Va el artículo publicado en La verdad obrera nº 417, retomando la cuestión de la deuda pública.

MAS SE PAGA, MAS SE DEBE

Los mitos del desendeudamiento K

Fecha: Jueves 10 de marzo de 2011

La semana pasada, el gobierno nacional volvió a hacer uso de las reservas de dólares del Banco Central para pagar compromisos de deuda pública con organismos internacionales. En el decreto 276, que instrumentó dicho uso para las reservas, no se perdió oportunidad de indicar que “el Gobierno se encuentra atravesando un proceso de desendeudamiento externo”, que este uso de las reservas no haría más que profundizar. Sin embargo, una lectura atenta de la situación actual de la deuda pública desmiente categóricamente esta idea de que se está reduciendo la carga de la deuda.

La deuda no para de crecer...

Si hoy consideramos la deuda pública total (160.890 millones de dólares), esta equivale al 47% del PBI. Es decir, casi la mitad de lo producido anualmente. Esta es la misma proporción que tenía en 2001, es decir cuando el país entró en crisis aguda, entre otros motivos por la imposibilidad de sostener los pagos de la deuda. A pesar de que durante ambos gobiernos kirchneristas se pagó generosamente a los acreedores (tanto a los organismos financieros internacionales como a los bonistas) la deuda no ha hecho más que aumentar. Aunque la renegociación que se hizo en 2005 luego de años de default se dio con quitas que redujeron el monto de la deuda, si miramos su monto en 2001 y su monto actual, tuvo un crecimiento nominal del 11% entre 2001 y 2010.

Por qué sigue aumentando la deuda

Un factor muy importante para explicar el aumento de la deuda, son las condiciones en las cuáles se canjearon bonos en 2005, y nuevamente el año pasado. Los mismos ajustan por inflación según el CER (además de que se conceden cupones por el crecimiento de la economía). Como resultado de esta generosa concesión a los bonistas, que se hizo para garantizar un buen negocio con el canje a pesar de la quita nominal, el kirchnerismo ha presentado luego como un acto “contra los usureros” la manipulación de los datos de inflación elaborados por el Indec. Aunque en realidad la motivación inicial de las manipulaciones estadísticas estaba en ocultar el creciente costo de vida, con sus consecuencias sobre los reclamos salariales, es cierto que si el IPC hubiera reflejado la inflación real esto habría aumentado en otros u$s 33 mil millones el peso de la deuda. Pero esto no hace más que poner en evidencia que el resultado inevitable de la salida del default era una nueva explosión de la deuda pública, a pesar de la quita del 66%. Ya de por sí con quita igual era negocio, ya que la mayoría de los bonos habían sido comprados luego del default por bancos y otros inversores a precios bajísimos; pero el gobierno endulzó la oferta con la indexación y los cupones por crecimiento económico. Querer rehuir de las consecuencias de estas concesiones a los bonistas liquidando el índice de precios cuando de lo que se trataba era de rechazar cualquier renegociación de la deuda, no puede presentarse como un acto “patriótico”.

A esto se agrega, desde 2006 de manera cada vez más profunda, la emisión de nueva deuda para hacer frente al achicamiento del superávit fiscal. El aumento del gasto fiscal, y el peso que empezaron a tener los pagos de la deuda renegociada en el presupuesto nacional, fueron reduciendo el resultado fiscal positivo. Este maquillaje, que incluyó meter el superávit de la ANSES como parte de los recursos del tesoro nacional, y apelar a las ganancias del Banco Central por la depreciación del tipo de cambio y otras medidas similares, han ido creando nuevas obligaciones. Además, el gobierno ha ampliado la colocación de títulos de deuda en distintos organismos públicos, entre ellos ANSES y PAMI, además del Banco Nación.

Dilapidación de recursos

El gobierno cuenta con la ventaja de que la deuda en poder del sector privado (neta de organismos internacionales, ANSES y BCRA) es apenas 18% del PIB. El equivalente al 29% del PBI, es decir el 62% de la deuda total, está hoy en manos del sector público. El riesgo de ingresar en una situación crítica como la de 2001, u otras similares vividas en décadas anteriores es entonces bastante reducido.

Sin embargo, el marasmo creado por la deuda y el déficit creciente, y los esfuerzos para maquillarlo, comprometen anualmente casi un 25% de los recursos presupuestarios. Aunque gran parte se resuelva intra sector público, se trata de un desvío de recursos, sacrificados en el altar de “los mercados”.

Con los recursos que se destinan a pagar la deuda, podrían cubrirse en poco tiempo los problemas habitacionales que aquejan a millones de personas, una de los cuestiones más acuciantes para los sectores más pobres. Hoy el pago solamente de intereses de la deuda, sin contar los pagos de capital, representa diez veces lo gastado por el gobierno nacional en viviendas y urbanización. Como se, el tope de la jerarquía para la política del gobierno “nacional y popular” está en los malabares financieros y no en las necesidades de los trabajadores y el pueblo.

No pagar la deuda

La deuda está lejos de haber dejado de ser un problema, como afirman el gobierno y los medios “progres” oficialistas. El drenaje de recursos por pagos de capital e intereses sigue siendo el principal gasto del Estado, y a pesar de eso la deuda aumenta desmintiendo el planteo de que el kirchnerismo habría logrado el “desendeudamiento”.

Lejos de las renegociaciones o las manipulaciones estadísticas presentadas como “patrióticas” con la justificación de que evitan que aumente la deuda, es necesario imponer el no pago de la misma mediante la movilización obrera y popular. De esta forma, podrá imponerse el uso de los millones de dólares que anualmente van a las arcas de los bonistas u organismos financieros, o son bloqueados por los pases contables intra estados, puedan usarse para responder a las necesidades más acuciantes de los trabajadores y el pueblo, empezando por un plan de viviendas populares y obras públicas que de trabajo a millones pagando un salario que cubra la canasta familiar, y permita el acceso a viviendas a los sectores más postergados.

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