Negocios inmobiliarios en un “planeta de villas miserias”

Esteban Mercatante

Así como el asesinato de Mariano Ferreyra puso sobre el tapete hace poco más de un mes el rol clave de la burocracia sindical, columna vertebral del gobierno kirchnerista según Aníbal Fernández, para sostener la fragmentación de la clase trabajadora mediante la tercerización (y otras formas de precarización), la represión en el desalojo del Parque Indoamericano en Villa Soldati ha iluminado descarnadamente algo que está diariamente a la vista de todos, aunque convenientemente velado: las tendencias de largo aliento a una reconfiguración urbana que privilegia el reciclaje de las edificaciones apuntando a los estratos sociales más ricos, y la degradación creciente de las viviendas a las que pueden acceder los sectores más pobres.

Una ciudad rediseñada por el negocio inmobiliario

Siguiendo las tendencias mundiales del Planet of slums (denominación del geógrafo Mike Davis, que podríamos traducir como "planeta de villas miseria"), el espacio urbano se polariza, y se fragmenta de la mano de las necesidades de la especulación inmobiliaria y las constructoras. En las últimas décadas hemos visto el sucesivo "revival" de distintos barrios porteños (además de Puerto Madero, podemos mencionar San Telmo, Palermo y Colegiales) que han adquirido glamour de la mano de fuertes emprendimientos inmobiliarios. Pero incluso superando cualquier sesgo geográfico, las megatorres, verdaderos barrios en sí mismos, se han extendido por todo la geografía porteña, como verdaderas minifortalezas, replicando en pequeña escala (adecuada al bolsillo clasemediero) lo que los ricos hacen a lo grande en edificaciones como Nordelta.

La ciudad, así como distintas zonas del Gran Buenos Aires -sobre todo hacia el norte- han permitido jugosos negocios inmobiliarios de la mano de los marcados cambios en la lógica de urbanización. Junto con estos, el precio del metro cuadrado (que en promedio es de U$S 1.500 y en los barrios más caros llega a U$S 2.700) se ha disparado. Si siempre fue difícil el acceso a la propiedad, la priorización de edificaciones para los más ricos ha hecho aún más lejano el acceso a una vivienda propia para sectores de trabajadores.

Junto con los precios de las propiedades, se disparan también los de los alquileres. Incluso llegar al status de inquilino es cuesta arriba. Además, las dificultades crecientes para acceder a una vivienda significan que una proporción creciente de la población debe alquilar, lo cual implica una presión adicional sobre los precios de las propiedades. Para un trabajador que gana el sueldo promedio y alquila solo una vivienda, hoy el alquiler puede llegar al 40% de su sueldo o más; para dos que comparten puede superar tranquilamente un tercio de sus ingresos.

De esta forma, el déficit habitacional del cual los ocupantes del parque en Villa Soldati son el eslabón más débil, tiene su origen en la estructuración del conjunto de la edificación urbana en función del lucro empresario que ha disparado los precios de las propiedades y ha priorizado la construcción de viviendas para los sectores de mayores ingresos.

El lucro con los valores de la propiedad urbana y la construcción son dos de las principales fuentes de negocios en el ámbito de la ciudad, y la política de planeación urbana desde que la ciudad existe como espacio autónomo ha seguido siempre la misma línea coherente: atender las necesidades de los popes de la construcción. La recategorización de zonas urbanas y la violación de las limitaciones para edificar han sido la norma de todos los gobiernos.

Al calor de la valorización de las propiedades inmuebles, se han profundizado los desalojos de viviendas ocupadas. Éstos no sólo han sido realizados por particulares, sino también por el Gobierno de la Ciudad y por el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE).

Durante todos estos años, la construcción ha representado nada menos que la mitad de la inversión total realizada en el país. Pero el grueso de la misma lo componen la construcción privada y planes de obra centrados en obras de soporte a la producción. Mientras tanto, aunque en la ciudad hay un déficit de por lo menos medio millón de viviendas, numerosos terrenos permanecen ociosos, aguardando un aumento aún mayor en los precios de los terrenos.

Durante estos años de crecimiento a tasas chinas, para los sectores más pobres en el más favorable de los casos se ha mejorado un poco la edificación de viviendas precarias, que en algunos casos como en la villa 31 llegan a situaciones de emergencia (excusa usada por el macrismo para querer desajolar la villa).

