viernes, 21 de diciembre de 2012

Los saqueos, o cómo el ajuste "heterodoxo" llega a todos y todas


 

El balance de fin de año, por si quedaba alguna duda, nos está mostrando que este fue el año del ajuste “para todos y todas”. Este ajuste involucró medidas de distinto tenor, desde el tapón a las importaciones y el cepo a la compra de dólares, hasta la quietud del mínimo no imponible de ganancia y la eliminación de las asignaciones familiares para los grupos familiares en los que alguno de los cónyuges supere los 7000 pesos, pasando por los ajutes de tarifas y transporte, el último anunciado 19D mientras el sindicalismo opositor marchaba a plaza de mayo.

Los hacedores de discurso cristinista vienen hace un tiempo contraponiendo entre los estratos de asalariados supuestamente privilegiados, que por sus propias mejoras se habrían vuelto crecientemente reacios a cargar con costos de una intervención del Estado de carácter “progresista” aunque se beneficiaron (siempre según este relato) de políticas favorables al empleo y los ingresos asalariados de este gobierno, y los estratos más pobres y precarios que serían aquellos en los cuáles la intervención estatal se concentraría de manera privilegiada. De esta forma, se buscó colocar el creciente descontento obrero en la vereda de “enfrente”, de los que no quieren poner el hombro para sostener el “modelo de crecimiento con inclusión”, como ha dado en llamar a su política el kirchnerismo.
Hace tiempo que este discurso hace agua entre los trabajadores con empleo registrado, y contribuye a acrecentar el descontento. Algo lógico por los propios números: como plantea esta nota, hoy “pagan ganancias los trabajadores que cobran de bolsillo más de $5782 mensuales si son solteros sin hijos, y más de $7998 si son casados con dos hijos. Son trabajadores cuyos salarios están muy cerca de los $7000 de la canasta familiar que necesita una familia para vivir con lo justo”. Por supuesto, se trata de “privilegiados si consideramos que según la EPH el 90% de los asalariados gana menos de $5460 y el 70%, menos de $3513. En la Argentina K se ha vuelto un “privilegio” ganar un salario que se acerca a la canasta familiar, privilegio que amerita ser gravado con el mismo impuesto que grava (poco, muy poco) la ganancia de los patrones. Y con la no movilidad del mínimo no imponible, un salario que a causa de la inflación se las ve cada vez en mayores problemas para cubrir el consumo necesario, afronta sin embargo una carga impositiva cada vez mayor. Esto se llama ajuste, soportado, como ocurre con todos los gobiernos, por una parte de los trabajadores, a la que se quiere poner el mote de “privilegiados”.
Pero los hechos de estos días muestran que el discurso también hace agua por el lado de los supuestos destinatarios principales de los favores oficiales, es decir los sectores más pobres. Por supuesto, como no podía ser de otra forma, el gobierno trata de tapar esto haciendo responsables, en esta oportunidad, a Moyano y Micheli, poniendo en duda el carácter espontáneo. Carta Abierta, ha señalado que estos hechos “nos alertan acerca de la existencia de una ofensiva desestabilizadora”. Y el bloguero K Lucas Carrasco ha planteado que "Los sectores populares no son tan boludos como para caer en celadas oscuras en momentos donde el gobierno nacional pulsea con los saqueadores de guante blanco en la Sociedad Rural..." (con buen tino, el bloguero P Abel Fernandez le ha señalado que “los únicos sectores populares a los que eso les importa en serio son los que viven en Palermo”).
Pero sólo en el mundo de las estadísticas oficiales faltarían motivos a los sectores populares para hacer reclamos por hambre. Sin una situación que tenga nada que ver con la emergencia social del 2001, una inflación que no baja del 25% anual viene golpeando duramente sobre los ingresos obreros. Los sectores más duramente golpeados son los de los ingresos más bajos. Mientras que el sector privado registrado realiza anualmente negociaciones paritarias en las que el resultado puede significar empatarle, ganar por poco o perder ligeramente frente a la inflación, en el caso de los trabajadores no registrados no hay nada por el estilo. La patronal cuenta con mayor poder para imponer condiciones y negar aumentos, o concederlos de forma mucho más módica. Como desde 2007 el crecimiento del empleo viene frenándose, y se paró completamente la tendencia a que se recuperara el empleo registrado en la proporción del empleo total, es un sector cada vez mayor de la clase trabajadora el que se ve afectado por estas condiciones. A esto se agrega que el último año se frenó un sector clave como la construcción, tanto para obra pública como en el sector privado. Algunos cálculos hablan de una destrucción de 40 mil puestos de trabajo durante el último año, pocos bajan de 25 mil en los cálculos más optimistas. La AUH, tan reivindicada por los sectores “progres K”, poco puede compensar este creciente deterioro.
Como decíamos al principio, el ajuste llega a todos los sectores de la clase trabajadora. Si para los estratos medios/altos llega por la vía del Estado (eliminación de asignaciones, no ajuste del mínimo no imponible, el tarifazo de los servicios y del transporte), para los sectores más bajos llega por el lado del endurecimiento de las condiciones de ingresos, a la par que son los sectores más expuestos al aumento del costo de vida en el que los alimentos son uno de los rubros que más velozmente aumentan.
Pueden sorprender poco, entonces, los sucesos de estas horas. El ajuste, aunque se pretenda moderado (y “heterodoxo”) resulta especialmente duro en los eslabones más débiles. Las pretensiones de colocar de la vereda de los privilegiados a los sectores obreros y populares que expresan descontento resultan cada vez menos creíbles. También pierde verosimilitud el intento de orderar el escenario político en los “clivajes” del gobierno vs corpos y la derecha, cuando la orientación profundamente antiobrera queda cada vez más en evidencia.

