Rechazo de la corte norteamericana: un traspié para los pagadores seriales

Se complica la vuelta a los mercados de deuda internacionales, que los “nacionales y populares” habían transformado en bandera.

En una decisión sorpresiva, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó tomar el caso de apelación presentado por el gobierno argentino al fallo del Juez Thomas Griesa de noviembre de 2012, que había obligado a la Argentina a pagar 1.330 millones de dólares correspondientes a una parte de los bonos que siguen en default desde 2001.

Estos bonos corresponden a los fondos “buitre” Aurelius Capital Management y Elliott Management Corp. affiliate NML Capital Ltd. Estos son parte de los bonistas llamados “holdout”, es decir que rechazaron las generosas ofertas de canje presentadas por la Argentina en 2005 y en 2010. En ambos casos, aunque la deuda tuvo fuerte quita nominal, se acompaño de cupones atados al crecimiento de la economía que sumaron otros 20 mil millones de dólares a los pagos de deuda. A pesar de estas generosas condiciones, varios grupos de los llamados “buitres” (que no son mucho más buitres que otros que sí ingresaron al canje), continuaron presionando para obtener condiciones aún mejores, llegando a declarar que no aceptarían ninguna quita nominal.

Después de varias derrotas en las cortes norteamericanas, los holdout obtuvieron un triunfo cuando el juez Griesa ordenó en noviembre de 2010 pagarles la deuda al 100%, amenazando con embargos si no lo hacían. Esto significaba que los depósitos para pagos de bonos que no están en default podrían ser incautados para pagar a los litigantes. Al rechazar la Corte Suprema aceptar la apelación, este fallo queda firme.

Este fallo resulta inesperado. Entre las opciones de la Corte, que eran aceptar el caso y producir un nuevo fallo, rechazarlo, o postergar la decisión haciendo consultas al gobierno norteamericano, el rechazo era la menos esperable. El giro del gobierno con enormes señales a los mercados, haciendo un ajuste ortodoxo (devaluación y enfriamiento) bastante severo, acordando con el Club de París y con Repsol, y cerrando litigios en el Ciadi (corte establecida para fallar en favor de las multinacionales en contra de los gobiernos donde éstas invierten), le habían ganado una posición favorable de la administración norteamericana. El gobierno de Obama tenía además motivos propios para involucrarse, ya que hay preocupación de los banqueros sobre las consecuencias de este fallo para el rol que ocupa la plaza neoyorquina como base para estas reestructuraciones.

El gobierno, que esperaba una aceptación, o en el peor de los casos una postergación, debe evaluar un plan B, y hacerlo en plazos breves. El 30 de junio vence el próximo pago de bonos Discount, y se corre el riesgo de embargo del mismo. En lo inmediato, puede intentar salir del embargo cambiando el domicilio de pago de dichos bonos (hoy pagados en Nueva York), o canjeándolos por otros bajo jurisdicción argentina. El problema, claro, es que la primer variante debería contar con la colaboración de los bancos internacionales que gestionan los pagos, que no está claro que vayan a querer ser parte de movidas para desobedecer al fallo de un juez norteamericano. La segunda, podría ser rechazada por varios bonistas, que sin la cobertura que da la jurisdicción norteamericana no podrían, ante eventuales futuros impagos, hacer lo mismo que están haciendo hoy Elliot y Aurelius. Se corre así el riesgo de dejar en el limbo a una parte del 93% que entró al canje. Por eso, el fantasma del llamado default “técnico” sobrevuela.

Aunque el tiempo apremia, puede evitarse ese escenario catástrofe. Probablemente el juez Griesa llame a las partes a negociar. El gobierno argentino ya venía preparando el terreno para incluir en su relato una negociación con los buitres, así como hace apenas un mes declaró que acordar con el Club de París era lo mejor que le podía pasar al país (faltó que dijeran que volvimos al primer mundo). Aún en el mejor de los escenarios, el camino de salir del enredo del default pagando, obligaba tarde o temprano a presentar una oferta a los holdouts. Pero claro, el rechazo de la corte impone hacerlo en las peores condiciones. ¿Reducción de la quita, pago de los cupones de crecimiento de todos estos años, como se hizo en 2010? Son todas opciones que están sobre la mesa. El problema es que aunque el litigio en cuestión es por 1.330 millones de dólares, la deuda total que sigue en default alcanza los 15 mil millones. Además, si se mejoran las condiciones en relación a lo negociado en 2005 y 2010, podría haber lugar a reclamos de los que entraron al canje, para mejorar las condiciones.

Nada de esto significa, a esta altura, grandes contradicciones para el gobierno y su equipo económico. Aunque todavía se sigue hablando de desendeudamiento, sólo en este año se agregó 15 mil millones de dólares a la deuda regularizada en manos de privados. Y la intención era incrementar sustantivamente ese monto, ya que el “modelo” en su versión 2014 incluye vuelta a la emisión de deuda en los mercados internacional para garantizar la llegada al 2015 sin cimbronazos. El fallo de la corte es un golpe a esa estrategia, pero también puede convertirse en excusa para hacer, “obligados”, mayores concesiones. El gobierno que “fue obligado” a devaluar (aunque no sabemos por qué entrego meses antes miles de millones en seguros de cambio, cosa que sólo hace quien planea realizar un ajuste cambiario), ahora podría ser “obligado” a entregar a los holdouts aún más de lo que concedió en 2005 y 2010 en aras de mostrar una quita nominal elevada.

Este fallo es otra muestra contundente del verso que significa sostener que del problema de la deuda se sale pagando. Según declaraba Cristina el año pasado, entre 2003 y 2013 se habían pagado 173.333 millones de dólares, el equivalente a casi la mitad de la producción anual del país. Un formidable regalo a los usureros. Esto no impidió que la deuda siguiera creciendo de forma exponencial. Ahora, podría pegar nuevos saltos como producto de estas negociaciones. 

La deuda es un fraude, y un saqueo. Cada año se lleva miles de millones de dólares necesarios para la urgente inversión en infraestructura y transporte, vivienda, educación y salud, gastos que se mantienen a raya para garantizar los fondos a los usureros. Por eso, es necesario luchar por el no pago. Esta bandera debe ser parte de un programa integral de los trabajadores para responder a las demandas de los explotados, oponiéndolo a los intentos de los pagadores seriales de profundizar las entregas a los usureros.