lunes, 9 de junio de 2014

Petróleo y política - Gobernadores e YPF S.A. tironean por administrar un nuevo pacto de vasallaje


En estos momentos estamos asistiendo a un nuevo capítulo de reajustes del régimen petrolero. Desde hace algunos meses el gobierno nacional elaboró un proyecto de reforma a la ley de hidrocarburos, vigente desde 1967. Hoy los gobernadores nucleados en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) se reunieron con la presidenta a discutir la propuesta; hay pautada una nueva reunión el lunes próximo.
Ocurre que la intención del gobierno creó asperezas entre varios gobernadores de provincias petroleras y el gobierno nacional. El motivo de la disputa es que el borrador armado por el gobierno bajo la batuta del CEO de YPF Miguel Galuccio, apunta a restringir sensiblemente los derechos de las provincias sobre los recursos, provincializados en 1992 con la ley 24.145, lo que se reforzó en la reforma constitucional de 1994. Entre otros puntos, el gobierno apunta a fijar un tope a las regalías que pueden recibir las provincias por la explotación de petróleo, fijándolo en 12 por ciento. Esto está por debajo del nivel que tiene en algunas provincias o regiones (hay áreas de Nequén donde llega al 15%). De esta forma YPF S.A. se aseguraría un límite a la parte de la renta que deberá entregar a las provincias. Otro punto clave de esta ley es garantizar concesiones a YPF S.A. por períodos prolongados, para poder negociar con holgura con los posibles socios de la petrolera en la explotación de petróleo no convencional. También se discute el destino de algunas petroleras provinciales, que Galuccio quiere sacar del medio.
Seguramente habrá quienes argumenten que el proyecto del gobierno nacional apunta a garantizar las condiciones para una política de "autoabastecimiento" y "soberanía energética", y que para eso es necesario aumentar las prerrogativas de la petrolera nacional. Sin duda, se trata de aumentar las prerrogativas de YPF S.A. asegurándose por ley lo que de otra forma es necesario negociar trabajosamente con cada uno de los gobernadores. Pero esta búsqueda de puentear a los "gobernas" es para el dudosamente soberano objetivo de poder avanzar más rápidamente en replicar acuerdos como el de Chevron, que es desde el punto de vista de las petroleras extranjeras aún mejor que las condiciones que establecía la ley 24.145 que privatizó. Como ya habíamos señalado en Ideas de Izquierda 2, toda la sanata de la desmercantilización de los recursos petroleros queda cada vez más enterrada en el altar de la supuesta soberanía hidrocarburífera (que si se consigue, será a costa de entregar Vaca Muerta en bandeja a las multinacionales, por mucho que YPF S.A. participe del banquete). Como señalaba hace unos días La mañana, el pacto que se quiere imponer replica el acuerdo con Chevron. Por supuesto, tampoco de trata de lamentar el meneado "avasallamiento al federalismo". Como mostraron en las dos décadas de dominio provincial sobre los recursos, los gobernadores no tienen ningún problema en ser vasallos, y de ser posible prefieren a las multinacionales que son buenas pagadoras, o a "nacionales" como Bulgheroni que se pasea por la Patagonia de la mano de socios chinos y antes británicos.
La clase trabajadora y los sectores populares tenemos que pelear por la expropiación y estatización sin pago de todo el complejo petrolero y gasífero, desde la extracción hasta la refinación, y su puesta a producción bajo control de sus propios trabajadores y con participación de los habitantes de sectores afectados, como las comunidades mapuches. Así como por la anulación de todos los acuerdos para la explotación no convencional y su prohibición. Lo opuesto a esta pelea por ver quién le pone la última firma al nuevo pacto de dependencia que están creando con los convenios para extender el fracking.

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