domingo, 2 de diciembre de 2012

El gobierno y la deuda de los "buitres": una apelación que preanuncia una entrega más a los especuladores

Esté sabado 1/12 participamos de Pateando el tablero, donde conversamos sobre los sucesos recientes con los bonistas "buitres" que están litigando en los EE.UU. Analizamos la política del gobierno en este terreno, donde, a pesar del tan mentado "desendeudamiento", “…desde el 2005 la deuda no paró de crecer. Esta política que el gobierno muestra como de desendeudamiento, es en realidad de pago muy generoso a todos los bonistas…Qué hace el gobierno?:utilizar la mayor parte de los recursos del Estado para pagar deuda pública…para pagarle a los fondos buitres que ya renegociaron con el gobierno…”.
Para escucharlo, hacer click aquí.  

jueves, 29 de noviembre de 2012

Estado benefactor... ¿con quien?


http://www.eltribuno.info/salta/Multimedios/imgs/109546_620.jpg?v=3




El el viceministro de Economía Axel Kicillof volvió a justificar ayer el cobro del impuesto al salario
Lo hizo en el show ultraoficialista 678. Algunos oficialistas (ver Alfredo Zaiat) afirman este impuesto al salario conformaría un esquema progresivo, ya que los que más ganan aportan para sostener un gasto que beneficia a los que menos ganan. Esta última argumentación, es un insulto a la inteligencia cuando sigue sin estar gravada la renta financiera, se mantienen los privilegios impositivos para actividades nocivas para el medio ambiente como la minería, y el mínimo no imponible está en $5800, que es un salario que casi duplica lo que ganan la mitad de los asalariados (que rondan los $3000 mensuales) pero está lejos de corresponderse con "sectores de mayor capacidad contributiva" como sostiene Zaiat. 
Kicillof ensayó otro argumento, también bastante recorrido por el progresismo K. Afirma que este gravamen sostendría un Estado benefactor: "Cuando el Estado vuelve a ser un Estado activo y benefactor lo que uno paga como impuesto tiene como contraprestación varios servicios". Luego de esto, pasó a definir estas contraprestaciones como un "salario indirecto", definición con la que coincidimos, pero que tiene un contenido muy distinto al que el viceministro le quiere dar. Para Kicillof, "a lo que uno gana hay que sumarle lo que deja de pagar por los subsidios y a partir de eso calcular los impuestos. Hay que tener otra mirada". De esta forma, el resultado del impuesto a la ganancias sería "neutro", ya que lo que los asalariados pagan por un lado lo reciben por otro. Pero, ¿quién es el gran beneficiario de todo este andamiaje? Ciertamente no puede decirse que sea la base para una política de distrución progresiva, salvo que vayamos a creerle al Indek de que es posible comer con $6 y la inflación ha sido desde 2006 menor al 10% anual. Este mismo Indec sostiene, en su EPH (categoría “Población total según escala de ingreso individual”) que: 
El 90% de los asalariados gana menos de $5460, 
El 80% gana menos de $4230, 
El 70%, menos de $3513. 
El "salario indirecto" del que habla el viceministro ha sido una viga más en el sostén de estos niveles de remuneraciones, que dan cuenta de un patrón regresivo del ingreso que ha resultado ampliamente beneficioso para el empresariado. Gracias a el "salario indirecto", los empresarios han amasado fortunas y acrecentado la participación de sus ganancias como proporción del ingreso nacional, mientras el Estado "benefactor" solventaba una parte de los consumos obreros y populares de transporte y energía. Así contribuían a contener el descontento que pudiera devirar en mayores reclamos de recomposición salarial (ampliamos acá). 
La "progresividad" sólo puede partir de cortar con una estructura de gastos que tiene como eje afrontar el saqueo de la deuda pública y los subsidios al capital, declarando el no pago de la deuda y nacionalizando la banca, las prestadoras de servicios públicos y las emrpesas estratégicas para ponerlas bajo control de los trabajadores y comités de usuarios. Asimismo, cualquier estructura impositiva verdaderamente progresiva sólo puede empezar por terminar con el IVA que es la principal fuente de recaudación a costa del consumo obrero y popular, extender el gravamen de ganancia a la renta y cortar con las desgravaciones al gran capital, y estableciendo alícuotas considerables en los impuestos a las grandes fortunas. De esta forma podría afrontarse el 82% móvil que el gobierno se niega a pagar y encarar planes de obras públicas para responder a las postergadas demandas obreras y populares de vivienda e infraestructura, permitiendo trabajo para todos con un salario acorde a la canasta familiar. En las antípodas, el programa que defiende el "keynesiano" (que algunos trasnochados siguen llamando marxista) Kicillof es el de un Estado benefactor, sí, pero para los empresarios.

