Egipto: huelga general. El infierno tan temido

La lucha por la caída de Hosni Mubarak se sigue intensificando minuto a minuto. Los intentos de distraer la situación con un cambio de gabinete y la designación del jefe de los servicios de inteligencia del ejército como vicepresidente, han caldeado aún más los ánimos. A la convocatoria de nuevas movilizaciones, se ha sumado el anuncio de una huelga general indefinida a partir de mañana hasta la caída de Mubarak. La renuencia del dictador a apartarse de su cargo ante las masivas movilizaciones, y algunas evidencias de confraternización entre el ejército y los manifestantes, han conducido a esta nueva medida. La intervención organizada de la clase trabajadora representa un nuevo salto en la acción de masas, que prácticamente sella la suerte del gobierno y la continuidad del régimen.

Paralelamente, los intentos gatopardistas como "el de construir un 'mubarakismo' sin Mubarak" -en palabras de Atilio Borón- que encare cambios cosméticos para mantener el alineamiento con Washington y Tel Aviv, o incluso de encarar mayores cambios en el régimen pero sin romper con estos alineamientos pro imperialistas ni responder a las demandas profundas de las masas, enfrentarán un desafío redoblado por parte de las masas trabajadoras.

El imperialismo yanqui y su aliado israel ya analizan la posibilidad de los peores escenarios posibles. Benjamin Netanyahu ha salido a afirmar que sigue la evolución de la situación en Egipto con inquietud, y que este país podría terminar en el camino Iraní, es decir que la caída de Mubarak se de de la mando de una caída revolucionaria del régimen y el establecimiento de una república islámica. Lo cierto es que esto choca con que la única organización candidata para impulsar esta perspectiva, la Hermandad Musulmana, ha ido a la zaga de los acontecimientos y sólo con mucha reticencia, y después de días, salió a apoyar las movilizaciones. Carga, además, con el descrédito de ser una organización dependiente de las monarquía saudí, y que desde hace tiempo ha sido "cooptadas, compradas y desempañan el papel de 'oposición comparsa'". Por eso, aunque esta organización esté apareciendo hoy como uno de los protagonistas de las movilizaciones, enfrentará enormes dificultades para encauzar las expectativas de las masas.

Hay que seguir este apasionante proceso minuto a minuto. No pretendenríamos responder a todas las cuestiones que hacen a la intervención en la compleja situación política de Egitpo y toda la región desde un blog argentino, pero nos permitiremos algunas apreciaciones de los desafíos que se abren para las masas trabajadoras que están protagonizando estas jornadas revolucionarias. Junto con la huelga general, será clave para sostener el triunfo y evitar las maniobras gatopardistas, el desarrollo de la autoorganización, la consitución de comites de autodefensa para enfrentar la represión, y el armamento de los trabajadores. Es importante además el desarrollo unir las movilizaciones de masas que recorren toda la región enfrentando a los represivos regímenes pro imperialistas y por la retirada de las tropas norteamericanas de la ocupación de Irak y que dan cuenta de un proceso profundo que se desarrolla en todo el mundo árabe sin conocer fronteras. Para enfrentar maniobras como el gobierno de coalición que busca mantenerse en Tunez con personal del gobierno de Ben Alí, el desafío será pelear por imponer una asamblea constituyente revolucionaria sobre las ruinas del régimen, y el gobierno provisional de las organizaciones obreras y populares que están sosteniendo la lucha.

Egipto: la maniobra de Mubarak es repudiada por las masas

El intento del dictador Mubarak de descomprimir la situación con un cambio de cabinete ha significado hechar más nafta al fuego. Mientras distintos aliados del gobierno van poniendo distancia y llamando a la renuncia de Mubarak, decenas de miles de personas movilizadas plantean que "queremos un cambio de régimen, no de gabinete".

Queda por verse el accionar del ejército frente a la continuidad de las movilizaciones y el rechazo al toque de queda. Aunque ha habido un espíritu de confraternización, por otra parte hubo advertencias de que si los manifestantes no respetan el toque de queda, "quedarán en peligro".

