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jueves, 4 de septiembre de 2014

La ley de abastecimiento rumbo a Diputados

En la jornada de ayer, un maratónico “súpermiércoles”, el Senado aprobó la Ley de Pago Soberano y la Ley de Abastecimiento. Con esta segunda ley el gobierno apunta a tener herramientas para atravesar las turbulencias económicas.
El proyecto, que apunta a una nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, fue aprobado con las modificaciones que incorporó el oficialismo tras el plenario de comisiones y las críticas expresadas allí por sectores empresarios, se vio obligado a incorporar como la exclusión del régimen de sanciones a las pequeñas y a las medianas empresas que no sean formadoras de precios; eliminó las clausuras definitivas como parte de las sanciones previstas en el proyecto inicial.
Además, tipificó las conductas para aplicar las sanciones con el objeto de restringir la criticada discrecionalidad del Ejecutivo; estableció el pago de una compensación "justa y oportuna" en el caso de que la autoridad de Aplicación intervenga en la producción y de ello se origine un perjuicio económico de una empresa, así como se dispuso la preservación de la confidencialidad de los datos empresarios dados a la Autoridad de Aplicación.
Con esta reforma a la ley de Abastecimiento, el gobierno apunta a avanzar en una mayor vigilancia sobre toda la cadena de valor, no sólo en el eslabón final que es el de la comercialización. De sancionarse, le permitiría fijar precios máximos y márgenes de rentabilidad, así como dar continuidad al proceso de producción y comercialización aún contra la voluntad de los empresarios.
El Senado también aprobó esta madrugada un paquete de leyes de defensa del consumidor que postula la creación de un Observatorio de Precios y establece la puesta en marcha de una auditoría de las relaciones de consumo y un fuero federal para resolver los reclamos de los usuarios y consumidores. Ahora continúa su trámite en Diputados.
El proyecto nueva ley de Abastecimiento puso en alerta al empresariado. El Grupo de los Seis, integrado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina anunció que de aprobarse acudirá a la justicia para pedir que se declare su inconstitucionalidad.
Aunque con estos anuncios el gobierno anuncia que estará en condiciones de asegurar mejor acceso de los bienes a precios adecuados para el conjunto de la población, sus antecedentes en materia de precios y regulación resultan poco alentadores sobre las perspectivas de éxito. Tampoco dan pie a los temores que agitan los empresarios.
Sin ir más lejos, los acuerdos de “Precios cuidados” no han servido para frenar la tendencia alcista de los precios y por el contrario han permitido a las grandes marcas y las cadenas de comercio minorista aumentar su cuota de mercado. Y esto no se debe a fallas en la aplicación sino a la estrategia en la que se basan los mismos. En igual sentido, el predecesor del actual Secretario de Comercio Augusto Costa, Guillermo Moreno, hacía gala de gestos duros hacia el empresariado pero realizaba acuerdo con los actores de “posición dominante” que ningún fruto dieron en el objetivo de controlar los precios, pero sí se acompañaron de importantes incentivos a los empresarios involucrados.
Con estos antecedentes, la preocupación que exhiben los industriales tiene un sustento muy débil.

viernes, 16 de mayo de 2014

El ajuste K y los ataques patronales apuntan contra el empleo y el salario

A comienzos de este año, señalábamos que el giro dado por el gobierno de Cristina Fernández en enero, al imponer el mayor ajuste cambiario desde 2002 signaba “de forma irreversible, la entrada en una nueva dinámica”. La del ajuste a un ritmo más acelerado. Más acelerado, decimos, porque en los hechos después de las elecciones de 2011 se decretó el fin del tan mentado “nunca menos”, y comenzaron las primeras medidas de ajuste.

Pero la devaluación marcó un salto. Le dio un nuevo empujón a la inflación, que ya se había acelerado de forma considerable a fines de 2013, y en unos pocos meses (de noviembre a marzo) el poder adquisitivo del salario cayó más de 15%. El ajuste cambiario fue seguido por una política monetaria restrictiva que subió las tasas de interés y restringió la liquidez para contener al dólar, con la consecuencia de encarecer significativamente el crédito al consumo -con tasas que llegan al 80%- y reducir (o cortar, según el tipo de bienes) su disponibilidad. Se trató de un zarpazo en toda la línea, el mayor de la época kirchnerista, contra los ingresos de los asalariados y el nivel de vida de todos los sectores populares. Y al mismo produjo un regalo a los bancos, que en el primer trimestre de este año llegaron en algunos casos a cuadriplicar sus ganancias respecto de igual período del año anterior.

Cuatro meses después, se confirma que hemos entrado en una nueva dinámica. Veamos.


Una estabilización “macro” provisional y limitada

La situación que se está configurando, se alejó en lo inmediato de los pronósticos de descalabro de la economía que circulaban durante los primeros meses del año. A fuerza de ajuste ortodoxo, el tándem Kicillof (Ministro de Economía) y Fábrega (Presidente del Banco Central, BCRA) logró estabilizar la situación. La devaluación, seguida por una política monetaria restrictiva (es decir un combo de ajuste ortodoxo por ambos lados) para incentivar el ahorro en pesos y frenar la fuga al dólar; el posterior blanqueo de la inflación con el nuevo IPCNu (aunque también el achicamiento del crecimiento que los libró del cupón de crecimiento a fin de año) y el acomodamiento en una pauta de negociaciones salariales que supera el objetivo que se había puesto el gobierno a comienzos de año (18%) pero que va a dejar los salarios por debajo de la devaluación acumulada desde fines de 2013, y de la suba proyectada de precios para este año, lograron estabilizar la macroeconomía por un período (dependiendo cuánto dure de si planchan la moneda o no, del nivel de inflación y de los dólares que entren por el comercio exterior). Las patronales siempre propensas a reclamar por la “competitividad” se vieron beneficiadas por una devaluación que hizo caer el costo salarial en dólares, y el “agropower” logró un tipo de cambio favorable para liquidar los dólares amasados por la cosecha. Esto puso un freno a la fuga de dólares, que se llevó 13 mil millones de dólares en 2013 a pesar del cepo cambiario.

Los esfuerzos mostrados en la negociación con el Club de París para restablecer un cronograma de pago de estas deudas con acreedores de los países ricos, la circunspecta presencia de Kicillof en la reunión del FMI, y el acuerdo con Repsol para pagar generosamente la compra del 51% de las acciones de YPF, empezaron a despejar alguna posibilidad de emisión de deuda pública en el exterior. Se comprende, con tasas por el piso en los países ricos, los grandes bancos internacionales desesperan por hacer negocios con un país al que le pueden cobrar arriba de 8%. Por lo pronto avanzaron emisiones de deuda de YPF, así como hay ofertas para préstamos a tasas que rondan el 6% al BCRA, para ampliar la cobertura de dólares (es decir, no sería un financiamiento al tesoro del Estado argentino sino una especie de “swap”, que cubre al BCRA para sostener la política monetaria), en ambos casos a tasas altas en términos internacionales, pero mejores que hace un tiempo. La estabilización también despejó, al desinflar el mercado cambiario paralelo, algunos obstáculos que limitaban la extensión del acuerdo Chevron a otras empresas, como era la necesidad de hacer mecanismos para compensar la "pérdida" de las multinacionales por entrar en dólar legal en vez de blue. Al acuerdo con Dow anunciado en septiembre pasado, se sumó otro con la malaya Petronas, así como un nuevo desembolso conjunto de YPF y Chevron por 1.600 millones de dólares. Estos negocios petroleros representan el ingreso de al menos 2 mil millones de dólares para este año.

Todo esto contribuyó a descomprimir el faltante de dólares, tanto por el lado de frenar la salida como de alimentar la entrada, relajando entonces la “restricción externa” (sobre esta restricción en la economía argentina ver aquí). Pero aunque esto alejó por el momento los riesgos de una crisis externa (es decir de un escenario donde el tipo de cambio nuevamente se vuelva inmanejable, con nuevo salto del blue e incluso riesgo del sistema financiero), la inflación que sigue a paso firme, y la baja de la tasa de interés que está encarando ahora el BCRA para tratar de restablecer las condiciones de crédito, dejan el interrogante de cuánto tiempo duraran estas condiciones. A esto se agrega otra inquietud, imprevista hace unos meses, que es el deterioro agudo del balance comercial. Llamativamente el Indec acaba de ajustarlo a la baja para el año 2013, pasando de u$s 9.024 millones a u$s 8.004 millones. Pero lo más alarmante es que las habituales discrepancias con los registros de Intercambio Comercial Argentino (ICA) son mucho mayores que en otros años, y llevaron a ajustar las estimaciones privadas para 2013 a un superávit virtualmente nulo (ver acá). Para este año, se redefinieron los pronósticos y se espera un superávit comercial de u$s 5 mil millones. El saldo externo favorable observado desde 2002 ha sido clave para fortalecer las reservas del BCRA, que se fueron volviendo cada vez más importantes para la política económica a medida que otras patas del llamado “modelo”, como el superávit fiscal o la competitividad lograda en 2002 con la megadevaluación, se deterioraban. Como explicábamos en Ideas de Izquierda 7: “El hecho de que el BCRA tuviera un nivel elevado de reservas, contribuyó durante los últimos años de diversas formas a sostener el esquema de financiamiento imprescindible para afrontar un gasto público en aumento”, entre otras cosas porque permitió que una parte de las reservas fuera usada para pagar deuda pública externa, sin contrapartida de mayor endeudamiento del Tesoro (el Fondo del Bicentenario). Para que nos demos una idea, los vencimientos de deuda del Gobierno nacional que se pagaron con reservas ascienden a u$s 27.500 millones entre 2010 y 2013. Las alarmas sonaron en 2011 sólo porque los dólares de la soja (y otros granos) ya no alcanzaban para sostener el déficit industrial, el déficit energético, los pagos de la deuda, las remesas de capitales y la lisa y llana fuga de dólares. Ese año fue el primero de la década kirchnerista donde el año concluyó con una caída en las reservas en manos del Banco Central.

