“Bonapartismo fiscal” en el medio de la crisis política

El malabarismo que el gobierno viene haciendo, primero con el Fondo del Bicentenario, luego con el Fondo del Desendeudamiento, y ahora, debiendo someter el pago de deuda con reservas a un proyecto de ley, responde a una nueva realidad de mayores complicaciones en el frente fiscal.
La holgura de ingresos que le permitió al gobierno contar con abultadísimos sobrantes de recaudación para ejercer una suerte de “bonapartismo fiscal” en la relación política con intendentes bonaerenses y gobernadores durante todos estos años ya no existe más. Incluso muchas provincias tienen rojo fiscal y de no recibir recursos del Estado Nacional amenazan, como en el caso de Corrientes, con emitir cuasimonedas.
Redistribuyendo para los capitalistas
Mientras la recaudación en términos reales (descontando el efecto de la inflación), está casi estancada desde finales de 2008 (o sea que crece, pero lo mismo o apenas un poco más que la inflación), el gasto público mantuvo un crecimiento por encima de la recaudación. ¿Se puede decir que el aumento del gasto responde a la redistribución del ingreso? Difícilmente. Un cuarto de los gastos del Estado Nacional se destinan a los intereses de la deuda y a subsidios a los capitalistas. Si a esto se suma el pago de capital de la deuda el porcentaje supera el 40% del total del presupuesto.
Estas son las partidas que más crecieron en los últimos años. Los pagos de intereses y capital de la deuda aumentaron significativamente a partir de 2006 de acuerdo a lo pactado por Néstor Kirchner y Lavagna en la renegociación de 2005. Los intereses de la deuda pasaron de $17.000 millones en 2007 a $27.000 millones para este año. Y no solo eso, porque si se consideran los pagos de capital, que en muchas ocasiones pueden ser renegociados, las cifras se elevan mucho más. Por ejemplo, en 2009 la suma de intereses y capital llego a casi $40 mil millones. A pesar de ser el gobierno que más deuda pago, el “desendeudamiento” pregonado es puro verso, la deuda se viene incrementando desde el canje de 2005 y volverá a pegar un salto de concretarse el nuevo canje a los holdouts. El gobierno se “desendeudó” pagando puntualmente una deuda usuraria, que para los voceros del establishment habría que refinanciar alimentando el ciclo de los intereses, y que en realidad lo único que corresponde es no pagar en su totalidad. A excepción del pago a los jubilados y Pami que se solventa con el aporte sacado del sueldo de los trabajadores, la deuda supera cualquier otra partida en el presupuesto, especialmente las dedicadas a “gasto social”. Veamos algunos ejemplos: la universalización de las asignaciones familiares representa $7.300 millones, a la educación se destinan apenas $19.000 millones y a la salud $10.000 millones en todo el año!
Otra gran parte del aumento del gasto se explica por los crecientes subsidios a los capitalistas. De esta forma se benefician principalmente los empresarios del transporte, entre ellos Roggio, que a pesar de las pésimas condiciones en que se viaja en trenes, subtes y colectivos se llevarán $20 mil millones durante 2010. Además, unos $15 mil millones se irán en subsidios a las empresas de combustibles, energía y minería. Y los “repudiados” empresarios del agro se llevarán otros $5 mil millones. A pesar de todos estos beneficios solventando desde el Estado la ganancia, el gobierno no logró contener la insaciabilidad de los empresarios que igual aumentan los precios de los alimentos y los combustibles. El total de estas trasferencias crecieron de forma desorbitada: pasaron de $5.000 millones en 2006, a $10.000 millones en 2007. En 2008 fueron de $32.000 millones, y en 2009 de $35.000 millones. Este año están presupuestados $45.000 millones ¡Un crecimiento del 900% desde 2006! Aunque el gobierno quiere presentar esto como una política de mantener baratos los servicios públicos para los trabajadores en contra de la oposición que plantea el ajuste tarifario, la verdad es que los subsidios se los embolsan los empresarios y son una forma de abaratar la fuerza de trabajo y de hecho significa un subsidio a la ganancia capitalista. Muy por el contrario al aumento de tarifas, la única solución verdadera para garantizar servicios públicos baratos, o incluso gratuitos, para el pueblo pobre es la estatización del transporte, de las empresas de energía, de comunicaciones, y el conjunto de los servicios públicos, bajo gestión de los propios trabajadores, eliminado la ganancia empresaria.
