Como viene haciendo desde
que la Corte Suprema norteamericana avaló su fallo que ordena a la
Argentina pagar a los bonistas “holdout” en cash, el juez Thomas
Griesa volvió hoy a redoblar la presión sobre el gobierno para que
cumpla el fallo. Se negó a reponer el “stay”, que habilitaría
la posibilidad de que se pueda concretar el pago de los bonos
“performing” (que ingresaron a los canjes anteriores) que venció
el pasado 30 de junio, con período de gracia hasta el 30 de julio.
El juez rechazó pronunciarse sobre la situación de los pagos a
bonos nominados en yenes y euros, que también se vieron afectados
por el bloqueo a los fondos que el gobierno depositó en el Bank of
New York (BONY) para afrontar el vencimiento del pasado 30. La
audiencia de hoy estaba convocada por el pedido de Euroclear de
clarificar la situación de estos bonos, ya que los acreedores fuera
de EE.UU. sostienen que Griesa estaría actuando fuera de su
jurisdicción. De no saldarse el pago ya vencido antes del 30 de
julio, estos bonos entrarán en default. Esto significa que se
habilitaría la posibilidad de que los bonistas que entraron al canje
puedan iniciar reclamos por el valor total de los bonos. Pero, como
si se tratase de una mamuschkas, cada fecha límite encierra dentro
de sí un nuevo aplazamiento, hasta un punto futuro donde, con
amenazas cada vez más ominosas, la situación puede sin embargo
retrotraerse al punto de arranque. Después del 30, aunque ya en
default, el gobierno tendría otros 60 días para restablecer la
situación de los bonos.
Griesa dispuso para
mañana nuevos encuentros entre los bonistas y los funcionarios
argentinos. Estos últimos insisten que no pueden alcanzar un acuerdo
con los buitres, ya que se dispararía la llamada claúsula RUFO
(sigla en inglés para Derechos Sobre Futuras Ofertas) establecida en
los bonos canjeados, que les da derecho a participar de cualquier
mejora en las condiciones que se otorgue a algún bonista antes de
enero de 2015. Más allá de la diversidad de interpretaciones sobre
esta claúsula, desde el gobierno sostienen que un arreglo con los
bonistas aún bajo presión judicial la dispararía, pudiendo hacer
que la deuda crezca en hasta 120 mil millones de dólares. Ante esta
amenaza, la estrategia del gobierno oscila entre intentar alcanzar un
acuerdo que se concrete después de enero o, si esto no resulta
posible, ir a un default de los bonos en el extranjero
cargando la responsabilidad sobre la intransigencia de Griesa. Hasta
la semana pasada, los valores de los bonos indicaban que todos los
especuladores confiaban en un acuerdo, pero esto empezó a cambiar.
La hipótesis de default parcial se vuelve más palpable con
el correr de los días. La deuda que en este caso caería en cesación
de pagos sería la emitida fuera de la jurisdicción argentina, en
dólares, yenes y euros. Ante la posibilidad de este escenario,
varios analistas desdramatizan sus posibles consecuencias señalando
que hoy la deuda en moneda extranjera tiene un peso muy menor que en
otras épocas, representando apenas el equivalente a un 15,1% del
Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, sería un disparo en las
piernas para la estrategia que tiene trazada el gobierno de volver a
los mercados y estimular la entrada de capitales.
El swap con China, los
acuerdos con los BRICS, y un default parcial, podrían ser configurar
un plan B ante la dureza de Griesa y los bonistas buitres, para
establecer un plan de contingencia ante el temor de la claúsula
RUFO. Podrían aderezarse con discursos sobre la “herencia” de
las cláusulas noventistas que cedieron soberanía judicial en favor
de las cortes neoyorquinas. Sin embargo, por mucho esfuerzo que hagan
para presentarlo como un ataque a un gobierno que parece defender una
postura soberana, un eventual default parcial no sería más que la
vía para escapar de una encerrona en la que el gobierno está por
decisiones políticas de este mismo período. Si Griesa y sus
favorecidos tienen poder de daño, es porque no sólo se otorgó
soberanía extranjera en la emisión de bonos de los '90 y en los
canjes sucesivos. Se volvió a hacer en las reestructuraciones de
tiempos kirchneristas, en 2005 y en 2010, espoleados por la necesidad
de asegurarse buenos niveles de aceptación para mostrar éxito en el
canje. Dudoso “éxito”, que llevó a que la economía argentina
volvió a ser desfalcada anualmente por los pagos a los
especuladores, bien aderezados con obsequiosos cupones atados al
crecimiento de la economía. El gobierno “nac & pop”, que
ilusionó con que podría salirse del problema de la deuda pagando
“serialmente”, se encuentra acorralado por las cortes como
producto de sus propias decisiones, para peor en un momento en que el
Banco Central se muestra escaso de dividas, a consecuencia de los
pagos serial de deuda, de una formidable fuga de capitales y del
déficit energético. La nueva encrucijada pone en evidencia que, en
las antípodas de la estrategia del gobierno y de todos los partidos
patronales, la única salida al problema de la deuda es el no pago,
como parte de un programa de conjunto para cortar con la expoliación
de todos los buitres, como desarrollamos en Ideas de izquierda 11.
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