La "soberanía" en los tribunales imperialistas

http://www.pts.org.ar/IMG/rubon5386.jpgEn La Verdad Obrera nº 503 analizamos la decisión de proponer en su apelación al fallo del juez norteamericano Thomas Griesa (suspendido ayer por la corte de apelaciones) la reapertura del canje para los bonistas que no ingresaron. Después de insistir una y otra vez que no se pagaría a los buitres (es decir, a los buitres que no entraron a los canjes) ante la presión de la justicia norteamericana retroceden  en desbandada.

Para leer completo, aquí.

viernes, 23 de noviembre de 2012

Nos sobran los motivos – 20N clase obrera, cristinismo e izquierda


 
En su discurso del martes en San Pedro, la Presidenta expresó brutalmente lo que el variopinto arco cristinista viene expresando hace días. El paro no tendría grandes motivos, dado el contraste entre la situación nacional y la que caracteriza a buena parte de las naciones más ricas. Pero más aún, sería una amenaza contra “el modelo”, y por lo tanto contra las condiciones del “bienestar” que caracterizaría la situación de todos los trabajadores. Literalmente, mandó la amenaza: “no jodan con el trabajo”. En la misma línea, Fernando “chino” Navarro sostuvo que no habría lugar para el reclamo porque “tenemos el mejor salario de América Latina” y “somos el país con menor exclusión”.


Del “nunca menos” al... ¡menos!


Es cierto, la situación argentina (como de buena parte del mundo “emergente) contrasta hoy con la crisis europea. Este fue un año de estancamiento, en el que se registró por primera vez desde 2009 una caída en el empleo, pero hay indicios de una magra recuperación. Una ayuda no menor está viniendo por el lado externo, gracias a los altos precios y la firme demanda de granos. Aunque este año varios voceros oficiales ensayaron el discurso de que “el mundo se nos vino encima”, lo cierto es que aún en tiempos de declinación como los actuales, no puede el kirchnerismo (hoy en su etapa cristinista) decir que el flanco externo le haya sido adverso. La elevada liquidez mundial producto de las últimas rondas de inyección de liquidez orquestadas por los bancos centrales de las economías más grandes viene resultando una considerable ayuda. En otros países esto viene permitiendo que se endeuden a tasas del 5% anual, como es el caso de Bolivia hace unas semanas. Nada parecido puede ocurrir en la Argentina, presionada por algunos fondos buitre, pero la nueva situación contribuyó indirectamente a restar argumentos a la fuga de dólares. Esta abundancia de dólares presiona al alza los precios de los granos de soja, permitiendo que los popes del agrobussiness, y el gobierno que es su socio gracias a las retenciones, puedan esperar un 2013 de bonanza en lo que respecta al ingreso de verdes. También Brasil parece estar retomando ritmo, ayudado por algunas medidas del gobierno de Dilma, y también por esta abundante liquidez que se traduce en ingresos de dólares que alimentan el consumo. Pero claro, se trata de una situación precaria, que rápidamente puede deteriorarse considerando los varios puntos críticos que podrían deteriorar la situación global.


