A comienzos de este año, señalábamos que el giro dado por el gobierno de Cristina Fernández en enero, al imponer el mayor ajuste cambiario desde 2002 signaba “de forma irreversible, la entrada en una nueva dinámica”. La del ajuste a un ritmo más acelerado. Más acelerado, decimos, porque en los hechos después de las elecciones de 2011 se decretó el fin del tan mentado “nunca menos”, y comenzaron las primeras medidas de ajuste. Pero la devaluación marcó un salto. Le dio un nuevo empujón a la inflación, que ya se había acelerado de forma considerable a fines de 2013, y en unos pocos meses (de noviembre a marzo) el poder adquisitivo del salario cayó más de 15%. El ajuste cambiario fue seguido por una política monetaria restrictiva que subió las tasas de interés y restringió la liquidez para contener al dólar, con la consecuencia de encarecer significativamente el crédito al consumo -con tasas que llegan al 80%- y reducir (o cortar, según el tipo de bienes) su disponibilidad. Se trató de un zarpazo en toda la línea, el mayor de la época kirchnerista, contra los ingresos de los asalariados y el nivel de vida de todos los sectores populares. Y al mismo produjo un regalo a los bancos, que en el primer trimestre de este año llegaron en algunos casos a cuadriplicar sus ganancias respecto de igual período del año anterior.
Cuatro meses después, se confirma que hemos entrado en una nueva dinámica. Veamos.
Una estabilización “macro” provisional y limitada
La situación que se está configurando, se alejó en lo inmediato de los pronósticos de descalabro de la economía que circulaban durante los primeros meses del año. A fuerza de ajuste ortodoxo, el tándem Kicillof (Ministro de Economía) y Fábrega (Presidente del Banco Central, BCRA) logró estabilizar la situación. La devaluación, seguida por una política monetaria restrictiva (es decir un combo de ajuste ortodoxo por ambos lados) para incentivar el ahorro en pesos y frenar la fuga al dólar; el posterior blanqueo de la inflación con el nuevo IPCNu (aunque también el achicamiento del crecimiento que los libró del cupón de crecimiento a fin de año) y el acomodamiento en una pauta de negociaciones salariales que supera el objetivo que se había puesto el gobierno a comienzos de año (18%) pero que va a dejar los salarios por debajo de la devaluación acumulada desde fines de 2013, y de la suba proyectada de precios para este año, lograron estabilizar la macroeconomía por un período (dependiendo cuánto dure de si planchan la moneda o no, del nivel de inflación y de los dólares que entren por el comercio exterior). Las patronales siempre propensas a reclamar por la “competitividad” se vieron beneficiadas por una devaluación que hizo caer el costo salarial en dólares, y el “agropower” logró un tipo de cambio favorable para liquidar los dólares amasados por la cosecha. Esto puso un freno a la fuga de dólares, que se llevó 13 mil millones de dólares en 2013 a pesar del cepo cambiario.
Los esfuerzos mostrados en la negociación con el Club de París para restablecer un cronograma de pago de estas deudas con acreedores de los países ricos, la circunspecta presencia de Kicillof en la reunión del FMI, y el acuerdo con Repsol para pagar generosamente la compra del 51% de las acciones de YPF, empezaron a despejar alguna posibilidad de emisión de deuda pública en el exterior. Se comprende, con tasas por el piso en los países ricos, los grandes bancos internacionales desesperan por hacer negocios con un país al que le pueden cobrar arriba de 8%. Por lo pronto avanzaron emisiones de deuda de YPF, así como hay ofertas para préstamos a tasas que rondan el 6% al BCRA, para ampliar la cobertura de dólares (es decir, no sería un financiamiento al tesoro del Estado argentino sino una especie de “swap”, que cubre al BCRA para sostener la política monetaria), en ambos casos a tasas altas en términos internacionales, pero mejores que hace un tiempo. La estabilización también despejó, al desinflar el mercado cambiario paralelo, algunos obstáculos que limitaban la extensión del acuerdo Chevron a otras empresas, como era la necesidad de hacer mecanismos para compensar la "pérdida" de las multinacionales por entrar en dólar legal en vez de blue. Al acuerdo con Dow anunciado en septiembre pasado, se sumó otro con la malaya Petronas, así como un nuevo desembolso conjunto de YPF y Chevron por 1.600 millones de dólares. Estos negocios petroleros representan el ingreso de al menos 2 mil millones de dólares para este año.
