Las usinas oficialistas vienen difundiendo fervorosamente las conclusiones del estudio de Demian Panigo sobre las consecuencias que podrían derivarse del proyecto de ley sobre el sistema previsional. Los supuestos implícitos sobre los que se anuncian las consecuencias de este aumento sobre la sostenibilidad del sistema, los hemos analizado ya en un
post anterior.
Pero el gobierno ha salido a indicar las enormes inequidades que se habrían producido si la ley se hubiera promulgado, para darle al veto un barniz progre, en defensa de ciertas condiciones igualitarias. Diego Bossio, muy preocupado y casi con lágrimas en los ojos por las consecuencias antiigualitarias de esta ley, señalo el ejemplo de un beneficiario "que cobra hoy $ 7666,37, hubiera pasado a cobrar $ 68.800,19", sugiriendo que tendríamos numerosos casos como este que llevarían a un vaciamiento de las arcas del ANSES en beneficio de un impúdico enriquecimiento de algunos jubilados. Según el estudio de Panigo, con esta ley la desigualdad en los haberes habría aumentado un 15%, en línea con la que se verifica en los trabajores activos. El kirchnerismo no habría vetado la ley para retacear la recomposición y mantener la discrecionalidad de los aumentos, sino porque es el guardián de la equidad entre los jubilados.
Estos argumentos nos recuerdan a los de ciertos funcionarios menemistas, cuando en los últimos meses de gobierno (1999) -y en tiempos de AFJPs- defendían la derogación de la Prestación Básica Universal que ponía un piso a las jubilaciones en aras de la equidad, ya que esto permitiría aumentar la mínima de $150 a... $190!!! Con planteos similares sobre la equidad las empresas prestadoras de servicios públicos vienen bregando por mayores aumentos de tarifas -ya que no sería equitativo que en algunos lugares la energía este más barata que en otros- como si el atolladero energético no estuviera ocasionado en la lógica rapaz con la cual vienen explotando las empresas desde las privatizaciones en función de sus márgenes de ganancia y con poca inversión. Pero bueno, décadas de neoliberalismo no pasan en vano. Economistas "nacionales y populares" como Panigo, sacan de la galera cuestiones tan caras al pensamiento neoclásico como la de la equidad, para dar argumentos "progres" al veto, que deja "equitativamente" planchadas todas las jubilaciones. En aras de una supuesta "equidad" siguen retaceando algo tan básico como garantizar una proporcionalidad entre el ingreso salarial y el haber jubilario. Algún periodista oficialista, para desmerecer el reclamo, se pregunta
"por qué el 82 por ciento y no el 90 o 100 por ciento del salario mínimo". En el
mismo diario llegan a la desfachatez de sugerir que con los ajustes kirchneristas podría llegarse a superar ese reclamo "conservador", cuando apenas araña hoy el 60% del salario mínimo.
Hay que hacer algunas aclaraciones, que ni la demagogia opositora ni el gobierno contribuyen a hacer. Es cierto que con la estructura de ingresos actual de la ANSES (aportes jubilatorios más una parte de la recaudación impositiva nacional deducida a los fondos coparticipables), y considerando una estructura de gastos que no sólo esta abocada a pagar las jubilaciones sino que también cubre otras erogaciones (aparte de que las ganancias del Fondo de Garantía que tiene el organismo se usan para pagar las asignaciones por hijo) no permite costear el aumento. Sin aumentar los ingresos de la ANSES, el aumento de jubilaciones al 82% la llevaria a incurrir en déficit. Pero como señalamos en el post previo ya mencionado, esta suposición es completamente falaz, y fácilmente podrían aumentarse los ingresos del organismo en mucho más de los $40 mil millones requeridos, con sólo tomar unas medidas que afecten la ganancia de distintos sectores capitalistas y oligarcas. En su afán de votar una ley que el gobierno vetara más que en dar una mejora en los haberes, la oposición voto una ley que no incrementa las fuentes de financiamiento. Si hubiera habido algún aumento de aportes patronales o afectado los intereses de algún sector empresario se habrían puesto los pelos de punta de la mayoría de los legisladores que votaron a favor de la ley, que no la habrían acompañado. Por eso, de manera vergonzosa, Proyecto Sur borró la discusión sobre el aumento de los aportes patronales, para devolverlos a los niveles que tenían hasta 1993. Pero los jubilados no están obligados a ser "fiscalmente responsables" (otro latiguillo neoliberal) en sus reclamo por recomponer las jubilaciones, más aún considerando en enorme
sesgo pro empresario del gasto público, que desmiente toda la alharaca hecha sobre el gasto social.
