Sigue la polémica sobre renta agraria y desarrollo capitalista en Argentina

A partir del artículo "Renta agraria y desarrollo capitalista en la Argentina" que publicamos en la revista Lucha de Clases n° 9, se viene desarrollando un interesante debate en el que han intervenido Rolando Astarita, Juan Iñigo Carrera, y la corriente Razón y Revolución. En respuesta al artículo de El aromo n° 57 de Guillermo Cadenazzi, va en la página del Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx nuestro último aporte al debate, titulado "Informe sobre ciegos. La 'mirada' de Razón y revolución sobre el capitalismo argentino".

Invitamos a leerlo, allí se discuten cuestiones de importancia fundamental para los que nos proponemos discutir las tareas de la revolución obrera y socialista en un país semicolonial como la Argentina.

Luego de una pausa, volveremos a postear en la segunda quincena de enero. Salut.

Capitalismo y urbanización

Pablo Anino

Se ha intentado explicar los hechos de Soldati de las maneras más diversas. Desde las más brutales expresiones xenófobas de Macri según las cuales la toma de ter

renos sería producto de una “inmigración descontrolada”, pasando por la teoría K sobre el desentendimiento del gobierno de la ciudad de la problemática habitacional, hasta la visión

de Proyecto Sur para la que estos serían los resultados inconfesables del “modelo” kirchnerista. Lo cierto es que la urbanización y la construcción de viviendas bajo el capitalismo están estrechamente ligadas a la lógica de la ganancia empresaria, la cual desconoce la atención de amplias necesidades sociales, aún las más básicas.

La urbanización bajo el capitalismo cumple un rol clave porque es el soporte físico para que se desenvuelva el ciclo del capital. Los servicios de distribución de electricidad, gas, agua, Internet; los sistemas vial, escolar, de salud, etcétera, son indispensables para la producción, circulación y realización de las mercancías. La ciudad permite reducir los gastos de la circulación de las mercancías y el dinero, y contribuye al intento permanente de los capitalistas por “aniquilar” los tiempos de circulación, tanto dentro como fuera de la producción.

El soporte urbano no sólo es clave para el ciclo del capital, sino que actúa sobre un componente particular como lo es el valor de la fuerza de trabajo y las condiciones en que esta se encuentra disponible para que los capitalistas la contraten, como así también la cantidad en que se ofrece. Los empresarios precisan encontrar a los trabajadores en una cantidad suficiente y no menor a la requerida para el proceso de producción de mercancías. Incluso en una cantidad superior para que los trabajadores excedentes puedan ejercer presión a la baja salarial de los que están contratados. Este es el verdadero motivo por el cual el capital “promueve” el ingreso de trabajadores de Bolivia y otros países para ser explotados en la construcción y talleres textiles. Pero no sólo esto sino que también requiere que los trabajadores se encuentren en condiciones de calificación (o descalificación), salubridad, etcétera, de acuerdo al proceso de producción en que se incorporarán. Es así que el sistema urbano presenta distintos componentes como las escuelas, los hospitales, el transporte, entre otros, que determinan las condiciones en que los capitalistas pueden disponer de fuerza de trabajo.

Pero también estos componentes definen los niveles de salario que se pagarán. Actualmente es una queja común de los capitalistas lo “caro” que tienen que pagar los salarios de los trabajadores calificados en nuestro país porque hay pocos. En sentido contrario, lo “barato” que sale el transporte (gracias a los millonarios subsidios que reciben los empresarios) actúa reduciendo el salario que el conjunto de los capitalistas pagarán a los trabajadores porque les cuesta menos desplazarse. En el mismo sentido, la disponibilidad de viviendas y su valor influye sobre los salarios que los capitalistas tienen que pagar. Además, como el salario no es expresión directa de todos los bienes que el trabajador y su familia necesitan para su reproducción, muchas veces ese salario no expresa el valor de la fuerza de trabajo sino que representa sólo una proporción menor del total de esos bienes, lo cual en alguna medida tiene que ser compensado por la provisión pública.

Es más, muchas veces el valor de cambio de la fuerza de trabajo no incorpora una parte de las necesidades objetivas de los trabajadores. Es lo que Christian Topalov en La urbanización capitalista llama “necesidades disociadas”. Los empresarios para pagar menos salarios impulsan a las familias a garantizar parte de su reproducción mediante el consumo no mercantilizado, es decir, el consumo de bienes que producen las propias familias tales como parte del alimento, la vestimenta y la vivienda. Pero también impulsa a los trabajadores a reivindicaciones en cuanto al reconocimiento social directo de los bienes estructuralmente excluidos del valor de intercambio de la fuerza de trabajo, es decir el reconocimiento social directo de las “necesidades disociadas” que para Topalov tiene dos componentes principales: uno es la transferencia monetaria a través de asignaciones familiares, subsidios de enfermedad, etcétera, y el otro es el suministro directo de valores de uso como escuelas, hospitales, viviendas, transporte, etc. Su propia existencia da cuenta de las contradicciones entre la fuerza de trabajo mercantilizada y las exigencias objetivas de la reproducción.

