En estos momentos estamos asistiendo a un
nuevo capítulo de reajustes del régimen petrolero. Desde hace algunos meses el
gobierno nacional elaboró un proyecto de reforma a la ley de hidrocarburos,
vigente desde 1967. Hoy los gobernadores nucleados en la Organización Federal
de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) se reunieron con la presidenta
a discutir la propuesta; hay pautada una nueva reunión el lunes próximo.
Ocurre que la intención del gobierno creó
asperezas entre varios gobernadores de provincias petroleras y el gobierno
nacional. El motivo de la disputa es que el borrador armado por el gobierno
bajo la batuta del CEO de YPF Miguel Galuccio, apunta a restringir
sensiblemente los derechos de las provincias sobre los recursos, provincializados
en 1992 con la ley 24.145, lo que se reforzó en la reforma constitucional de
1994. Entre otros puntos, el gobierno apunta a fijar un tope a las regalías que
pueden recibir las provincias por la explotación de petróleo, fijándolo en 12
por ciento. Esto está por debajo del nivel que tiene en algunas provincias o
regiones (hay áreas de Nequén donde llega al 15%). De esta forma YPF S.A. se
aseguraría un límite a la parte de la renta que deberá entregar a las
provincias. Otro punto clave de esta ley es garantizar concesiones a YPF S.A.
por períodos prolongados, para poder negociar con holgura con los posibles
socios de la petrolera en la explotación de petróleo no convencional. También
se discute el destino de algunas petroleras provinciales, que Galuccio quiere sacar
del medio.
Seguramente habrá quienes argumenten que
el proyecto del gobierno nacional apunta a garantizar las condiciones para una
política de "autoabastecimiento" y "soberanía energética",
y que para eso es necesario aumentar las prerrogativas de la petrolera
nacional. Sin duda, se trata de aumentar las prerrogativas de YPF S.A.
asegurándose por ley lo que de otra forma es necesario negociar trabajosamente
con cada uno de los gobernadores. Pero esta búsqueda de puentear a los
"gobernas" es para el dudosamente soberano objetivo de poder avanzar
más rápidamente en replicar acuerdos como el de Chevron, que es desde el punto
de vista de las petroleras extranjeras aún mejor que las condiciones que
establecía la ley 24.145 que privatizó. Como ya habíamos señalado en Ideas de Izquierda 2, toda la sanata de la desmercantilización de los
recursos petroleros queda cada vez más enterrada en el altar de la supuesta
soberanía hidrocarburífera (que si se consigue, será a costa de entregar Vaca
Muerta en bandeja a las multinacionales, por mucho que YPF S.A. participe del
banquete). Como señalaba hace unos días La mañana, el pacto que se quiere imponer replica el acuerdo con Chevron.
Por supuesto, tampoco de trata de lamentar el meneado "avasallamiento al
federalismo". Como mostraron en las dos décadas de dominio provincial
sobre los recursos, los gobernadores no tienen ningún problema en ser vasallos,
y de ser posible prefieren a las multinacionales que son buenas pagadoras, o a
"nacionales" como Bulgheroni que se pasea por la Patagonia de la mano
de socios chinos y antes británicos.
La clase trabajadora y los sectores
populares tenemos que pelear por la expropiación y estatización sin pago de
todo el complejo petrolero y gasífero, desde la extracción hasta la refinación,
y su puesta a producción bajo control de sus propios trabajadores y con
participación de los habitantes de sectores afectados, como las comunidades
mapuches. Así como por la anulación de todos los acuerdos para la explotación
no convencional y su prohibición. Lo opuesto a esta pelea por ver quién le pone
la última firma al nuevo pacto de dependencia que están creando con los
convenios para extender el fracking.
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