En apenas tres semanas se han visto enormemente socavadas las posiciones del imperialismo en Medio Oriente, producto de la acción de las masas. La caída de Ben Alí en Tunez, las movilizaciones en Argelian, Yemén y Jordania, y ahora el gobierno egipcio acorralado, mientras Hezbollá hizo caer al gobierno libanés pro occidental. Mientras tanto, el gobierno de Obama, así como el resto de las potencias imperialistas, han mostrado una total impotencia para realizar cualquier intervención en beneficio de sus aliados en la región.

Aunque resta ver el desenlace de la situación egipcia, lo que es evidente es las masas del mundo árabe muestran que se extiende el ejemplo de Túnez se extiende por toda la región. Como dice Marcelo Cantelmi en Clarín de hoy, "en los países árabes y aún más allá, el escenario regional cambió y ya no hay retroceso"

¡VIVA LA REBELION EN EGIPTO! ¡FUERA MUBARAK! ¡FUERA EL IMPERIALISMO DE MEDIO ORIENTE!

Subsidios para la ganancia, aumentos para el costo de vida

Publicado en La verdad obrera nº 411

El año 2010 terminó con una inflación de 27% para los bienes incluidos en la canasta básica, según estima el sitio Inflación Verdadera. En el caso de alimentos y bebidas el aumento fue del 32%. Lo que diríamos una suba de precios que avanza a paso firme.

El gobierno y los medios oficialistas cargan las tintas contra el accionar de las grandes empresas que monopolizan la comercialización de productos clave. Pero lo cierto es que mientras hacen esto reparten generosos subsidios a esos mismos empresarios. Algunas estimaciones calculan que en 2010 los subsidios alcanzaron los $ 48 mil millones, un 37% superiores a los del año anterior. Esto equivale al 3,3% del PBI. Es decir, a 10 veces lo gastado en viviendas. Y es casi 3 veces el gasto del gobierno nacional en educación.

Para este año, los pronósticos de gastos en subsidios están en un rango entre $55 mil y $63 mil millones. La mitad de estos subsidios corresponde a las tarifas de energía e importación de combustible. Otra porción importante corresponde al sector transporte. Sectores que, a pesar de los subsidios, sumaron un incremento de precios de 102% entre 2001 y 2010. Aunque esto es apenas un tercio de la suba total de precios durante el período, no deja de ser significativo para tarifas “congeladas”.

Otro monto considerable de los subsidios se distribuye en distintos rubros alimenticios y otros sectores. Sólo la ONCCA distribuye $2.550 millones, entre las molineras por el trigo hasta productores lácteos, frigoríficos y la producción de carnes, con el objetivo de contener los precios. Pero a pesar de las considerables sumas desembolsadas, estos rubros están al tope de los aumentos: la consultora Economía y Regiones registró que en 2010 la carne vacuna se encareció un 110,8 %; el pollo 116,4 %; la harina y el pan 61,7 % y los lácteos 27,7 %.

El subsidio como tal es una herramienta “redistributiva”, una transferencia a las empresas privadas, que solventa una parte de sus costos. El argumento para defender esta política tal como ha sido implementada por el gobierno es que sería “redistributiva” hacia los sectores populares, ya que el gasto estatal cubriría una parte de los costos que de otra manera los empresarios cubrirían aumentando aún más los precios. De ésta forma, la transferencia estatal se dirigiría indirectamente hacia los consumidores.

Sin embargo, salvo en los casos de las tarifas reguladas, no hay ninguna vía que garantice que los subsidios evitarán efectivamente los aumentos de precios. Los empresarios mantienen plena capacidad para establecer condiciones de distribución y venta de sus productos de la manera que les resulte más ventajosa. Como han hecho muchas veces en el caso de los acuerdos firmados con el Secretario de Comercio Guillermo Moreno (con el guiño del funcionario), pueden condicionar los subsidios a un producto específico, pero ofrecer poco de ese y mucho de otros sustitutos más caros. En otros casos las empresas pueden directamente cortar toda la distribución -como ocurrió varias veces en los últimos años con el azúcar- para presionar al alza de los precios. Por mucha omnipotencia de la que haya hecho gala Moreno, lo cierto es que estas maniobras fueron moneda corriente durante estos años, y fueron dejadas pasar o imposibles de impedir en la mayoría de las ocasiones. De ésta forma, el subsidio puede transformarse directamente en una fuente adicional para ampliar la ganancia del capital, que se suma a los aumentos de precios que de todos modos se imponen por los manejos de la oferta.