Generoso en gastar para los capitalistas, el kirchnerismo mantuvo limitados los impuestos a las ganancias. Más del 50% de la recaudación proviene de IVA que grava fundamentalmente a los consumos populares y de las contribuciones a la seguridad social que se sustraen del salario! Aunque presentó como una pelea antioligárquica el intento de subir algunos puntos porcentuales las retenciones agropecuarias, descartó restablecer las contribuciones patronales al nivel de 1993 lo cual podría sumar casi $20.000 millones de recaudación o fijar cualquier gravamen a la renta financiera (que podría significar $11 mil millones). Esto obligó al gobierno a financiarse con deuda cara (como la concedida por el gobierno venezolano hasta 2008) o en el limitado mercado local. Pero como fue insuficiente, recurrió a los superávit de organismos como la ANSES, o el PAMI, que fueron fuentes que permitieron al gobierno salir del paso durante el año pasado.
Los problemas fiscales no se deben a que el gobierno busca “primero redistribuir y después crecer” como critican los medios más rabiosamente oligarcas, sino que están ligados a una estructura de gasto fiscal comprometida en sostener la ganancia empresaria y los pagos de la deuda apoyada mayormente en los impuestos al consumo. Una “redistribución”, sí, en beneficio de los capitalistas. El problema no es el gasto sino el saqueo nacional llevado adelante por el capital imperialista en asociación con los capitalistas locales.
Al gobierno se le hace cada vez más difícil seguir combinando su ortodoxia al momento de honrar las deudas y de (no) poner impuestos al capital con el andamiaje de subsidios a los capitalistas destinado a disimular los aumentos de precios (buscando sostener lo más posible la “ilusión INDEC” para limitar las pretensiones salariales), y el resto de las medidas de “bonapartismo fiscal”.
El agotamiento del “bonapartismo fiscal”
La situación de crecimiento más acelerado de los gastos en relación a los ingresos fiscales plantea a la burguesía una clara perspectiva de ajuste fiscal contra los trabajadores, pero la disputa se encuentra alrededor de los tiempos para ejecutarlo. Es que la recaudación en febrero proyectada podría llegar ajustadamente a cubrir todas las erogaciones del año, incluso, los desembolsos como la universalización del fondo a la niñez o el plan argentina trabaja, lanzados posteriormente a la aprobación del presupuesto. Por ahora, el gobierno enfrenta una situación fiscal manejable, pero no contará con los sobrantes generosos que existían cuando el superávit alcanzaba el 4% del PBI y permitía distribuir recursos discrecionalmente. En lo inmediato la oposición apunta a limitar cada vez más el “bonapartismo fiscal” que el gobierno desarrolló todos estos años. En ese sentido va la ley de la oposición para quitarle la administración de una parte de los ingresos del impuesto al cheque mediante mayor coparticipación a las provincias. Sin embargo, la nueva etapa de la crisis internacional con la situación que atraviesan varios países europeos, entre los que se destacan Grecia, España y Portugal, crea una situación de alta inestabilidad que podría echar por tierra todos los pronósticos.
Frente a esta disputa, no hay ninguna alternativa favorable a los trabajadores ni en el gobierno ni en la oposición patronal. Aunque el gobierno evite el ajuste directo, su política de gastos para pagar la deuda y subsidiar a los capitalistas prepara las condiciones para un ajuste futuro, mientras el problema de la inflación que buscan ocultar representa un ajuste cotidiano sobre el poder de compra del salario. Incluso, para los capitalistas exportadores el salario en dólares viene cayendo fuertemente apuntalando sus ganancias. La oposición sólo busca impedir que el gobierno pueda hacerse libremente de los fondos adicionales para seguir gastando, pero comparte el objetivo de pagar la deuda sólo que pretende que el gobierno empiece a tomar al menos alguna medida de ajuste, para aligerar la carga que quedaría para quien gane en 2011.