Pero esto choca contra las propias tendencias del capitalismo a mercantilizar todos los aspectos de la vida. Es que los reclamos populares expresan las exigencias objetivas de la reproducción de los trabajadores y afectan los intereses inmediatos del capital en tanto niegan el carácter mercantilizado de la fuerza de trabajo y expresan la posibilidad de que la necesidad sea el fin de la producción. La propia urbanidad se encuentra en tensión permanente con las ganancias capitalistas. Es que la urbanización requiere y favorece la cooperación del trabajo. Y esto muestra en potencia como sería el trabajo bajo otro tipo de organización social de la producción. Pero como la urbanización en el capitalismo avanza en función de las ganancias capitalistas y a través del mercado, su inestabilidad expresa a nivel del uso del espacio la inestabilidad de las ganancias capitalistas. Es que la ciudad constituye, como también lo define Topalov, un valor de uso complejo. Pero al ser un valor de uso y no directamente una mercancía se opone relativamente a la búsqueda de la ganancia privada.

Algunos geógrafos como David Harvey o Neil Smith plantean que junto con las soluciones moleculares que el capital encuentra para el sostenimiento de su acumulación a través del aumento de la plusvalía absoluta o relativa, coexisten las soluciones “espacio-temporales”. Éstas son los mecanismos que operan ante la imposibilidad de inversiones de corto plazo. Frente a la sobreacumulación de capitales se puede apelar a la inversión en infraestructura, gasto social, o aumento de la capacidad productiva mediante la canalización de recursos públicos. El problema es su carácter limitado en relación a los capitales que hay que poner en movimiento, y el hecho de que en el mediano plazo también se produce sobreacumulación en estos circuitos, llevando a crisis presupuestarias del Estado que junto con las instituciones financieras es el que intermedia en este tipo de inversiones. Esto llevará a la desvalorización del soporte productivo que implica la infraestructura urbana. Pero, asimismo, las soluciones “espacio-temporales” a la vez que permiten acelerar la circulación de capital mercancía y de capital dinero dando como resultado un aumento de la tasa de ganancia, significan la fijación de recursos en gran escala en el espacio. Esos recursos fijados en el espacio también constituyen un problema para el capital porque se encuentran imposibilitados de volver a colocarse en nuevas inversiones.

Incluso el soporte urbano da fundamento a la existencia de rentas del suelo urbano apoyadas en el monopolio de un espacio cuyas condiciones no son reproducibles en otra localización. Por ejemplo, las torres en Puerto Madero. Junto con el aumento de las rentas urbanas se desarrolla la inmovilización de montos cada vez mayores de capital en la propiedad urbana. Está dinámica que genera el capital, necesitará ser quebrada para acabar con la inmovilización de capital a través de la desvalorización de la propiedad urbana. Esto muchas veces se logra mediante la apropiación por parte del capital de los espacios públicos o bajo tenencia precaria de los trabajadores y el pueblo pobre. Es el rol que cumple muchas veces la titulación de tierras en villas miserias en función de imponer lo que David Harvey llama la “acumulación por desposesión” mediante el desplazamiento de poblaciones en urbanizaciones precarias por mecanismos de mercado. Es que la titulación abre la posibilidad a la enajenación individual por parte de los trabajadores pobres de pequeñas parcelas de tierra a bajos precios. La instalación de nueva infraestructura urbana sobre esas parcelas aumentará fuertemente los precios en beneficio de los especuladores inmobiliarios. Es lo que ocurre con la “puesta en valor” de muchos espacios urbanos. Cuando no, el capital logra lo mismo mediante los desplazamientos directos y violentos como se pretende hacer en la Villa de Retiro.

Este conjunto de movimientos del capital grafican cómo el capitalismo, a la vez que crea la necesidad de equipamientos colectivos de consumo, de una infraestructura urbana, incluso en ocasiones de viviendas para los trabajadores, al mismo tiempo limita cuantitativa y cualitativamente su producción. Por último, la infraestructura urbana al mismo tiempo que contribuye a la valorización del capital en general tiene que ser financiada mediante el presupuesto público, pero esto enfrenta el rechazo generalizado por parte de los capitalistas. Por eso una urbanización en función de las necesidades sociales solo podrá lograrse mediante otro tipo de organización social, y no mediante su usufructo por parte de los pulpos capitalistas.

Negocios inmobiliarios en un “planeta de villas miserias”

Esteban Mercatante

Así como el asesinato de Mariano Ferreyra puso sobre el tapete hace poco más de un mes el rol clave de la burocracia sindical, columna vertebral del gobierno kirchnerista según Aníbal Fernández, para sostener la fragmentación de la clase trabajadora mediante la tercerización (y otras formas de precarización), la represión en el desalojo del Parque Indoamericano en Villa Soldati ha iluminado descarnadamente algo que está diariamente a la vista de todos, aunque convenientemente velado: las tendencias de largo aliento a una reconfiguración urbana que privilegia el reciclaje de las edificaciones apuntando a los estratos sociales más ricos, y la degradación creciente de las viviendas a las que pueden acceder los sectores más pobres.

