Regulacionismo fantoche

“Avance sobre el sector privado”, tituló el monopolio. Arbitraje “en favor de los más pobres” responde la jefa del Banco Central Marcó del Pont desde PáginaK. El decreto por medio del cual el gobierno se habilita a nombrar más directores en las empresas donde ANSES tiene acciones, ha disparado la alarma de los empresarios, y el fervor de la “militancia” K (La campora, activos en la trinchera de los cargos; aunque algunos de ellos, como Iván Heyn o Axel Kicillof salieron de la agrupación universitaria Tontos pero No Tanto, no son Ningunos Tontos para ocupar cargos). Esta avanzada, hace temer para los empresarios “medidas estatizadoras y chavistas”. Recuerdan que la medida no viene sóla, sino de lo que definen como “movimientos en favor de la estatización del mercado de granos” y del impulso de Héctor Recalde para dar vigencia a la ley de abastecimiento. Un conjunto que en pintado en los grandes medios opositores con titulares ominosos, y festejado desde el lado opuesto como la “profundización del modelo” K.

Sin embargo, hay acá mucha cháchara interesada. Tanto la oposición y los empresarios, como el gobierno se benefician desde distintos ángulos de la magnificación de los alcances de estas iniciativas. Para los primeros lanzar las alarmas contra las medidas “antiempresarias” del gobierno K les da plafond para seguir poniendo el grito en el cielo contra las medidas intervencionistas, a pesar de todas las evidencias de que estas no han afectado en lo más mínimo el desempeño económico de las grandes firmas, que siguen ganando fuerte con la economía K, aunque podrían hacerlo aún más si se pusiera fin a algunas regulaciones. Desde el punto de vista del gobierno, lo muestra firme “combatiendo al capital” en beneficio de los sectores populares, en momentos en que se ventilan los contubernios de los ministros para sostener a los burócratas empresarios como Pedraza, piezas clave de las reformas laborales flexibilizadoras que tantos beneficios dieron y siguen dando a los empresarios.

Pero, ¿cuál es el alcance de las medidas que tanto revuelo han generado?

La tan mentada estatización del comercio de granos, no ha sido hasta ahora más que la entrega del 30% del jugoso negocio del comercio de granos a las cooperativas, es decir a Agricultores Federados Argentinos (AFA), cercanos a la Federación Agraria de Buzzi, y Asociación de Cooperativas Argentinas, cercana a Coninagro. O sea, se trata de un beneficio para dos patas de la Mesa de Enlace, que bajo figuras asociativistas como las cooperativas adornan una vocación empresaria que compite con la de los demás sectores del capitalismo agrario. Si para el gobierno, detrás de estas organizaciones se agazapaba “la oligarquía” durante el conflicto desatado por la 125, ahora trataría de acercarlos nuevamente al redil “nacional y popular” al módico precio de poner en sus manos varios miles de millones de dólares por la cosecha anual. Ya ni siquiera se trata de una módica gresca por arañar una partecita de la renta, como ocurrió al momento de la 125; acá se trata lisa y llanamente de achicar un poco la cuchara con la cual las cerealeras la juntan con pala, para agrandar la de la burguesía media y llegar a octubre con más votos en el campo. Aunque, después de casi 8 años, el kichnerismo se haya enterado escandalizado de las maniobras de las cerealeras con el comercio de granos, a pesar de que la propia política oficial había habilitado defraudaciones que les dieron a estas empresas jugosas ganancias, esto no parece ser aliciente suficiente más que para imponer algunas sanciones, y denuncias. Nada que se parezca a nacionalizar efectivamente todo el comercio de granos. Medida que podría permitir que una parte mayoritaria de la renta agraria se concentre en manos del estado, y no un módico porcentaje vía retenciones. Pero que no entra en la lógica de un gobierno que en los hechos no ha hecho más que asociarse con el agropower para morder una parte de la renta.

En el caso de la designación de los gerentes camporistas, algunos de sus protagonistas parecen representárselo como un primer paso, para reunir información y preparar la avanzada sobre sectores estratégicos de la economía. Más medido, el gobierno ha defendido la iniciativa como el derecho de cualquier socio de una inversión, en éste caso para defender los intereses de los jubilados, actuales y futuros.

