Subsidios para la ganancia, aumentos para el costo de vida

Publicado en La verdad obrera nº 411

El año 2010 terminó con una inflación de 27% para los bienes incluidos en la canasta básica, según estima el sitio Inflación Verdadera. En el caso de alimentos y bebidas el aumento fue del 32%. Lo que diríamos una suba de precios que avanza a paso firme.

El gobierno y los medios oficialistas cargan las tintas contra el accionar de las grandes empresas que monopolizan la comercialización de productos clave. Pero lo cierto es que mientras hacen esto reparten generosos subsidios a esos mismos empresarios. Algunas estimaciones calculan que en 2010 los subsidios alcanzaron los $ 48 mil millones, un 37% superiores a los del año anterior. Esto equivale al 3,3% del PBI. Es decir, a 10 veces lo gastado en viviendas. Y es casi 3 veces el gasto del gobierno nacional en educación.

Para este año, los pronósticos de gastos en subsidios están en un rango entre $55 mil y $63 mil millones. La mitad de estos subsidios corresponde a las tarifas de energía e importación de combustible. Otra porción importante corresponde al sector transporte. Sectores que, a pesar de los subsidios, sumaron un incremento de precios de 102% entre 2001 y 2010. Aunque esto es apenas un tercio de la suba total de precios durante el período, no deja de ser significativo para tarifas “congeladas”.

Otro monto considerable de los subsidios se distribuye en distintos rubros alimenticios y otros sectores. Sólo la ONCCA distribuye $2.550 millones, entre las molineras por el trigo hasta productores lácteos, frigoríficos y la producción de carnes, con el objetivo de contener los precios. Pero a pesar de las considerables sumas desembolsadas, estos rubros están al tope de los aumentos: la consultora Economía y Regiones registró que en 2010 la carne vacuna se encareció un 110,8 %; el pollo 116,4 %; la harina y el pan 61,7 % y los lácteos 27,7 %.

El subsidio como tal es una herramienta “redistributiva”, una transferencia a las empresas privadas, que solventa una parte de sus costos. El argumento para defender esta política tal como ha sido implementada por el gobierno es que sería “redistributiva” hacia los sectores populares, ya que el gasto estatal cubriría una parte de los costos que de otra manera los empresarios cubrirían aumentando aún más los precios. De ésta forma, la transferencia estatal se dirigiría indirectamente hacia los consumidores.

Sin embargo, salvo en los casos de las tarifas reguladas, no hay ninguna vía que garantice que los subsidios evitarán efectivamente los aumentos de precios. Los empresarios mantienen plena capacidad para establecer condiciones de distribución y venta de sus productos de la manera que les resulte más ventajosa. Como han hecho muchas veces en el caso de los acuerdos firmados con el Secretario de Comercio Guillermo Moreno (con el guiño del funcionario), pueden condicionar los subsidios a un producto específico, pero ofrecer poco de ese y mucho de otros sustitutos más caros. En otros casos las empresas pueden directamente cortar toda la distribución -como ocurrió varias veces en los últimos años con el azúcar- para presionar al alza de los precios. Por mucha omnipotencia de la que haya hecho gala Moreno, lo cierto es que estas maniobras fueron moneda corriente durante estos años, y fueron dejadas pasar o imposibles de impedir en la mayoría de las ocasiones. De ésta forma, el subsidio puede transformarse directamente en una fuente adicional para ampliar la ganancia del capital, que se suma a los aumentos de precios que de todos modos se imponen por los manejos de la oferta.

Pero incluso en los casos en los que las tarifas se encuentran reguladas, solventar la provisión de los servicios mediante subsidios impidiendo aumentos, ha generado importantes restricciones. La desinversión en la provisión eléctrica y la producción de combustibles es notoria. Aunque el Estado solventa puntualmente sus ganancias con subsidios, las empresas aducen que carecen de incentivos para invertir en ampliar la oferta energética. De esta forma, hace años se alternan las crisis energéticas veraniegas por el consumo eléctrico, y las invernales por el consumo de gas. Estas restricciones impactan a la vez en un aumento de los costos de producción y transporte en toda la estructura productiva, acelerando la suba de precios.

Cínicamente, las asociaciones empresarias critican la injerencia del Estado en la economía, que las obliga a discutir con el gobierno el manejo de su política de precios, pero no se olvidan de presentarse puntualmente en ventanilla a cobrar las transferencias que los benefician. Las cámaras empresarias y la derecha ultraliberal denuncian esta intervención del Estado en la vida económica, y piden terminar con los subsidios y liberalizar los precios (junto con regularizar la situación del Indec) como medidas que buscan imponer para “normalizar” la situación de los negocios, acompañadas de una limitación de los aumentos en paritarias, que ya buscan techar por debajo de 25% (es decir menos de lo que subieron los precios este año). Un conjunto de medidas para golpear sobre el nivel de vida de los trabajadores.

Aunque el generoso reparto de fondos a los empresarios no ha impedido en ninguna medida los aumentos de precios, el desmonte de los subsidios podría acelerar la inflación.

La política de transferencias al sector privado dejando en manos de los capitalistas la producción, no es garantía ni de limitar la suba de precios, ni del acceso obrero y popular a bienes y servicios fundamentales. Los fondos destinados a solventar la ganancia del capital tendrían un destino mucho más productivo si se utilizaran para poner en marcha bajo gestión de los propios trabajadores las empresas que los capitalistas afirman que no pueden manejar sin aumentos de precios cada vez más descontrolados y crecientes fondos públicos. De esta forma, podría organizarse la producción social en función de las necesidades sociales en vez de subordinarla a la rentabilidad empresaria. Como tareas inmediatas para enfrentar la inflación, es necesario imponer un verdadero control sobre la producción y comercialización por parte de los trabajadores y el pueblo pobre para evitar los manejos discrecionales de los capitalistas sobre los precios. Sólo la movilización de todo el pueblo trabajador para controlar los precios en los supermercados y la exigencia de los trabajadores para la apertura de los libros de los capitalistas para que se hagan públicas sus fabulosas ganancias pueden, efectivamente enfrentar la acción de los empresarios que suben los precios. Estas medidas, junto con la imposición de la “cláusula gatillo” -que los salarios se ajusten cada vez que aumentan los precios- son las únicas medidas que permitirán enfrentar la suba del costo de vida.