La generalización de los motines policiales a 17 provincias, con
situaciones como las de Tucumán o Salta (entre otras), que repiten los
hechos vividos en Córdoba la semana pasada y que ya produjeron cerca de
20 muertes; son una manifestación más del “fin de ciclo” político del
kirchnerismo.
La mayoría de los gobiernos provinciales, avalados por el gobierno
nacional, están otorgando de forma inmediata todos los reclamos de la
corporación policial, siguiendo los pasos del gobernador de Córdoba,
José Manuel De la Sota. Pese a esto, en muchas provincias, las protestas
continúan y los uniformados aumentan su “pliego de reclamos”. No es
solo la cuestión “salarial”, sino también exigen amnistías, impunidad y
ascensos para fuerzas policiales que venían cuestionadas por su íntima
relación con el narcotráfico, la trata de personas, los desarmaderos de
autos y otros negocios ilegales. Venía quedando en evidencia ante la
sociedad que las policías son las organizadoras del “gran delito” que
está detrás del “pequeño delito”, ese que tanto agitan los gobiernos y
los medios de comunicación en sus campañas de “seguridad” y que terminan
en la demonización de los sectores más pobres de la población y en el
fortalecimiento de los “criminales de uniforme” (amparados por el poder
político y judicial).
En estos momentos dramáticos que vive el país, el gobierno se
predispone a “festejar” los 30 años de democracia, con músicos y
“acrobacia”, mientras cede ante apriete armado de una las instituciones
más represivas del Estado. Los que se llenan la boca hablando de la
democracia, mientras ceden todos los días ante las corporaciones
económicas, hoy demuestran la bancarrota de su pseudo-democratismo,
arrodillándose ante la prepotencia patotera de una de las corporaciones
mafiosas y armadas de sus propio Estado.
El “modus operandi” de la mafia policial se repite a lo largo del
país. Zonas liberadas e impulso coordinado de los primeros saqueos
indiscriminados. En una situación social donde se mantienen altos
niveles de pobreza y precarización laboral, agravados por la inflación
creciente; el cuadro deriva en crisis que llevan al enfrentamiento de
pobres contra pobres o de los sectores más vulnerables de la población
trabajadora, con el resto de la clase obrera y las clases medias
empobrecidas.
El chantaje armado de las fuerzas policiales busca de esta manera
generar una base social de derecha y un re-prestigio, además de mejores
condiciones para su función represiva. La escenas de linchamientos
vistas en Córdoba, por parte de sectores de clases medias contra jóvenes
de los barrios populares, basadas también en la cultura de la
segregación social impulsada como política de estado; muestran lo
peligroso y lo criminal de la operación política que lleva adelante uno
de los principales brazos armados del estado.
El “partido policial”
Con la concesión de prácticamente todas las reivindicaciones de los
policías, en el marco una protesta nacional, fortalecen el poder
material y político que esta corporación ya venía obteniendo en los
últimos años, en el marco de la crisis histórica del resto de las FFAA.
Más allá de los resultados inmediatos de la crisis en curso, las
policías logran un triunfo material y un reconocimiento como un nuevo y
peligroso actor político nacional. Con este aval político, logrado con
los métodos del “vandorismo policial” (“golpear para negociar”), esta
corporación gana terreno. Incluso las concesiones del poder político,
ante el chantaje de las policías, puede alentar también a las otras
fuerzas armadas a intentar recuperar terreno (y puede abrir
peligrosamente paso a intentos de actuar como un “partido policial”, de
tutelaje del régimen político argentino).
Los efectos colaterales “no deseados”, como el impulso a la lucha que
provocó en otros sectores estatales de trabajadores (como los de la
salud de Córdoba), por la bronca ante la respuesta inmediata que
tuvieron los uniformados, mientras cualquier conflicto normal de
trabajadores nunca tiene esta resolución; no pueden soslayar este dato
político que fortalece a un enemigo estratégico del movimiento obrero y
los sectores populares y uno de los pilares del régimen y el estado
capitalista argentino. El desprestigio con el que todavía cargan estas
fuerzas (más escandalosamente en provincias como Santa Fe o Córdoba), es
una “ventaja” que debe ser utilizada para impulsar la movilización, no
sólo por el aumento de salarios (plus de fin de año y demandas
similares), sino también contra la represión y la impunidad, contra la
criminalización de la juventud y los sectores populares.
