jueves, 11 de septiembre de 2014

Informe sobre la industria azucarera y la lucha de clases en los ingenios del Noroeste Argentino (2008-2014)

A continuación publicamos el informe sobre ingenios azucareros del NOA elaborado por Emiliano Trodler. El mismo aborda las transformaciones recientes en el sector, la relación entre salarios y ganancias, y los usos que ha tenido la denunciada "crisis" en el sector, el alcanze de la cual queda relativizada por el análisis presentado. El informe se continua con un análisis de los procesos de lucha reciente en los ingenios del NOA.



Introducción

Durante el año 2013 la caída en los precios del azúcar ha sido motivo de una furibunda campaña en defensa de la rentabilidad empresaria. A la cabeza de esta campaña estuvieron cañeros e industriales, legisladores del PJ, la UCR, PRO, y también los dirigentes de la FOTIA. Contaron a su vez con el inestimable apoyo de la prensa.
Los medios de comunicación hablaban de la crisis azucarera en los términos más catastróficos. La televisión y los diarios hablaban de quebrantos en la industria y precios que “tornan inviable la actividad”. Desde la EEAOC señalaban a esta como “la peor crisis azucarera de los últimos 30 años”. Durante el mes de agosto el Grupo Los Balcanes entraba en concurso preventivo de acreedores. Catalina Lónac, principal propietaria del grupo empresario, hablaba de una “crisis terminal en la industria azucarera”, llamando a que “los obreros, los dueños de los ingenios y el Gobierno hagan lo que tienen que hacer”. Todo parecía indicar que la industria se iba a pique. En ese contexto, recrudecían las tensiones entre cañeros e industriales al mismo tiempo que cerraban filas ante el gobierno provincial para exigir medidas que tendieran a salvar a “la familia azucarera”.
Las cámaras patronales (UCIT, CACTU, UCS, CUE por los cañeros, la CART, CARNA, CAA, por los industriales), el poder ejecutivo provincial, los partidos de la oposición patronal, y la cúpula de la FOTIA reclamaban una Ley Azucarera que regulase el precio del azúcar mediante la fijación de cupos de exportación, subvenciones a los productores más pequeños, y estimulo a la producción de bioetanol. Esa Ley se sancionó en marzo y reglamentó la puesta en pie del Instituto de Promoción del Azucar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), organismo compuesto por 6 miembros (industriales, cañeros, y del PE), que intentaría constituirse como una “mesa azucarera” de coordinación entre los distintos sectores patronales.
Al mismo tiempo se daba fuerte impulso a una política de subsidios desde el gobierno nacional, que por aquellos días también anunciaba la puesta en funcionamiento del Ingenio La Esperanza en Jujuy. Los medios de comunicación justificaban este millonario desembolso a los empresarios del azúcar y hablaban de “subsidios para mantener a flote el precio”. Para finales de la zafra el precio de la bolsa de azúcar había aumentado de $125 a más de $200 llevando nuevamente el precio a sus mejores niveles. A esta recuperación del precio contribuyeron las fuertes heladas y sequias que implicaron una sensible reducción de la molienda, y de los diagnósticos de “crisis terminal” se pasaba ahora a la euforia: “los días negros de la crisis han quedado atrás en la industria azucarera”; “la crisis se disipa; respiran los azucareros”; “se prevé que los buenos precios se sostendrán entre los próximos 18 a 20 meses”. En Jujuy y en Salta las heladas y sequias provocaban fuertes caídas en la producción. Hugo Rossi, presidente del Ingenio El Tabacal afirmaba al final de la zafra que la temporada se había acortado 32 días y se habían molido 475 mil tn menos de caña. Por las mismas causas El Ingenio Ledesma declaraba cerrar el año con una caída del 28% en la producción de azúcar. Pero en Salta y Jujuy la caída de los precios del azúcar no generó pronósticos tan sombríos sobre el futuro de la industria como en Tucumán. Al mismo tiempo, la caída en los niveles de producción fue recibida en Tucumán como un “alivio” para las patronales del campo y la industria, que encontraron en las inclemencias de la naturaleza un regulador más eficaz que el recién estrenado IPAAT para controlar la caída de los precios.
En unos pocos meses la industria azucarera parecía haberse salvado de la catástrofe. Sin embargo, un análisis más profundo de la industria azucarera pone de relieve el notable contraste que existe entre los negros vaticinios empresariales y los auspiciosos informes que recopilan los datos de la evolución histórica en la producción, precios, productividad, y las tendencias del mercado azucarero a nivel internacional, que parecen contradecir la idea de un “crisis terminal”. También contrasta con las “memorias” de los balances contables presentados por los principales ingenios azucareros en años recientes.
Cabe preguntarse entonces: más allá de la caída en los precios y la producción de 2013, ¿hubo o no una “crisis terminal” en la industria azucarera?; ¿puede la Ley Azucarera constituirse en un mecanismo efectivo para regular la caída de los precios?. ¿Por qué no hubieron los mismos pronósticos en Tucumán que en Salta o Jujuy?.
En nuestro intento de esbozar una primera respuesta a estas preguntas trataremos de demostrar que la “crisis azucarera” tiene su origen no tanto en la caída de los precios o en los cambios climáticos (que ocurrieron), sino en la propia dinámica anárquica de las relaciones capitalistas de producción que atraviesan un profundo proceso de disolución de las viejas estructuras de propiedad. La caída de los precios, intentaremos demostrar, se produce en un mercado que se desarrolla entre los polos de la competencia y la protección estatal de una burguesía nacional parasitaria, y es a su vez acicateada por las tendencias a la concentración, centralización del capital y a la penetración del capital imperialista.
Con este primer informe queremos acercar a los trabajadores en general y a los obreros de los ingenios del NOA en particular, un análisis crítico acerca de las verdaderas causas de la crisis azucarera, poniendo en evidencia los intereses de clase que dan fundamento a las disputas entre industriales y cañeros, que siempre intentan presentar sus propios intereses como “intereses generales” de la provincia, para demostrar la necesidad de pelear por una salida propia de los trabajadores, que solo tendrá su remate con el control obrero de la producción y el gobierno de los trabajadores.