Una ciudad rediseñada por el negocio inmobiliario

Siguiendo las tendencias mundiales del Planet of slums (denominación del geógrafo Mike Davis, que podríamos traducir como "planeta de villas miseria"), el espacio urbano se polariza, y se fragmenta de la mano de las necesidades de la especulación inmobiliaria y las constructoras. En las últimas décadas hemos visto el sucesivo "revival" de distintos barrios porteños (además de Puerto Madero, podemos mencionar San Telmo, Palermo y Colegiales) que han adquirido glamour de la mano de fuertes emprendimientos inmobiliarios. Pero incluso superando cualquier sesgo geográfico, las megatorres, verdaderos barrios en sí mismos, se han extendido por todo la geografía porteña, como verdaderas minifortalezas, replicando en pequeña escala (adecuada al bolsillo clasemediero) lo que los ricos hacen a lo grande en edificaciones como Nordelta.

La ciudad, así como distintas zonas del Gran Buenos Aires -sobre todo hacia el norte- han permitido jugosos negocios inmobiliarios de la mano de los marcados cambios en la lógica de urbanización. Junto con estos, el precio del metro cuadrado (que en promedio es de U$S 1.500 y en los barrios más caros llega a U$S 2.700) se ha disparado. Si siempre fue difícil el acceso a la propiedad, la priorización de edificaciones para los más ricos ha hecho aún más lejano el acceso a una vivienda propia para sectores de trabajadores.

Junto con los precios de las propiedades, se disparan también los de los alquileres. Incluso llegar al status de inquilino es cuesta arriba. Además, las dificultades crecientes para acceder a una vivienda significan que una proporción creciente de la población debe alquilar, lo cual implica una presión adicional sobre los precios de las propiedades. Para un trabajador que gana el sueldo promedio y alquila solo una vivienda, hoy el alquiler puede llegar al 40% de su sueldo o más; para dos que comparten puede superar tranquilamente un tercio de sus ingresos.

De esta forma, el déficit habitacional del cual los ocupantes del parque en Villa Soldati son el eslabón más débil, tiene su origen en la estructuración del conjunto de la edificación urbana en función del lucro empresario que ha disparado los precios de las propiedades y ha priorizado la construcción de viviendas para los sectores de mayores ingresos.

El lucro con los valores de la propiedad urbana y la construcción son dos de las principales fuentes de negocios en el ámbito de la ciudad, y la política de planeación urbana desde que la ciudad existe como espacio autónomo ha seguido siempre la misma línea coherente: atender las necesidades de los popes de la construcción. La recategorización de zonas urbanas y la violación de las limitaciones para edificar han sido la norma de todos los gobiernos.

Al calor de la valorización de las propiedades inmuebles, se han profundizado los desalojos de viviendas ocupadas. Éstos no sólo han sido realizados por particulares, sino también por el Gobierno de la Ciudad y por el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE).

Durante todos estos años, la construcción ha representado nada menos que la mitad de la inversión total realizada en el país. Pero el grueso de la misma lo componen la construcción privada y planes de obra centrados en obras de soporte a la producción. Mientras tanto, aunque en la ciudad hay un déficit de por lo menos medio millón de viviendas, numerosos terrenos permanecen ociosos, aguardando un aumento aún mayor en los precios de los terrenos.

Durante estos años de crecimiento a tasas chinas, para los sectores más pobres en el más favorable de los casos se ha mejorado un poco la edificación de viviendas precarias, que en algunos casos como en la villa 31 llegan a situaciones de emergencia (excusa usada por el macrismo para querer desajolar la villa).

Es de notar que los denostados inmigrantes son una parte considerable de los trabajadores de la construcción que contribuyen a las jugosas ganancias de las empresas del sector. En una rama caracterizada por un alto nivel de trabajo precario y mal pago, como es la albañilería y actividades similares, se concentra una parte importante de trabajadores provenientes de Paraguay y Bolivia. Un estudio plantea que "los varones inmigrantes del Paraguay y de Bolivia se concentran en un puñado de ramas de actividad, con predominio en la construcción, industria manufacturera, comercio y servicios de reparaciones. En estas ramas se nuclea el 63% de los trabajadores paraguayos y al 59% de los trabajadores bolivianos" (“Diagnóstico de las poblaciones inmigrantes en Argentina”, informe del Ministerio del Interior). No es casual: así como la actividad textil en condiciones semiesclavas, contratar para estas actividades a inmigrantes de condiciones precarias permite una explotación leonina, y evitar cuestiones molestas y tan suntuarias desde el punto de vista empresario como la cobertura de riesgos del trabajo y cosas por el estilo.

Espacio público, negocios privados

Mucho se ha hablado de la apropiación del espacio público por parte de los ocupantes del Parque Indoamericano, pero quienes señalan esto con indignación son los mismos que no dicen que la práctica de la planificación urbana ha operado exactamente en ese sentido, pero en una escala gigantesca. En todo el norte de la ciudad, empezando por las tierras del Club Hípico, lo que fuera el Paseo de la Infanta, el Club Universitario, y los administradores de la Rural, por sólo nombrar algunos ejemplos, vienen apropiándose de terrenos públicos para poner restaurants, estacionamientos, o ampliar el espacio disponible a los socios de los clubs. Con la venia de los funcionarios de turno, esto sucede desde hace décadas sin que nadie se escandalice.

Como si esto fuera poco, la Corporación del Sur, creada en 1998 con la constitución de la Ciudad, y supuestamente encargada de equilibrar la construcción en las distintas zonas de la Ciudad, es un engranaje central para los negocios inmobiliarios. Esta tiene casi un tercio de la Ciudad bajo su mando, entre ellos los terrenos donde habita el 85 por ciento de los pobres e indigentes. Esta corporación no tiene ningún mecanismo de control directo, y ha sido manejada discrecionalmente por todos los jefes de gobierno desde de la Rúa en adelante, cada vez con mayores facultades y terrenos a su cargo, sumando además un fondo fiduciario y regímenes más laxos para las contrataciones.

