Inflación: Moreno y Boudou le abren el camino a los ultraliberales

Moreno viene consechando importantes éxitos en su última receta para "combartir" la inflación: multar a las consultoras. Economía & regiones anunció que dejará de difundir sus propias estimaciones de inflación para evitar las multas. La amenaza de las multas viene acompañada de la presion sobre los clientes de las consultoras, para que dejen de contratar sus servicios. Considerando este ataque en dos frentes, es muy probable que los que varias otras consultoras sigan el camino de ésta.



Con la intervención del Indec y la ostentos adulteración de los datos del IPC, el gobierno creo un próspero nicho de mercado para la iniciativa privada: la elaboración y difusion de estimaciones de inflación. En el medio, todo tipo de tránsfugas han tenido la posiblidad de salir a difundir todo tipo de cálculos, muchos de ellos elaborados con dudosa metodología. Incluso, producto de los desplazamientos en el Indec, un personaje oscuro de la UBA como Nicolás Salvatore (recientemente licenciado de su cátedra y su cargo en el departamento de economía por comportamiento machista y misógino y maltrado a los estudiantes) pudo contar con los servicios de Graciela Bevacqua, directora del Indec en el momento de su intervención, para la elaboración del índice IPC City, elaborado por su consultora, Buenos Aires City. La credibilidad del índice queda seriamente comprometida por lo publicado en su página de Facebook (nunca desmentido): "Brindo por Phi (inflación esperada) esperado!! Y no solo brindo, me voy a encargar, como todos los meses, de que Phi esperado sea alto, muy alto, recontra alto". Un desbarranque de sinceridad, que le da changüì al gobierno y sus escribas a sueldo para seguir sosteniendo que la "sensación de inflación" es algo creado por Clarín y La nación.

Lo cierto es que más allá de las chapucerías que ha permitido el comercio de las cifras para el cual el gobierno dio vía libre destruyendo la credibilidad del Indec, con los elementos disponibles (el llamado IPC-7 provincias que al menos hasta hoy arman varias consultoras con las provincias que no adoptaron su "metodología" a la del Indec, la relación entre la recaudación de IVA del y el crecimiento, la expansión monetaria), se puede arribar a una certeza mínima: la suba anual de precios, léase la inflación, no baja del 25%. Y probablemente, se acerca más a 30%. Aunque Moreno sigue imponiendo algunos controles de precios, por cada precio regulado hay decenas que suben impunemente, y por eso reforzó sus energías hacia las mediciones que aún no han disfrutado el privilegio de su intervención.

Mientras tanto, la inflación cobra cada año una inercia más fuerte y se vuelve una cuestión más difícil de controlar. Mientras los asalariados del sector privado registrado logran -con muchas desigualdades entre los gremios- sobreponerse a la erosión del bolsillo gracias a las negociaciones anuales y algunas sumas puntuales una o dos veces al año, los trabajadores precarios, los desocupados y los estatales, acusan los golpes más severos. La política del gobierno "nacional y popular" descarga sobre estos sectores los costos más severos del "crecimiento con inclusión", mientras destina casi $ 50 mil millones a subsidiar distintos sectores empresarios, pagando con el solo motivo de que los empresarios tengan una ganancia, mientras que estas empresas podrían pasar directamente a ser gestionados por sus trabajadores.

Seguramente el gobierno no está demasiado preocupado por el problema de la inflación, porque mientras sus consecuencias caen sobre los trabajadores, los aumentos de precios mejoran la recaudación fiscal, mientras que achican el gasto público en términos reales. De esta forma, el gobierno realiza el ajuste inflacionario, que le libera fondos para gastar en otros lados.

Frente a los esfuerzos del gobierno por negar el problema, con el resultado probable de seguir agravando el problema, es previsible la recuperación de credibilidad y el fortalecimiento de las recetas de los ortodoxos neoliberales, que quieren vender el verso de que podrían bajar la inflación sin costos. Esto ha salido a plantear Sturzenegger, el macrista presidente del Banco Ciudad. Insistiendo con el ridículo planteo monetarista, de que es la emisión monetaria lo que explica la inflación, este sostiene que un gobierno confiable, que evitara los desbordes monetarios podría bajar la inflación fácilmente. Todo muy lindo, pero la inflación en la Argentina no responde centralmente a cuestiones monetarias, sino a ajustes de precios y salarios que expresan una inercia de ajuste pos devaluación acumulado por años, y la puja distributiva entre los asalariados que buscan recomponer sus ingresos y los empresarios que buscan defender elevados márgenes de ganancia. Estamos ante lo que queda mejor caracterizado por la noción de inflación estructural. La mayor emisión del BCRA, responde a la necesidad de que haya una masa creciente de dinero para acompañar el crecimiento de la actividad y por ende de las ventas en términos físicos, y sus mayores precios.
En este contexto, la propuesta de bajar la emisión monetaria, no haría más que dejar de validar en términos de oferta monetaria la mayor demanda de liquidez. Esta restricción implicaría seguramente una traba para el desenvolvimiento de las operaciones, además de mayores costos financieros. Conclusión, seguramente traerá el "enfriamiento" que hace años piden los ultra liberales, a costa de varios miles de puestos de trabajo. Esto será "sin costos", para los amigos empresarios y banqueros de Sturzenegger, pero no para los trabajadores.

Entre el ajuste inflacionario del gobierno y el ajuste ortodoxo propuesto por sectores de la banca y empresarios, los trabajadores deben imponer su propio programa contra la inflación.

Como tareas inmediatas para enfrentar la inflación, es necesario imponer un verdadero control sobre la producción y comercialización por parte de los trabajadores y el pueblo pobre para evitar los manejos discrecionales de los capitalistas sobre los precios. Sólo la movilización de todo el pueblo trabajador para controlar los precios en los supermercados y la exigencia de los trabajadores para la apertura de los libros de los capitalistas para que se hagan públicas sus fabulosas ganancias pueden, efectivamente enfrentar la acción de los empresarios que suben los precios.

Estas medidas, junto con la imposición de la “cláusula gatillo” -que los salarios se ajusten cada vez que aumentan los precios- y un ingreso para todos los desocupados acorde a la canasta familiar ajustado por la inflación, son las únicas medidas que permitirán enfrentar la suba del costo de vida.