Todo esto contribuyó a descomprimir el faltante de dólares, tanto por el lado de frenar la salida como de alimentar la entrada, relajando entonces la “restricción externa” (sobre esta restricción en la economía argentina ver aquí). Pero aunque esto alejó por el momento los riesgos de una crisis externa (es decir de un escenario donde el tipo de cambio nuevamente se vuelva inmanejable, con nuevo salto del blue e incluso riesgo del sistema financiero), la inflación que sigue a paso firme, y la baja de la tasa de interés que está encarando ahora el BCRA para tratar de restablecer las condiciones de crédito, dejan el interrogante de cuánto tiempo duraran estas condiciones. A esto se agrega otra inquietud, imprevista hace unos meses, que es el deterioro agudo del balance comercial. Llamativamente el Indec acaba de ajustarlo a la baja para el año 2013, pasando de u$s 9.024 millones a u$s 8.004 millones. Pero lo más alarmante es que las habituales discrepancias con los registros de Intercambio Comercial Argentino (ICA) son mucho mayores que en otros años, y llevaron a ajustar las estimaciones privadas para 2013 a un superávit virtualmente nulo (ver acá). Para este año, se redefinieron los pronósticos y se espera un superávit comercial de u$s 5 mil millones. El saldo externo favorable observado desde 2002 ha sido clave para fortalecer las reservas del BCRA, que se fueron volviendo cada vez más importantes para la política económica a medida que otras patas del llamado “modelo”, como el superávit fiscal o la competitividad lograda en 2002 con la megadevaluación, se deterioraban. Como explicábamos en Ideas de Izquierda 7: “El hecho de que el BCRA tuviera un nivel elevado de reservas, contribuyó durante los últimos años de diversas formas a sostener el esquema de financiamiento imprescindible para afrontar un gasto público en aumento”, entre otras cosas porque permitió que una parte de las reservas fuera usada para pagar deuda pública externa, sin contrapartida de mayor endeudamiento del Tesoro (el Fondo del Bicentenario). Para que nos demos una idea, los vencimientos de deuda del Gobierno nacional que se pagaron con reservas ascienden a u$s 27.500 millones entre 2010 y 2013. Las alarmas sonaron en 2011 sólo porque los dólares de la soja (y otros granos) ya no alcanzaban para sostener el déficit industrial, el déficit energético, los pagos de la deuda, las remesas de capitales y la lisa y llana fuga de dólares. Ese año fue el primero de la década kirchnerista donde el año concluyó con una caída en las reservas en manos del Banco Central.
El superávit comercial previsto para este año está un poco por encima de los vencimientos de deuda pública de este año (3.200 millones de dólares) en caso de que efectivamente no haya pago de cupón de PBI como se prevé por el momento (sino la cifra podría trepar a 6 mil millones de dólares, es decir que el superávit comercial del año no llegaría siquiera a cubrir esto). Considerando que la salida de dólares se enlenteció pero no se frenó del todo, es probable que el año termine nuevamente con caída de reservas. 2015 luce más complicado, ya que los vencimientos ascenderán a 9 mil millones de dólares.
Por eso, aunque en lo inmediato el ajuste cambiario y la política monetaria ortodoxa contribuyeron a estabilizar la situación, el deterioro comercial es otro síntoma de que esto podría durar poco.
La hora de la recesión
La “estabilización” –con los límites que señalamos más arriba- ha sido lograda a costa de un ajuste que golpeó una economía que ya mostraba múltiples señales de deterioro. La devaluación agravó un escenario complicado, empujando en lo inmediato a la economía hacia la recesión. La economía, que venía ya de dos años (2012 y 2013) muy bajo crecimiento (que ahora el ajuste de los números oficiales del PBI confirma), ingresó técnicamente en recesión, ya que se registraron dos trimestres consecutivos de contracción de la economía. Los pronósticos para el año prevén una contracción económica de entre 0,5% y 1,5%. Con una inflación que difícilmente termine el año por debajo de 35%, y acuerdos salariales que salvo excepciones estuvieron por debajo del 30%, la política oficial se orienta hacia una profundización del deterioro del salario real (que en promedio había terminado con una ligera caída en 2013, que en varios gremios, con los convenios salariales negociados por debajo del promedio, fue en realidad un deterioro bastante más marcado).