Mientras tanto, el gobierno nacional se maneja de forma parecida con la Corporación de Puerto Madero, en manos de fieles soldados de la causa "nacional y popular" que buscan la justa redistribución de los negocios de la construcción entre Lázaro Baez, Roggio, Techint y el resto de los amigos de la Cámara Argentina de la Construcción, cámara que agrupa entre el empresariado a quienes son de lejos los más "militantes" en favor del kirchnerismo.

El kirchnerismo, ¿sin ajuste?

El gobierno de Macri ha puesto entre los últimos puestos de jerarquía la construcción de viviendas para los sectores populares, con el argumento de que no hay fondos disponibles. El Instituto para la vivienda redujo su presupuesto durante 2009 de $ 519 millones a $ 120 millones.

En cambio, desde el gobierno nacional y los medios afines señalan el estatus prioritario que tendría para aquel la construcción de viviendas. Sin embargo, los datos sobre construcción de viviendas a nivel nacional no les dan la razón. En 2009 el programa de vivienda fue de $ 5.276 millones. Para 2010 no aumentó, sino que fue ligeramente inferior ($ 5.000 millones). Considerando que la inflación no baja del 25%, tenemos en realidad una significativa caída del gasto en términos reales. No sólo el gasto es menor, sino que con lo desembolsado se construyen menos viviendas que las que podrían haberse hecho el año anterior, ya que el peso vale menos. Para 2011, se prevé invertir $ 5.100 millones.

Como se ve, es una de las tantas partidas congeladas, que gracias a la inflación le permiten al gobierno hacer un ajuste del gasto encubierto. Mientras el gobierno hace gala del combate contra la pobreza que habría permitido la Asignación por Hijo, los sectores más pobres son perjudicados por el ajuste inflacionario que es un pilar de la política económica kirchnerista.

Como si esto fuera poco, el principal programa de viviendas, Techo Digno, muestra una ejecución casi nula de lo proyectado para 2010 en algunas provincias y para la Ciudad de Buenos Aires. La única “prioridad” que muestra en la Ciudad son las posibilidades otorgadas a organizaciones sociales como Madres de generar sus propios emprendimientos de viviendas, a una escala empresaria, otra cuestión que saltó al primer plano con los sucesos de Villa Soldati. La lógica de autoconstrucción que guía a estas organizaciones, así como a las construcciones impulsadas por organizaciones como la Tupác Amaru, no permite dar una respuesta integral al problema habitacional, y va de la mano con el desmantelamiento de los planes de obras públicas para viviendas.

El “modelo K” expulsa pobres de la ciudad y el campo

Mientras se ataca la inmigración de los países limítrofes, se soslaya que en Argentina hay una emergencia habitacional agravada por la masiva expulsión de importantes sectores de las poblaciones rurales. Esta expulsión no tiene otra causa que la sojización, que con la mecanización de las tareas ha reducido el empleo rural y empujado a los desocupados del campo a las ciudades, donde engrosan los sectores de probres urbanos.

A esto se agrega la persistente expulsión de poblaciones semicampesinas de pequeñas propiedades en provincias como Chaco y Formosa, como se pudo ver hace algunas semanas con los asesinatos ocurridos en los pagos del gobernador K Gildo Insfrán. Se las echa para poder aumentar las extensiones de tierras puestas a disposición del agrobusiness, para plantar soja y algodón.

El "modelo K" expulsa violentamente a poblaciones rurales, a las que en la ciudad sólo les espera debatirse entre el hacinamiento en las villas y deambular por la ciudad sin techo.

¿Cómo responder al déficit habitacional?

 El punto de partida de cualquier plan para garantizar vivienda para todos, debe pasar por una reforma urbana que expropie las tierras que han sido usurpadas por los negocios privados, las propiedades en manos de la iglesia y las que controlan los grandes grupos inmobiliarios. Todo esto representa cientos de hectáreas que podrían destinarse a la construcción de viviendas populares y que hoy son usufructadas por los sectores sociales más ricos, por instituciones parasitarias como la iglesia, o manipulados en función de operar sobre los precios de la tierra.

 También es necesario imponer el desmantelamiento de la Corporación Sur y la corporación Puerto Madero, para utilizar sus terrenos y los generosos fondos manejados para la construcción de viviendas.

 Para construir viviendas en estos terrenos, es necesario desarrollar un plan de viviendas controlado por los trabajadores. Los recursos para el mismo, aparte de los fondos mencionados previamente, deberían salir de la imposición de impuestos progresivos a las grandes fortunas y a los terratenientes, además de la expropiación de las grandes propiedades rurales para apropiarse íntegramente de la renta agraria, y el no pago de la deuda externa. Estos recursos no solo permitirían responder a las acuciantes necesidades de vivienda, sino impulsar el trabajo para todos, con un salario acorde a la canasta familiar.