La plata de los jubilados y la plata de los acreedores

La extensión de las asignaciones familiares significa la absorción de otros planes por más de $5.000 millones (m). Se podría decir que ordena “la caja” fiscal para negociar la deuda: miles de millones de pesos pasan a la cuenta de ANSES, y el tesoro libera recursos para contener el déficit fiscal creciente y dar señales a los “mercados” de que podrá pagar. El gobierno sigue adornando los números para los acreedores: en 2008 liquidó las parasitarias AFJPs, pero para transformar en superávit del tesoro el de ANSES y venderle bonos al organismo para seguir pagando la deuda y subsidiar a los capitalistas. Ahora, el anuncio del subsidio universal tiene en su letra chica un guiño a los bonistas.

Además de los aportes patronales y contribuciones que recauda por cada trabajador registrado (siempre y cuando los “Don Carlos” no usen esa plata para financiar sus empresas) ANSES recibe fondos por la recaudación de distintos impuestos (IVA, Cheque, Ganancias), que surgen de una deducción del 15% a la coparticipación que reciben las provincias, arreglo que se mantiene desde los '90 cuando la creación de las AFJP desfinanció el sistema. De esa masa de recursos, el organismo ahorra hoy una parte luego de pagar haberes y asignaciones. Este ahorro pasa a engrosar el stock de recursos que se reservan para hacer frente a futuros aumentos en los haberes y al crecimiento en el número de jubilados. Ese stock es el que el gobierno ha venido succionando a cambio de títulos de deuda.

Ahora, con los rendimientos de ese stock (los intereses de préstamos y utilidades de tenencias accionarias) se financiará la extensión de las asignaciones por hijo. Pero como las utilidades esperadas para 2010 ($8.500 m) son menores a los 10.000 m del plan (que algunas estimaciones dicen que en realidad podrían llegar a 13.000 m), éstas no alcanzarían para sostenerlo. Entonces, o se crea nueva deuda, o se usa una parte del stock que hoy ronda los $100.000, que entonces ya empezaría a reducirse. Los 5.000 m que se ahorra el fisco o más, es lo que habría que usar anualmente del Fondo de Garantía. Y eso sin contar que los rendimientos supuestamente se acumularían para afrontar futuros aumentos en las erogaciones en vez de gastarse.

Algunos escribas a sueldo del gobierno han salido a criticar los planteos de que se está usando “la plata de los jubilados” para extender las asignaciones por hijo. Argumentan que esa plata no es de los jubilados, ya que el sistema de reparto corta con la dependencia de los aportes individuales para sostener los pagos futuros de la jubilación, y reivindican el supuesto plan global del gobierno para mejorar la situación de los sectores más vulnerables.

Es cierto: los aportes de hoy no son de cada futuro jubilado. Pero es falaz plantear que hay una política global para mejorar las condiciones de los pobres. Por el contrario, lo que trata el gobierno es de contener a la población más pobre con unos pocos pesos, para evitar una extensión de reclamos que confluyan con los de los trabajadores ocupados con miras más ambiciosas que apenas sobrevivir, como acabar de raíz con las condiciones de miseria exigiendo salarios que alcancen como mínimo la canasta familiar y trabajo para todos. Mientras lo hace, reconoce y legitima el trabajo en negro y los bajos salarios. Y de paso libera plata para los acreedores.

Podría argumentarse que como se trata de una asignación vinculada a la seguridad social, es lógico que la nueva asignación caiga en la órbita de ANSES. También, que al tratarse de un sistema de reparto, el Estado está obligado a sostener todas las erogaciones más allá de la solvencia del sistema. Respecto a éste segundo planteo, hemos visto muchas veces cómo el Estado pagó jubilaciones miserables con tal de no poner para ANSES ni un peso que tenga otra asignación presupuestaria para. Puede ser muy lógico que por las características de esta asignación caiga en la órbita de ANSES, pero también lo sería que se incrementaran los recursos en forma equivalente. Pero no es el caso sino todo lo contrario, y mientras promociona el plan, Boudou dice sin sonrojarse que sería recesivo aplicar nuevos impuestos para justificar que el capital financiero siga sin pagar nada por especular a piacere.

Por lo demás, el gobierno sigue rechazando implementar el 82% móvil y mantiene aumentos discrecionales a las jubilaciones (hoy con una mínima de $827). El ministro Boudou, que hoy califica este proyecto de “revolucionario”, cuando estaba a cargo de ANSES sostuvo que los recursos “no alcanzan para dar un aumento a los jubilados” (20/05/09). Parece que cuando se trata de liberar al fisco, se pone más generoso.