¿Por qué ante este panorama, que hoy no es de crisis aguda, el llamado a paro de la CGT de Moyano y la CTA de Micheli tuvo una respuesta contundente, aún considerando que como afirma JDM estos dirigentes “fueron a menos” (llamando por TV y sin hacer nada para extender el paro en los gremios de la CGT Balcarce)? La contundente adhesión al paro, que gracias a las peleas dadas por sectores de la izquierda clasista tuvo gran fuerza aún en gremios oficialistas (como fue el caso de la línea B del subte, varias fábricas de alimentación como Pepsico y Stani, y gráficas como Donnelley, WorldColor y Print Pack, por sólo nombrar algunas) y podría haber sido aún más activa y extendida si la propia burocracia no la hubiera torpedeado, da cuenta de los inicios de una ruptura, que responde a que se desnuda cada vez más este carácter de contunuidad en lo esencial con el legado neoliberal. No se trata, como dirían algunos, de “lo que falta” en un proyecto transformador. Se trata del corázon del kirchnerismo/cristinismo como modelo de “capitalismo en serio”, que como tal ha preservado las principales conquistas logradas a sangre y fuego por la burguesía, adornándolas un poco con medidas distributivas que pueden sostenerse en tiempos de vacas gordas. Tiempos que están más en el pasado que en el futuro.


Con el deterioro económico, aún moderado, se puso en evidencia rápidamente lo precario de buena parte de las “mejoras” en las que se asientan los esfuerzos del gobierno por darse un barniz reformista. Como ya hemos definido en otro post, lo que caracteriza al kirchnerismo desde su origen es el esfuerzo por “distender” parcialmente las relaciones [de la clase dominante] con las clases subalternas, creando algunas expectativas de mejoras en algunos sectores obreros y populares (que sólo se concretaron parcialmente para franjas limitadas, como las de los trabajadores privados registrados, y solamente si las comparamos con la situación catastrófica de la hecatombe de 2001)”. Pero esta “distensión” ha ido de la mano de una profunda continuidad en un punto clave de los “estragos” que hizo la ofensiva patronal de los años '90 sobre la clase trabajadora: el andamiaje de la fragmentación y precarización laboral. Este se trabuce en leyes, pero también en una “ciudadanía” de segunda en lo que respecta a la representación laboral y la capacidad de imponer reivindicaciones, validada por las conducciones sindicales. Se trata de un elemento central en la determinación de la fuerza social relativa del capital y del trabajo, ya que no sólo afecta a los precarios y fragmentados, sino que es determinante para el conjunto de la clase. Por eso, aunque la última década presenció una fuerte recomposición en el peso social de la clase trabajadora que le dio mayor capacidad de luchar con éxito por sus reivindicaciones, se pusieron en evidencia férreos límites para este avance. A pesar del formidable aumento de los puestos de trabajo, y la considerable reducción del desempleo, en la mayoría de los gremios recién en 2007 empezaron a aproximarse a niveles de remuneración cercanos a los de 2001. A partir de ahí, fue cada vez más difícil lograr en los acuerdos paritarios aumentos que siguieran los pasos de una inflación bien por encima del 20%. Resultado: en muchos gremios no se pudo sostener la recuperación, en otros comenzó una ligera senda descendente, y en un sector minoritario siguió la recomposión salaria en térnimos reales (es decir, con aumentos por arriba de la inflación).


Apelando a la “caja”, durante un tiempo el kirchnerismo pudo compatibilizar tendencias contradictorias. Otorgando subsidios, logró mantener cierta disposición empresaria a mantener aumentos, conteniendo de esta forma las demandas que en 2005 y 2006 se expresaban con fuerza por abajo, mostrando la entrada en escena del sindicalismo “de base” (aunque sin evitar que esto se tradujera en aumentos de precios cada vez más fuertes). Estas concesiones, sumadas a los efectos que ya de por sí estaba produciendo el crecimiento del empleo (un aprovechamiento empresario del “abaratamiento” del salario que trajo la devaluación, ver aquí y aquí), permitieron mostrar una mejora en los indicadores del ingreso, que iba de la mano con un aumento a niveles récord de la participación de las ganancias en el ingreso. La base para que esta situación fuera sostenible, fue el mazazo previo que recibieron los salarios con la devaluación de 2002, que hizo subir los precios sin que se movieran los salarios, mejorando de forma formidable la ecuación de los empresarios. Como si esto fuera poco, en buena parte de los acuerdos paritarios las patronales conseguían compromisos de productividad, con lo que la ecuación total resultaba ampliamente favorable. El límite –estrecho- de las concesiones era que las condiciones de rentabilidad (es decir los costos salariales bajos) se mantuvieran mejor que en 2001. No es extraño entonces, que a partir de 2006, los aumentos salariales comiencen a ser contestados con aumentos de precios crecientes, y exigir por otro lado un esfuerzo creciente del estado por solventar con subsidios una porción de la plusvalía (ver aquí).