 Como dijimos, la situación en las villas y asentamientos ha permanecido crítica durante todos estos años, mientras, con el guiño de punteros políticos, los alquileres treparon por las nubes aun dentro de las mismas. Las villas y asentamientos deben ser urbanizados de acuerdo a un plan de conjunto trazado junto con los habitantes de los mismos, y debe imponerse la entrega en propiedad de las viviendas para quienes las habitan, terminando con el descarado lucro con las necesidades de los sectores más pobres.

 En el caso de las viviendas ocupadas, es necesario imponer el fin de los desalojos, y garantizar la propiedad de las mismas para quienes las habitan.

 Por último, la reforma urbana debe considerarse en un contexto más amplio: es necesario terminar con la expulsión de las poblaciones rurales. La expropiación de las grandes propiedades terratenientes y el monopolio estatal del comercio exterior deben ser la base para una reorganización de la estructura productiva, para terminar con el hacinamiento poblacional en las ciudades.

No puede esperarse que el macrismo, los progre-kirchneristas, o los radicales, que alternativamente han gobernado la Ciudad de Buenos Aires e implusado planes urbanos adaptados a las necesidades de los especuladores y las empresas de la construcción (ni qué hablar del peronismo, cuya política de urbanización podemos contemplarla en los más populosos poblados bonaerenses) vayan a dar ningún paso en este sentido. Sólo la movilización del conjunto de la clase trabajadora y los pobres urbanos puede imponer este plan para responder a la emergencia habitacional.

Los economistas K explicando la inflación. Échale la culpa a los extranjeros y la soja

Con el título de "Teorema cambiario" publicado en el suplemento Cash de ayer, el ex gerente financiero de Aerolineas hasta hace pocos meses y economista cada vez más K Axel Kicillof, ha lanzado al ruedo el último grito en las modas teóricas de los progres K para explicar la inflación. Lo planteado en el artículo retoma lo que plantea LA ANATOMIA DEL NUEVO PATRON DE CRECIMIENTO Y LA ENCRUCIJADA ACTUAL, publicación reciente del CENDA, dirigido por Kicillof.
Desempolvando argumentos que ya circularon durante el impacto de la llamada "crisis alimentaria" de 2008, durante la cual se dispararon los precios de los granos (y la FAO lanzó pronósticos alarmistas para imponer una nueva ronda de liberalización que remueva las trabas que aún limitan la extensión del agrobussiness) la clave para explicar la suba de precios sería que tendríamos inflación importada. Los precios suben bajo el impacto de los movimientos que se dan a escala mundial en los precios de los alimentos; éstos tienen efectos directos en el costo de la canasta. Pero también tienen efectos indirectos, dado que los precios más elevados y mayo en el costo de la canasta. Los indirectos serían porque la mayor rentabilidad de algunos cultivos -la soja- encarece los costos y los precios que deben lograr las otras producciones. El impacto de esto aumentos repercute en una presión al alza salarial para mantener el poder adquisitivo frente al encarecimiento de los alimentos. Por útlimo, este aumento de los salarios representa un incremento de los costos de producción para el conjunto de los capitalistas y de ésta forma explica el aumento general de precios. De ésta forma, la solución a todos los problemas inflacionarios habría estado para el autor con las retenciones móviles; cuando el agropower derrotó esta alternativa, habría puesto al esquema K basado centralmente en las variables macroeconómicas ante los límites de sus posibilidades para sostener el crecimiento.

El problema al que se enfrenta esta tesis, es que no hay parangón entre los aumentos registrados por los precios a escala internacional y los niveles en que los mismos se han incrementado en el país. Según los índices elaborados por la FAO, los productos lácteos aumentaron algo más de 100% entre 2003 y 2010; los aceites aumentaron 150% en el mismo período; el azúcar ha sido el producto que registró los mayores aumentos, llegando casi al 300% por ciento. Los cereales aumentaron 130%, y las carnes (se agregan carnes de aves, bovina y porcina) 140%. Considerando un índice global en los precios de los alimentos, el aumento a nivel internacional se calcula en 105%. Durante el mismo período, los aumentos registrados en el mercado local han sido muy superiores. Un trabajo de ADELCO que considera la evolución de los precios promedio de las marcas líderes para una canasta de alimentos de consumo cotidiano, obtiene para la misma un aumento de 499% entre 2002 y 2010. La harina de trigo aumenta 408% durante ese período, el pollo 895%, y el corte de nalga para milanesas 811%. La leche aumenta 335% y el azúcar 540%. Como vemos, la fundamentación de la inflación exclusivamente a base de la inflación importada tiene patas cortas.
Este no es el único problema con el argumento planteado. Como puede verse tomando el índice general de la FAO, y como ha sido más ostentoso en el caso de los principales granos producidos en el país, durante todo el período en el cual la inflación se aceleró en la Argentina, los precios internacionales de los alimentos no estuvieron siempre en alza. A fines de 2008 empiezan a registrar una caída que se mantiene durante casi todo 2009, y recién a fin de año empiezan a repuntar. En la Argentina, la inflación ya tenía importante envión antes de que en 2007 se acelere la suba de los alimentos, y siguió subiendo de manera cada vez más pronunciada, aún a contramano de los precios internacionales de los alimentos. Aunque éste factor pueda contribuir a explicar la inflación, evidentemente es necesario considerar otros elementos que caracterizan el fenómeno.