La extensión de las asignación es parte de la orientación pro mercados encarada por el gobierno para afrontar el déficit. Ninguna respuesta seria a la pobreza puede venir de las migajas del gobierno K. Es necesaria la mayor unidad de ocupados, precarios y desocupados para pelear por un inmediato seguro de desempleo acorde a la canasta familiar, el reparto de las horas de trabajo entre todos, y garantizar el 82% móvil a todos los jubilados, sobre la base del no pago de la deuda, nacionalización de la banca, y los impuestos a las grandes fortunas.

La “gestión” K de la pobreza

ASIGNACIONES POR HIJO
La “gestión” K de la pobreza

Con el anuncio del plan de asignaciones por hijo, el gobierno aparece dándose un ligero baño de progresismo después de la represión en Kraft y el giro hacia “los mercados” impulsado por Boudou. Celebran que la oposición “se quedó sin argumentos” y que se ha dado un primer paso para terminar con la pobreza.

Todo por $2

Hay un abismo entre el reclamo de los movimientos de desocupados de $2.000 para cubrir la canasta básica, y lo limitado de una medida presentada con tanta pompa. Además, según los datos que surgen del presupuesto del 2010 los K gastarán 44.232 millones de pesos (4,5 veces superior a lo que destinará a las asignaciones por hijos) en subsidiar a los capitalistas del transporte como Roggio, a las empresas de energía como Edenor y Edesur, al agro y la industria, etc. Los pagos de intereses de la fraudulenta deuda pública, aún sin considerar el aumento que signifique el nuevo canje a los holdouts, serán 2,6 veces más altos que el conjunto de las asignaciones. Mientras que estas generosas erogaciones al capital se sostienen con un presupuesto apoyado principalmente en impuestos al consumo, es el bajo ingreso de los jubilados el que sostendrá las asignaciones por hijo: los recursos saldrán del rendimiento de los fondos de la ANSES que se apartan para “garantizar la sustentabilidad” del sistema, incurriendo en un déficit ya que los mismos son menores a los $ 10.000 millones comprometidos.

La medida fue anunciada la misma semana que Redrado y Boudou convencieron a los K de archivar la idea de reformar otra “ley de la dictadura” como es la de entidades financieras, o de siquiera gravar la renta financiera, para no afectar el “clima de negocios” cuando están tratando de cerrar el canje armado por los mismos bancos de los que son clientes los dueños de los títulos (imagínese a la medida de quien).

Bomberos del capital

Esta medida, al igual que los planteos de la oposición, se propone actuar de colchón para contener los efectos de los despidos que realizaron las empresas, y que planean continuar. A pesar de los síntomas de recuperación económica, la recuperación del empleo se pronostica que será limitada. Es que las empresas están utilizando la crisis para despedir, aumentar los ritmos de trabajo y congelar salarios o en el mejor de los casos otorgar aumentos por detrás de la inflación.

La pobreza cuya medición desfiguró la intervención del Indec estaría afectando a más del 30% de la población. El solo reconocimiento que se le asignará el subsidio a 5.000.000 de menores de 18 años, que representan el 12,5% de la población, indica lo mentiroso de los números oficiales que señalan una pobreza de sólo el 13,9% para el total de la población, ya que sólo contando los menores se llega casi a ese porcentaje. Esta pobreza no brota de la nada ni es solamente un producto de los cientos de miles de despidos que sucedieron mientras el kirchnerismo trataba de ocultar el impacto de la crisis, y se limitaba a lanzar planes cuyo único efecto fue transferir dinero a los empresarios. Aunque esto sin duda agudizó el problema. Las raíces profundas están en la estructura del empleo con un 40% en negro y numerosas formas de contrato precario como son los contratos a término. Estas condiciones permitieron un formidable retroceso en la participación de los trabajadores en el ingreso generado: sólo considerando el sector manufacturero, las remuneraciones pasaron de representar el 44% del valor agregado en el año 1994, a apenas el 25% en los últimos datos del Censo Económico 2004-2005. Aunque los K dejaron correr mejoras en la remuneración de los trabajadores en blanco, estas tuvieron un límite muy estrecho: con la ayuda de los sindicatos, el gobierno puso un freno cuando en 2006 algunos pocos sectores alcanzaron o apenas superaron el poder adquisitivo del 2001, año pico de recesión. De ahí en adelante la inflación viene erosionando los salarios, pero como las empresas producen más y venden más caro, la participación capitalista en el agregado siguió en aumento, en línea con la tendencia que registra desde mediados de los ‘70. La pobreza es tributaria de esas condiciones de concentración del ingreso que el gobierno sostuvo y permitió que se profundizara. La asignación por hijo deja intacta esta situación “gestionando” la pobreza y naturalizando una masa de obreros sin trabajo o con trabajo precario. A su vez, los capitalistas encuentran en el trabajo en negro y precario una masiva fuerza de trabajo barata, cuya baratez es asistida ahora por las asignaciones por hijo, que presiona morigerando las aspiraciones del conjunto de la clase obrera. Los capitalistas necesitan para volcar la crisis sobre los trabajadores evitar cualquier atisbo de unidad entre desocupados y ocupados.