Uno de los sectores que muestra mayores complicaciones es la industria automotriz. Esta acusa una caída acumulada de la producción de 18% en los primeros cuatro meses del año, y una disminución de las ventas locales del 30% y del 18,6% de las exportaciones en igual período. Por ahora el deterioro se está acelerando, ya que sólo el mes de abril la caída en las ventas mayoristas fue de 40% respecto de igual mes del año anterior. Como señalamos acá, las automotrices han aprovechado las formidables ventajas en flexibilidad que les otorgan las cláusulas de flexibilidad perfeccionadas en cada convenio (por rama y por empresa) durante la última década para ajustar just in time el trabajo, anunciando en unas pocas semanas una seguidilla de suspensiones que afecta a 12 mil trabajadores. Esto evidencia cómo, aún los sectores mejor pagos de la clase trabajadora argentina, y que lograron participar en cierto modo del “derrame” que no bajó a los escalones donde se encuentra el grueso de los asalariados del país, se encuentran hoy ampliamente flexibilizados. Esta dimensión de la precariedad que se invisibiliza en tiempos de crecimiento, se pone en evidencia apenas emerge la crisis. Estamos empezando a ver reminiscencias de lo que fue 2009. Pero promete ser mucho peor, y es necesario responder a la medida del ataque que se viene.
La profundidad de la caída tiene numerosos efectos expansivos sobre el resto de la industria. Las terminales representan el 6,5% del PBI industrial y el 7,2% del empleo en forma directa. Aún con la limitada integración de componentes locales en los vehículos (30/35%), más de 400 empresas autopartistas se mueven al vaivén de lo que ocurre con la producción automotriz. El 55% de su facturación está compuesto por ventas a las terminales locales. Otro 15% se dirige a Brasil, donde las automotrices también están aplicando suspensiones. La onda expansiva del parate automotriz continúan, a través de sus proveedores, hacia un importante número de metalúrgicas, fundidoras y proveedores de insumos básicos como acero, aluminio, vidrios, químicos y plásticos. Esto significa sectores que implican que no menos del 14% del PBI industrial (3% del PBI total nacional). Según estimaciones de Dante Sica de Abeceb, por cada puesto de trabajo generado en una terminal automotriz, se crean otros 3,7 empleos en empresas eslabonadas en la cadena de producción, distribución y comercialización. Es decir que la crisis automotriz afecta a una buena parte de los más de 165 mil empleos involucrados en la cadena. Ante esto las patronales se aprestan a descargar sobre los trabajadores el peso de la crisis. Ni lerdos ni perezosos, las patronales autopartistas ya iniciaron despidos, como observamos en Gestamp.
¿Cuáles son los motivos de esta caída? En la industria automotriz el gobierno pretende explicarla centralmente por la caída de Brasil. Pero aunque las exportaciones cayeron fuerte, mucho más lo hicieron las ventas locales. También están cayendo fuerte otras ramas de la industria muy vinculadas al desenvolvimiento del mercado local. De conjunto la actividad industrial de marzo de 2014 muestra disminuciones del 6% en términos desestacionalizados. La producción de cemento registra en marzo una caída del 4,8% en comparación con igual mes de 2013; en el primer trimestre de 2014 en comparación con el mismo período del año anterior la producción de cemento presenta una disminución del 0,8. Alimentos y bebidas cayó en marzo 0,4 respecto de igual mes del año anterior, y acumula en el año una caída de 0,6 respecto de igual período del año previo). Mientras tanto, firmas como Aluar que exporta un 70% de la producción, presentaron balances con ganancias que crecieron un 115% en nueve meses.
En este contexto, durante la segunda parte del año podría haber, en el mejor de los casos, alguna reversión parcial del deterioro. Hasta marzo el consumo agregado acumulaba en el año una caída del 0,6, mientras que el crédito al consumo registraba una caída de 6,1%.
Después de paritarias y la liquidación de la soja puede haber algún impulso a la demanda, aunque limitado porque la tendencia a la destrucción del empleo no da signos de detenerse. las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicadas para el primer trimestre, que reflejan una merma interanual del 1,2 por ciento en la cantidad de obreros en la industria manufacturera. La encuesta industrial del Indec indica que el 3,2% por ciento de los empresarios fabriles prevé una baja en el número de empleados para los próximos meses, así como también estiman reducir la cantidad de horas trabajadas. Según la encuesta reciente de la consultora SEL, sobre 140 grandes empresas, un 15% espera disminuir su personal en 2014, cifra que casi duplica la relevada el año pasado, cuando sólo el 8 por ciento preveía despidos. El estudio señala que “esta expectativa se agudiza en el sector de bienes durables, donde la proporción de empresas que espera disminuciones se duplica, llegando a un 30 por ciento”. En contraposición, el 19 por ciento espera aumentos, 4 puntos por debajo de igual período del año anterior. Según el mismo estudio, el 26 por ciento de las empresas líderes redujo las contrataciones estacionales. Alineado a lo anterior, el 21 por ciento ya ha eliminado la contratación de personal temporario, cifra que asciende al 24 entre las compañías de bienes durables y consumo masivo.
