A continuación publicamos la primer parte del informe sobre ingenios azucareros del NOA elaborado por Emiliano Trodler. El mismo aborda las transformaciones recientes en el sector, la relación entre salarios y ganancias, y los usos que ha tenido la denunciada "crisis" en el sector, el alcanze de la cual queda relativizada por el análisis presentado. Esta primer parte del informe se continuará en Ideas de Izquierda, con un análisis de los procesos de lucha reciente en los ingenios del NOA.
Introducción
Durante el año 2013 la caída en los precios del azúcar ha sido motivo de una furibunda campaña en defensa de la rentabilidad empresaria. A la cabeza de esta campaña estuvieron cañeros e industriales, legisladores del PJ, la UCR, PRO, y también los dirigentes de la FOTIA. Contaron a su vez con el inestimable apoyo de la prensa.
Los medios de comunicación hablaban de la crisis azucarera en los términos más catastróficos. La televisión y los diarios hablaban de quebrantos en la industria y precios que “tornan inviable la actividad”. Desde la EEAOC señalaban a esta como “la peor crisis azucarera de los últimos 30 años”. Durante el mes de agosto el Grupo Los Balcanes entraba en concurso preventivo de acreedores. Catalina Lónac, principal propietaria del grupo empresario, hablaba de una “crisis terminal en la industria azucarera”, llamando a que “los obreros, los dueños de los ingenios y el Gobierno hagan lo que tienen que hacer”. Todo parecía indicar que la industria se iba a pique. En ese contexto, recrudecían las tensiones entre cañeros e industriales al mismo tiempo que cerraban filas ante el gobierno provincial para exigir medidas que tendieran a salvar a “la familia azucarera”.
Las cámaras patronales (UCIT, CACTU, UCS, CUE por los cañeros, la CART, CARNA, CAA, por los industriales), el poder ejecutivo provincial, los partidos de la oposición patronal, y la cúpula de la FOTIA reclamaban una Ley Azucarera que regulase el precio del azúcar mediante la fijación de cupos de exportación, subvenciones a los productores más pequeños, y estimulo a la producción de bioetanol. Esa Ley se sancionó en marzo y reglamentó la puesta en pie del Instituto de Promoción del Azucar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), organismo compuesto por 6 miembros (industriales, cañeros, y del PE), que intentaría constituirse como una “mesa azucarera” de coordinación entre los distintos sectores patronales.
Al mismo tiempo se daba fuerte impulso a una política de subsidios desde el gobierno nacional, que por aquellos días también anunciaba la puesta en funcionamiento del Ingenio La Esperanza en Jujuy. Los medios de comunicación justificaban este millonario desembolso a los empresarios del azúcar y hablaban de “subsidios para mantener a flote el precio”. Para finales de la zafra el precio de la bolsa de azúcar había aumentado de $125 a más de $200 llevando nuevamente el precio a sus mejores niveles. A esta recuperación del precio contribuyeron las fuertes heladas y sequias que implicaron una sensible reducción de la molienda, y de los diagnósticos de “crisis terminal” se pasaba ahora a la euforia: “los días negros de la crisis han quedado atrás en la industria azucarera”; “la crisis se disipa; respiran los azucareros”; “se prevé que los buenos precios se sostendrán entre los próximos 18 a 20 meses”. En Jujuy y en Salta las heladas y sequias provocaban fuertes caídas en la producción. Hugo Rossi, presidente del Ingenio El Tabacal afirmaba al final de la zafra que la temporada se había acortado 32 días y se habían molido 475 mil tn menos de caña. Por las mismas causas El Ingenio Ledesma declaraba cerrar el año con una caída del 28% en la producción de azúcar. Pero en Salta y Jujuy la caída de los precios del azúcar no generó pronósticos tan sombríos sobre el futuro de la industria como en Tucumán. Al mismo tiempo, la caída en los niveles de producción fue recibida en Tucumán como un “alivio” para las patronales del campo y la industria, que encontraron en las inclemencias de la naturaleza un regulador más eficaz que el recién estrenado IPAAT para controlar la caída de los precios.
En unos pocos meses la industria azucarera parecía haberse salvado de la catástrofe. Sin embargo, un análisis más profundo de la industria azucarera pone de relieve el notable contraste que existe entre los negros vaticinios empresariales y los auspiciosos informes que recopilan los datos de la evolución histórica en la producción, precios, productividad, y las tendencias del mercado azucarero a nivel internacional, que parecen contradecir la idea de un “crisis terminal”. También contrasta con las “memorias” de los balances contables presentados por los principales ingenios azucareros en años recientes.
Cabe preguntarse entonces: más allá de la caída en los precios y la producción de 2013, ¿hubo o no una “crisis terminal” en la industria azucarera?; ¿puede la Ley Azucarera constituirse en un mecanismo efectivo para regular la caída de los precios?. ¿Por qué no hubieron los mismos pronósticos en Tucumán que en Salta o Jujuy?.
En nuestro intento de esbozar una primera respuesta a estas preguntas trataremos de demostrar que la “crisis azucarera” tiene su origen no tanto en la caída de los precios o en los cambios climáticos (que ocurrieron), sino en la propia dinámica anárquica de las relaciones capitalistas de producción que atraviesan un profundo proceso de disolución de las viejas estructuras de propiedad. La caída de los precios, intentaremos demostrar, se produce en un mercado que se desarrolla entre los polos de la competencia y la protección estatal de una burguesía nacional parasitaria, y es a su vez acicateada por las tendencias a la concentración, centralización del capital y a la penetración del capital imperialista.