Si estos subsidios fueron una manera en la que el kirchnerismo buscó compatibilizar la persistencia del patrón de distribución “primaria” (es decir al nivel de las remuneraciones) noventista, con algunas mejoras, el mecanismo privilegiado en los últimos años fue la política de ingresos. Esta adquiere con la AUH una extensión cualitativamente mayor a cualquier política previa, y permite contrarrestar parcialmente los efectos de la inflación, al menos para los sectores pobres.


La capacidad de estas políticas para operar como distención, contrarrestando -sin revertir- los elementos que estructuralmente fortalecieron al capital en desmedro de los asalariados, estaba atada a dos factores. El primero, que ya mencionamos, la magnitud del colchón logrado por el capital con el saqueo al salario. El segundo, la capacidad fiscal del gobierno para dirigir recursos hacia la “distensión”. Ambos aspectos se han ido estrechando en paralalelo. Aunque mediante la sucesiva apropiación de cajas (aumento de impuestos como las retenciones hasta la derrota de la 125, liquidación de las AFJP, uso de reservas del Banco Central para pagar deuda en dólares y, finalmente, la reforma de la carta orgánica de este último para aumentar su capacidad de préstamo) le dio una flexibilidad para conservar cierta holgura fiscal, pero a fines de 2011 sonaron las alarmas por el acelarado aumento de algunas partidas, como el gasto energético.


El resultado de estas capacidades más estrechas ha producido efectos diferenciados para distintos sectores de la clase trabajadora. Los trabajadores registrados han logrado aumentos salariales que en promedio se mantuvieron a la par de la inflación, aunque con mucha dispersión entre los distintos gremios. Incluso algunos años lograron alguna mejora en términos reales (como en 2010 producto de la intensa actividad desplegada por los sectores antiburocráticos en el gremio de la alimentación, que perforaron los techos salariales que estaban en torno del 20% y generaron presión sobre otros gremios). Pero esta mejora -moderada y relativizada por la inflación- se ha visto contrarrestada de forma creciente por el impuesto a las ganancias, por la movilidad limitada que tuvo el mínimo no imponible (sobre este robo al salario, ver lo que dicen Pablo Anino y Octavio Crivaro aquí). También ha afectado a vastos sectores la pérdida de las asignaciones familiares, por pasar a estar por encima del máximo de ingreso para percibirlas. Las últimas modificaciones dejaron afuera de quienes perciben esta asignación a nuevos sectores. Al mismo tiempo, mientras desde 2007 se ha detenido la reducción del empleo precario, mostrando los límite estrechos para acceder a “ciudadanía” laboral, fueron estos sectores los que más vieron modificar su ecuación de ingresos producto de la AUH. Lo mismo puede decirse de los trabajadores registrados con niveles de ingresos más bajos. Sin embargo, acá también la inflación se ha diluido parte de sus efectos.


La política de ingresos y laboral del kirchnerismo, como vemos, atacó mucho más las diferencias de ingresos entre asalariados que tanto preocupa hace tiempo a escribas oficialista como Verbitsky (ver aquí y aquí), que la limitada participación del ingreso asalariado producto del aumento de la participación del capital. Se subió el “piso”, principalmente por transferencias estatales y sin afectar la fragmentación estructural que tanto provecho ha dado a la burguesía, mucho menos se movió el techo. Y con el efecto persistente de la inflación, sumado a la mayor presión social y el cambio en el panorama laboral, todos los sectores de la clase trabajadora viven un panorama que no podía estar más lejos de la idílica situación que dibuja el “relato” oficial.


Cristina Fernandez conquistó un vasto apoyo entre los trabajadores en las elecciones del año pasado con la promesa del “nunca menos”. Sin entusiamo, el apoyo a la continuidad K se dio bajo la expectativa de que las modestas mejoras de estos años (más ligadas a la lucha y a la fuerza social recuperada por la clase trabajadora que a decisiones gubernamentales) se mantendrían. La sintonía fina, que con algunas contramarchas sigue firme (sino veamos la reciente votación de la ley de ART, la reticencia a mover el mínimo no imponible dando apenas un “regalo” de navidad) rompió esta expectativa. Como si fuera poco, a quince días del colapso energético en Ciudad de Buenos Aires, el “keynesiano” Kicillof anunció hoy junto con Julio de Vido nuevos anuncios sobre aumentos de tarifas eléctricas. Adivine el lector: ¿a qué se parece más el anuncio, a una política heterodoxa de ingresos, o a un “noventoso” regalo a las prestadoras de servicios públicos (una pista, la acción de edenor subió a horas del anuncio más de un 8%)?