Un programa para frenar el ataque
Ante este cuadro de deterioro, que ya está golpeando sobre la clase trabajadora, desde usinas afines al oficialismo depositan confianza en las herramientas del gobierno para contener los efectos sobre los ingresos de los trabajadores y sectores populares. Mencionan en Programa de Recuperación Productiva (RePRo), implementado en 2008 ante la caída de la economía que causó la crisis mundial. Algunos llegan tan lejos como para afirmar que el anuncio de 40% de aumento para la AUH y para las asignaciones familiares (que analizamos acá) desmiente el rumbo del ajuste.
Pero este aumento es por sí sólo un reconocimiento del ajuste aplicado sobre los ingresos de la clase trabajadora, de los sectores público y privado, que en ningún caso tuvieron una recomposición nominal del ingreso equivalente. Si la AUH le empata le gana por poco a la inflación (no así a los aumentos de precios de alimentos, que alcanzan a 40% desde junio último, cuando había sido el anterior aumento de la asignación), los salarios pierden por goleada.
Ante el déficit fiscal, y las limitaciones para financiarlo, el gobierno no puede actuar para contrapesar la caída económica. Al contrario, está obligado a actuar para profundizarla. A diferencia de otros ajustes devaluatorios (como 2002) que permitieron ajustar gastos en relación a los ingresos, mejorando la situación fiscal, ahora ocurrió todo lo contrario. La devaluación no hizo más que agravar las dificultades, entre otras cosas porque agravó el costo de las importaciones de combustible. Como consecuencia de esto, los aumentos de tarifas de servicios públicos y del transporte trasladan a los precios una parte de los subsidios, pero esto no permite reducirlos sino sólo limitar su crecimiento. Salvo que ensayen a fondo la vuelta a los mercados, o que aceleren el financiamiento a través de la emisión monetaria (que el actual jefe del BCRA no parece dispuesto a convalidar), el ajuste fiscal debe continuar a paso firme, ya que no hay margen para continuar con los mecanismos de financiamiento ensayados en los últimos años (a través de ANSES y el BCRA). Por eso se encuentra limitada la capacidad de empujar la economía con gasto público. A la inversa, la devaluación y la reducción de subsidios, así como el encarecimiento del crédito son un combo de ajuste sobre la economía. La estabilización provisional (que podrá extenderse a cosa de más devaluación -es decir más ajuste- y endeudamiento externo) lograda a fuerza de medidas ortodoxas, está permitiendo dosificar los ritmos, no cambiar la tendencia.
Toda la burguesía y los partidos patronales acompañan las medidas de ajuste. Aunque desde sectores opositores y El Foro de Convergencia Empresaria expresen la intención de lograr medidas más decididas, y sobre todo, aspiren a desmontar mecanismos de intervención en la economía aplicados durante estos años que, aunque aplicados en función de sostener la reproducción del capitalismo nacional, cuentan con el rechazo de sectores empresarios. Pero no hay diferencias en un punto fundamental: que sean los trabajadores los que paguen los costos de la crisis. El gobierno, que al mismo tiempo que puso techos a los salarios por debajo de la inflación se resiste a mover el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y trata de “privilegiados” a los sectores sindicalizados, pretende que todo esto es para sostener los ingresos de los sectores más bajos. Puro verso: el ajuste pega de lleno sobre estos sectores, ya que, por fuera de la percepción de la asignación con fondos del Estado, buena parte de los ingresos en estos sectores provienen de un empleo, en condiciones no registradas (en “negro”), en los sectores como la construcción que están entre los que más caen (construcción cayó 6% en marzo). Como planteamos en Ideas de izquierda 5, las condiciones de precarización de la fuerza de trabajo, que son las principales responsables del bajo piso de ingresos. Al cabo de una supuesta década “ganada”, el 50% percibe ingresos de hasta $4.040, y el 70% está por debajo de los $6.000. Suena a broma presentar ahora, como medida contra el trabajo no registrado, después de 10 años en el poder, un proyecto de blanqueo de inspiración cavallista, con la modesta aspiración de bajar un 10% el empleo no registrado (es decir que pase de 34% a 28% de la Población Económicamente Activa). En abril, el mismo mes en que se anunciaban estas medidas,las contribuciones a la seguridad social crecieron un 19,4% interanual, la mitad del aumento general que registró la recaudación. Es decir bastante menos que la inflación estimada. Dado que el desempleo no se disparó y que los despidos todavía son puntuales, eso implica que hay empresas que dejaron de pagar los aportes por sus empleados o que empezaron a “negrear” ante el enfriamiento de la economía. El plan de “blanqueo” nace fallado por la crisis, que potencia la inclinación negrera de la burguesía argentina.
