La ley de abastecimiento rumbo a Diputados

En la jornada de ayer, un maratónico “súpermiércoles”, el Senado aprobó la Ley de Pago Soberano y la Ley de Abastecimiento. Con esta segunda ley el gobierno apunta a tener herramientas para atravesar las turbulencias económicas.

El proyecto, que apunta a una nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, fue aprobado con las modificaciones que incorporó el oficialismo tras el plenario de comisiones y las críticas expresadas allí por sectores empresarios, se vio obligado a incorporar como la exclusión del régimen de sanciones a las pequeñas y a las medianas empresas que no sean formadoras de precios; eliminó las clausuras definitivas como parte de las sanciones previstas en el proyecto inicial.
Además, tipificó las conductas para aplicar las sanciones con el objeto de restringir la criticada discrecionalidad del Ejecutivo; estableció el pago de una compensación "justa y oportuna" en el caso de que la autoridad de Aplicación intervenga en la producción y de ello se origine un perjuicio económico de una empresa, así como se dispuso la preservación de la confidencialidad de los datos empresarios dados a la Autoridad de Aplicación.

Con esta reforma a la ley de Abastecimiento, el gobierno apunta a avanzar en una mayor vigilancia sobre toda la cadena de valor, no sólo en el eslabón final que es el de la comercialización. De sancionarse, le permitiría fijar precios máximos y márgenes de rentabilidad, así como dar continuidad al proceso de producción y comercialización aún contra la voluntad de los empresarios.

El Senado también aprobó esta madrugada un paquete de leyes de defensa del consumidor que postula la creación de un Observatorio de Precios y establece la puesta en marcha de una auditoría de las relaciones de consumo y un fuero federal para resolver los reclamos de los usuarios y consumidores. Ahora continúa su trámite en Diputados.

El proyecto nueva ley de Abastecimiento puso en alerta al empresariado. El Grupo de los Seis, integrado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina anunció que de aprobarse acudirá a la justicia para pedir que se declare su inconstitucionalidad.

Aunque con estos anuncios el gobierno anuncia que estará en condiciones de asegurar mejor acceso de los bienes a precios adecuados para el conjunto de la población, sus antecedentes en materia de precios y regulación resultan poco alentadores sobre las perspectivas de éxito. Tampoco dan pie a los temores que agitan los empresarios.

Sin ir más lejos, los acuerdos de “Precios cuidados” no han servido para frenar la tendencia alcista de los precios y por el contrario han permitido a las grandes marcas y las cadenas de comercio minorista aumentar su cuota de mercado. Y esto no se debe a fallas en la aplicación sino a la estrategia en la que se basan los mismos. En igual sentido, el predecesor del actual Secretario de Comercio Augusto Costa, Guillermo Moreno, hacía gala de gestos duros hacia el empresariado pero realizaba acuerdo con los actores de “posición dominante” que ningún fruto dieron en el objetivo de controlar los precios, pero sí se acompañaron de importantes incentivos a los empresarios involucrados.

Con estos antecedentes, la preocupación que exhiben los industriales tiene un sustento muy débil.