Es de notar que los denostados inmigrantes son una parte considerable de los trabajadores de la construcción que contribuyen a las jugosas ganancias de las empresas del sector. En una rama caracterizada por un alto nivel de trabajo precario y mal pago, como es la albañilería y actividades similares, se concentra una parte importante de trabajadores provenientes de Paraguay y Bolivia. Un estudio plantea que "los varones inmigrantes del Paraguay y de Bolivia se concentran en un puñado de ramas de actividad, con predominio en la construcción, industria manufacturera, comercio y servicios de reparaciones. En estas ramas se nuclea el 63% de los trabajadores paraguayos y al 59% de los trabajadores bolivianos" (“Diagnóstico de las poblaciones inmigrantes en Argentina”, informe del Ministerio del Interior). No es casual: así como la actividad textil en condiciones semiesclavas, contratar para estas actividades a inmigrantes de condiciones precarias permite una explotación leonina, y evitar cuestiones molestas y tan suntuarias desde el punto de vista empresario como la cobertura de riesgos del trabajo y cosas por el estilo.

Espacio público, negocios privados

Mucho se ha hablado de la apropiación del espacio público por parte de los ocupantes del Parque Indoamericano, pero quienes señalan esto con indignación son los mismos que no dicen que la práctica de la planificación urbana ha operado exactamente en ese sentido, pero en una escala gigantesca. En todo el norte de la ciudad, empezando por las tierras del Club Hípico, lo que fuera el Paseo de la Infanta, el Club Universitario, y los administradores de la Rural, por sólo nombrar algunos ejemplos, vienen apropiándose de terrenos públicos para poner restaurants, estacionamientos, o ampliar el espacio disponible a los socios de los clubs. Con la venia de los funcionarios de turno, esto sucede desde hace décadas sin que nadie se escandalice.

Como si esto fuera poco, la Corporación del Sur, creada en 1998 con la constitución de la Ciudad, y supuestamente encargada de equilibrar la construcción en las distintas zonas de la Ciudad, es un engranaje central para los negocios inmobiliarios. Esta tiene casi un tercio de la Ciudad bajo su mando, entre ellos los terrenos donde habita el 85 por ciento de los pobres e indigentes. Esta corporación no tiene ningún mecanismo de control directo, y ha sido manejada discrecionalmente por todos los jefes de gobierno desde de la Rúa en adelante, cada vez con mayores facultades y terrenos a su cargo, sumando además un fondo fiduciario y regímenes más laxos para las contrataciones.

Mientras tanto, el gobierno nacional se maneja de forma parecida con la Corporación de Puerto Madero, en manos de fieles soldados de la causa "nacional y popular" que buscan la justa redistribución de los negocios de la construcción entre Lázaro Baez, Roggio, Techint y el resto de los amigos de la Cámara Argentina de la Construcción, cámara que agrupa entre el empresariado a quienes son de lejos los más "militantes" en favor del kirchnerismo.

El kirchnerismo, ¿sin ajuste?

El gobierno de Macri ha puesto entre los últimos puestos de jerarquía la construcción de viviendas para los sectores populares, con el argumento de que no hay fondos disponibles. El Instituto para la vivienda redujo su presupuesto durante 2009 de $ 519 millones a $ 120 millones.

En cambio, desde el gobierno nacional y los medios afines señalan el estatus prioritario que tendría para aquel la construcción de viviendas. Sin embargo, los datos sobre construcción de viviendas a nivel nacional no les dan la razón. En 2009 el programa de vivienda fue de $ 5.276 millones. Para 2010 no aumentó, sino que fue ligeramente inferior ($ 5.000 millones). Considerando que la inflación no baja del 25%, tenemos en realidad una significativa caída del gasto en términos reales. No sólo el gasto es menor, sino que con lo desembolsado se construyen menos viviendas que las que podrían haberse hecho el año anterior, ya que el peso vale menos. Para 2011, se prevé invertir $ 5.100 millones.

Como se ve, es una de las tantas partidas congeladas, que gracias a la inflación le permiten al gobierno hacer un ajuste del gasto encubierto. Mientras el gobierno hace gala del combate contra la pobreza que habría permitido la Asignación por Hijo, los sectores más pobres son perjudicados por el ajuste inflacionario que es un pilar de la política económica kirchnerista.