El superávit comercial previsto para este año está un poco por encima de los vencimientos de deuda pública de este año (3.200 millones de dólares) en caso de que efectivamente no haya pago de cupón de PBI como se prevé por el momento (sino la cifra podría trepar a 6 mil millones de dólares, es decir que el superávit comercial del año no llegaría siquiera a cubrir esto). Considerando que la salida de dólares se enlenteció pero no se frenó del todo, es probable que el año termine nuevamente con caída de reservas. 2015 luce más complicado, ya que los vencimientos ascenderán a 9 mil millones de dólares.

Por eso, aunque en lo inmediato el ajuste cambiario y la política monetaria ortodoxa contribuyeron a estabilizar la situación, el deterioro comercial es otro síntoma de que esto podría durar poco.


La hora de la recesión

La “estabilización” –con los límites que señalamos más arriba- ha sido lograda a costa de un ajuste que golpeó una economía que ya mostraba múltiples señales de deterioro. La devaluación agravó un escenario complicado, empujando en lo inmediato a la economía hacia la recesión. La economía, que venía ya de dos años (2012 y 2013) muy bajo crecimiento (que ahora el ajuste de los números oficiales del PBI confirma), ingresó técnicamente en recesión, ya que se registraron dos trimestres consecutivos de contracción de la economía. Los pronósticos para el año prevén una contracción económica de entre 0,5% y 1,5%. Con una inflación que difícilmente termine el año por debajo de 35%, y acuerdos salariales que salvo excepciones estuvieron por debajo del 30%, la política oficial se orienta hacia una profundización del deterioro del salario real (que en promedio había terminado con una ligera caída en 2013, que en varios gremios, con los convenios salariales negociados por debajo del promedio, fue en realidad un deterioro bastante más marcado).

Uno de los sectores que muestra mayores complicaciones es la industria automotriz. Esta acusa una caída acumulada de la producción de 18% en los primeros cuatro meses del año, y una disminución de las ventas locales del 30% y del 18,6% de las exportaciones en igual período. Por ahora el deterioro se está acelerando, ya que sólo el mes de abril la caída en las ventas mayoristas fue de 40% respecto de igual mes del año anterior. Como señalamos acá, las automotrices han aprovechado las formidables ventajas en flexibilidad que les otorgan las cláusulas de flexibilidad perfeccionadas en cada convenio (por rama y por empresa) durante la última década para ajustar just in time el trabajo, anunciando en unas pocas semanas una seguidilla de suspensiones que afecta a 12 mil trabajadores. Esto evidencia cómo, aún los sectores mejor pagos de la clase trabajadora argentina, y que lograron participar en cierto modo del “derrame” que no bajó a los escalones donde se encuentra el grueso de los asalariados del país, se encuentran hoy ampliamente flexibilizados. Esta dimensión de la precariedad que se invisibiliza en tiempos de crecimiento, se pone en evidencia apenas emerge la crisis. Estamos empezando a ver reminiscencias de lo que fue 2009. Pero promete ser mucho peor, y es necesario responder a la medida del ataque que se viene.

La profundidad de la caída tiene numerosos efectos expansivos sobre el resto de la industria. Las terminales representan el 6,5% del PBI industrial y el 7,2% del empleo en forma directa. Aún con la limitada integración de componentes locales en los vehículos (30/35%), más de 400 empresas autopartistas se mueven al vaivén de lo que ocurre con la producción automotriz. El 55% de su facturación está compuesto por ventas a las terminales locales. Otro 15% se dirige a Brasil, donde las automotrices también están aplicando suspensiones. La onda expansiva del parate automotriz continúan, a través de sus proveedores, hacia un importante número de metalúrgicas, fundidoras y proveedores de insumos básicos como acero, aluminio, vidrios, químicos y plásticos. Esto significa sectores que implican que no menos del 14% del PBI industrial (3% del PBI total nacional). Según estimaciones de Dante Sica de Abeceb, por cada puesto de trabajo generado en una terminal automotriz, se crean otros 3,7 empleos en empresas eslabonadas en la cadena de producción, distribución y comercialización. Es decir que la crisis automotriz afecta a una buena parte de los más de 165 mil empleos involucrados en la cadena. Ante esto las patronales se aprestan a descargar sobre los trabajadores el peso de la crisis. Ni lerdos ni perezosos, las patronales autopartistas ya iniciaron despidos, como observamos en Gestamp.

¿Cuáles son los motivos de esta caída? En la industria automotriz el gobierno pretende explicarla centralmente por la caída de Brasil. Pero aunque las exportaciones cayeron fuerte, mucho más lo hicieron las ventas locales. También están cayendo fuerte otras ramas de la industria muy vinculadas al desenvolvimiento del mercado local. De conjunto la actividad industrial de marzo de 2014 muestra disminuciones del 6% en términos desestacionalizados. La producción de cemento registra en marzo una caída del 4,8% en comparación con igual mes de 2013; en el primer trimestre de 2014 en comparación con el mismo período del año anterior la producción de cemento presenta una disminución del 0,8. Alimentos y bebidas cayó en marzo 0,4 respecto de igual mes del año anterior, y acumula en el año una caída de 0,6 respecto de igual período del año previo). Mientras tanto, firmas como Aluar que exporta un 70% de la producción, presentaron balances con ganancias que crecieron un 115% en nueve meses.

En este contexto, durante la segunda parte del año podría haber, en el mejor de los casos, alguna reversión parcial del deterioro. Hasta marzo el consumo agregado acumulaba en el año una caída del 0,6, mientras que el crédito al consumo registraba una caída de 6,1%.

Después de paritarias y la liquidación de la soja puede haber algún impulso a la demanda, aunque limitado porque la tendencia a la destrucción del empleo no da signos de detenerse. las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicadas para el primer trimestre, que reflejan una merma interanual del 1,2 por ciento en la cantidad de obreros en la industria manufacturera. La encuesta industrial del Indec indica que el 3,2% por ciento de los empresarios fabriles prevé una baja en el número de empleados para los próximos meses, así como también estiman reducir la cantidad de horas trabajadas. Según la encuesta reciente de la consultora SEL, sobre 140 grandes empresas, un 15% espera disminuir su personal en 2014, cifra que casi duplica la relevada el año pasado, cuando sólo el 8 por ciento preveía despidos. El estudio señala que “esta expectativa se agudiza en el sector de bienes durables, donde la proporción de empresas que espera disminuciones se duplica, llegando a un 30 por ciento”. En contraposición, el 19 por ciento espera aumentos, 4 puntos por debajo de igual período del año anterior. Según el mismo estudio, el 26 por ciento de las empresas líderes redujo las contrataciones estacionales. Alineado a lo anterior, el 21 por ciento ya ha eliminado la contratación de personal temporario, cifra que asciende al 24 entre las compañías de bienes durables y consumo masivo.



Un programa para frenar el ataque

Ante este cuadro de deterioro, que ya está golpeando sobre la clase trabajadora, desde usinas afines al oficialismo depositan confianza en las herramientas del gobierno para contener los efectos sobre los ingresos de los trabajadores y sectores populares. Mencionan en Programa de Recuperación Productiva (RePRo), implementado en 2008 ante la caída de la economía que causó la crisis mundial. Algunos llegan tan lejos como para afirmar que el anuncio de 40% de aumento para la AUH y para las asignaciones familiares (que analizamos acá) desmiente el rumbo del ajuste.

Pero este aumento es por sí sólo un reconocimiento del ajuste aplicado sobre los ingresos de la clase trabajadora, de los sectores público y privado, que en ningún caso tuvieron una recomposición nominal del ingreso equivalente. Si la AUH le empata le gana por poco a la inflación (no así a los aumentos de precios de alimentos, que alcanzan a 40% desde junio último, cuando había sido el anterior aumento de la asignación), los salarios pierden por goleada.

Ante el déficit fiscal, y las limitaciones para financiarlo, el gobierno no puede actuar para contrapesar la caída económica. Al contrario, está obligado a actuar para profundizarla. A diferencia de otros ajustes devaluatorios (como 2002) que permitieron ajustar gastos en relación a los ingresos, mejorando la situación fiscal, ahora ocurrió todo lo contrario. La devaluación no hizo más que agravar las dificultades, entre otras cosas porque agravó el costo de las importaciones de combustible. Como consecuencia de esto, los aumentos de tarifas de servicios públicos y del transporte trasladan a los precios una parte de los subsidios, pero esto no permite reducirlos sino sólo limitar su crecimiento. Salvo que ensayen a fondo la vuelta a los mercados, o que aceleren el financiamiento a través de la emisión monetaria (que el actual jefe del BCRA no parece dispuesto a convalidar), el ajuste fiscal debe continuar a paso firme, ya que no hay margen para continuar con los mecanismos de financiamiento ensayados en los últimos años (a través de ANSES y el BCRA). Por eso se encuentra limitada la capacidad de empujar la economía con gasto público. A la inversa, la devaluación y la reducción de subsidios, así como el encarecimiento del crédito son un combo de ajuste sobre la economía. La estabilización provisional (que podrá extenderse a cosa de más devaluación -es decir más ajuste- y endeudamiento externo) lograda a fuerza de medidas ortodoxas, está permitiendo dosificar los ritmos, no cambiar la tendencia.