Pero incluso en los casos en los que las tarifas se encuentran reguladas, solventar la provisión de los servicios mediante subsidios impidiendo aumentos, ha generado importantes restricciones. La desinversión en la provisión eléctrica y la producción de combustibles es notoria. Aunque el Estado solventa puntualmente sus ganancias con subsidios, las empresas aducen que carecen de incentivos para invertir en ampliar la oferta energética. De esta forma, hace años se alternan las crisis energéticas veraniegas por el consumo eléctrico, y las invernales por el consumo de gas. Estas restricciones impactan a la vez en un aumento de los costos de producción y transporte en toda la estructura productiva, acelerando la suba de precios.

Cínicamente, las asociaciones empresarias critican la injerencia del Estado en la economía, que las obliga a discutir con el gobierno el manejo de su política de precios, pero no se olvidan de presentarse puntualmente en ventanilla a cobrar las transferencias que los benefician. Las cámaras empresarias y la derecha ultraliberal denuncian esta intervención del Estado en la vida económica, y piden terminar con los subsidios y liberalizar los precios (junto con regularizar la situación del Indec) como medidas que buscan imponer para “normalizar” la situación de los negocios, acompañadas de una limitación de los aumentos en paritarias, que ya buscan techar por debajo de 25% (es decir menos de lo que subieron los precios este año). Un conjunto de medidas para golpear sobre el nivel de vida de los trabajadores.

Aunque el generoso reparto de fondos a los empresarios no ha impedido en ninguna medida los aumentos de precios, el desmonte de los subsidios podría acelerar la inflación.

La política de transferencias al sector privado dejando en manos de los capitalistas la producción, no es garantía ni de limitar la suba de precios, ni del acceso obrero y popular a bienes y servicios fundamentales. Los fondos destinados a solventar la ganancia del capital tendrían un destino mucho más productivo si se utilizaran para poner en marcha bajo gestión de los propios trabajadores las empresas que los capitalistas afirman que no pueden manejar sin aumentos de precios cada vez más descontrolados y crecientes fondos públicos. De esta forma, podría organizarse la producción social en función de las necesidades sociales en vez de subordinarla a la rentabilidad empresaria. Como tareas inmediatas para enfrentar la inflación, es necesario imponer un verdadero control sobre la producción y comercialización por parte de los trabajadores y el pueblo pobre para evitar los manejos discrecionales de los capitalistas sobre los precios. Sólo la movilización de todo el pueblo trabajador para controlar los precios en los supermercados y la exigencia de los trabajadores para la apertura de los libros de los capitalistas para que se hagan públicas sus fabulosas ganancias pueden, efectivamente enfrentar la acción de los empresarios que suben los precios. Estas medidas, junto con la imposición de la “cláusula gatillo” -que los salarios se ajusten cada vez que aumentan los precios- son las únicas medidas que permitirán enfrentar la suba del costo de vida.

Sobre el nuevo lock out agrario

Va un artículo publicado en La verdad obrera n° 410






LOCK OUT DEL CAMPO POR EL COMERCIO DEL TRIGO
Un nuevo capítulo de disputa por la renta agraria

El nuevo conflicto con las patronales agrarias, desatado por la caída de las negociaciones para flexibilizar las regulaciones al comercio de trigo (que imponen un cupo de comercialización en el mercado local fijado para la campaña 2010/2011 en 7 millones de toneladas), muestra la distancia abismal que media entre el discurso de los progres oficialistas sobre la política económica K, y el verdadero contenido de las políticas implementadas.