jueves, 4 de septiembre de 2014

Cambio en las tenencias de dólares de bancos. El gobierno dice que no devaluará, pero...

El Banco Central bajó ayer el límite de los activos en dólares que los bancos pueden tener en su patrimonio. La comunicación A5647 publicada ayer en la página oficial del BCRA establece que los bancos no podrán tener una "posición global neta de moneda extranjera" superior al 20% de su responsabilidad patrimonial computable. Según cálculos privados, esto significa que los bancos deberán deshacerse de unos 1.800 millones de dólares. La medida afectará principalmente las tenencias de los bonos dolarizados de los bancos. Es a través de estos papeles que las entidades se hacen de dólares, lo que en el mercado se conoce como 'contado con liqui'.
Es la segunda modificación del límite de activos en dólares que los bancos pueden tener en su patrimonio en menos de un año. El 4 de febrero pasado, la comunicación A 5536 habiá reinstaurado ese tope, creado en 2003 y suspendido en 2005. También había limitado la tenencia de contratos de dólar a futuro en el 10%. Sobre esto último no hubo modificaciones. En ese entonces, esta medida del BCRA permitió frenar la corrida cambiaria, que continuó después de la fuerte depreciación del peso que aplicó el gobierno en enero. Pero la autoridad monetaria fue duramente criticada por haberla aplicado recién después del ajuste cambiario, permitiendo a los bancos ganancias elevadas gracias a sus tenencias en dólares. 
La resolución tomada por el Banco Central respecto de las tenencias en dólares despierta interrogantes. ¿Tiene por objetivo simplemente bajar la presión sobre el mercado cambiario haciendo que los bancos vuelquen oferta de dólares para contener la cotización oficial y descomprimir el mercado paralelo? ¿O tiene un sentido preventivo? Recordemos que en febrero la autoridad monetaria aplicó una restricción a las tenencias en dólares recién después de un ajuste cambiario de 23%. Esto permitió que las instituciones financieras obtuvieran fuertes ganancias con sus tenencias en dólares. Gracias a esto en un en el primer trimestre de este año los bancos amasaron el equivalente a la mitad de las ganancias de todo 2013, es decir $16.104 millones.El 60% de esas utilidades obedeció a ganancias por apuestas al dólar. Entonces, ¿sólo descomprimir o anticiparse a los efectos que tendrá un ajuste cambiario? La incógnita no tardará mucho en despejarse.
 