Toda la burguesía y los partidos patronales acompañan las medidas de ajuste. Aunque desde sectores opositores y El Foro de Convergencia Empresaria expresen la intención de lograr medidas más decididas, y sobre todo, aspiren a desmontar mecanismos de intervención en la economía aplicados durante estos años que, aunque aplicados en función de sostener la reproducción del capitalismo nacional, cuentan con el rechazo de sectores empresarios. Pero no hay diferencias en un punto fundamental: que sean los trabajadores los que paguen los costos de la crisis. El gobierno, que al mismo tiempo que puso techos a los salarios por debajo de la inflación se resiste a mover el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y trata de “privilegiados” a los sectores sindicalizados, pretende que todo esto es para sostener los ingresos de los sectores más bajos. Puro verso: el ajuste pega de lleno sobre estos sectores, ya que, por fuera de la percepción de la asignación con fondos del Estado, buena parte de los ingresos en estos sectores provienen de un empleo, en condiciones no registradas (en “negro”), en los sectores como la construcción que están entre los que más caen (construcción cayó 6% en marzo). Como planteamos en Ideas de izquierda 5, las condiciones de precarización de la fuerza de trabajo, que son las principales responsables del bajo piso de ingresos. Al cabo de una supuesta década “ganada”, el 50% percibe ingresos de hasta $4.040, y el 70% está por debajo de los $6.000. Suena a broma presentar ahora, como medida contra el trabajo no registrado, después de 10 años en el poder, un proyecto de blanqueo de inspiración cavallista, con la modesta aspiración de bajar un 10% el empleo no registrado (es decir que pase de 34% a 28% de la Población Económicamente Activa). En abril, el mismo mes en que se anunciaban estas medidas,las contribuciones a la seguridad social crecieron un 19,4% interanual, la mitad del aumento general que registró la recaudación. Es decir bastante menos que la inflación estimada. Dado que el desempleo no se disparó y que los despidos todavía son puntuales, eso implica que hay empresas que dejaron de pagar los aportes por sus empleados o que empezaron a “negrear” ante el enfriamiento de la economía. El plan de “blanqueo” nace fallado por la crisis, que potencia la inclinación negrera de la burguesía argentina.

Los verdaderos “privilegiados”, en la Argentina del ajuste ortodoxo llevado a cabo puntillosamente por heterodoxos, son los sectores empresarios, si juzgamos por la última presentación de balances de las empresas cotizantes, con crecimientos de los beneficios de hasta 400% en el caso de algunos bancos.

Con el 10A, la clase trabajadora hizo visible su fuerza en la calle. También se puso en evidencia la presencia de la izquierda en sectores estratégicos, como es la zona norte del Gran Buenos Aires donde se encuentran algunas de las principales concentraciones fabriles del país. En numerosas fábricas los sectores clasistas arrebataron muchas de las organizaciones (centralmente Comisiones Internas) de manos de la burocracia sindical. También contamos con el avance político que representa la conquista de diputados, legisladores y concejales de los trabajadores con el Frente de Izquierda. Con esta fuerza los trabajadores podemos evitar pagar los costos de esta nueva crisis (como pasó con el fin del Gobierno de Alfonsín o el de Menem y la Alianza). Tenemos la fuerza para articular una alianza con los sectores populares, resistir este ajuste e imponer una salida opuesta. Es mentira que no queda otra que aceptar las “reglas” del ajuste, es decir, las de los que la “juntaron con pala”. Atacando sus millonarias ganancias, hay una salida a favor de los trabajadores y el pueblo.

Para imponerla, lo primero es terminar con la tregua que, después del 10A, impulsan los sectores opositores de la burocracia sindical. Hay que imponer un paro nacional de 36 horas con movilización y piquetes. Rodear de solidaridad todas las luchas, pelear por la prohibición de todas las suspensiones y despidos, y por la reapertura de todas las paritarias para imponer “cláusulas gatillo” para ajustar los salarios ante la inflación. Reparto de las horas de trabajo manteniendo el salario. Abajo la precarización laboral. Pase a planta y a mejor convenio.

La clase trabajadora puede presentar una alternativa al ajuste. Hay que expropiar a los bancos y crear una banca estatal única controlada por los trabajadores que termine con los usureros. Se debe confiscar a las comercializadoras de granos e imponer el monopolio estatal del comercio exterior, hay que decidir qué se exporta y qué se deja introducir como importaciones de acuerdo a las necesidades populares, y con precios accesibles y no de acuerdo a la ganancia de las multinacionales. Hay que desconocer la deuda usuraria, que ya se pagó más de treinta veces, e imponer que los empresarios retornen los dólares que tienen en el exterior (calculados en 210 mil millones). Si se niegan, hay que expropiar sus bienes en el país. Todas las privatizadas demostraron que utilizaron los subsidios para su rentabilidad, sin inversión (los permanentes cortes de luz fueron la muestra reciente): hay que estatizarlos y ponerlos a funcionar bajo control de los trabajadores.

Estas son demandas de un plan de emergencia que muestran que hay otra salida, pero que no vendrá ni de este Gobierno que se arrodilla ante el capital ni de la oposición patronal. Solo la movilización obrera y popular puede ir conquistando estas demandas y un Gobierno de los trabajadores puede imponer este programa de conjunto. Para que la crisis la paguen los empresarios.

Los Encuentros regionales como el que se prepara para el 24 de mayo en la Zona norte del Gran Buenos Aires, tienen como desafío impedir el avance de las suspensiones y despidos, así como rechazar la ley antipiquetes, la represión a los que luchan y tomar medidas para seguir exigiendo la absolución ya a los petroleros de Las Heras.


viernes, 7 de febrero de 2014

Afloja (por ahora) la corrida, sigue el ajuste


Gaston Ramírez y Esteban Mercatante
Luego de las dos semanas cargadas de tensión que siguieron al salto en la devaluación del peso, la situación parecería entrar en un remanso, al menos para las semanas que restan de Febrero. El dólar cierra la semana con una cotización oficial por debajo de los 8 pesos, y en caída. Y el dólar blue también cae, aproximándose a cerrar el día a alrededor de $12,25. Esto es el resultado de una entrada de dólares por parte de los bancos, que podría llegar a sumar u$s 1.000 millones en las próximas semanas. Según volvía a anunciar ayer Capitanich, el gobierno habría conseguido finalmente un acuerdo con las cerealeras para que liquiden $2.000 millones este mes. El Banco Central (BCRA) lograría una especie de “puente” hasta la liquidación de la cosecha entre marzo y mayo.

Se trata de un alivio conseguido con algunos ardides, y mucho de enfriamiento en la economía. Aquel enfriamiento por el que tanto se denostaba a los exponentes de la oposición patronal y a think tank empresarios, y ahora el jefe del BCRA Juan Carlos Fábrega para cortar la demanda de dólares secando la plaza de pesos. Veamos más en detalle.

A poco de la fuerte devaluación del 23 de enero, el gobierno, que esperaba una entrada de dólares por venta de granos, empezó rápidamente a notar con alarma el incumplimiento del compromiso no escrito del agropower de ingresar dólares cuando el gobierno hiciera su parte, es decir darles valor del dólar que asegurara un buen negocio. Cuando empiezan a verse los costos de la devaluación sobre el bolsillo, el gobierno nacional le intenta hacer el ole a los costos políticos. Parecería que fue algo que “se nos cayó encima” , o que impusieron los especuladores. Pero en realidad, empujado por las circunstancias, el gobierno aceleró la depreciación del peso apuntando siempre a un valor del dólar que pudiera impulsar a quienes tienen fuerte capacidad para obtener dólares frescos, los productores sojeros, a vender sus tenencias de granos. Como a pesar de haber hecho el trabajo sucio, el gobierno no logró la entrada de estos dólares, en las últimas semanas aplicó una presión in crescendo para persuadir a estos voraces empresarios de las virtudes del negocio que el nuevo valor del dólar les servía en bandeja, y los costos que podría acarrear no aprovecharlo rápido.

Lo primero fue cortar las líneas de crédito del Banco Nación, iniciativa tomada a instancias del jefe del BCRA. Resulta que, después de meses, se dieron cuenta de que muchos de los préstamos personales que otorgaba la entidad eran destinados a la compra de dólares en el mercado paralelo. Es decir, un negocio redondo con las tasas subsidiadas. Más vale tarde que nunca, podría decir alguno. Pero en el interín fondearon ampliamente a los que calentaron el mercado cambiario y alimentaron la gangrena de reservas.

Al mismo tiempo, el BCRA subió la tasa de interés al 30% a través de la licitación de Lebacs con la absorción de 21.000 millones de pesos de base monetaria de los cuales 16.000 eran billetes y monedas en circulación. Así comienza a quitar una importante masa de pesos que presionaba sobre el valor del dólar al tener en la divisa una fuente de ahorro seguro y rentable frente a la persistente suba de precios. Esta medida presiona a los bancos a plantarse en los depósitos y contribuyó a encarecer los créditos, así como el financiamiento con tarjeta. Enfriamiento liso y llano.

