores con dificultades para encontrar trabajadores calificados, es decir con un “exceso de demanda” de fuerza de trabajo. Lo raro no es que en una economía que creó tres millones de puestos de trabajo desde 2002 el salario haya tenido alguna recuperación [en términos reales]. Lo notorio es que esta estuvo apenas en los niveles de 2001, es decirun año de hecatombe económica. Acá, se puede “cuantificar” el aporte de la precarización y tercerización, que limitó la capacidad de los trabajadores para avanzar en la recomposición salarial. Justamente por esta limitación a la recomposición salarial, la participación de las ganancias en el producto tiene el piso históricamente más alto de las últimas décadas.
Moyano jugó un rol clave para operar sobre estas condiciones ya de por sí favorables al capital, garantizando –como pedía el gobierno- un techo en las negociaciones por debajo de la inflación. Por eso, a partir de 2007, superar a la inflación fue la excepción más que la norma, salvo porque en 2010 el gremio de la alimentación perforó el techo y logró un 35% después de fuertes luchas (con Kraft a la cabeza), y luego fue imitado por otros gremios. A cambio de esto, Moyano renegociaba otras ventajas adicionales para el sindicato de Camioneros, de modo que en este gremio las remuneraciones crecían más que el promedio. Lo mismo fue tolerado por el gobierno en algunos otros gremios, a condición de imponer una pauta en línea con la inflación en la mayoría de los gremios.
De esta forma, las divergencias en las condiciones de trabajo y de remuneración, que repentinamente tanto parecen preocupar a Cristina, no son algo “pendiente” de avanzar, sino algo decididamente perpetuado durante estos años para garantizar al menos en cierta medida la continuidad de algunas condiciones favorables a las empresas creadas por la devaluación. La burocracia sindical le agregó otro detalle, que son las importantes diferencias entre gremios, pero todos (empresas, gremios y gobierno) coincidieron en mantener las división de las filas obreras.
Suena como mínimo paradojal que esta manifiesta preocupación por la igualdad entre los trabajadores, vaya acompañada de procesamientos a dirigentes obreros como Javier “Poke” Hermosilla o Rubén “Pollo” Sobrero por defender los puestos de trabajo y la organización del sindicalismo de base, y a dirigentes políticos que se han solidarizado con la lucha de Kraft como Néstor Pitrola y Vilma Ripoll. O que el Ministerio de Trabajo pida la intervención de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA). O que los trabajadores que pelean por condiciones de seguridad e higiene como los trabajadores de Subte reciban la burla de la Presidenta en sus discursos, ninguneando el problema de la tendinitis. O que el Ministerio de Trabajo se niegue a homologar un acuerdo salarial negociado por UATRE que contempla una suba del 35,7% para los peones rurales.
Por otra parte, mucho habló Cristina contra los “privilegios” de los asalariados mejor pagos; pero le faltó explicar cómo si esto es tan así, es que la participación promedio de la ganancia capitalista en el ingreso total generado, supera en el promedio de los últimos años, casi cualquier año de la década previa; y si analizamos las grandes empresas donde están los trabajadores mejor pagos, el avance capitalista durante los últimos años es aún más acentuado.
Más sencillo que enredarse en estas “paradojas” (que mejor podríamos definir como contradicciones en el discurso) sería explicar que lo que se está empezando a implementar es efectivamente un ajuste, que tiene a los asalariados como sus principales destinatarios. El discurso oficial, se prepara para contraponer los ataques que se vendrán a otras medidas “para todos” que sí se mantendrán (pero probablemente no se amplíen significativamente; a todos va a tocar una parte de ajuste) como la AUH (JdM analiza muy bien uno de los posibles escenarios de cómo podría darse esta contraposición, ver aquí). Así como se invita a renunciar a los subsidios para los servicios a los usuarios “que pueden pagarlo”, ya se ha invitado a los trabajadores en otros años a moderar sus reclamos, y lo mismo hizo Cristina en el discuros de la UIA. La novedad de este años es que se preparan techos mucho más bajos. La advertencia, clarita, es que “no se pueden tener los mismos comportamientos con que se enfrentó las políticas neoliberales de los ‘90” y que “los trabajadores van a ser los primeros perjudicados” si se afecta el modelo económico. En suma, cualquiera que “desborde” y no acepte las nuevas reglas del “ajuste” no declarado será señalado como responsable de erosionar el modelo. Un llamado al orden, para proteger la “caja negra” del “modelo”: la formidable rentabilidad empresaria, que está aún un 15% por encima de 2001, gracias a que, como el propio Verbitsky reconoce (copiamos el gráfico que acompaña su nota) los costos salariales que afrontan los empresarios siguen mucho más bajos que en ese momento.

Siempre se puede encontrar algún argumento para teñir de “progre” un discurso, y encontrar alguna frase en el mismo que demuestre la firmeza presidencial ante los empresarios. Pero para los trabajadores, mejor prepararse para una “sintonía fina” que los tiene como principal variable de ajuste.

miércoles, 24 de agosto de 2011

24 y 25 TODO CHILE PARALIZA: ¡Hermano, chileno, no bajes tus banderas, que aquí estamos dispuestos a cruzar la cordillera!



Porque motivos sobran: Educación gratuita | Trabajo estable | No mas sueldos de hambre

En este link todas las actividades de nuestrxs compañerxs del PTR chileno durante el Paro Nacional 24 y 25 Agosto.

Viva la lucha de los trabajadores y estudiantes chilenos! Desde aquí vaya todo nuestro apoyo. Como en los setentas, cantamos: “¡Hermano, chileno, no bajes tus banderas, que aquí estamos dispuestos a cruzar la cordillera!”