La ley de abastecimiento rumbo a Diputados

En la jornada de ayer, un maratónico “súpermiércoles”, el Senado aprobó la Ley de Pago Soberano y la Ley de Abastecimiento. Con esta segunda ley el gobierno apunta a tener herramientas para atravesar las turbulencias económicas.
El proyecto, que apunta a una nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, fue aprobado con las modificaciones que incorporó el oficialismo tras el plenario de comisiones y las críticas expresadas allí por sectores empresarios, se vio obligado a incorporar como la exclusión del régimen de sanciones a las pequeñas y a las medianas empresas que no sean formadoras de precios; eliminó las clausuras definitivas como parte de las sanciones previstas en el proyecto inicial.
Además, tipificó las conductas para aplicar las sanciones con el objeto de restringir la criticada discrecionalidad del Ejecutivo; estableció el pago de una compensación "justa y oportuna" en el caso de que la autoridad de Aplicación intervenga en la producción y de ello se origine un perjuicio económico de una empresa, así como se dispuso la preservación de la confidencialidad de los datos empresarios dados a la Autoridad de Aplicación.
Con esta reforma a la ley de Abastecimiento, el gobierno apunta a avanzar en una mayor vigilancia sobre toda la cadena de valor, no sólo en el eslabón final que es el de la comercialización. De sancionarse, le permitiría fijar precios máximos y márgenes de rentabilidad, así como dar continuidad al proceso de producción y comercialización aún contra la voluntad de los empresarios.
El Senado también aprobó esta madrugada un paquete de leyes de defensa del consumidor que postula la creación de un Observatorio de Precios y establece la puesta en marcha de una auditoría de las relaciones de consumo y un fuero federal para resolver los reclamos de los usuarios y consumidores. Ahora continúa su trámite en Diputados.
El proyecto nueva ley de Abastecimiento puso en alerta al empresariado. El Grupo de los Seis, integrado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina anunció que de aprobarse acudirá a la justicia para pedir que se declare su inconstitucionalidad.
Aunque con estos anuncios el gobierno anuncia que estará en condiciones de asegurar mejor acceso de los bienes a precios adecuados para el conjunto de la población, sus antecedentes en materia de precios y regulación resultan poco alentadores sobre las perspectivas de éxito. Tampoco dan pie a los temores que agitan los empresarios.
Sin ir más lejos, los acuerdos de “Precios cuidados” no han servido para frenar la tendencia alcista de los precios y por el contrario han permitido a las grandes marcas y las cadenas de comercio minorista aumentar su cuota de mercado. Y esto no se debe a fallas en la aplicación sino a la estrategia en la que se basan los mismos. En igual sentido, el predecesor del actual Secretario de Comercio Augusto Costa, Guillermo Moreno, hacía gala de gestos duros hacia el empresariado pero realizaba acuerdo con los actores de “posición dominante” que ningún fruto dieron en el objetivo de controlar los precios, pero sí se acompañaron de importantes incentivos a los empresarios involucrados.
Con estos antecedentes, la preocupación que exhiben los industriales tiene un sustento muy débil.

La ley del pago

La Cámara de Senadores dio aprobación al proyecto de Ley de Pago Soberano Local de la Deuda Externa, que apunta a cambiar de jurisdicción la deuda emitida bajo legislación norteamericana. Ahora seguirá su trámite en diputados. El gobierno apuesta a aprobarlo en trámite veloz para realizar la operación de canje antes del 30 de septiembre, cuando hay un vencimiento de 200 millones de dólares del bono Par cuyo incumplimiento ampliaría los bonos en default a causa del fallo del juez Thomas Griesa.