Pero la especulación es una Hidra con múltiples cabezas. Los sojeros no sólo eran parte de los que se fondeaban a tasa subsidiada para aguantar la exportación. También ganaban tiempo con los contratos a futuros, que los cubrían ante eventualidades y sacaban la urgencia de vender cuando todavía se esperan mayores movimientos monetarios. El Comunicado A 5536 apunta a cortar esta otra cabeza. La resolución del BCRA reflotó una norma de 2005 que limita al 30% el patrimonio de tenencias en divisa que puede tener cada entidad financiera y al 10% adicional para los contratos de futuros. Esto obliga a los bancos a vender tenencias en dólares, por un valor que podría alcanzar los u$s 4.000 mil millones en los próximos meses. Una suma nada despreciable de dólares en manos de los bancos que refleja el negociado que venían haciendo, en especial desde que el BCRA comenzara a devaluar en cuotas desde noviembre del año pasado, y todo esto bajo la tutela del mismo BCRA.

Con los primeros impactos de esta movida, la entidad bancaria logró bajar el valor del dólar mayoristas bajó tres centavos a $ 7,88, minorista bajó más de 12 centavos en el mismo período y quedó en $ 7,89, el blue: perdió 20 centavos y se ofreció a $ 12,35 y el valor futuro del dólar se derrumbó 35 centavos a $ 11,50 y los contratos de dólar futuro perdieron hasta 25. Acá se trata de un “ardid”, un intento de sustituir los dólares frescos que podrían traer los sojeros por una movilización forzada, en el mercado cambiario, de dólares que ya eran parte de las reservas brutas del BCRA, y por lo tanto no mejoran su posición financiera. El ardid apunta además a convencer a los acopiadores de que están perdiendo tiempo precioso sin liquidar a los buenos precios actuales. Curiosamente, los sacudones en los movimientos de capitales globales, que ponen un manto de incertidumbre sobre los precios de los commodities, hoy podrían ayudar al gobierno, ya que podrían operar como impulso a los exportadores para liquidar antes de que se produzca un cambio importante (esto, obviamente, en tanto la situación no vaya hacia un desplome). Lo que es de notar es que de sopetón, esta medida apunta a compensar (pero no a revertir) algunos de los formidables efectos que tuvo la devaluación para los bancos, al valorizar su patrimonio por sus posiciones en moneda extranjera. También envía un mensaje ambivalente sobre el futuro, ya que, como señalaba un consultor “Básicamente le está diciendo a los bancos 'no quiero que ganen plata si yo devalúo'. Implícitamente, lo que está diciendo es que no va a controlar el ritmo de devaluación. Lo que está impidiendo es que apuesten”.

De esta forma, de contragolpe y a tientas, se van cortando una tras otra las cabezas de la Hidra, pero corriendo tan detrás de los acontecimientos con una parsimonia tal que tan pronto como lo hace se regeneran. Los “especuladores” denunciados en los discursos, como los bancos, obtuvieron una formidable ganancia por una medida básica que recién ahora se buscará revertir. Los sojeros fueron directamente financiados, lo mismo que los participantes del mercado blue, para operar por la devaluación. El gobierno les regaló un negocio en bandeja, sólo para intentar ahora volver sus pasos en algunas de las consecuencias más obsenas.

Como lo indica el mito, una Hidra no se mata cortando una tras otra sus cabezas. Sólo un golpe certero y contundente puede liquidarlas. Nacionalizar la banca, creando una banca estatal única, establecer un monopolio del comercio exterior para cortar las maniobras de las grandes cereales y las otras grandes empresas que lucran con los movimientos cambiarios, declarar el no pago de la deuda externa para cortar la sangría de dólares. Estas medidas elementales no pueden esperarse de este gobierno (que aunque ahora dejó circular entre su flanco izquierdo otra vez la amenaza de crear una Junta de granos, mostró una y otra vez que las corporaciones del “agropower” son socios predilectos), que aunque algunos progres intentaron presentar como un boxeador en pugilato con los especuladores, buscó desde la asunción del nuevo elenco ministerial rearmar el esquema económico para satisfacer las expectativas de todos lo que apostaban a la devaluación, cargando sus costos sobre los asalariados. Hoy la única ancla para garantizar el triunfo del ajuste en marcha es que los trabajadores reciban el golpe devaluatorio sobre sus salarios. Por eso en los últimos discursos de Cristina Fernández volvió el ataque a los reclamos salariales. Sólo si la clase trabajadora presenta una salida alternativa al ajustazo en marcha y levanta un programa de emergencia, empezando por pelear por paritarias libres ahora, sin techos y con cláusulas “gatillo” para preservarse de la inflación, por imponer medidas contra la precariedad laboral, un ingreso para todos los trabajdores acorde a la canasta familiar, y una verdadera recomposición de ingresos para los jubilados (para los que el 11,31% es una burla), muestra su propia iniciativa para controlar verdadamente todos los precios y pelea por imponer el conjunto de las medidas elementales que proponemos más arriba, podrá evitar ser el pato de la boda como pretenden todas las fracciones de la burguesía argentina.

viernes, 24 de enero de 2014

Cambios en el cepo cambiario: Un giro improvisado: devaluación, inflación y “cepo” al salario

Un giro improvisado: devaluación, inflación y “cepo” al salario

publicado en www.pts.org.ar 

Los trabajadores debemos dar una respuesta para que la crisis la paguen los capitalistas

Los anuncios del día de hoy vuelven a alterar sustancialmente el régimen cambiario, a menos de dos meses de los últimos cambios con los que comenzó el nuevo equipo económico. Se trata de cambios ocurridos bajo el empuje de una situación que amenaza descontrolarse. Aunque el nuevo ministro de Economía, Axel Kicillof, tenía ya tomada la decisión de ajustar fuerte el tipo de cambio, la presión sobre el mercado cambiario legal que validó una depreciación de 23% sólo en lo que va de enero, y el recalentamiento del dólar “blue” que llegó ayer a superar los $13 pesos crearon una situación de incertidumbre sobre hacia dónde va la economía. La prensa económica internacional ha dado una señal de alerta, sugiriendo incluso la posibilidad de contagio en un contexto donde hace unos meses los países “emergentes” vienen en dificultades. Financial Times ubica a la Argentina entre los casos más “riesgosos”, junto a Ucrania y Venezuela. The Guardian señala la amenaza de contagio a Brasil, y en España la bolsa cayó, según muchos analistas, empujada por la economía Argentina. Esto se da en un contexto donde la reversión de los flujos de capitales por la menor inyección monetaria en los EEUU afecta también a países como Turquía, Sudáfrica, Indonesia, Tailandia, Chile y Perú.

En el día de ayer la moneda se depreció más de 13%, y el drenaje diario de divisas, sin un plan claro para encauzar la situación y sin alivio de la demanda de dólares a la vista, hizo sonar todas las alarmas. A este ritmo, las reservas del Banco Central, que perforaron el piso simbólico de los u$s 30 mil millones la semana pasada, podrían continuar en caída acelerada.

El ritmo desbocado de depreciación del peso está trastornando el desenvolvimiento económico. Numerosos sectores están frenando la producción y las ventas por desbarajuste de la estructura de costos que ocasiona.

Bajo este ariete, ahora se anuncia la legalización del ahorro en dólares (levantamiento parcial del “cepo” a la compra de dólares), así como la rebaja de la imposición en anticipo de ganancias para la compra de dólares y las compras con tarjeta en el exterior, que pasa del 35% al 20%.

El cepo cambiario no desaparece con los anuncios, sino que vuelve a parecerse a lo que era en sus orígenes. Para ver si al menos –modestamente- permite pasar el fin de semana sin que siga escalando la cotización del paralelo, bajo el efecto de desconcierto que creó durante el día la falta de precisiones para las operaciones del día.

Desde sectores cercanos al oficialismo, se busca desde ayer mostrar que está todo “fríamente calculado”. Según este razonamiento, no hubo una escapada del dólar por fuera de los cálculos, sino que el dólar llegó al precio que propuso Axel Kicillof el día que asumió como ministro de Economía: ocho pesos. Acá estaría el máximo que podrían esperar los exportadores de granos. El pequeño detalle es que está faltando dos meses para que comience la liquidación fuerte de la venta de soja, que empieza en marzo pero se concentra en abril. Período que parece una eternidad.

Pero ¿ahora el gobierno va a estar dispuesto a vender todos los dólares que se demanden a la cotización oficial, para que la moneda se mantenga en el rango alcanzado? Seguramente, si así lo hacen, lograrán bajar el paralelo y cerrar la brecha. Pero claro, al módico precio de entregar todos los dólares que se demanden. La única manera en la que este giro improvisado bajo la presión de los hechos no termine en un drenaje acelerado de reservas (por un monto mucho mayor que la operación diaria del mercado blue) es con un cambio drástico en toda la política monetaria, aplicando las medidas con las de viene amagando tímidamente el jefe del Banco Central (BCRA), Juan Carlos Fábrega: suba de las tasas de interés para incentivar la vuelta de dinero a los bancos y restar rentabilidad a la especulación monetaria, movimientos cambiarios menos previsibles para desincentivar la especulación, y “enfriar” la creación de crédito y emisión de dinero. Es decir, todo el plan que Kicillof rechazaba de forma tajante –según trascendidos de casi todos los medios-. Y, junto a esto, vuelta al endeudamiento externo si se logra cerrar el default con el Club de París. No está claro que este sea el camino tomado, aunque el equipo económico va girando aceleradamente bajo la presión de los hechos.