En un escenario donde las patronales se preparan para continuar la restructuración -despedir y rechazar aumentos de salarios- el gobierno vuelve a actuar de bombero, esperando con esta asignación distender las presiones al aumento salarial en los sectores de menores ingresos. En un momento en que “se espera una profundización de los conflictos laborales el año próximo, asociada principalmente a los reclamos por mejoras salariales” (Aseguran que mejora la actividad pero recrudece la conflictividad laboral - DiarioGremial.com-), la asignación por hijo a cargo del gobierno con los fondos de los jubilados, es un plan de contención que busca evitar la unidad de los trabajadores desocupados y en negro, de los trabajadores en blanco.

Un programa obrero por el empleo y contra la pobreza

Existen los recursos para garantizar inmediatamente un seguro temporal de desempleo acorde a la canasta y para desarrollar un gran plan de obras que incorpore a todos los desocupados (que debería ser bajo control de los trabajadores) mediante el no pago de la deuda externa, la expropiación de los recursos naturales, incluyendo la tierra de los grandes terratenientes, nacionalización de la banca y dejando de subsidiar la ganancia capitalista. Este programa sólo puede ser impuesto por la lucha, enfrentando los planes capitalistas sobre la base de la más amplia unidad entre trabajadores efectivos, contratados, en negro y desocupados, tirando abajo toda la legislación laboral flexibilizadora y repartiendo las horas de trabajo entre todas las manos disponibles.

Esteban Mercatante y Pablo Anino

Kraft Terrabusi

Comunicado de Prensa
Gran triunfo de la lista 1 encabezada por Javier “Poke” Hermosilla

(Buenos Aires, 3/11/09). A pesar de las maniobras de la empresa y el sindicato, y la situación represiva que se vive en la planta, más de 1700 compañeros y compañeras participaron masivamente en la elección de Comisión Interna dándole el triunfo a la lista 1 (impulsada por la agrupación Desde Abajo del STIA junto a compañeros y compañeras independientes) con 676 votos, sobre la lista encabezada por Ramón Bogado que obtuvo 660 votos, y la lista 3 alentada por Daer y la patronal, que obtuvo sólo 390 votos. La lista 1 obtuvo el 75% de los votos en el turno noche, donde Hermosilla es delegado, turno que sufrió la mayor proporción de despidos y suspensiones.

La lista ganadora va a impulsar la inmediata reorganización del Cuerpo de Delegados por Sección, y convoca en especial a los compañeros y compañeras de la lista 2 a hacerlo en común, como parte de la lucha por la reincorporación de los 53 compañeros que aún siguen despedidos, y por todas las reivindicaciones de las obreras y obreros de Kraft-Terrabusi que vienen de protagonizar una heroica lucha.

La economía argentina: leve viento a favor (para las ganancias capitalistas) y tracción del FMI

La economía argentina viene sufriendo una caída de la producción, hoy más lenta y acompañada de un veranito financiero. La intervención de los estados de las principales potencias salvando a los banqueros, a pesar de no resolver ninguno de los problemas estructurales, ha aminorado por el momento la caída de la economía mundial; y ha provocado un enorme excedente de dinero que se está destinando a la especulación en los países “emergentes”. Esto, junto con la mejora esperada en los precios de la soja, el acercamiento al FMI, y la prometida renegociación de la deuda generan optimismo que le da margen al gobierno para tratar de manejar la economía, aceptando, todas juntas, las deudas pendientes con el establishment.