Por otra parte, sin duda hay enormes inequidades en los haberes jubilatorios, que reproducen las existentes en el mercado laboral. Los mecanismos de ajuste previstos por los artículos 5 a 7 de la ley aprobada y vetada el 14/10, las extienden en algunos casos. Pero lo que ni Diego Bossio ni el "investigador" Panigo señalan es que esos artículos se refieren al ajuste por todos los años en los que las jubilaciones estuvieron por el piso, que pasaría a pagarse retroactivamente, así como por el recálculo del haber incial, cosa inevitable en por la fuerte degradación de los ingresos nominales. De todas formas, considerando que la mayoría abrumandora de los jubilados (casi el 75%) cobra la jubilación mínima, el jefe de la ANSES no debería preocuparse por un desmedido enriquecimiento de los trabajadores pasivos. Los supuestos casos como el del trabajador que pasaría de cobrar $7.666 a $6.8000 serán más bien pocos. Es una fantochada querer sugerir, como hace Diego Bossio y reproduce a más no poder el pasquín
PaginaK12 que eso será bastante extendido y que pone en peligro el sistema previsional.
En todo caso, si el problema estuviera en las consecuencias planteadas por estos artículos, esto podría haberse subsanado con un veto parcial y elaboración de otra forma de recálculo, como el kirchnerismo no tuvo ningún reparo en aplicar cuando se aprobó la reforma política, para vetar los artículos que postergaban hasta 2012 la puesta en vigor de aglunas condiciones que perjudican a los partidos más chicos.
Agreguemos que esta preocupación por la desigualdad de las jubilaciones no se condice con la manera grosera en la cual se mantuvieron todos los privilegios para el personal político durante el kirchnerismo. Es de estos privilegios que sale el grueso de las jubilaciones que están muy por encima de la mínima. No hemos visto al kirchnerismo en estos años impulsando una baja en los salarios de diputados, senadores y funcionarios, ni una anulación del régimen de jubilaciones de privilegio.
Lo mismo cabe para la situación precaria de sectores mayoritarios de la clase trabajadora que el kirchnerismo ha mantenido, que además de proyectar a futuro la misma desigualgad en los haberes que existe actualmente, limita los aportantes al sistema.
Como se ve, la defensa del veto por parte del gobierno deschava la una lógica muy cercana a la de las políticas neoliberales tan denostadas. El kichnerismo extendió el universo de beneficiarios en 2008, y hoy busca oponer universalización a 82% móvil. Pero se trata de un falso dilema, que no alcanza para ocultar que al mismo que extendió hay más jubilados se ha degradado esta ampliación al mantener los ingresos degradados, que cada vez se ven más erosionados por una inflación galopante. El veto que acaban de realizar, bloqueó un aumento del 37% para el casi 75% de jubilados que cobran la mínima. Seguramente habrá nuevos aumentos sobre la base de los ajustes previstos actualmente por la ANSES, pero que no detendrán esta tendencia a la degradación de los ingresos ya que los mecanismos de ajuste se apoyan en los índices oficiales truchos.
Conseguir el 82 % móvil no es algo que pueda esperarse de la iniciativa de los legisladores opositores, que votaron esta ley por demagogia. Sólo la más amplia movilización permitirá conquistar este reclamo histórico.
