Sobre el nuevo lock out agrario

Va un artículo publicado en La verdad obrera n° 410






LOCK OUT DEL CAMPO POR EL COMERCIO DEL TRIGO
Un nuevo capítulo de disputa por la renta agraria

El nuevo conflicto con las patronales agrarias, desatado por la caída de las negociaciones para flexibilizar las regulaciones al comercio de trigo (que imponen un cupo de comercialización en el mercado local fijado para la campaña 2010/2011 en 7 millones de toneladas), muestra la distancia abismal que media entre el discurso de los progres oficialistas sobre la política económica K, y el verdadero contenido de las políticas implementadas.

Del lado de las patronales agrarias se pone nuevamente en evidencia su voracidad, en un momento donde la fuerte demanda internacional está haciendo subir los precios del trigo. Aunque el gobierno liberó la exportación de 3 millones de toneladas, con lo cual las exportadas en esta campaña sumarían 7 millones de los 14 que se produjeron, y además anunció créditos por 210 millones de dólares sin intereses y a seis meses de plazo para que los productores de trigo puedan retener el grano y lograr mejores precios; las patronales agrarias apuntan de lleno contra la política oficial que restringe la exportación para poder disfrutar plenamente del alza de precios. Mientras tanto, denuncian las consecuencias de los manejos de los precios que los molineros y exportadores hacen gracias a la política oficial en perjuicio de los “productores” y los consumidores, cuando en realidad de imponerse todas las medidas de liberalización a las que aspiran los precios subirían aún más.

Pero frente a esto, la política oficial de fijar cupos de granos de trigo a comercializar en el mercado local para garantizar la “seguridad alimentaria” a precios más bajos que los internacionales, ha aumentado la capacidad de los sectores más concentrados de la cadena, los molineros y exportadores (que son mayormente las mismas empresas actuando en los dos rubros), para manipular en su favor las condiciones de venta de los granos. De esta forma, estos oligopolios, que los periodistas de los medios oficialistas buscan siempre señalar como los únicos culpables de la inflación librando al gobierno de responsabilidad, juegan en este caso de la mano del oficialismo. Pero lo mismo podríamos decir en el caso de la carne, donde el gobierno ha impulsado acuerdos con los grandes frigoríficos y los supermercados.

Gracias a la política oficial, las molineras han visto aumentar sus márgenes de rentabilidad gracias a transferencias de recursos estatales y manipulación de la demanda. El gobierno les da subsidios para costear la diferencia entre un precio máximo para el mercado interno, y el precio internacional neto de retenciones (precio FAS). La política oficial significa en principio una garantía a los capitalistas agrarios de que recibirán dicho precio de parte de las molineras, y por lo tanto estas últimas reciben un subsidio que equivale a la diferencia entre el precio máximo fijado por el gobierno para el trigo, y el precio FAS. Pero el resultado es que gracias a los subsidios estatales y la capacidad para deprimir los precios por debajo de los que supuestamente deberían pagar a los capitalistas agrarios, los molineros logran aumentar su participación en el valor producido gracias a la regulación oficial.

De más está decir que toda esta intervención de ningún modo ha resultado en una contención de los precios. La política de defender “la mesa de los argentinos” de la mano de los oligopolios ha sido un rotundo fracaso. Además, al proponerse compatibilizar algunas restricciones al comercio con la libertad de empresa para que los capitalistas agrarios sigan manejando sus campos en función de la ganancia, ha dado mayor impulso a la tendencia a sembrar más hectáreas de soja, colza y otros cultivos muy rentables, en detrimento de las hectáreas dedicadas a trigo y otras producciones. De esta forma, como también está sucediendo en el caso de la carne, la intervención estatal en la comercialización no ha hecho más que empeorar la amenaza para la “soberanía alimentaria”.

Frente a la voracidad de las patronales agrarias que, como manifestó su vocero en Clarín Héctor Huergo aprovecharán el conflicto para buscar reinstalar sus reclamos (18/01/11), como la remoción de todas las restricciones al comercio y la eliminación de las retenciones (o por lo menos su fuerte reducción), la política kirchnerista sólo ha tenido como resultado alimentar las ganancias de cerealeros y exportadores en detrimento de los primeros.

La satisfacción de necesidades tan elementales como la carne y el pan no puede estar sometida a la lógica de la ganancia capitalista. La única manera de evitar que el lucro del capital o el aprovechamiento de las restricciones estatales por un puñado de empresas amenacen el acceso obrero y popular a estos consumos básicos, es la expropiación de los grandes terratenientes y la burguesía agraria. Esta medida, junto con una verdadera nacionalización del comercio exterior (que se opone por el vértice a la “junta” privada de granos armada por el gobierno con las grandes cerealeras), permitiría organizar la producción agraria en manos de los propios trabajadores, poniendo el eje en las necesidades obreras y populares en vez de someterla a la ganancia.