Kicillof hace referencia a algunos de ellos. Como al pasar, Kicillof incluye la "inlfación cambiaria" en la explicación, pero ésta queda sin desarrollo en todo el artículo y juega un rol en el mejor de los casos subordinado. Los crecientes compromisos con la política oficial han contribuido a quitar concreción a las definiciones de este economista; en algún momento, el mismo economista caracterizaba la economía pos devaluación como "tirada por ganancias" (haciendo referencia a la distinción kaleckiana entre economías "tiradas por salarios" en las que las políticas de demanda basadas en la redistribución progresiva tendrían un efecto económico expansivo, y las economías "tiradas por ganancias" en las cuáles, a la inversa, es la mayor participación de las ganancias en el ingreso la que impulsaría un mayor crecimiento). Pero toda referencia a esta característica de la economía argentina ha desaparecido en los últimos trabajos del autor.

Por lo mismo, tampoco hay ninguna referencia en todo el artículo a lo que muestra el principal límite del esquema K para impulsar el tan proclamado "crecimiento con equidad": el rol que tiene la puja distributiva en la inflación. Gracias a la devaluación de 2002, que implicó una caída promedio del salario del 30%, se disparó la rentabilidad empresaria. A partir de 2004, empieza una lenta dinámica de recomposición salarial. Hasta 2006, el elevado nivel de la ganancia extraordinaria permitió absorber los aumentos de salario mediante una reducción de los márgenes de rentabilidad. A partir de ese momento, empieza una clara resistencia empresaria a la reducción del margen de rentabilidad, a pesar de que éste se mantiene alto. Por lo tanto, los reclamos salariales aceleran las subas de precios, e impulsas subas salariales aún mayores, y así sucesivamente. Para el capital, la racionalidad de este proceso está dada no sólo en la búsqueda de mantener el margen, sino que además, el hecho de que el ajuste de precios sea más rápido y regular que el de los salarios (hoy a lo sumo se negocian dos veces al año en algunos gremios) les permite un margen aún mayor durante el período que media un acuerdo salarial y el siguiente. De esta forma, aunque en el proceso inflacionario cuyos primeros síntomas empezaron a verse durante 2005 y que se acelera desde 2006, influyen distintos elementos, ha ido cobrando una relevancia creciente la resistencia empresaria a reducir el margen de ganancia frente a los aumentos salariales. Aunque los efectos inflacionarios de la puja distributiva pueden darse en distintas condiciones económicas, hoy la fuerte actividad económica los profundiza.

Kicillof también descarta la existencia de cualquier tipo de inflación de demanda, arguementando que es "poco verosímil cuando el índice de capacidad instalada no supera el 80 por ciento, lo que no impide que existan determinados 'cuellos de botella' sectoriales pero sí invalida el argumento como explicación general". En realidad, el promedio de uso de la capacidad ha llegado a 84%, con niveles superiores al 90% en muchas ramas. Algunas ramas como la industria automotriz que trabaja con un amplio exceso de capacidad instalada bajan los niveles promedio, pero son muchas las industrias que operan al límite. De hecho, la respuesta a la demanda viene siendo cada vez más la importación y no el aumento de la producción. Lejos de lo que plantea Kicillof, la fuerte demanda junto con la puja distributiva, contribuye a la tendencia crónica a la suba de precios, aunque factores como la inflación importada la hayan acelerado en algunos momentos.

Párrafo aparte merece la solución propuesta por el economista a los problemas de la economía argentina, que se expresan en el callejón sin salida al cuál ha llevado la inflación. Hoy el tipo de cambio alto ya no existe, el peso se ha ido apreciando de la mano de la suba de precios. Como producto de la derrota del gobierno en el intento de imponer la resolución 125 de retenciones móviles, hoy no se puede hacer política de tipos de cambio diferenciado, las alternativas serían continuar el sendero de la apreciación cambiaria, o una nueva devaluación. Ambas alternativas son indeseables para Kicillof, ya que la primera sería recesiva, y la segunda implicaría en las condiciones actuales una aceleración de la suba de precios.
La única alternativa estaría entonces en ir más allá de una política basada en lo macro: impulsar la planificación económica"dirigiendo los recursos hacia el desarrollo productivo". ¿Cuáles recursos tendríamos que dirigir hacia el desarrollo productivo? ¿Los que se utilizan anualmente para pagar la deuda pública? ¿Los que se dilapidan en subsidiar empresan con el único objetivo de que los empresarios que las administran obtengan ganancias, en vez de nacionalizarlas? ¿Los que hoy tienen como destino generosos planes de obras públicas cuya ejecución no tiene ningún tipo de fiscalización? ¿Propone como base de esta planificación alguna forma de nacionalización de la banca? De todas estas cuestiones, el autor no dice ni una palabra. Se limita a señalar que los protagonistas de este desarrollo basado en la planificación son necesariamente "los trabajadores, la clase social que se juega aquí todos los avances y conquistas alcanzados". ¿Es que acaso nos está propopiendo una planificación basada en medidas anticapitalistas comandada por los trabajadores?
De los silencios del artículo, y de la trayectoria recorrida por el autor en los últimos años, podemos arribar a la conclusión de que el protagonismo de la clase obrera se limita a ser la "columna vertebral" de una planificación que apunte a sostener la ganancia capitalista. En última instancia, lo que ha venido haciendo el kirchnerismo, aunque con más plan y menos improvisación, con más medidas de desarrollo y un poco menos (pero tampoco demasiado) de capitalismo de amigos. Como ni una palabra dice sobre la deuda externa, sobre el saqueo imperialista de los recursos naturales, sobre la renacionalización del conjunto de los recursos estratégicos, ni sobre el monopolio estatal del comercio exterior o la nacionalización de la banca (ni qué hablar de un verdadero protagonismo obrero que pase por la gestión directa de las empresas, opuesto a lo que este individuo pregonara en su paso por Aerolíneas), podemos asumir que en el mejor de los casos, estamos ante una versión radicalizada del "vivir con lo nuestro" propuesto por Aldo Ferrer, que inspirara el lema del Plan Fénix. Usar lo (poco) que queda luego del saqueo imperialista y de la generosa distribución de subsidios, para impulsar el desarrollo de algunas empresas. Afirmar que esta vía pueda ser la base del desarrollo económico es utópico, y sostener la necesidad de que los trabajadores participen activamente de esta estrategia es completamente reaccionario.
Para la clase trabajadora, la respuesta a la inflación -y a las limitaciones que ésta expresa del proceso local de acumulación de capital- no pasa por apostar a una planificación capitalista; pasa por imponer un programa que corte con el saqueo imperialista, nacionalice la banca, imponga el monopolio estatal del comercio exterior y avance en expropiar a los expropiadores capitalistas. Sólo de esta forma podrá organizarse el conjunto de la producción social en función de las necesidades de los trabajadores y el pueblo pobre, y planificar el destino del plustrabajo social en función de iniciativas de desarrollo prioritario, en vez de que este siga quedando en manos de la clase capitalista local, que incluso en los años de mayor bonanza en décadas ha mostrado una total incapacidad para impulsar cualquier iniciativa de desarrollo de las fuerzas productivas.