Este proyecto aprobado en el Senado declara “de interés público la Reestructuración de la Deuda Soberana” y apunta a implementar instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios correspondientes al cien por ciento de los títulos emitidos en el marco de la Reestructuración de Deuda Soberana 2005-2010. El proyecto reemplaza el agente de pago (hasta entonces el Bank of New York Mellon, BONY) por Nación Fideicomisos y apunta a realizar un nuevo canje que reemplace los bonos emitidos bajo jurisdicción norteamericana por otros. El texto que diseñó el Poder Ejecutivo explica que los cambios se proponen “con motivo de la ilegítima e ilegal obstrucción” que dispuso el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa, ante el reclamo de los holdouts, “de los mecanismos de cobro de los servicios de los Títulos Reestructurados no regidos por ley y jurisdicción argentina”.

El proyecto enviado al congreso el 19 de agosto preveía la posibilidad de habilitar a los bonistas a elegir la jurisdicción que les resultase conveniente. El Frente para la Victoria incorporó el martes pasado nuevas modificaciones apuntando a ampliar el apoyo al proyecto. La reforma apunta a incluir explícitamente la posibilidad de canjear por títulos “regidos por legislación y jurisdicción” de Francia además de la Argentina. Esta modificación buscó contemplar los reclamos del Frente Renovador de habilitar otro lugar de pago además de Buenos Aires. A pesar de esto, el massismo reafirmó el rechazo al proyecto. El artículo 12 establece la creación de la Comisión Bicameral Permanente para investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda, así como el “seguimiento de la gestión y los pagos que se realicen” y una “investigación de la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitres”. Curiosa intención, considerando que hace ya cuatro años –cuando impulsó el Fondo del Bicentenario para usar dólares del Banco Central para pagar deuda– la Presidenta descartó cualquier investigación de la deuda planteando que el tiempo para hacerla era 1983, a la salida de la dictadura. El artículo 14 exime del pago de impuestos a los fondos que se destinen para los bonistas.

El gobierno busca acelerar la aprobación del proyecto para completar el canje antes del 30 de setiembre, y evitar que se agrave el default. Después de haber quitado derechos de representación al agente pagador (el BoNY), Economía no puede depositar el dinero como hizo en junio y aducir que cumplió las obligaciones como hizo en junio. Por eso la urgencia.

Aunque avanza el trámite parlamentario, hay varios motivos por los cuáles el proyecto es recibido con escepticismo. El BoNY debería colaborar para que se concrete el canje, para identificar a los bonistas, y si lo hace podría ser declarados en desacato por parte de Griesa. Nación Fideicomisos S.A. es cuestionado además por varios agentes financieros debido a la falta de experiencia y presunta debilidad técnica.

Un segundo motivo de duda son las tenencias de buena parte de los bonos bajo jurisdicción norteamericana por parte de fondos que por estatuto no pueden invertir en papeles que no tengan legislación norteamericana, por lo que no puede esperarse se acepten el cambio para cobrar en Buenos Aires, tenencias que algunos estiman que llegan hasta el 70% de los bonos con ley en Nueva York. Esto abre la pregunta de qué porcentaje de aceptación puede asegurarse el gobierno. Si termina muy por abajo del 92,4% al gobierno le costaría mostrarlo como un éxito. Podría producirse una situación en la que deba afrontar en simultáneo la continuidad de los litigios de los holdouts (que no entraron a los canjes de 2005 y 2010) y los reclamos de “nuevos” holdout que no participen de este canje.

Por fuera de estar incertidumbres, una cosa es segura: lo único de soberano en el proyecto presentado es el nombre, más aún ahora que lleva acento francés. Regularizar la deuda mediante este nuevo canje significa reiniciar una gravosa entrega de dólares. El gobierno se felicita de haber pagado 190 mil millones de dólares. Pero a pesar de eso la carga no paró de crecer; hoy ronda los 250 mil millones de dólares. Esta carga sobre los recursos fiscales obligó a destinar fondos públicos que podrían haberse utilizado para gastos en salud, educación o infraestrucura. Pagar la deuda, como lo venimos sufriendo hace décadas, tiene gravosas consecuencias para la clase trabajadora y el pueblo.