Lo que desmadra todo el esquema es la inflación. Desde octubre de 2013 se viene registrando una espiral de precios, especialmente acelerada en diciembre, que se habría comido un 20% de los salarios sólo en ese período. La devaluación que desde octubre a hoy supera el 30%, está preparando nuevos saltos en precios de insumos críticos, entre otros del combustible, lo que se suma al aumento del transporte automotor de pasajeros en la ciudad de 66%. Todo esto preanuncia un nuevo salto en la inflación de este año (que podría pasar los 30%), previsión bajo la cual continuará la presión sobre el tipo de cambio (legal o paralelo según el alcance de la disposición del gobierno a entregar dólares).

El gobierno da vía libre a la devaluación y (parece) también a la compra de dólares para quienes quieran fugarlos. Pero no a los aumentos salariales, única ancla con la cual quiere pasar este año crítico. Mientras la presión de los especuladores le arrancó al gobierno la enorme concesión de reabrir el canal de compra legal (habrá que ver hasta dónde), así como los empresarios se llevaron un acuerdo de precios que les reconoce los aumentos de los últimos tiempos, y las fuerzas de seguridad pudieron arrancar aumentos muy por encima de cualquier sector de trabajadores estatales, por el contrario el gobierno viene mostrando que es una cuestión de Estado no ceder en las negociaciones paritarias. No es novedad el intento de imponer techos a las paritarias. Pero para este año se ha transformado en una cuestión de primer orden, y los voceros oficiales (pero también de la oposición) agitan el fantasma de los desbordes para responsabilizar de antemano a los trabajadores del descalabro de un plan muy flojo de papeles.

El gobierno, aún en la situación de debilidad política en la que se encuentra, busca poner todo el peso de las fracciones de la burocracia sindical que lo apoyan para limitar las aspiraciones de recomposición salarial ante el peso de la inflación.

Pelear por un programa y una alternativa política de los trabajadores

Contra la amenaza de profundizar el ajuste a costa de los salarios, está planteando pelear por paritarias sin techo, para que todo trabajador gane un salario equivalente a la canasta calculada en $ 9.000. Hay que luchar por el pase a planta de todos los contratados y tercerizados, tirar abajo el impuesto al salario, el aumento de las jubilaciones al 82% móvil y planes sociales que cubran el monto de la canasta familiar. Para enfrentar los aumentos de precios, la única manera de enfrentar seriamente la remarcación es con la fuerza de la clase obrera que, organizando comités junto con consumidores populares, luchando para imponer la apertura de los libros de contabilidad en todas las alimenticias y otras empresas de productos básicos para la vida, para dejar al desnudo las maniobras que inflan los precios así como aquellas que ocultan productos para obligar a comprar los que no tienen precios acordados. Los trabajadores de las grandes fábricas están en una “posición estratégica” para hacer una contabilidad de los productos guardados en depósitos.

El descalabro por el que transitan las variables económicas empujadas por el círculo vicioso de devaluación-inflación es consecuencia de los desbarajustes que crea la deuda externa y la dependencia económica. La única manera de enfrentarlo es declarando el no pago de la deuda externa, que se ha pagado más de tres veces en los últimos 30 años y que representa más del 10% del ingreso nacional anual que va a parar a manos de los usureros, representando además un drenaje de dólares necesarios para exportar insumos estratégicos. Junto con esta medida, es necesario el monopolio estatal del comercio exterior (liquidando por empezar a las corporaciones que concentran la exportación de granos y continuando con el resto de la economía) para terminar con todas las maniobras que realizan las multinacionales para maximizar la fuga de dólares y minimizar los pagos de impuestos. Asimismo, la otra pata del drenaje de dólares está en el sector financiero, que es necesario nacionalizar de forma íntegra mediante la creación de una banca estatal única. Sólo la clase obrera puede desarrollar este programa de conjunto. Para combatir la catástrofe que todas las fracciones de la burguesía se preparan para descargar sus espaldas, es necesario que esta tome en sus manos el destino nacional.

La magnitud de la crisis que se preparan para descargar sobre las espaldas de la clase trabajadora no da lugar para abrir ningún compás de espera. Es necesario empezar ya en todos los lugares de trabajo a discutir la situación y organizarse, empezando a impulsar la votación de delegados paritarios y exigir a la preparación de un paro nacional. Los sectores combativos y clasistas deben convocar un encuentro nacional de organizaciones obreras combativas, empezando por encuentros regionales, para preparar la batalla por las paritarias. Allí puede concentrarse la fuerza para imponerle a la burocracia un plan de lucha y un congreso de delegados de base, para reorganizar y unir al movimiento obrero ante el ajuste en curso.

sábado, 21 de diciembre de 2013

¿Quien puede controlar los precios y parar los aumentos?

Como ya se venía previendo desde hace unas semanas, en el terreno de las políticas de precios el equipo de Axel Kicillof reafirmó ayer, aunque emprolijándola, la política de Guillermo Moreno. El nuevo Secretario de Comercio, Augusto Costa, anunció ayer un acuerdo de precios, al igual que hiciera Guillermo Moreno a partir de febrero último, sin haber logrado con ello frenar el ritmo de aumento de precios. Podemos dejar pasar el hecho, bastante curioso, de que se anuncia un acuerdo de precios sin que estén, digamos, acordados los precios. Lo que vimos ayer es entonces una declaración de intenciones, que mientras no se plasmen siguen dando vía libre para las maniobras, dispersiones y la lisa y llana remarcación, que de hecho no paró de acelerarse desde que se confirmó la partida de Guillermo Moreno (aunque tampoco estaba congelada antes de su partida, la salida del funcionario fue tomada como una señal de largada para una carrera de velocidad). Dejemos también pasar el notorio adelgazamiento de la canasta anunciada… ¿será acaso consecuencia de que “la mesa de los argentinos” incluida en el acuerdo abarcaba a comienzos de año un universo de 10 mil productos, en agosto uno de a 500 productos, pero ahora apenas requeriría 187?

Lo más llamativo es que los nuevos funcionarios presenten la misma política que durante este año no arrojó grandes logros y pretendan convencer a alguien de que esta vez será diferente. En su exposición del nuevo acuerdo de precios, Costa detalló las múltiples irregularidades a través de las cuáles los comercios minoristas y las empresas que elaboran los productos que componen la canasta se las arreglaron para sortear el compromiso que habían contraído con Guillermo Moreno; empezando por la considerable dispersión que se registra entre los precios que un mismo producto puede llegar a exhibir en distintos locales (incluso de la misma cadena), y que en el acuerdo de Moreno era explícita ya que cada cadena anunciaba un precio distinto. El reemplazante de Moreno también censuró otras trampas en las que incurrieron las firmas, como los cambios en los tamaños de los envases para cobrar lo mismo a cambio de menos producto; o el lanzamiento de líneas de productos alternativas a las incluidas en los acuerdos de precios, a precios considerablemente mayores. Y a esto se suma el liso y llano desabastecimiento de los productos incluidos en los acuerdos, para forzar a los consumidores a adquirir otros sustitutos no incluidos en los compromisos con el gobierno. Esta amplia inventiva de minoristas y fabricantes agujereo el acuerdo de precios, y llevó a otro año donde la inflación perforó el 20%. Pero esta vez, promete el funcionario, no ocurrirá nada de eso. ¿Y cómo podría evitarse recaer en el mismo resultado fallido de Guillermo Moreno? Se supone que habría tres patas que distinguen este acuerdo y le garantizarían mayor fortaleza:

-          La simplicidad, ya que la cantidad de productos es más reducida;

-          El involucramiento de las cadenas de valor, y no sólo de los comercios minoristas, lo cual supuestamente podría permitir discutir cómo se distribuye el excedente;

-          Y, finalmente, el “arma” más novedosa, la forzada implementación de nuevos controladores fiscales, que permitirían establecer un control en tiempo real de la facturación de las grandes firmas.

-          Finalmente, también se puso sobre el tapete la amenaza de multas, que también hubiera estado flotando en los acuerdos previos sin mayores efectos.