La izquierda y la clase obrera ante los motines policiales
El motín policial tuvo distintas respuestas en la izquierda, desde
aquellos que “alegremente” toman el elemento de crisis del régimen y las
luchas que desató en otros sectores de trabajadores, pero sin
delimitarse claramente del chantaje policial; hasta aquellos que, como
Vilma Ripoll, directamente le dan su apoyo y llaman al aumento de
salario y a la sindicalización.
La extensión nacional de la protesta y los métodos (impulso al
enfrentamiento de pobres contra pobres), dejan en evidencia la
contradicción de aquellos que, desde la izquierda, han llamado a apoyar
las huelgas y los reclamos policiales. Luego de su triunfo en Córdoba,
la policía salió inmediatamente a la caza en los barrios populares,
entrando ilegalmente a los hogares, con el objetivo presunto de
“cumplir” con la orden de De La Sota, de recuperar las mercaderías.
Ahora están mejor pertrechadas, con mejores condiciones y más salarios
para salir a reprimir a la juventud y a los trabajadores, por ejemplo a
aquellos que hoy tienen 11 hospitales tomados.
Frente a la crisis en curso la posición elemental de la que hay que
partir es la de ningún apoyo a los motines policiales y la denuncia a
todos los gobiernos patronales (sean oficialistas y opositores) que se
han entregado ante el chantaje de los uniformados. No se puede dar apoyo
a un movimiento que fortalece no solo materialmente a uno de los brazos
armados del Estado, sino que además le da entidad de actor político. La
negra trayectoria de las policías en la historia nacional, que tiene en
su haber “hitos” como el Navarrazo en Córdoba, hasta su función
esencial en la organización de la Triple A, debería ser una muestra
suficiente para que algunos autodenominados “marxistas”, revean su
posición de apoyo a estos motines.
No es casualidad que la posición de la burocracia sindical vaya desde
la “prescindencia” al apoyo activo a los motines, como hizo el jefe del
SMATA Omar Dragún en Córdoba, ladero del gobernador De la Sota. Su
función “policial” y de contención del movimiento obrero, los “hermana”
con la función de la policía en la sociedad.
La burocracia sindical es la que se está encargando de contener al
movimiento obrero, en momentos en que la inflación crece cada día más; y
permite que la crisis del régimen político y las debilidades que son
producto del “fin de ciclo”, sean aprovechadas por derecha por las
fuerzas policiales. Micheli de la CTA opositora habla tardíamente de la
necesidad de un paro, sin oponerse claramente a los motines. Por esto se
vuelve más urgente la recuperación de los sindicatos, para que la clase
obrera pueda intervenir con su programa y sus métodos. Para imponer un
paro que unifique todos los reclamos de los trabajadores a nivel
nacional. Rechazando el chantaje policial, exigiendo un salario mínimo
igual a la canasta familiar, ajustado por la inflación. Terminar con la
precarización laboral. Reclamando por un plan de obras públicas para dar
trabajo y vivienda a los sectores más necesitados. Y ante las
necesidades inmediatas, hay que encauzar la lucha por alimentos y
vivienda dirigiéndola hacia el poder político reclamando la entrega
inmediata de bolsones de alimentos en todos los barrios carenciados del
país bajo el control de delegados barriales elegidos democráticamente y
que trabajen en común y coordinadamente con las organizaciones obreras.
Esto evitaría el método desesperado de los saqueos que son utilizados (y
hasta impulsados) por la policía y en muchos casos llevan al
enfrentamiento de pequeños comerciantes contra los pobres.
La vanguardia obrera, empezando por las agrupaciones clasistas y
siguiendo con las comisiones internas, cuerpos de delegados y
seccionales sindicales recuperadas por los trabajadores, las
organizaciones estudiantiles combativas y pro-obreras, deben tomar esta
perspectiva. Sólo clase obrera, acompañando y acaudillando al resto de
los sectores oprimidos y el pueblo pobre, sobre que el “opera”
impunemente la policía, puede dar una salida progresiva a la crisis a la
que está llevando al país, la mafia policial.
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