En el senado no hubo una sola voz que rechazara enteramente pagar la deuda. Todas las expresiones políticas, aún la centroizquierda opositor, acompaña el precepto de que “las deudas se pagan”, acompañando o presentando alternativas. Sólo el Frente de Izquierda plantea claramente el no pago, y, como ha reclamado el diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolás del Caño, es necesario abrir lugar a una consulta popular vinculante, para que sea el pueblo el que decida que se hace con la deuda.

Suba de las naftas, ¿Será la última?

Gastón Ramírez

Luego del séptimo incremento de las naftas en lo que va del año, Capitanich anunció en su rueda de prensa matutina que la tendencia es que no se realicen otros aumentos lo que resta del 2014. Una afirmación en consonancia, con las declaraciones del presidente de Shell Argentina , Juan José Aranguren, quien según la agencia DyN, afirmó que "si el dólar se mantiene, el precio de la nafta ya está en equilibrio", luego de reportarse subas del orden del 60 por ciento en el año.

Por su parte, el presidente de la Federación Entidades de Combustibles bonaerenses (FECOBA), Luis Malchiodi, dijo ayer durante una entrevista en Radio La Red que "la nafta va a llegar a $20 a fin de año" y que "va a haber un aumento por mes, casi con seguridad".

Los combustibles registran subas del 40% o más en lo que va del año y difícilmente se revierta esta tendencia, en una economía con una inflación rondando el 40% anual. El efecto del incremento en los combustibles, indefectiblemente se traslada al resto de la actividad económica comenzando por el sector de transporte que impacta luego en los costos de logística de los grandes supermercados que terminan descargando en nuevas subas de precios en las góndolas. Los más perjudicados son los consumidores del interior del país. Además de quienes tienen autos y ven encarecer su mantenimiento.

Según analistas, “la nafta en Argentina cuesta hoy al tipo de cambio oficial 1,41 U$S/litro. En Estados Unidos la nafta se comercializa hoy mismo a 0,93 U$S/litro con tendencia a la baja, siguiendo una tendencia bajista en las cotizaciones del crudo. Las tendencias de precios son también decrecientes en Europa por las mismas razones” (Clarín 2/9/14).

El alza en los combustibles ya supera la inflación acumulada hasta agosto con precios en dólares más altos que los internacionales. Esta indicaría no sólo una política de no perder pisada ante la suba general de precios y la devaluación del peso; sino también una apuesta fuerte: vía la suba de precios acordada entre el gobierno y las petroleras, se obtiene parte del financiamiento que aún no consiguen en el mercado internacional de crédito empantanado tras el default del 31 de Julio. Así, lo indicarían el alto mandatario de Shell, Aranguren, quien señaló que "el país tiene recursos en su geología para reemplazar importaciones. Los recursos necesitan capital y el capital necesita confianza y reglas" (DyN).

Una extraña “tranquilidad” pretenden difundir Capitanich y las multinacionales pretroleras ante la suba de precios, cuando estamos frente a una estrategia oficial de meter más la mano en el bolsillo de la población para financiar a las multinacionales petroleras, mientras la crisis energética por la caída en la producción local de hidrocarburos, no resuelta, suma una factura de más de 10.000 millones de dólares anuales.

martes, 2 de septiembre de 2014

Una economía en zona de turbulencia

Cada noticia que se conoce sobre la economía argentina confirma que el panorama negativo se profundiza cada día. Una serie de elementos se concatenan para crear un círculo vicioso, donde los problemas en un frente crean problemas en otro, que a su vez repercuten negativamente en un tercer plano, y así sucesivamente.