Políticas de Estado. La urbanización slum. Buenos Aires ciudad del mundo

Estába terminando este post, cuando comenzó un nuevo día de ataque hacia la comunidad boliviana en Villa Soldati. Resultado cantado de la unanimidad con que macristas y kirchneristas apuntaron contra los inmigrantes mientras intentaban echarse el fardo unos a otros. El saldo es otro muerto más, el cuarto y una cantidad de heridos imposible de saber por el momento. La rabia frente a esto hace difícil el análisis menos inmediato que estábamos intentando hacer para volver a postear luego de algún tiempo sin actividad. Vaya lo que tenemos por ahora.

Así como el asesinato de Mariano Ferreira puso sobre el tapete hace poco más de un mes el rol central de la burocracia sindical, columna vertebral del gobierno kirchnerista según Aníbal Fernandez, en sostener la fragmentación de la clase trabajadora mediante la tercerización (y otras formas de precarización), la represión en el desalojo del Parque Indoamericano en Villa Soldati ha iluminado descarnademente algo que está diariamente a la vista de todos, aunque convenientemente velado: las tendencias de largo aliento a una reconfiguración urbana que privilegia el reciclaje de las edificaciones apuntando a los estratos sociales más ricos, y la degradación creciente de las viviendas a las que pueden acceder los sectores más pobres.

Siguiendo las tendencias mundiales del "Planet of slums" (denominación del geógrafo Mike Davis, que podríamos traducir como "planeta de villas"), el espacio urbano se polariza, y se fragmenta. En las últimas décadas hemos visto el sucesivo "revival" de distintos barrios porteños (además de Puerto Madero, podemos mencionar San Telmo, Palermo y Colegiales) que han adquirido glamour de la mano de fuertes emprendimientos inmobiliarios. Pero incluso superando cualquier sesgo geográfico, las megatorres, verdaderos barrios en sí mismos, se han extendido por todo la geografía porteña, como verdaderas minifortalezas, replicando en pequeña escala (adecuada al bolsillo clasemediero) lo que los ricos hacen a lo grande en aberraciones urbanas como Nordelta.

La ciudad, así como distintas zonas del Gran Buenos Aires -sobre todo hacia el norte- han permitido jugosos negocios inmobiliarios de la mano de los marcados cambios en la lógica de urbanización. Junto con éstos, el precio del metro cuadrado (que en promedio es de $ 1.500 y en los barrios más caros llega a u$s 2.700) ha vuelto inalcanzable la vivienda para amplios sectores de la población. Ésto tiene importantes consecuencias: junto con los precios de las propiedades se disparan los de los alquileres, haciendo cada vez más difícil el acceso, no ya siquiera a la propiedad, sino incluso al status de inquilino. Además las dificultades crecientes para acceder a una vivienda significa que una proporción creciente de la población debe alquilar, lo cual implica una presión adicional sobre los precios de las propiedades. Para un trabajador que gana el sueldo promedio y alquila sólo una vivienda, hoy el alquiler puede llegar al 40% de su sueldo o más; para dos que comparten puede superar tranquilamente un tercio de sus ingresos.

De ésta forma, el déficit habitacional del cuál los ocupantes del parque en Villa Soldati son el eslabón más débil, tiene su origen en la estructuración del conjunto de la edificación urbana en función del lucro empresario que ha disparado los precios de las propiedades y ha priorizado la construcción de viviendas para los sectores de mayores ingresos.