¿Da asidero el uso que hizo el gobierno de la plata de ANSES para tales afirmaciones? El Fondo de Garantía en cuidado de cuyos réditos el gobierno afirma estar actuando, fue transformado por el gobierno en una fuente de activos que fortaleció el “bonapartismo fiscal” o de caja, es decir el uso de recursos por parte del gobierno que le permite actuar de árbitro entre los distintos sectores empresarios, a la vez que la cooptación de varios movimientos sociales, y asegurarse la lealtad de gobernadores y punteros peronistas. Así como el kirchnerismo sacó sus frutos de la sojización durante todos estos años, viene haciendo lo mismo sacando puntualmente su cuota de la plusvalía que las grandes empresas extraen a los obreros, tal como lo hacen todos los accionistas. Los funcionarios K afirman que buscan garantizar los intereses de sus acciones para arbitran “en favor de los probes”… ¿lo harán “profundizando” las leyes de flexibilización que se mantuvieron durante todo el kirchnerismo, para mejorar su ganancia de accionistas?

Si miramos los usos del Fondo, una parte de sus recursos está ocupado en financiar proyectos de inversión públicos y privado de dudosa perspectiva, y sobre todo está financiando la emisión de deuda pública que cada día va a paso más rápido. Todo esto nos empieza a mostrar de a poco la vuelta de los usos que tuvieron en otros momentos históricos los fondos jubilatorios, colaborando a la reproducción del capital y no a mejorar los haberes.

Como si todo esto fuera poco, aún cuando el Fondo de Garantía se acrecentó producto de los rendimientos logrados un 86% desde 2008, y que ANSES tiene un considerable superávit, el gobierno rechazó el 82%, y cambio anunció miserables aumentos que llevaron la mínima a $ 1.272, pretendiendo que se opone la posibilidad de mejorar los haberes con la extensión del número de beneficiarios que el gobierno impulsó, como si no pudieran impulsarse medidas como el aumento de los aportes patronales para incrementar los recursos del organismo. Todo esto hace bastante dudo que sea el arbitraje en favor de los jubilados lo que motoriza la iniciativa oficial.

¿A dónde apunta entonces el nombramiento de gerentes del Estado? ¿Es que, como pretenden los medios opositores, el gobierno que ha transformado a los subsidios a la ganancia empresa en la principal partida del presupuesto (aún por encima de los pagos de la deuda y superando 8 veces lo gastado en viviendas y urbanización) va a tener luego de 8 años un arranque estatizador? Aunque puedan alimentar esas ilusiones para la tribuna suena poco creíble, incluso aunque a la luz de tanto despilfarro en solventar a las empresas podría ser una ecuación económica de resultado beneficioso para el erario público.

Ambas medidas, aparte de alimentar el fervor de “la militancia”, haciendo más fáciles de digerir los sapos que las alianzas gubernamentales proveen puntualmente semana a semana (Corpacci-Saadi, Menem, Aldo Rico, conversaciones Tomada-Pedraza) para el sector kirchnerista progre, son parte del tira y afloje entre los empresarios y el gobierno. Si en el terreno económico el kirchneristo ha puesto viento en popa a una agenda de “normalización” largamente solicitada por los organismos internacionales, gobiernos imperialistas y sectores empresarios locales, que incluye tratar de acordar con el club de París, encontrar alguna salida al atolladero del INDEC de la mano de la eufemísticamente denominada “asistencia técnica” del FMI, entre otros puntos (y varios sapos más para los que saludaron el “adiós” al FMI y el desendeudamiento mitológico), viene dejando claro que no va a renunciar a los mecanismos bonapartistas. Es ese intento de marcar la cancha, limitar la capacidad de la cúpula empresarial para operar en favor de las alternativas opositoras en las elecciones y negociar las condiciones de convivencia pos octubre, lo que motiva la iniciativa gubernamental.

Desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, las rispideces del gobierno K con los empresarios, lejos de un arbitrio “en favor de los pobres”, son ni chicha ni limonada. Lejos de afectar seriamente la propiedad privada y los intereses del capital, buscan arbitrar algunas módicas porciones de la ganancia, sin la mínima traducción material en beneficio de ningún sector obrero y popular. Este “bonapartismo fiscal” que usa los recursos que quedan luego de pagar la deuda para arbitrar entre los capitalistas y destinar partidas menores al “gasto social”, busca sostener el conformismo social invitando a los trabajadores y sectores populares a participar de las migajas del banquete que siguen disfrutando los capitalistas con la bonanza de los años K.

En las antípodas de esto, sería verdaderamente en interés de los trabajadores que se estableciera un efectivo monopolio estatal de todo el comercio exterior, junto con la expropiación de los grandes terratenientes, para avanzar en la apropiación íntegra de la renta agraria. También, declarar el no pago de la deuda pública, en vez de traer de vuelta al FMI. E impulsar la expropiación y el control obrero de las fábricas que se alimentan sus ganancias con los subsidios públicos, en vez de un representantes estatales en algunas empresas, impulsados por este gobierno que tiene una alianza estratégica con los burócratas sindicales y persique a los que luchan. Lejos de “profundizar el modelo” K, pelear por una alternativa independiente de la clase trabajadora.