¿Quo vadis?


¿Hacia donde va a conducir esta ruptura que empieza a desarrollarse? ¿Hacia una “fusión” del 20N con el 8N o hacia una política obrera independiente de la burguesía? ¿Scioli (o de la Sota) o la izquierda clasista? Resulta sagaz Pagni cuando plantea como central el problema de la inflación y la negación que hace el gobierno, comparando con la ubicación del sindicalismo en los años '80: “Como en los 80, el mercado laboral no ajusta hoy por cantidad, sino por precio.El número de empleados se mantiene, pero la remuneración disminuye en términos reales. El malestar se concentra en el universo de los ocupados. Y determina una mayor movilización gremial”. Claramente el cronista se deja llevar por sus deseos, ya que hay un abismo entre la situación actual y los tiempos alfonsinistas, con un Estado en ese momento quebrado bajo asesiado de acreedores externos. Sin embargo, tras su razonamiento hay un problema político de primer orden para quienes apostamos a la emergencia política independiente de la clase trabajadora. Si Moyano y Barrionuevo apuestan a incidir con sus acciones en la interna peronista (apoyando a Scioli y de la Sota respectivamente), Micheli apuesta a llevar agua para el molino del FAP, en ambos casos, por lógica de alianzas policlasistas de cualquiera de estos proyectos, el peso va para el lado de las “correcciones”, como planteó Scioli por estos días. Es decir la “normalización” definitiva por el lado de política antiinflacionarias y de ajuste más directo, contra el ajuste en cuotas e indirecto (vía inflación) que aplica el gobierno. Este programa no responde a las aspiraciones del conjunto de la clase trabajadora, pero sí puede traccionar a los sectores de mejores ingresos contra la amenaza del descontrol inflacionario. Ante esta convergencia posible, es fundamental fortalecer las condiciones para que, al contrario, pueda soldarse la unidad del conjunto de la clase trabajadora en alianza con el pueblo pobre. Para esto es fundamental la constitución de un polo alternativo que luche al interior de los sindicatos contra las direcciones de las CGTs y las CTAs.


Contra las variantes políticas patronales que impulsan distintas alas de la burocracia, es fundamental sostener una política consecuente para desarrollar la independencia de clase, tomando un programa independiente que responda a las aspiraciones del conjunto de los trajadores, y peleando por la mayor unidad de las filas obreras, contra las divisiones que defienden los empresarios, los burócratas y el gobierno. Como plantea Paula Varela “Si efectivamente, la comprobación de una disidencia por izquierda en sectores de masas abre la posibilidad a una ruptura con el peronismo, el polo opositor clasista tiene que ser más claro y más contundente”. No sólo delimitándonos claramente de los movimientos que fortalecen a las variantes de oposición patronal, como el 8N, sino también de la bucracia aún en el momento que acompañamos las acciones que llaman por justas reivindicaciones, como el paro del 20. Para esto, es fundamental el llamado inmediato a una Asamblea Nacional de Trabajadores para agrupar a los sectores combativos.


miércoles, 10 de octubre de 2012

Entre la coyuntura y lo "órganico": sacudones que alumbran estrecheces del bonapartismo cristinista


