En tiempos recientes, las maneras de medir la conflictividad laboral en la Argentina vienen siendo puestas en debate. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) salió a criticar la metodología del Observatorio del Derecho Social de la CTA y otros similares. La Izquierda Diario, el primer diario digital de la izquierda en la Argentina, publicó hoy la "Declaración de la Red de Observatorios de Conflictividad Social", donde estos responden a las críticas del ministerio.
Pero hay más. Paula Varela, docente de la UBA, Investigadora del CONICET e integrante del comité editorial de Ideas de Izquierda, analiza en la edición de mañana sábado, las contradicciones que se pueden observar en la metodología que aplica el MTEySS. Es la primer parte de un análisis sobre las formas de medir la conflictividad que abordará en su segunda parte la metodología del Observatorio del Derecho Social.
Dime porqué luchas….
¿Qué hay detrás del debate sobre la conflictividad
laboral?
Paula Varela
Docente de la UBA, Investigadora del
CONICET
El 31/08 La Nación publica algunos datos
del último informe sobre empleo del Observatorio del Derecho Social de la CTA (ODS),
con el sugestivo título “Los
gremios oficialistas son los más afectados por el ajuste laboral”. El lunes
01/09 Página 12 responde levantando los últimos datos del Ministerio de Trabajo
y titulando: “Conflictividad
laboral en baja”. Hacia el final de la nota, como quien no quiere la cosa, cita
los datos del ODS y descalifica los “observatorios privados” por carecer de
rigor científico. De este modo, y por primera vez en 8 años, el Ministerio sale
a la ofensiva en una “batalla cultural” por los datos de la conflictividad
laboral en el país. Algunas claves de esa cruzada.
Método:
desde arriba no se ve
Lo primero que hay que decir, como destacan,
en honor a la claridad metodológica, Luis Campos, Julia Campos y Jimena Frankel[1](responsables
del ODS) es que las bases del Ministerio y las del Observatorio no son
conmensurables porque miden cosas distintas[2]. El
Ministerio mide conflictos con paro(cantidad de huelguistas y días caídos) y el
ODS mide conflictos con paro y otras formas de conflictividad laboral como
ocupación, cortes, movilización, etc[3]. Ambas
decisiones metodológicas implican un sesgo (y de hecho, una posición teórica
respecto de qué es el conflicto laboral). La opción del Ministerio de reducir
el relevamiento a los conflictos con paro tiene la virtud de poner al paro como
herramienta privilegiada de los trabajadores asalariados (lo cual es importante
luego de años neoliberales en los que no sólo dejó de medirse la huelga sino
que casi se la declaró una pieza de museo). Pero tiene la debilidad de excluir
del análisis otras formas que son indudablemente parte de la conflictividad de
los trabajadores asalariados. Para ir a hechos concretos, las 9 jornadas de
lucha de los trabajadores de Lear (que nadie serio puede negar su carácter
laboral en la medida en que responden al despido de trabajadores y, sobre
llovido, al intento de desafuero de delegados elegidos hace menos de un año por
el 70% de los votos) quedan fuera de la medición del Ministerio. Para decirlo
brutalmente, para el Ministerio de
Trabajo hoy en Lear no hay conflicto porque ni la carpa que está instalada
en la puerta, ni las denuncias de amenazas y violencia que los delegados
realizan por parte de la patota del SMATA, ni los cortes de la Panamericana
junto con otras organizaciones, ni las marchas al Ministerio (de facto, a la
misma sede donde está el observatorio oficial) cuentan como conflictividad
laboral. Más aún, la actual toma y puesta a producir de la exDonnelley, y las
movilizaciones con las que el 18/09 obtuvieron el reconocimiento del INAES de
la cooperativa Mady-Graf, tampoco computa como conflicto laboral.