Los verdaderos “privilegiados”, en la Argentina del ajuste ortodoxo llevado a cabo puntillosamente por heterodoxos, son los sectores empresarios, si juzgamos por la última presentación de balances de las empresas cotizantes, con crecimientos de los beneficios de hasta 400% en el caso de algunos bancos.
Con el 10A, la clase trabajadora hizo visible su fuerza en la calle. También se puso en evidencia la presencia de la izquierda en sectores estratégicos, como es la zona norte del Gran Buenos Aires donde se encuentran algunas de las principales concentraciones fabriles del país. En numerosas fábricas los sectores clasistas arrebataron muchas de las organizaciones (centralmente Comisiones Internas) de manos de la burocracia sindical. También contamos con el avance político que representa la conquista de diputados, legisladores y concejales de los trabajadores con el Frente de Izquierda. Con esta fuerza los trabajadores podemos evitar pagar los costos de esta nueva crisis (como pasó con el fin del Gobierno de Alfonsín o el de Menem y la Alianza). Tenemos la fuerza para articular una alianza con los sectores populares, resistir este ajuste e imponer una salida opuesta. Es mentira que no queda otra que aceptar las “reglas” del ajuste, es decir, las de los que la “juntaron con pala”. Atacando sus millonarias ganancias, hay una salida a favor de los trabajadores y el pueblo.
Para imponerla, lo primero es terminar con la tregua que, después del 10A, impulsan los sectores opositores de la burocracia sindical. Hay que imponer un paro nacional de 36 horas con movilización y piquetes. Rodear de solidaridad todas las luchas, pelear por la prohibición de todas las suspensiones y despidos, y por la reapertura de todas las paritarias para imponer “cláusulas gatillo” para ajustar los salarios ante la inflación. Reparto de las horas de trabajo manteniendo el salario. Abajo la precarización laboral. Pase a planta y a mejor convenio.
La clase trabajadora puede presentar una alternativa al ajuste. Hay que expropiar a los bancos y crear una banca estatal única controlada por los trabajadores que termine con los usureros. Se debe confiscar a las comercializadoras de granos e imponer el monopolio estatal del comercio exterior, hay que decidir qué se exporta y qué se deja introducir como importaciones de acuerdo a las necesidades populares, y con precios accesibles y no de acuerdo a la ganancia de las multinacionales. Hay que desconocer la deuda usuraria, que ya se pagó más de treinta veces, e imponer que los empresarios retornen los dólares que tienen en el exterior (calculados en 210 mil millones). Si se niegan, hay que expropiar sus bienes en el país. Todas las privatizadas demostraron que utilizaron los subsidios para su rentabilidad, sin inversión (los permanentes cortes de luz fueron la muestra reciente): hay que estatizarlos y ponerlos a funcionar bajo control de los trabajadores.
Estas son demandas de un plan de emergencia que muestran que hay otra salida, pero que no vendrá ni de este Gobierno que se arrodilla ante el capital ni de la oposición patronal. Solo la movilización obrera y popular puede ir conquistando estas demandas y un Gobierno de los trabajadores puede imponer este programa de conjunto. Para que la crisis la paguen los empresarios.
Los Encuentros regionales como el que se prepara para el 24 de mayo en la Zona norte del Gran Buenos Aires, tienen como desafío impedir el avance de las suspensiones y despidos, así como rechazar la ley antipiquetes, la represión a los que luchan y tomar medidas para seguir exigiendo la absolución ya a los petroleros de Las Heras.
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