Con este primer informe queremos acercar a los trabajadores en general y a los obreros de los ingenios del NOA en particular, un análisis crítico acerca de las verdaderas causas de la crisis azucarera, poniendo en evidencia los intereses de clase que dan fundamento a las disputas entre industriales y cañeros, que siempre intentan presentar sus propios intereses como “intereses generales” de la provincia, para demostrar la necesidad de pelear por una salida propia de los trabajadores, que solo tendrá su remate con el control obrero de la producción y el gobierno de los trabajadores.
Los medios de comunicación hablaban de la crisis azucarera en los términos más catastróficos. La televisión y los diarios hablaban de quebrantos en la industria y precios que “tornan inviable la actividad”. Desde la EEAOC señalaban a esta como “la peor crisis azucarera de los últimos 30 años”. Durante el mes de agosto el Grupo Los Balcanes entraba en concurso preventivo de acreedores. Catalina Lónac, principal propietaria del grupo empresario, hablaba de una “crisis terminal en la industria azucarera”, llamando a que “los obreros, los dueños de los ingenios y el Gobierno hagan lo que tienen que hacer”. Todo parecía indicar que la industria se iba a pique. En ese contexto, recrudecían las tensiones entre cañeros e industriales al mismo tiempo que cerraban filas ante el gobierno provincial para exigir medidas que tendieran a salvar a “la familia azucarera”.
Las cámaras patronales (UCIT, CACTU, UCS, CUE por los cañeros, la CART, CARNA, CAA, por los industriales), el poder ejecutivo provincial, los partidos de la oposición patronal, y la cúpula de la FOTIA reclamaban una Ley Azucarera que regulase el precio del azúcar mediante la fijación de cupos de exportación, subvenciones a los productores más pequeños, y estimulo a la producción de bioetanol. Esa Ley se sancionó en marzo y reglamentó la puesta en pie del Instituto de Promoción del Azucar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), organismo compuesto por 6 miembros (industriales, cañeros, y del PE), que intentaría constituirse como una “mesa azucarera” de coordinación entre los distintos sectores patronales.
Al mismo tiempo se daba fuerte impulso a una política de subsidios desde el gobierno nacional, que por aquellos días también anunciaba la puesta en funcionamiento del Ingenio La Esperanza en Jujuy. Los medios de comunicación justificaban este millonario desembolso a los empresarios del azúcar y hablaban de “subsidios para mantener a flote el precio”. Para finales de la zafra el precio de la bolsa de azúcar había aumentado de $125 a más de $200 llevando nuevamente el precio a sus mejores niveles. A esta recuperación del precio contribuyeron las fuertes heladas y sequias que implicaron una sensible reducción de la molienda, y de los diagnósticos de “crisis terminal” se pasaba ahora a la euforia: “los días negros de la crisis han quedado atrás en la industria azucarera”; “la crisis se disipa; respiran los azucareros”; “se prevé que los buenos precios se sostendrán entre los próximos 18 a 20 meses”. En Jujuy y en Salta las heladas y sequias provocaban fuertes caídas en la producción. Hugo Rossi, presidente del Ingenio El Tabacal afirmaba al final de la zafra que la temporada se había acortado 32 días y se habían molido 475 mil tn menos de caña. Por las mismas causas El Ingenio Ledesma declaraba cerrar el año con una caída del 28% en la producción de azúcar. Pero en Salta y Jujuy la caída de los precios del azúcar no generó pronósticos tan sombríos sobre el futuro de la industria como en Tucumán. Al mismo tiempo, la caída en los niveles de producción fue recibida en Tucumán como un “alivio” para las patronales del campo y la industria, que encontraron en las inclemencias de la naturaleza un regulador más eficaz que el recién estrenado IPAAT para controlar la caída de los precios.
En unos pocos meses la industria azucarera parecía haberse salvado de la catástrofe. Sin embargo, un análisis más profundo de la industria azucarera pone de relieve el notable contraste que existe entre los negros vaticinios empresariales y los auspiciosos informes que recopilan los datos de la evolución histórica en la producción, precios, productividad, y las tendencias del mercado azucarero a nivel internacional, que parecen contradecir la idea de un “crisis terminal”. También contrasta con las “memorias” de los balances contables presentados por los principales ingenios azucareros en años recientes.
Cabe preguntarse entonces: más allá de la caída en los precios y la producción de 2013, ¿hubo o no una “crisis terminal” en la industria azucarera?; ¿puede la Ley Azucarera constituirse en un mecanismo efectivo para regular la caída de los precios?. ¿Por qué no hubieron los mismos pronósticos en Tucumán que en Salta o Jujuy?.
En nuestro intento de esbozar una primera respuesta a estas preguntas trataremos de demostrar que la “crisis azucarera” tiene su origen no tanto en la caída de los precios o en los cambios climáticos (que ocurrieron), sino en la propia dinámica anárquica de las relaciones capitalistas de producción que atraviesan un profundo proceso de disolución de las viejas estructuras de propiedad. La caída de los precios, intentaremos demostrar, se produce en un mercado que se desarrolla entre los polos de la competencia y la protección estatal de una burguesía nacional parasitaria, y es a su vez acicateada por las tendencias a la concentración, centralización del capital y a la penetración del capital imperialista.
Con este primer informe queremos acercar a los trabajadores en general y a los obreros de los ingenios del NOA en particular, un análisis crítico acerca de las verdaderas causas de la crisis azucarera, poniendo en evidencia los intereses de clase que dan fundamento a las disputas entre industriales y cañeros, que siempre intentan presentar sus propios intereses como “intereses generales” de la provincia, para demostrar la necesidad de pelear por una salida propia de los trabajadores, que solo tendrá su remate con el control obrero de la producción y el gobierno de los trabajadores.