Aminora el desplome

Este año comenzó con pronósticos sombríos de desplome, pero todo indica que terminará en una caída del PBI de 2,5%, leve comparada con otros países. Se ve un coyuntural amesetamiento de la caída. En el interín, entre finales de 2008 y comienzos de 2009 se registraron caídas que en numerosas ramas -como la industria automotriz- superaron el 20%. Pero hoy algunas ramas muestran crecimiento anual positivo, como la alimenticia, caucho y plástico, la química y la metalmecánica, y la situación general contrasta con el escenario de desplome pronosticado.

La ganancia de los capitalistas, aunque en retroceso, no muestra un desplome generalizado. Las empresas que cotizan en bolsa (que al ser pocas tienen una representatividad cuestionable, pero permiten darse una idea de la marcha general), y presentaron balances a junio de 2009, sumaron ganancias por $ 4.100 millones. Aunque esto menor a junio de 2008, hay rubros como el alimenticio que muestran una ganancia neta con poca caída (apenas 10%). Si se considera sólo el segundo trimestre, la ganancia del conjunto de las firmas cae menos, lo que “podría ser una señal de una desaceleración en la caída de las ganancias”, según el estudio del IAMC.

Sin embargo en el marco de la aguda crisis de la economía mundial, donde son muchas las dudas de lo que podría pasar si los planes de estímulo estatal se reducen, estos signos de una situación menos crítica podrían durar lo que un suspiro. No hay nuevo esquema de crecimiento ni nada que se le parezca. El reanimamiento industrial responde centralmente a una recomposición de stocks, y en algunos sectores como la industria de neumáticos, al cierre parcial de las importaciones. La recuperación podría pasar en varios sectores a estancamiento una vez recompuestos los stocks frente a un consumo planchado. La construcción aún no muestra signos de mayor actividad después de una caída estrepitosa, incluso a pesar de algunos aumentos de la obra pública, y la inversión muestra una caída muy aguda.

Avanzan los despidos

Desde comienzos de año se perdieron casi 230 mil puestos registrados, sin contar el trabajo en negro. En la industria, el INDEC reconoce la destrucción de 54 mil puestos de trabajo en aproximadamente un año. Esta destrucción se mantiene a pesar de la desaceleración de la caída industrial: la mitad de los empleos destruidos corresponden al segundo trimestre de 2009, cuando aminora la caída productiva. Mientras que los pronósticos son de una caída de la producción que rondaría un 2,5% para todo el año, la pérdida de empleos alcanza el 4%. En el medio de la crisis, los empresarios ganan en productividad. Esta destrucción de puestos de trabajo fue a pesar del programa REPRO (subsidio para contener despidos), que en junio de 2009 alcanzó a 84.600 trabajadores (82% corresponde a la industria, con textiles, metálicos y autopartes a la cabeza).

Voceros patronales sostienen que “En 2010, las cosas no van a estar mucho peor pero tampoco mejor, en términos de empleabilidad”, según Ernesto Kritz (“El efecto Kraft”, Fortuna, 02/10/09). Las empresas apuestan a beneficiarse de la crisis para aumentar la “productividad del salario”.

“[E]n la salida de la crisis en 2003, el empleo subió mucho, pero ahora no podrá hacerlo al mismo ritmo porque en ese entonces había caído a pique el costo laboral, era muy barato crear nuevos empleos [...] De la actual recesión […] vamos a salir con un costo laboral muy alto”. La destrucción de puestos de trabajo busca ser aprovechada por la patronal en dos sentidos: para retomar la producción con menos trabajadores aumentando la productividad con mayores ritmos y duración de la jornada, y para poner límites a las pretensiones salariales agitando el fantasma de la desocupación, cargando los costos de una inflación sobre las espaldas de los trabajadores. En palabras del vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, “[desde 2002 hasta la fecha] los salarios subieron arriba de un 350%. Si alcanza o no es otro tema [...] no podemos seguir fijando incrementos salariales del 20 o 25%” (“Todo el empresariado quiere diálogo”, Fortuna, 02/10/09). Es este el enfoque empresario para hacer frente a la “conflictividad laboral”. Todo el empresariado mira atentamente a Kraft, ya que esta batalla es crucial para avanzar en esta política. Golpear al activismo de base y terminar con las comisiones internas combativas, son divisas del conjunto de la burguesía en estos tiempos de crisis.