Como plantea Octavio Crivaro, en los últimos tiempos hemos asistido a una montaña rusa de coyunturas políticas. Si consideramos que la asunción de Cristina en su nuevo mandato fue en diciembre pasado, la sucesión de giros transmite la sensación de que ha transcurrido bastante más de diez meses meses desde entonces.
Se han realizado varios buenos aportes desde la Troskósfera para analizar la coyuntura más reciente, y su impacto sobre la situación más de conjunto (aparte del ya mencionado de Latroska, ver por ejemplo este y este). Compartimos con lo que se viene diciendo en ellos que sería errado dejarse llevar por algunos de estos hechos, como los cacerolazos, las acciones de los gendarmes, etc., para concluir que se estaría abriendo una situación reaccionaria. Como afirma Rosso, “lo coyuntural" (manifestaciones de derecha más o menos encubiertas), no cambia "lo orgánico" (la relación de fuerzas)”.
Pero, lo que nos interesa interrogar es ¿qué hilo se mueve entre “lo orgánico” y estos cambios de coyuntura a ritmo acelerado?
Creemos que para encontrar la respuesta hay que mirar al desgaste de varios de los “dispositivos” en los que se apoyó el kirchnerismo para cimentar la “restauración” que permitió restablecer el dominio burgués pos 2001. Esto se logró mediante una  política que buscó recrear ilusiones en los cambios y reformas “por arriba”, que sacaran de la calle a buena parte de los sectores movilizados. Las iniciativas políticas en este sentido incluyeron desde la apropiación bastardeada de los reclamos históricos de las organizaciones de DDHH, hasta una política económica guiada desde el comienzo por la necesidad, impuesta por las relaciones de fuerza pos 2001, de “relajar” las relaciones entre las clases, ubicándose de manera arbitral, aparentando estar por encima de las mismas defendiendo un interés general (y pasando por la recomposición de algunas instituciones como la Corte Suprema, impulsando el retiro de los jueces más comprometidos con el menenismo). Pero esto sólo fue posible en la medida en que existieron condiciones económicas excepcionalmente favorables, logradas sobre la base de un formidable ajuste que se dio con la devaluación de 2002. Esta permitió una mejora en la rentabilidad empresaria, y su correlato fue un mazazo a su poder adquisitivo de los trabajadores, porque el aumento de precios que trajo la devaluación fue soportado sin ninguna recomposición de los salarios, gracias al temor al desempleo y la colaboración de la burocracia sindical que mayormente apoyaba la salida devaluatoria. A este brutal ajuste (que también permitió ajustar los gastos públicos y lograr superávit fiscal sumado a las retenciones), se sumaron el saldo positivo del comercio exterior por el boom en los precios y la demanda de soja, y el hecho de casi no tener que afrontar pagos de deuda pública gracias al default durante los primeros años del gobierno de Néstor (para más detalle, leer acá).   
Los “gestos” reformistas se apoyaron en las efectos duraderos de este ajuste de 2002, que coronó más de una década de ofensivas del capital sobre el trabajo. El kirchnerismo se pudo permitir durante un tiempo crear ilusiones reformistas con bajo costo, ya que las mejoras que pudieran arrancar los trabajadores, sólo lo podían considerarse  una recomposición de los ingresos en comparación a los peores niveles de la crisis. El formidable salto en la participación de la ganancia en el ingreso generado en detrimento de los salarios acompañado de una mejora en la competitividad gracias a la caída de los precios en dólares, dio margen a los empresarios (y al gobierno) para tolerar aumentos de salarios podían ser manejados gracias al colchón de la devaluación. Estos márgenes también pudieron incluso ampliarse durante un tiempo, porque la patronal imponía en las negociaciones (y también en los hechos) fuertes aumentos de la productividad, basados menos en mejoras técnicas que en la aceleración de los ritmos de trabajo. Gracias a esto el costo salarial sigue considerablemente más bajo que en 2001 (lo cual se traduce en la limitada recomposición que logró la masa salarial en el producto nacional durante los últimos años).
Pero esta situación cambió con la aparición de distintos límites estructurales, como es el caso de la oferta energética (problema asociado también a la preservación del régimen de privatización que sostuvo el kirchnerismo, aunque poniendo algunos topes tarifarios; para ver más en detalle leer aquí) así como una inflación que tiene sus raíces en distintos elementos (ver aquí para un análisis de los mismos) y que se estabilizó bastante por arriba del 20% anual. Estos elementos empezaron a amenazar el clima de “distensión” que con tanto esmero el kirchnerismo había logrado crear. A partir de entonces se puede hablar de una “fase dos”, en la cual el kirchnerismo pone en juego crecientes recursos acumulados durante varios años fuertes superávits buscando solventar una porción de la ganancia con recursos fiscales para contrarrestar las consecuencias de la inflación y frenar un poco los aumentos de precios a cambio de recursos fiscales. También utilizará estos recursos para subsidiar parcialmente la demanda energética.