La apelación a un cierto fetichismo tecnológico pretende conferirle un barniz de credibilidad a una política bastante floja de papeles. Pero el listado de maniobras presentado por el propio Secretario da una idea de la insuficiencia de una fiscalización a través de controladores fiscales. ¿Cómo permitirán los mismos lidia con una de las maniobras más extendidas, que es el liso y llano desabastecimiento? ¿De qué manera podrán probar no se trata de una cuestión de mercados con “exceso de demanda”, de cuellos de botella en la producción, etc.? Incluso si creyéramos en la vocación de fiscalizar el cumplimiento efectivo del acuerdo, suena a una tarea titánica: sólo tomando en cuenta los supermercados, tenemos según un relevamiento del Sindicato de Comercio del año 2011 8.672 bocas de expendio. Esto significa que el personal de la Secretaría –ayudado parecería por el de la AFIP- deberá realizar de forma simultánea en todo el país 1.621.664 controles durante el tiempo que dure el acuerdo para asegurar el cumplimiento en los supermercados (y esto si tomamos como un único control la verificación de que se cumpla el precio acordado y cada producto se encuentre disponible). En el caso de las disputas que sin duda se abrirán, el control seguramente deberá extenderse desde las redes de comercio hacia los productores, multiplicando las instancias. Hay una profunda asimetría en el juego que se establece entre el control centralizado y unificado que pueden tener las empresas, tanto de comercio minorista como fabricantes, (que efectivamente en un caso como en otro controlan los precios, pero lo hacen en su beneficio y remarcando de acuerdo a sus necesidades) y el del gobierno.  Aún con la amenaza de las multas, las empresas pueden organizar un cumplimiento aleatorio del acuerdo que les permita evitar o reducir estas sanciones, eligiendo los lugares y momentos donde resulte conveniente incumplirlo mediante algunos de los mecanismos ya aplicados y perfeccionados en años de trato con Guillermo Moreno (y en varios casos con guiños del funcionario para llevarlos a cabo). Resultaría enternecedor, si no fuera un despliegue para la tribuna realizando con altas cargas de cinismo, pretender que este acuerdo podrá ser más exitoso que los anteriores con sólo sumar algunas simplificaciones en el esquema de funcionamiento de los acuerdos y continuar enviando funcionarios a “mirar para cuidar”.

La inflación en la Argentina actual es una cuestión compleja que se enraíza distintos factores que contribuyen de conjunto a motorizarla (como analizamos acá). La política cambiaria del gobierno, que viene impulsando una mayor depreciación del peso, contribuye a acelerarla. Lo mismo ocurre con la ampliación del gasto fiscal sostenida con financiamiento del Banco Central (lo cual no significa sostener que una emisión monetaria elevada siempre será inflacionaria, como sostiene la postura neoclásica). Un acuerdo de precios, aún implementado con los controles más estrictos, no hace más que atacar los síntomas, así como uno de los factores que la aceleran como es la remarcación por parte de las firmas, y lo hace de tal modo que deja en manos de las empresas mil resquicios para zafarse del acuerdo. El acuerdo presentado por el gobierno no es más que otra fantochada, que al igual que los de Moreno apunta a “atacar expectativas” (es decir tratar de crear algún plafond para frenar las expectativas de los asalariados, evitando que todos busquen el mismo piso que las fuerzas policiales arrancaron con sus motines) y en el mejor de los casos descomprimir un poco la situación por un tiempo limitado.

Un verdadero control de los precios sólo podría llevarse a cabo poniendo en movimiento la fuerza social de clase trabajadora, de los cientos de miles de trabajadores de supermercados, de los cientos de miles que trabajan en las empresas productoras de los bienes que integran la canasta familiar. La acción coordinada de éstos, estableciendo comités de trabajadores y consumidores en todo el territorio nacional, que exigan la apertura de los libros de las empresas, para desmontar las maniobras de las firmas que aducen falta de stock y auscultar el verdadero estado económico de las firmas, es la que puede atacar de raíz este fenómeno que está carcomiendo los ingresos de los asalariados. Todo esto obviamente sólo puede llevarse a cabo empezando por expulsar de los sindicatos a los burócratas, que actúan en beneficio de los empresarios permitiendo todas sus maniobras. Esta es una primer medida elemental, –y “sencilla” si se pone en movimiento la fuerza de los millones de trabajadores- pero que debe ser complementada con otras para cortar todas las cabezas de la hibra. Empezando por decretar el no pago de la deuda externa para cortar con esta sangría de recursos que diezma el presupuesto, establecer la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior así como el congelamiento de todos los giros de utilidades de empresas, para cortar con especulación cambiaria que afecta los precios.

Un programa opuesto por el vértice al revival noventista –aunque sea preservando toques “morenistas” que molestan a algunos sectores empresarios- que viene exhibiendo el nuevo electo económico.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

La salida de Guillermo Moreno, ¿señal de un giro en la economía K?

Un día después de los anuncios de relevos en varias carteras ministeriales, el vocero presidencial anunció un cambio aún de mayor impacto, a pesar de referirse a un nivel jerárquico menor: la salida del Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Este anuncio es uno de los cambios más significativos en mucho tiempo en el manejo de la economía. 
Ayer decíamos que Kicillof seguiría sometido a un “doble comando” con Guillermo Moreno. La novedad es que será el primer Ministro de Economía en mucho tiempo que no está sometido a esta restricción. El funcionario hizo y deshizo a sus anchas durante todas las gestiones económicas que siguieron a la de Roberto Lavagna. Desde Felisa Micheli en adelante, todos debieron toparse con un secretario que manejaba sin reportarles diversas áreas. Empezando por los acuerdos de precios, siguiendo por la medición de los mismos, hasta manejar el comercio exterior, la implementación del cepo cambiario y la fallida “exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera”, cada vez más áreas del manejo económico fueron ingresando en la órbita del secretario. El último Ministro de Economía con aspiraciones de comandar plenamente su área, Martin Losteau, colisionó rápidamente con su –formalmente- subordinado. Otros, como Miguel Peirano, declinaron continuar en el cargo ante la imposibilidad de controlar a Moreno. El resto, sencillamente se acomodó a la creciente gravitación del funcionario, que extendió con un mismo método su manejo de las diversas áreas que fueron cayendo bajo su órbita. ¿En qué consistía este método? Podríamos definirlo como el de la “sintonía gruesa”, por contraposición a la “sintonía fina” que Cristina Fernández había prometido al empresariado allá por 2011. Más allá de toda la gesticulación y la “prepotencia” en la que siempre gustaron detenerse los medios (“prepotencia” que a final de cuentas se concentró casi enteramente en los laburantes del Indek, a los cuales las patotas de UPCN actuando junto con el secretario sacaron de las tareas de medición de precios y de otras áreas sensibles para dibujar los datos de acuerdo con las necesidades gubernamentales), lo más saliente de la gestión Moreno fue la ilusión de que se podría encausar con acuerdos las contradicciones emergentes del “modelo”, entregando a cambio en muchos casos concesiones significativas a grandes jugadores, como subsidios u otras ventajas (aunque algunas, como la SuperCard, no hayan llegado a ver la luz). Acá y acá hemos analizado la economía política de Guillermo Moreno. Los frigoríficos, los supermercados, incluso las exportadoras de granos se han sentado en ocasiones a negociar con el secretario. Lo que hizo Moreno tampoco es privativo de él; es más o menos lo mismo que el otro gran mentor de la “economía K”, Julio De Vido, aplicó en el área energética (secundado por Cameron) y de infraestructura con el mismo “éxito”. A pesar de los sucesivos fracasos, la búsqueda de evitar cambios de fondo en la política económica exigió responder a los mismos profundizando la línea, lo cual reforzó el deterioro general en el que empezó a sumirse irreversiblemente la economía en los últimos dos años. Deterioro que no es por ahora nada parecido a un hundimiento catastrófico, gracias a la ayuda de los altos precios internacionales de los productos que el país exporta (soja y otros granos) y a la profundización del endeudamiento público en pesos (en su mayoría intra sector público) y el uso de las reservas en dólares del Banco Central acumulados en años de bonanza, combo gracias al cual el tesoro pudo afrontar los pagos de deuda pública y los crecientes subsidios que condujeron a una situación fiscal muy estrecha.
Ahora, la posibilidad con la que cuenta Kicillof de encarar su gestión sin la sombra de Moreno, ¿permite prever un cambio de rumbo sustantivo? Difícilmente. ¿Volverá a cambiar de postura pública sobre la inflación, que reconocía y medía de forma independiente hasta que se convirtió en viceministro en diciembre de 2011, momento en el que borró de su web el IPC-7 que publicaba y se silenció sobre el tema, avalando tácitamente las cifras oficiales? Habrá que verlo. El lanzamiento del nuevo índice de precios (que podría salir con el aval del FMI, varias veces denostado por el ahora Ministro) puede ofrecer una salida elegante para el desaguisado de Moreno, pero sin rever todo lo actuado desde 2006 a esta parte, que significó un piedra libre para los remarcadores de precios y los que lucraron con estadísticas truchas.
Fuera de estos ajustes en uno de los terrenos más críticos de la gestión de Moreno, no son de esperar, como ya señalamos, grandes cambios en los principales lineamientos de la política económica. Ya las peripecias que tuvo la regulación energética mostró lo que tienen de falaz las ilusiones de dictar desde el Estado los lineamientos por los que se desenvuelve la economía. Sobre todo cuando la etapa no es de holgura, se mire por donde se mire. Los superávit “gemelos”, fiscal y externo, que permitieron la acumulación de dólares en el Banco Central y un tesoro con amplios recursos para transferir (ante todo en favor de los empresarios), son cosa del pasado. Si bien el comercio exterior aún sigue siendo superavitario, el desbalance industrial, energético y turístico, y la fuga de depositantes en dólares del sistema bancario, llevó a que este año también termine con caída de reservas, gracias a los pagos de deuda. Las cuentas públicas se sostienen con una presión creciente sobre los recursos del Banco Central, lo cual contribuye a agravar las presiones inflacionarias. Y, sobre todo, la propia inflación ha exacerbado las disputas distributivas, así como las presiones de sectores empresarios que reclaman un ajuste cambiario mayor al que ya se está produciendo. La ideología de que es posible que el Estado se eleve por sobre las determinaciones de la acumulación de capital, encauzando las contradicciones que hacen a la misma, sólo resulta sostenible cuando el sector público cuenta con amplio margen de maniobra, como ocurrió en la argentina desde 2003 hasta 2008, y, en menor medida, pudo extenderse con restricciones hasta 2011 gracias a la captación de recursos como los de las AFJPs y a los colchones que permitieron los años de bonanza. Cuando estas condiciones no existen, la presión para ordenar la situación del propio Estado se transforma en un elemento más entre los que meten presión sobre la economía. Es lo que estamos viendo. Como señalábamos hace un tiempo: “Si desde sus orígenes el kirchnerismo se caracterizó por una apuesta a utilizar los recursos del Estado para distender las relaciones entre las clases, impulsando algunas mejoras de ingresos (en relación al piso que habían alcanzado en 2002, pero sin acercarse ni de lejos a los niveles históricos en el caso se los salarios, ver acá) y subsidiando la ganancia, hoy su política ha adquirido un sentido contrario”. Es esto lo que seguirá signando la política económica. Aún con la partida de Moreno, difícilmente se vaya a desmantelar del todo las trabas a las importaciones, que conspiran contra la actividad industrial (sector que este año creció sólo un 1%, y eso gracias a la industria automotriz que viene perdiendo ritmo y afronta el panorama de un 2014 casi sin crecimiento). Los subsidios, herramienta aplicada –con poco éxito- para contener los precios, deberán limitarse por las restricciones fiscales, y esto ayudará a acelerar los aumentos de precios. Pero sobre todo, aunque durante los últimos años Kicillof y sus funcionarios hicieron gala de la intención de poner controles a la rentabilidad del capital, para lo cual exigieron información y aprovecharon la posibilidad de colocar directores estatales en las empresas en las que ANSES tiene participación accionaria, lo que se ha visto es que cuando las papas queman, y los empresarios muestran que su “competitividad” se encuentra comprometidad, los funcionarios afines al ministro han sabido ser más que comprensivos, poniendo coto a las aspiraciones de los trabajadores en las negociaciones salariales. Por eso, concluimos, es especialmente poco probable que el “empoderamiento” de Kicillof gracias a la salida de Moreno augure algún cambio positivo en la situación de “fin de fiesta” que están viviendo los trabajadores.