Rumbo al déficit fiscal

Ya a finales del gobierno de Néstor Kirchner, comenzó la política de compensar el avance de la inflación con subsidios a los capitalistas ($40 mil millones en 2009). Los subsidios fueron también la vía para hacer frente a la crisis energética. Con la caída de la recaudación subsidiar la ganancia es cada vez más difícil. La recaudación está cayendo porque sube menos que la inflación. Por eso el gobierno está pisando los gastos en numerosas partidas sociales y prevé que terminará 2009 con un déficit controlable, aunque está por verse si lo logra. Claro que el gobierno tiene recursos como las reservas o colocar deuda en los organismos públicos como la Anses para ordenar relativamente el panorama fiscal. Pero la fuga de capitales que entre 2008 y 2009 llega a casi u$s 30 mil millones, por el rechazo empresario a las políticas gubernamentales y las expectativas devaluacionistas, amenazaba drenar las reservas disponibles, y hacer caer toda la estrategia financiera del gobierno. En vez de alguna medida seria para parar la fuga como nacionalizar todo el sistema financiero para controlar el flujo de divisas, el gobierno ensaya la vuelta a la disciplina de los mercados.

Con la frente marchita

Boudou habla de un “nuevo” FMI que estaría surgiendo de (aún incumplidos) cambios en los porcentajes de votos para algunos países del G-20, lo que para el ministro significa que habría más libertad para manejar la economía sin directivas. Lo cierto es que el gobierno vuelve sobre sus pasos, aceptando después de años de diatribas contra el FMI, la auditoría del organismo.

A esto agregaría un arreglo con el Club de Paris y una nueva oferta para los holdouts que los K preparan de la mano del Citibank, el Deutsche Bank y el Barclays, como guiño hacia “los mercados”. A pesar de la quita el nuevo canje será un gran negocio para los que compraron los bonos totalmente devaluados. Una deuda no reconocida y de valor casi nulo, se transforma en nueva deuda pública por u$s 7 mil millones más los intereses no pagos. La otra pata de la política “pro mercado” es la estabilidad del dólar (que se apreció más de un 10% en el año, pero sin fuerte devaluación) que permite especular sin el riesgo de una depreciación. Gracias a esto, en lo inmediato se detuvo la fuga y están ingresando capitales especulativos a realizar negocios con los bonos del estado que dan un gran rendimiento en el corto plazo.

Los K se ilusionan en que el acceso al mercado de crédito les permita llegar al 2011. Aspiran a que dure la abundante liquidez surgida del rescate a los banqueros de las grandes potencias, que fluye a los países “emergentes” en búsqueda de ganancias rápidas, pero “Todos los que están operando en la plaza financiera tienen el mismo plan: cuando llegue el momento, tomarán las ganancias en pesos y volverán a dólares.” (Ámbito Financiero, 5/10/2009).

El regreso al FMI no será un trago tan sencillo de apurar. Aunque Boudou afirma que será una supervisión de las cuentas sin intromisión en las políticas económicas, algunos prevén que “tal vez le pidan mayor moderación fiscal, política monetaria más estricta, inflación controlada, un banco central más independiente, sinceridad del Indec y más consistencia de la política económica.” (La Nación, 5/10/2009). Además, la renegociación con el Club de Paris y los holdouts pondrá en un nivel más alto los vencimientos de los próximos años agravando la situación fiscal y haciendo cada vez más pesada la carga de la deuda. En el pasado quedó el discurso del desendeudamiento (que dicho sea de paso, hará pasar al gobierno de Kirchner como uno de los que más pago neto de deuda realizó en toda la historia).

Estamos ante otra debacle del proyecto “nacional y popular”. Así como el gobierno que “no reprime la protesta” terminó desalojando a los obreros de Kraft por orden de la embajada yanqui, vuelve al FMI con la frente marchita, para poder seguir pagando la deuda y financiar los dólares con los que la burguesía nacional y extranjera fuga sus ganancias.

Pablo Anino y Esteban Mercatante