Este sesgo no es casual, responde a una
ubicación “institucionalista”(a nivel teórico), y “estatalista” (a nivel político)
respecto de la conflictividad laboral, en la medida en que tiende a sobrevalorar
las protestas con reconocimiento estatal (que pueden acudir al paro con
cobertura legal) y subvaluar todo tipo de protesta de los asalariados que se
desarrolla por fuera de las vías institucionales concertadas entre el Estado, las
cúpulas sindicatos y las empresas. En un contexto en el que, justamente, la
relación entre las bases opositoras organizadas en comisiones internas y las cúpulas
se tensa; y en el que, como el caso del SMATA, la burocracia desnuda su papel
de policía; la negación de otras formas de protesta de los trabajadores (como
cortes, marchas, piquetes o carpas) redunda en distorsión de la realidad. Pero
en el caso del Ministerio de Trabajo, redunda también en cierto cinismo. Porque
es el propio Ministerio el que “ilegaliza” la protesta de los trabajadores opositores
al avalar, por ejemplo, destituciones de delegados truchas como las del SMATA
en LEAR (“en
una cárcel, las votaciones las gana el carcelero” decía una nota publicada
hace poco en este diario). ¿Qué posibilidad tienen delegados destituidos a
punta de despido de impulsar un paro para protestar por los despidos y la
persecución?¿Qué cobertura tienen los trabajadores para realizar ese paro si el
Ministerio acepta, livianamente, la dictadura del SMATA (que es, casualmente,
la de la multinacional Lear)? Ninguna. Entonces, ¿qué hacen? Protestan incansablemente
sin hacer paro (cualquier ciudadano
que acceda a la televisión conoce la incansabilidad de los operarios de Lear).
A eso hay que sumarle un segundo elemento
que hace que la reducción del conflicto laboral al paro tienda a redundar en
una distorción de la realidad: la recesión económica que el propio INDEC
reconoce. En un escenario recesivo, con suspensiones y despidos, la disminución
de los paros (y el aumento de otras formas de conflictividad laboral) suele
deberse justamente al clásico argumento de las cúpulas sindicales de “no
paremos para no darle motivos a la patronal para despedir”. Argumento con el que
se facilita que en el segundo trimestre de 2014 en Argentina haya habido un aumento de la desocupación de 4.2% (en
comparación con el segundo trimestre de 2013, datos INDEC) y argumento que, por
otra parte, el gobierno nacional apoya con la palabra en los discursos y con la
espada en la Panamericana del gendarme Berni. Estos elementos no pueden escapar
(y seguramente no escapan) al análisis de los investigadores del Ministerio.
Pero lamentablemente, están ausentes en sus elaboraciones públicas.
¿Qué
ves?
Ahora bien, lo interesante es que, más allá
de este sesgo estatalista en la medición del Ministerio, los datos producidos
por sus investigadores vienen presentando
una tendencia a la alza de la conflictividad laboral desde 2006 en adelante en
la cual, hasta ahora, no puede probarse que el 2014 sea la excepción. En
2013,esta tendencia mostró un amesetamiento (los niveles de conflictos con paro
fueron casi idénticos al 2012), ante el cual, lamentablemente, el Ministerio
optó por titular su informe anual con la distorsiva frase “La
disminución de la conflictividad laboral en 2013”, título que, cuando se veía
el informe, no era corroborado por los datos porque las variaciones numéricas
daban más bien un sostenimiento de los niveles récord de 2012 y no una reducción. En 2014 aún no tenemos los datos
que permitan observar si esos niveles récord se mantienen, aumentan o decrecen.
Pero sí sabemos, que “la conflictividad laboral en el
primer trimestre se ubicó por encima del promedio registrado para esos meses
entre 2006 y 2013”[4].
¿Qué es lo que bajó, entonces? La conflictividad (siempre con esta medición
reducida a conflicto con paro) entre el primer y el segundo trimestre. Es esa
variación, en un contexto al alza que el propio Ministerio expone, el que suscita
el polémico titular “La conflictividad laboral en baja”.
A esto hay que agregar que los datos del segundo trimestre de 2014 no llegaron
a contabilizar el paro general opositor del 28A ocurrido días antes de la
publicación(o sea, no contabilizó ni el conflicto en sí mismo, ni la cantidad
de huelguistas, ni su influencia en días no trabajados). En
síntesis, el título es más una expresión de deseo y una puesta en escena para
la “batalla cultural”, que un análisis estadístico.