martes, 19 de noviembre de 2013

El rumbo (del ajuste gradual y “heterodoxo” pero firme) no se modifica



Seguramente quienes no cejan en el esfuerzo por encontrar algún aspecto “progre” en la política oficial, se entusiasmarán con la llegada de Kicillof al sillón principal del Ministerio de Economía en reemplazo de Hernán Lorenzino. El ascenso del hasta hoy viceministro, autoproclamado economista “crítico” (aunque cada vez es más difícil establecer crítico de qué) seguramente causará en los próximos días declaraciones airadas de empresarios y medios afines, por considerarlo “marxista” (sic). Pero de esto no debe deducirse que pueda esperarse que mueva mucho el avispero. Su designación es una señal que confirma lo que ya se sabía: la Presidenta no tiene intención de hacer cambios bruscos en la dirección que reclama buena parte de la oposición política y del empresariado. Pero tampoco se va a mover en sentido contrario, sino atender en “cuotas” la demanda del ajuste, como viene haciendo en los últimos años. 

Algunos reclamos sensibles para sectores empresarios no serán atendidos: la administración del tipo de cambio no va a revertirse. Aunque Kicillof es señalado como uno de los partidarios de un desdoblamiento más legalizado, que reemplace al que existe de hecho, y es muy probable que avance en ese sentido, aunque se trataría de un cambio más de forma que de fondo. Esto podría servir para dejar de subsidiar una parte de la importación, a buena parte del turismo (lo cual beneficia más a los sectores más adinerados) y para crear un tipo de cambio para operaciones financieras también más caras, pero a riesgo de obligarse a entregar los dólares que hoy son celosamente guardados. Sin embargo, lo que está fuera de duda es que los industriales no tienen nada de que preocuparse: la aceleración de la depreciación cambiaria que se viene registrando en los últimos tiempos, superando el 20 por ciento anual, mantendrá su ritmo. Para fin de año, los pronósticos ubican al peso cambiándose a 6,20 por dólar, superando el pronóstico de Guillermo Moreno hace unos meses.



Tampoco se va a atacar la inflación, que carcome el ingreso obrero y popular, y gracias a la cual hoy la Asignación Universal por Hijo puede comprar un 18 por ciento menos que cuando se implementó, a pesar de que aumentó su monto. En este plano se mantendrá el “doble comando” entre el Ministro y el todoterreno Guillermo Moreno. Hace días nomás, la funcionaria afín al secretario “Pimpi” Colombo volvió a sostener que la discusión de la inflación es “cháchara”, al mismo tiempo que el Indec sigue sosteniendo aún ahora que se come con 6 pesos

Otro plano donde no habrá que esperar grandes cambios, es en el recurso al Banco Central como fuente de financiamiento. La salida de Marcó del Pont se explica, aparte de por las múltiples internas del llamado gabinete económico, por su reticencia a seguir sosteniendo el ritmo de emisión de pesos para financiar al tesoro a través de la renovación y ampliación de los adelantos “transitorios”. Para Kicillof esto en ningún modo puede considerarse inflacionario en ningún momento (lo cual es tan falaz como sostener que siempre es inflacionario, como discutimos acá).

Podría pensarse que en un plano donde se registró un giro más marcado en los últimos tiempos, que es en el terreno de la deuda pública, es donde la vuelta de Kicillof podría significar una reversión de las iniciativas apuradas por Lorenzino con el aval del presidente interino Amado Boudou. El tándem más ultraliberal del gobierno, aprovechó el inesperado encumbramiento que permitió la licencia de Cristina, y el desconcierto general del gabinete para cerrar trato con el fondo “buitre” que se hizo cargo de las acreencias que tenían varias empresas contra la argentina en el CIADI. Esto era una señal que avalaba el descongelamiento de créditos del Banco Mundial. Para Boudou y Lorenzino, esto era apenas la señal de largada para continuar luego con el canje de la deuda en manos de los fondos buitre “holdout” (es decir que no ingresaron a los canjes de 2005 y de 2010) que están presionando en las cortes norteamericanas, y que amenazan empujar al gobierno a un default técnico en 2014 por los resultados que vienen mostrando los litigios en las cortes yanquis. Y todo se coronaría con una vuelta a la emisión de deuda en los mercados internacionales. 
¿Significa la llegada de Kicillof que se archivarán estos planes? De ningún modo. En primer lugar porque antes de irse, Lorenzino dejó encaminadas las tratativas con los fondos amigos del vicepresidente que vienen intentando hacer con los holdout lo mismo que con las empresas acreedoras por los juicios en el CIADI, es decir comprar la deuda y hacer un jugoso negocio con el guiño del gobierno. El ahora ex ministro quedó a cargo de una fantasmal “unidad de reestructuración” de la deuda en la cual podrá seguir estas tratativas. Para seguir, porque por mucho que el nuevo ministro pueda hacer gala en algún discurso de alguna postura “anti” mercado, el gobierno “pagador serial” de Cristina Fernández viene mostrando que es capaz de empujar la economía a la recesión por trabar importaciones para garantizarse los dólares de la deuda. Ante la amenaza del default técnico, Kicillof se convierte en ministro en el momento justo para coronar el tercer episodio de canje de deuda, es decir otra jugosa entrega de recursos futuros sacrificados en el altar de los mercados. 
Por mucha “heterodoxia” y economía “crítica” con la que alguno pueda todavía ilusionarse, el capitalismo dependiente y semicolonial argentino está volviendo a mostrar que sólo puede sostenerse si, como hace poco más de diez años, vuelve a arrastrar a los sectores populares por los costos de un brutal ajuste, esta vez realizado en nombre del “sinceramiento” de los desequilibrios varios. El gobierno pretende negarse a esta alternativa, pero no está haciendo más que tratar de ganar tiempo sin dejar de empujarnos por el mismo camino. A Kicillof le toca sacar del arcón de la economía heterodoxa alguna pirueta para estirar la cosa hasta el próximo turno gubernamental. Es decir, administrar el ajuste a cuentagotas, de ningún modo evitarlo.