Del lado de las patronales agrarias se pone nuevamente en evidencia su voracidad, en un momento donde la fuerte demanda internacional está haciendo subir los precios del trigo. Aunque el gobierno liberó la exportación de 3 millones de toneladas, con lo cual las exportadas en esta campaña sumarían 7 millones de los 14 que se produjeron, y además anunció créditos por 210 millones de dólares sin intereses y a seis meses de plazo para que los productores de trigo puedan retener el grano y lograr mejores precios; las patronales agrarias apuntan de lleno contra la política oficial que restringe la exportación para poder disfrutar plenamente del alza de precios. Mientras tanto, denuncian las consecuencias de los manejos de los precios que los molineros y exportadores hacen gracias a la política oficial en perjuicio de los “productores” y los consumidores, cuando en realidad de imponerse todas las medidas de liberalización a las que aspiran los precios subirían aún más.

Pero frente a esto, la política oficial de fijar cupos de granos de trigo a comercializar en el mercado local para garantizar la “seguridad alimentaria” a precios más bajos que los internacionales, ha aumentado la capacidad de los sectores más concentrados de la cadena, los molineros y exportadores (que son mayormente las mismas empresas actuando en los dos rubros), para manipular en su favor las condiciones de venta de los granos. De esta forma, estos oligopolios, que los periodistas de los medios oficialistas buscan siempre señalar como los únicos culpables de la inflación librando al gobierno de responsabilidad, juegan en este caso de la mano del oficialismo. Pero lo mismo podríamos decir en el caso de la carne, donde el gobierno ha impulsado acuerdos con los grandes frigoríficos y los supermercados.

Gracias a la política oficial, las molineras han visto aumentar sus márgenes de rentabilidad gracias a transferencias de recursos estatales y manipulación de la demanda. El gobierno les da subsidios para costear la diferencia entre un precio máximo para el mercado interno, y el precio internacional neto de retenciones (precio FAS). La política oficial significa en principio una garantía a los capitalistas agrarios de que recibirán dicho precio de parte de las molineras, y por lo tanto estas últimas reciben un subsidio que equivale a la diferencia entre el precio máximo fijado por el gobierno para el trigo, y el precio FAS. Pero el resultado es que gracias a los subsidios estatales y la capacidad para deprimir los precios por debajo de los que supuestamente deberían pagar a los capitalistas agrarios, los molineros logran aumentar su participación en el valor producido gracias a la regulación oficial.

De más está decir que toda esta intervención de ningún modo ha resultado en una contención de los precios. La política de defender “la mesa de los argentinos” de la mano de los oligopolios ha sido un rotundo fracaso. Además, al proponerse compatibilizar algunas restricciones al comercio con la libertad de empresa para que los capitalistas agrarios sigan manejando sus campos en función de la ganancia, ha dado mayor impulso a la tendencia a sembrar más hectáreas de soja, colza y otros cultivos muy rentables, en detrimento de las hectáreas dedicadas a trigo y otras producciones. De esta forma, como también está sucediendo en el caso de la carne, la intervención estatal en la comercialización no ha hecho más que empeorar la amenaza para la “soberanía alimentaria”.

Frente a la voracidad de las patronales agrarias que, como manifestó su vocero en Clarín Héctor Huergo aprovecharán el conflicto para buscar reinstalar sus reclamos (18/01/11), como la remoción de todas las restricciones al comercio y la eliminación de las retenciones (o por lo menos su fuerte reducción), la política kirchnerista sólo ha tenido como resultado alimentar las ganancias de cerealeros y exportadores en detrimento de los primeros.

La satisfacción de necesidades tan elementales como la carne y el pan no puede estar sometida a la lógica de la ganancia capitalista. La única manera de evitar que el lucro del capital o el aprovechamiento de las restricciones estatales por un puñado de empresas amenacen el acceso obrero y popular a estos consumos básicos, es la expropiación de los grandes terratenientes y la burguesía agraria. Esta medida, junto con una verdadera nacionalización del comercio exterior (que se opone por el vértice a la “junta” privada de granos armada por el gobierno con las grandes cerealeras), permitiría organizar la producción agraria en manos de los propios trabajadores, poniendo el eje en las necesidades obreras y populares en vez de someterla a la ganancia.