¿Qué es, entonces, lo que quiere ocultar el
Ministerio con titulares más grandilocuentes que descriptivos? Un doble
movimiento que emana de sus propias bases de datos y que puede enriquecerse con
otras bases (como el ODS): la constante alza de la conflictividad desde 2006,
con cambios significativos en relación a quiénes protagonizan los conflictos y
cuáles son sus motivos.Lo que el Ministerio no está diciendo es que estamos observando el pasaje de “los
conflictos del crecimiento” a los “conflictos de la crisis” en un marco de 7
años de aumento de la conflictividad laboral. Es esa combinación, la que el
Ministerio no quiere medir por el simple hecho de que los obliga a (y deberían
hacerlo al menos en honor al rigor científico) a despegarse del discurso
gubernamental que establece que en 2012 se terminaron los conflictos “buenos,
legítimos, genuinos”y comenzaron los conflictos “malos, ilegítimos,
destituyentes”. El intento de establecer en 2013 el punto de inflexión de la
conflictividad laboral pareciera que responde a la búsqueda de acompañar, en
base a datos estadísticos, el discurso gubernamental de deslegitimar los
actuales conflictos laborales. Y con ello, deslegitimar también los reclamos de
los trabajadores y cubrir, “científicamente”, una política gubernamental que da
como resultado, también medible en datos estadísticos, caída de salario real,
caída del empleo y aumento de represión.
El problema al que se enfrentan los
investigadores del Ministerio es que, hacer propio el oportunismo gubernamental
de considerar legítimos los conflictos que los favorecen (y contabilizarlos) e
ilegítimos los que los denuncian (y no contabilizarlos), se da de patadas con
el rigor científico. De allí a decir que los obreros de Lear le hacen el “juego
a la derecha” por defender sus puestos de trabajo, sólo se requiere una brisa. Los
investigadores del Ministerio (que vienen haciendo un trabajo muy útil en estos
años) están ante la disyuntiva de, o bien, tirar todo ese trabajo por la borda
y comenzar un proceso de “INDECización” del que no se vuelve; o bien, continuar
la producción y análisis estadístico y denunciar la manipulación ideológica del
gobierno nacional que transforma lo que hasta ayer era positivo (y digno de ser
medido), en acciones destituyentes (y dignas de ser reprimidas).
En la próxima nota analizaremos los cambios
en la conflictividad laboral que emanan de las bases del Ministerio y del ODS,
en relación a quiénes son los protagonistas y qué piden.
[1] Agradecemos a los responsables del ODS por la entrevista concedida.
[2] También usan fuentes distintas. El Ministerio releva 140medios de
prensa entre nacionales, provinciales y municipales; y el ODS relava los 3
diarios nacionales más importantes (La Nación, Clarín y Página12). Eso hace que
la base del Ministerio sea mucho más completa y mucho más nacional, pero al
mismo tiempo equipara un paro en la Municipalidad de Morteros (Pcia. de
Córdoba), con un paro nacional de la UOM (ambos aparecen como un conflicto con
paro, aunque pueden diferenciarse en cuanto a su cantidad de huelguistas, por
ejemplo). El relevamiento vía diarios nacionales suele destacar los conflictos
más relevantes a nivel nacional, aunque al mismo tiempo tiende a dar más
prioridad a lo que pasa en Buenos Aires (donde está el centro político y
laboral del país; y donde están las redacciones), y subvaluar el interior del
país.
[3]Como señala la Red de Observatorios de Conflictividad Social en su carta
publicada en este diario el 18/09, las unidades de análisis distintas
obligan a un trabajo metodológico para la comparabilidad de las distintas bases.El
el caso del ODS las acciones que son tenidas en cuenta son: declaración de
alerta y movilización; asamblea y reunión; acciones comunicacionales; trabajo a
reglamento/quite de colaboración; paro de actividades; ocupación; actividades
en la vía pública; cortes de ruta; movilización/marcha; acciones legales o
administrativas; piquete de abastecimiento.
[4] Ver Conflictividad
laboral en baja, 01/09/2014, Página12.
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