El cambio de ministros, en suma, promete pocas novedades en una orientación que vienen mostrando el deterioro de las condiciones de la clase trabajadora (tanto de los más pobres como de aquellos que sectores del gobierno tildan de "privilegiados" por llegar a cubrir una canasta familiar) de la mano de un ajuste “sin prisa, pero sin pausa”.

martes, 29 de octubre de 2013

Apuntes pos elecciones. El estrechamiento del "modelo", los aprestos de ajuste y el voto al FIT

FR y JDM arriman acá un primer buen análisis de los resultados del 27, que intenta ir más allá de la abundancia de comentarios coyunturales que pueblan los medios.
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) superó ayer el millón ciento cincuenta mil votos, creciendo respecto del “batacazo” que había producido en las PASO de agosto. Con este resultado, llegan al congreso nacional 3 diputados, así como numerosos diputados y senadores provinciales, concejales, etc.
Se trata de un hecho sin precedentes en la historia política nacional. Si bien desde la vuelta de la democracia los finales de ciclo político mostraron un crecimiento de las fuerzas de izquierda, y la llevada al parlamento de distintas fuerzas, una serie de rasgos resaltan en la actualidad, como ya señalaran Paula Varela y Adriana Collado en el análisis del resultado de las PASO realizado en Ideas de izquierda. El primero y más evidente es la extensión nacional del FIT. De los tres diputados nacionales electos por el frente (está en curso la pelea en el recuento definitivo por la banca de Córdoba), uno de ellos, Nicolás del Caño, es de Mendoza, otro de ellos, Pablo López, de Salta, y el tercero Néstor Pitrola, de la provincia de Buenos Aires. Los diputados y concejas electos superan en todo el país la decena (el periodista Pablo Stefanoni destacó en Perfil su carácter “federal”). Si esta es una primera dimensión que distingue la elección del FIT, una segunda dimensión distintiva es que, como plantean FR y JDM, “a diferencia de otras experiencias ‘de izquierdas’ (término socialdemócrata patético) como el Frente del Pueblo o Izquierda Unida, el FIT expresa otra cosa, por ser un frente de partidos que se reivindican trotskistas y por levantar abiertamente como bandera la independencia de clase (mientras en las experiencias anteriores había sectores como el PC abiertamente frentepopulistas con lo cual el planteo era más "de izquierdas" que de izquierda)”.
Quedará para un análisis más reposado, lugar por lugar, establecer más acabadamente la fisonomía del fenómeno político, quiénes son los votantes del FIT, etc. Lo que sí podemos señalar es el entusiasmo con el que la campaña fue tomada en numerosos lugares de trabajo y estudio, donde jóvenes y trabajadores mostraron iniciativa para la campaña y se volcaron a la fiscalización durante la jornada del 27. En zona norte del GBA, en las fábricas de la alimentación, gráficos y otros gremios donde la izquierda dirige internas o tiene fuerte presencia, los trabajadores que tomaron la posta durante este largo día se contaban por decena en cada una. Un aspecto distintivo del voto al FIT, ligado con la presencia orgánica en sectores de la clase trabajadora conquistada con un arduo esfuerzo (en particular por el PTS) es el –aún inicial, incipiente- crecimiento de este voto obrero en sectores de peso tradicional del peronismo.
Por mucho que los kirchneristas se subleven contra la “idea apocalíptica de ‘fin de ciclo’”, es en esa clave que puede entenderse el alcance del fenómeno del FIT. No estamos hablando de la manera estrecha en la que se lee este fin de ciclo en los medios de la oposición burguesa, es decir en referencia a las limitadas alternativas de continuidad política que deja el resultado electoral, que sepulta definitivamente (como ya habían dejado claro las PASO) cualquier posibilidad de cambio constitucional, y debilita las posibilidades de arbitrar la interna del PJ para imponer un candidato propio (aunque en ningún modo esto signifique un ocaso definitivo para el “cristinismo”, ya que los votos del FPV le habilitan un peso en la negociación de la sucesión).
Apuntamos a un “fin de ciclo” de más vasto alcance, que es la incapacidad de recrear las condiciones económicas sobre las cuáles se asentaron las victorias electorales de estos años. Es decir las condiciones de crecimiento económico a tasas elevadas con mejora de los indicadores socioeconómicos que caracterizaron los primeros años de gobiernos kirchneristas. La etapa de crecimiento “fácil”, como lo llamó el cepalino Daniel Heymann, o la “etapa rosa” del modelo, como la definía hace unos años el Viceministro de Economía Axel Kicillof, iniciada en 2003, que pudo compatibilizar crecimiento de la inversión, alto superávit comercial, mejora real de los salarios (aunque por ese entonces apenas recuperándose del desplome que tuvieron con el mazazo que fue la devaluación de 2002, aún no superando el monto que habían tenido en términos reales antes de la devaluación) empezó a mostrar sus límites a comienzos de 2008. Límites que se expresaron en la inflación, la emergencia de la crisis energética, la necesidad de ampliar las fuentes de financiamiento del Estado para enfrentar la emergencia del superávit fiscal (lo que condujo primero a impulsar la 125 y luego de la derrota de esta iniciativa a liquidar las AFJP). A partir de entonces comenzó una segunda etapa, en la que el gobierno contaba aún con margen para administrar las dificultades emergentes, apoyado en las formidables condiciones que daba el colchón cambiario y la abundancia de dólares (con reservas que llegaron a estar en u$s 50 mil millones gracias al sostenido superávit comercial, es decir del saldo de exportaciones menos importaciones, que en los últimos años viene cayendo fuerte por el déficit energético), pero que sin embargo tuvo algunos rasgos muy marcados como por ejemplo el fin de la recuperación de algunos indicadores socioeconómicos. Es el caso de la “calidad” del empleo, que desde entonces casi no varió (el empleo no registrado estaba en 36% en 2008, hoy ronda el 34,5, es decir casi no cayó desde entonces). La pobreza e indigencia también son acrecentadas por la inflación, aunque la implementación de la AUH haya evitado una situación de agravamiento más agudo como consecuencia de los estragos que ocasiona la estampida de precios.
Finalmente, entramos en una tercera etapa signada por la reducción de los márgenes para administrar el agotamiento. El estrechamiento relativo tiende a hacerse cada vez más profundo y generalizado después de las elecciones de 2011 (hemos analizado in extenso las etapas del “modelo” en posteos anteriores, ver por ejemplo acá). Con una buena ayuda de las condiciones internacionales, y fuerza de vaciar hasta el límite las fuentes de financiamiento interno, el deterioro se desarrolla en cámara lenta, pero no por eso menos persistente. Aunque la inflación perdió el dramatismo mediático que tenía a comienzos de año, no da señales de una desaceleración profunda, y durante setiembre se ubicó en 24,4% según índices que toman las mediciones de algunas provincias. El empleo casi no crece en el último año y medio, y por primera vez desde 2003 se percibe un tibio crecimiento del trabajo no registrado (en “negro”) que pasó de 32% de los ocupados en el primer trimestre de este año a 34,5% en el segundo. Por otro lado, incluso para la minoritaria proporción de los trabajadores empleada en blanco y beneficiada por las negociaciones paritarias, este año cerró sin mejoras, también por primera vez en la década. Aunque la suba del mínimo no imponible de ganancias restituyó una parte de los ingresos para un millón y medio de asalariados, esto apenas compensa el magro saldo de las negociaciones salariales de este año. El “nunca menos” es un lejano recuerdo, aún para los asalariados en mejores condiciones.
“Fin de ciclo”, entonces, porque aunque el gobierno puede todavía seguir tomando algunas medidas para evitar el ajuste en toda la línea que desea buena parte del empresariado, la oposición patronal, y los peronistas que aspiran a suceder a Cristina, los ajustes en cuotas que esto requiere tienen impacto y generan descontento en amplios sectores, y, es cada vez más evidente, no hacen más que posponer y a la vez agrandar el costo futuro de los ajustes. Además, para hacer esto se impone ir cada vez más contra el relato, como lo muestran los acuerdos para pagar deudas por fallos del CIADI a favor de multinacionales que demandaron al país en estos tribunales internacionales hechos a medida del capital imperialista, y los esfuerzos por seguir siendo “pagadores seriales” (lo que está vaciando las reservas del BCRA) y evitar un default técnico por las demandas en tribunales norteamericanos.
En estas condiciones, ante la agenda de “normalización” que el gobierno hace suya cada vez más abiertamente (aunque con “ruido interno”) hoy se ve claramente que en la oposición no hay salida “por izquierda”. La centroizquierda que no está con el gobierno integra alianzas con los partidarios de la vuelta a los mercados y el ataque ortodoxo a la inflación (esta falta de independencia de la centroizquierda no es tampoco un fenómeno de coyuntura, las grandes crisis de los últimos años mostraron una y otra vez cómo cualdo las papas queman no hace más que ir detrás de las salidas ofrecidas por la burguesía, es decir de alguna variante de ataque a la clase trabajadora).
El crecimiento encuentra en este fin de ciclo -en el sentido más profundo que hemos planteado- una de sus razones. Algunos de los que en 2011 apoyaron al gobierno bajo la promesa del “nunca menos”, encontraron en el FIT a la única fuerza que ante el panorama de ajuste levantó un programa para dar respuesta a las demandas obreras y populares.
Ahora, pos elecciones, las bancas obtenidas serán un lugar desde donde se amplificará el rol de “tribunos del pueblo”, es decir desde donde poner sobre el tapete las duras condiciones que viven los trabajadores y trabajadoras al cabo de una supuesta “década ganada”, con más de un 60% de la clase trabajadora en condiciones precarias (con el aval de leyes flexibilizadoras que siguen vigentes), recibiendo salarios de miseria (un 60% de los ocupados gana menos de $ 4.200), con un millón de jóvenes “ni ni” (ni estudian ni trabajan), forzados a viajar diariamente en condiciones de riesgo por el desguace del transporte (especialmente el ferroviario), y un largo etc. El desafío es transformar este peso político del FIT y las bancas obtenidas en una herramienta para la construcción de un partido revolucionario con capacidad de dirección de una franja de la clase trabajadora, es decir con decenas de miles de militantes y lugares de dirección en decenas de sindicatos, centros de estudiantes y otros organismos del movimiento de masas. Este anclaje “orgánico” es fundamental para que ante el “fin de ciclo”, con sus tiempos de desarrollo aún abiertos pero insoslayable, podamos desplegar abiertamente la batalla contra las salidas de la clase dominante, y por imponer el programa de respuesta obrera a la crisis cuya propuesta desarrollamos extensamente en el manifiesto programático del FIT.