El gobierno de Macri ha salido a apuntar contra supuestamente laxas políticas que habrían permitido una "inmigración descontrolada", buscando crear un clima reaccionario para legitimar una nueva represión. La primer consecuencia de esta línea de declaraciones fue la acción de vecinos de Villa Soldati, y mezclados entre ellos algunos "vecinos" barrabravas, han salido a atacar a "los bolitas", produciendo un nuevo muerto. Para hoy han convocado nuevas movilizaciones.
Pero fueron apenas la expresión más fascistoide, la campaña antiinmigratoria recorrió todo el arco político, incluyendo como sostienen los compañeros de Rosario, a "los medios, el macrismo, Shoklender y Hebe, C5N y TN. O sea macristas y K". Algunos bloggers K se hicieron eco de esta campaña de manera escandalosa, en defensa de "lo nacional".

Otros han puesto el eje en la apropiación del espacio público por parte de los ocupantes del parque; pero son los mismos que no dicen que la práctica de la planificación urbana ha operado exactamente en ese sentido, pero en una escala gigantesca. La Corporación del Sur, fue creada en 1998 con la constitución de la Ciudad, supuestamente encargada de equilibrar la construcción en las distintas zonas de la Ciudad. es un engranaje central para los negocios inmobiliarios. Esta tiene casi un tercio de la Ciudad bajo su mando, entre ellos los terrono donde habita el 85 por ciento de los pobres e indigentes. Esta corporación no tiene ningún mecanismo de control directo, y ha sido manejada discrecionalmente por todos los jefes de gobierno desde de la Rúa en adelante, cada vez con mayores facultades y terrenos a su cargo, sumando además un fondo fiducidario y regímenes más laxos para las contrataciones.

Mientras tanto, el gobierno nacional se maneja de forma parecida con la Corporación de Puerto Madero, en manos de fieles soldados de la causa "nacional y popular" que buscan la justa redistribución de los negocios de la construcción entre Lázaro Baez, Roggio, Techint y el resto de los amigos de la Cámara Argentina de la Construcción, entre el empresariado de lejos los más "militantes" en favor de los K (además, por supuesto, de la participación de las organizaciones sociales como Madres en grandes emprendimientos de viviendas, otra cuestión que saltó al primer plano).

Mientras tanto, en la ciudad hay un déficit de por lo menos medio millón de viviendas, mientras por otro lado numerosos terrenos permanecen ociosos, aguardando un aumento aún mayor en los precios de los terrenos.

El lucro con los valores de la propiedad urbana y la construcción son dos de las principales fuentes de negocios en el ámbito de la ciudad, y la política de planeación urbana desde que la ciudad existe como espacio autónomo, ha seguido siempre la misma línea coherente: atender las necesidades de los popes de la construcción. La recatorización de zonas urbanas y la violación de las limitaciones para edificar han sido la norma de todos los gobiernos. Mientras tanto, para los sectores más pobres, en el mejor de los casos se ha mejorado un poco la edificación de viviendas precarias, en algunos casos como en la villa 31 llegando a situaciones de emergencia -excusa usada por el macrismo para querer desajolar la villa.

Es de notar que los denostados inmigrantes de los países limítrofes también aportan su granito de arena al negocio de la construcción. En uno de los gremios caracterizado por un alto nivel de trabajo precario y mal pago como es la albañilería y actividades similares, se concentra una parte importante de trabajadores provenientes de Paraguay y Bolivia. Un estudio plantea que "los varones inmigrantes del Paraguay y de Bolivia se concentran en un puñado de ramas de actividad, con predominio en la construcción, industria manufacturera, comercio y servicios de reparaciones. En estas ramas se nuclea el 63% de los trabajadores paraguayos y al 59% de los trabajadores bolivianos". No es casual, así como la actividad textil en condiciones semiesclavas, estas actividades a inmigrantes de condiciones precarias permiten una explotación leonina, y evitar cuestiones molestas y tan suntuarias desde el punto de vista empresario como la cobertura de riesgos del trabajo y cosas por el estilo.

Tenemos que agregar que, mientras se ataca la inmigración de los países limítrofes, se soslaya que en Argentina hay una emergencia habitacional agravada por la masiva expulsión de gente de las poblaciones rurales. Esta no tiene otra causa que la sojización, que con la mecanización de las tareas ha reducido el empleo rural y empujado a los desocupados del campo a las ciudades, donde engrosan los sectores de probres urbanos. Además de la persistente expulsión de poblaciones semicampesinas de pequeñas propiedades en provincias como Chaco y Formosa, como se pudo ver hace algunas semanas con los asesinatos ocurridos en los pagos del gobernador K Gildo Insfran. El "modelo" los expulsa violentamente de las poblaciones rurales, y los hostiga en las ciudades.

Con sólo considerar los recursos en poder de la Corporación del Sur, muestra que exigir vivienda para todos ya es algo que puede imponerse. Los recursos están, es una cuestión de prioridades. No puede esperarse que el macrismo, los progre-kirhcneristas, o los radicales, que alternativamente han gobernado la ciudad (ni qué hablar del peronismo, cuya política de urbanización podemos contemplarla en los más populosos poblados bonaerenses) vayan a dar ningún paso en este sentido. Sólo la movilización del conjunto de la clase trabajadora y los pobres urbanos puede imponerla.