Como si esto fuera poco, el principal programa de viviendas, Techo Digno, muestra una ejecución casi nula de lo proyectado para 2010 en algunas provincias y para la Ciudad de Buenos Aires. La única “prioridad” que muestra en la Ciudad son las posibilidades otorgadas a organizaciones sociales como Madres de generar sus propios emprendimientos de viviendas, a una escala empresaria, otra cuestión que saltó al primer plano con los sucesos de Villa Soldati. La lógica de autoconstrucción que guía a estas organizaciones, así como a las construcciones impulsadas por organizaciones como la Tupác Amaru, no permite dar una respuesta integral al problema habitacional, y va de la mano con el desmantelamiento de los planes de obras públicas para viviendas.

El “modelo K” expulsa pobres de la ciudad y el campo

Mientras se ataca la inmigración de los países limítrofes, se soslaya que en Argentina hay una emergencia habitacional agravada por la masiva expulsión de importantes sectores de las poblaciones rurales. Esta expulsión no tiene otra causa que la sojización, que con la mecanización de las tareas ha reducido el empleo rural y empujado a los desocupados del campo a las ciudades, donde engrosan los sectores de probres urbanos.

A esto se agrega la persistente expulsión de poblaciones semicampesinas de pequeñas propiedades en provincias como Chaco y Formosa, como se pudo ver hace algunas semanas con los asesinatos ocurridos en los pagos del gobernador K Gildo Insfrán. Se las echa para poder aumentar las extensiones de tierras puestas a disposición del agrobusiness, para plantar soja y algodón.

El "modelo K" expulsa violentamente a poblaciones rurales, a las que en la ciudad sólo les espera debatirse entre el hacinamiento en las villas y deambular por la ciudad sin techo.

¿Cómo responder al déficit habitacional?

 El punto de partida de cualquier plan para garantizar vivienda para todos, debe pasar por una reforma urbana que expropie las tierras que han sido usurpadas por los negocios privados, las propiedades en manos de la iglesia y las que controlan los grandes grupos inmobiliarios. Todo esto representa cientos de hectáreas que podrían destinarse a la construcción de viviendas populares y que hoy son usufructadas por los sectores sociales más ricos, por instituciones parasitarias como la iglesia, o manipulados en función de operar sobre los precios de la tierra.

 También es necesario imponer el desmantelamiento de la Corporación Sur y la corporación Puerto Madero, para utilizar sus terrenos y los generosos fondos manejados para la construcción de viviendas.

 Para construir viviendas en estos terrenos, es necesario desarrollar un plan de viviendas controlado por los trabajadores. Los recursos para el mismo, aparte de los fondos mencionados previamente, deberían salir de la imposición de impuestos progresivos a las grandes fortunas y a los terratenientes, además de la expropiación de las grandes propiedades rurales para apropiarse íntegramente de la renta agraria, y el no pago de la deuda externa. Estos recursos no solo permitirían responder a las acuciantes necesidades de vivienda, sino impulsar el trabajo para todos, con un salario acorde a la canasta familiar.

 Como dijimos, la situación en las villas y asentamientos ha permanecido crítica durante todos estos años, mientras, con el guiño de punteros políticos, los alquileres treparon por las nubes aun dentro de las mismas. Las villas y asentamientos deben ser urbanizados de acuerdo a un plan de conjunto trazado junto con los habitantes de los mismos, y debe imponerse la entrega en propiedad de las viviendas para quienes las habitan, terminando con el descarado lucro con las necesidades de los sectores más pobres.

 En el caso de las viviendas ocupadas, es necesario imponer el fin de los desalojos, y garantizar la propiedad de las mismas para quienes las habitan.

 Por último, la reforma urbana debe considerarse en un contexto más amplio: es necesario terminar con la expulsión de las poblaciones rurales. La expropiación de las grandes propiedades terratenientes y el monopolio estatal del comercio exterior deben ser la base para una reorganización de la estructura productiva, para terminar con el hacinamiento poblacional en las ciudades.

No puede esperarse que el macrismo, los progre-kirchneristas, o los radicales, que alternativamente han gobernado la Ciudad de Buenos Aires e implusado planes urbanos adaptados a las necesidades de los especuladores y las empresas de la construcción (ni qué hablar del peronismo, cuya política de urbanización podemos contemplarla en los más populosos poblados bonaerenses) vayan a dar ningún paso en este sentido. Sólo la movilización del conjunto de la clase trabajadora y los pobres urbanos puede imponer este plan para responder a la emergencia habitacional.