La dupla dólar inflación es quizá uno de los ejemplos más evidentes. La devaluación de enero alimentó un salto en la inflación que tuvo a los alimentos y otros bienes básicos entre los componentes más afectados. Para tomar un ejemplo, según informes de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, los gastos de una familia tipo en el distrito subieron 39,3% en julio de este año con relación al mismo mes de 2013. El resto de los distritos no se quedan atrás. Mientras tanto, los cálculos más optimistas sobre el aumento de salarios (los que provee el Ministerio de Trabajo de la Nación), indican que el aumento promedio fue de 25,7%, si se considera el promedio de los valores salariales a lo largo de la vigencia de los acuerdos, incluyendo la percepción de los aumentos en etapas y el pago de sumas extraordinarias. Como se ve, el salario perdió por goleada en la carrera con los precios. Esto tuvo como resultado una severa caída en el salario real promedio, no menor al 5%.
Este ajuste se traduce en menor consumo, reforzado además por el recorte de los créditos y su encarecimiento (cuya reducción alcanza el 7% en lo que va del año). Esto pega de lleno sobre la actividad económica, ya golpeada por la caída de la demanda externa (que pegó con todo en la industria automotriz) y la escasez de dólares, que llevó al freno de las compras al exterior de insumos por parte de la Secretaría de Comercio, parando numerosos sectores de la industria. En estas condiciones, se multiplica la evidencia de que los pronósticos optimistas de hace unos meses de que el parate económico trocaría en recuperación durante la segunda mitad del año, son de cumplimiento imposible en la actual situación. Las cifras del Indec pusieron en evidencia en agosto, por primera vez, que no sólo cae la industria (-2,8% en el acumulado del año respecto de igual período del año anterior) y la construcción (-2,3%), sino también el empleo. La tasa de desocupación pasó de 7,2% en el primer trimestre de este año, a 7,5% en el segundo. No sólo recortan los salarios, también crece la desocupación. La ampliación de “Progresar” y la vuelta de los Repro, presentados como virtuoso keynesianismo, son medidas de contragolpe para intentar contrarrestar los efectos de la política de ajuste profundizada desde la devaluación y de las medidas de los empresarios para descargar el ajuste sobre los trabajadores. El gobierno quiere borrar con una mano lo que escribe con la otra.


El círculo vicioso se cierra sobre sí mismo. A ocho meses del ajuste devaluatorio, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo está de vuelta en niveles exorbitantes, del 70%. El Jefe de Gabinete Capitanich ha salido a decir que lo del blue es invento de los medios, y que se trata de un mercado insignificante. La misma cantinela que se escuchó durante meses, hasta que finalmente el gobierno aceleró y realizó una devaluación de 23% para descomprimir el mercado. Los bancos y toda una calaña de especuladores, como siempre, los grandes ganadores. Sólo durante el primer trimestre de este año, los bancos amasaron el equivalente a la mitad de las ganancias de todo 2013, es decir $16.104 millones. Anualizado, esto significaría una duplicación de sus ganancias. El 60% de esas utilidades obedeció a ganancias por apuestas al dólar.
Lo cierto es que, a pesar del ninguneo, el Banco Central debió vender más de 400 millones de dólares en agosto para controlar el cambio oficial. La vuelta de la tensión cambiaria se explica por varios motivos. De fondo está la inflación, que ha vuelto a colocar la paridad cambiaria real (es decir en términos de poder de compra de la moneda local en relación al dólar) en niveles cercanos a los de comienzos de año, cuando la corrida cambiaria llevó al gobierno a dar un salto devaluatorio de 23% en enero, acelerando el ritmo que se había iniciado desde que Axel Kicillof y Juan Carlos Fábrega fueron nombrados en Economía y el Banco Central (BCRA), respectivamente. Como ocurre en estas circunstancias, no faltaron en las últimas semanas los reclamos -solapados- de sectores empresarios por la pérdida de “competitividad” (que en su concepción se consigue devaluando los salarios), ni el coro de economistas que acompaña y busca dar sustento a estos reclamos. Para algunos, aún la cotización del dólar paralelo a 14 pesos sigue siendo barata. A la inflación se suman el déficit energético e industrial, y los pagos de deuda pública en dólares, que generan una fuerte demanda sobre las reservas del BCRA. Esta demanda se confronta con la estrechez de las arcas de la autoridad monetaria: las reservas nuevamente amenazan caer a menos de 28 mil millones de dólares, como a comienzos de año. Ocurre que las fuentes de divisas están bloqueadas. No sólo fracasó la vuelta a los “mercados” por el litigio con los bonistas en el juzgado de Thomas Griesa. Al mismo tiempo se registra una caída de las ventas al exterior, la principal fuente de ingreso de dólares: entre enero y julio las exportaciones cayeron 3.780 millones de dólares en comparación a 2013. La baja de las exportaciones agrava la tensión cambiaria, y a su vez a mayor distancia entre las cotizaciones legal y paralela, más caen las exportaciones por reticencia de los “chacrers” a liquidar la soja.
El gobierno hace como si en todo esto no tuviera ninguna responsabilidad. Los especuladores buscan imponerle un golpe de mercado y los empresarios con posición dominante remarcan precios y manejan la oferta. Pero, ¿por qué los mayores “especuladores” y hacedores de golpe de mercado, los bancos, fueron un sector mimado durante estos años, que amasaron ganancias récord? ¿Por qué algunos empresarios con “posición dominante” como la patronal buitre de Lear violan alegremente las leyes y fallos del país y cuentan con total apoyo gubernamental? ¿Por qué son esos mismos actores con posición dominante algunos de los privilegiados por políticas oficiales como la de Precios cuidados, que ayudaron más a los negocios de las empresas que a frenar los precios?
El gobierno aplica el ajuste para que el conjunto de la clase capitalista descargue los costos del descalabro económico sobre las espaldas de los trabajadores, pero se hace el distraído. Cada día lo deja más en claro. Para defender los salarios, el empleo y las condiciones de trabajo, necesitamos una política de otra clase.

Magra suba del salario mínimo

Pablo Anino
Este lunes fue convocado el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Desde enero el mínimo está en $3.600. La CGT y CTA oficialista reclamaron un aumento del 35%, que significaban llevarlo a $4.860. Pero fueron desairadas con un aumento en cuotas. El Consejo del Salario fallo a favor del gobierno y los empresarios: aumento a $ 4400 desde septiembre (apenas un 22%) y recién desde enero del 2015, completaría $4716. Las centrales opositoras no fueron convocadas al Consejo.
En junio de 2003 cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner el mínimo se encontraba en $200. Desde entonces se incrementó 1700%. Es un crecimiento que parece sorprendente. Pero el efecto de la inflación hace que ese aumento no sea tan extraordinario como luce.
Cuando el nivel del salario mínimo es comparado con el valor de la canasta familiar queda en evidencia que el Consejo está muy lejos de lograr el objetivo de cubrir lo mínimo que necesita una familia trabajadora para vivir. Para enero de 2014 los trabajadores de la Junta Interna de ATE que enfrentan la intervención del Indec estimaron la canasta familiar en $ 9.113,64. Aplicando a ese valor la inflación oficial que corrió desde entonces (que nuevamente empieza a ser sospechada de tener “retoque” que la subestiman) hace que esa canasta hoy no baje de los $10.500. Es decir, que en el mejor de los casos, el salario mínimo quedará a un nivel que es menos que la mitad de la canasta familiar.
Esta institución, tan reivindicada por el oficialismo, al igual que las paritarias, muestra cada vez más su objetivo, que más que permitir la recuperación salarial establece un piso muy bajo de referencia para los trabajadores. Sólo unos 300 mil asalariados estarían alcanzados por el salario mínimo. Su importancia es que de alguna manera actúa como referencia sobre el ingreso del sector de trabajadores no registrados que comprende 33,5% de la fuerza laboral. Si a este segmento “en negro” se le agrega otras modalidades laborales que dan cuenta de cierta fragilidad en el empleo, se llega a un número cercano al 60% de los trabajadores en condiciones de precariedad laboral. Este es el mapa laboral después de una “década ganada”.
El titular de la CTA oficialista, Hugo Yasky, declaró que "hay una situación real que enciende luces de alarma, como la conflictividad en el sector metalmecánico, en algún sector de la siderurgia y en la construcción (...) un tema que si se toma a tiempo, evitando despidos, permitirá sostener el nivel de ocupación, en toda la región", por lo cual llamó a poner en pie el Observatorio del Empleo. En las reuniones de años previos del Consejo del Salario Mínimo se acordó el seguimiento del trabajo en negro, que a la vista de sus resultados (ninguno), hace avizorar que puede llegar a pasar con el Observatorio del Empleo.
Mientras la CTA oficialista llama a que el Observatorio evite los despidos transcurren muchos sectores de trabajadores, como ocurre actualmente en Lear, que los están enfrentando con la movilización y la lucha.