Haciendo de la necesidad virtud, el discurso sobre la “vuelta” del Estado acompañó los sucesivos mecanismos que se fueron implementando ante los problemas del “modelo”. No hace falta interrogarse mucho sobre el carácter de clase de este estatismo, que tuvo entre uno de sus pilares los techos informales a los aumentos de salarios negociados en paritaria, a través de sus aliados en la burocracia sindical, buscando evitar que pasaran el nivel de aumento de precios. Lo cual a partir de 2007 puso freno a las mejoras salariales, como reconocen aún los economistas oficialistas. Nada parecido a una “armonización” de los intereses, una decidida defensa de las condiciones de reproducción del capitalismo argentino, aunque sí una profundización de la ubicación arbitral, apuntando a contener la puja distributiva y evitar realizar cambios pronunciados en el esquema pos devaluación, es decir buscando a toda costa que nada minara los esfuerzos de desvío y contención.
Los sacudones coyunturales tienen como marco la agudización de las contradicciones desarrolladas por “el modelo”. En pos de evitar cualquier cambio pronunciado que pusiera en cuestión el clima de mejoras paulatinas (el festejado “nunca menos” de las elecciones de 2011), el kirchnerismo entró en un círculo vicioso que obligó a poner en juego una masa exponencialmente creciente de recursos. Si los holgados superávits fiscales acumulados desde 2003 podían alimentar la idea de que esta caja podría ser más que suficiente para administrar las contradicciones que iban apareciendo, rápidamente se empezaría a mostrar estrecha en relación a las exigencias que iban apareciendo. El esfuerzo por ampliar las fuentes de recursos empujó desde el enfrentamiento con el campo en 2008 por la resolución 125, hasta la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que amplió significativamente las posibilidades de este para financiar al fisco, pasando por la liquidación de las AFJPs y el uso de reservas del BCRA para pagar deuda pública. A lo cual se sumó el aprovechamiento de la inflación para ir realizando ajustes sectoriales indirectos, mientras la recaudación crecía nominalmente gracias al aumento de precios. Como la abundancia de dólares –sin la cual el BCRA no puede financiar al tesoro- también empezó a agotarse el año pasado, a causa de la fuga de capitales, la remesa de utilidades de las empresas extranjeras, y la fuerte dependencia de insumos importados de la industria argentina y la importación de combustible, aparecieron también el cepo cambiario y las trabas a las importaciones para frenar esta gangrena. Y finalmente, la nacionalización (más bien recompra) de YPF para tratar de buscar alguna otra forma de resolver el entuerto energético que viene demandando más de u$s 10 mil millones al año de importaciones (además de asegurar para el Estado la apropiación de la renta que produzcan los yacimientos de petróleo no convencionales de Vaca Muerta en caso de que lleguen a explotarse).
Algunas de estas medidas fueron contra algunos sectores puntuales de la burguesía, en pos de mantener el esquema de arbitraje que sostiene al régimen de conjunto, y otras -como el cepo- han extendido el descontento también hacia sectores medios.
Contrariando las ilusiones de los estatistas k, las contradicciones que están en la raíz del esquema pos devaluación no se detuvieron con las medidas oficiales, sino que siguieron produciendo una erosión de las condiciones del crecimiento, lo cual a su vez limita los márgenes de maniobra estatales. El “bonapartismo de caja” siempre dependió de que no desaparecieran del todo las condiciones que alimentaban el crecimiento económico, es decir básicamente que permanecieran elevados los índices de rentabilidad que se lograron con la devaluación y que los desembolsos de capital mantuvieran algún ritmo de crecimiento (siempre bajo, como discutimos acá), con ayuda de distintas políticas que buscaron mantener elevado el consumo.  Sin embargo, la inflación creciente fue erosionando estas condiciones. Numerosos indicios sugieren que la rentabilidad se está deteriorando en términos generales (lo cual no quita que haya sectores que aún preservan niveles nada desdeñables de rentabilidad). A esto se suma que algunas medidas recientes, como la limitación al ingreso de importaciones, parecerían haber inducido ciertos niveles de “enfriamiento” de la economía, trabando el acceso de insumos claves para la producción, dificultando por lo tanto el circuito reproductivo y malogrando la ecuación económica en varios sectores.
La base de maniobra del bonapartismo de caja, se ve restringida desde su base. El arbitraje estatal no puede simultáneamente aspirar a actuar como garante de una rentabilidad mínima para algunos sectores del capital, e intentar aparecer como tibiamente reformista en relación a los sectores obreros y populares, cuando las condiciones materiales para el crecimiento económico (lo cual en el capitalismo significan niveles de rentabilidad e inversión por encima de un cierto piso) se están deteriorando.
Los intentos de aggiornar el “modelo” sin realizar cambios de fondo representan en las condiciones actuales una versión “heterodoxa” de ajuste resumida en el concepto de sintonía fina acuñado por la presidenta. Esta incluye menor crecimiento de los salarios negociados en paritarias, mayor control a las importaciones, cepo cambiario, y también una mayor fiscalización al empresario presionando para asegurar las inversiones que han ocurrido pobremente durante los últimos años.
“Ajuste (moderado, pero ajuste al fin) para todos y todas”, podría ser lo que resume las nuevas condiciones, de preservación decadente del “modelo”.
Aún sin un impacto pleno de la crisis mundial (que no puede descartarse ya que parece probable una nueva caída en recesión en Europa que podría transformarse en global) esto conlleva un deterioro económico en relación a la bonanza de los años de “tasas chinas”.
Estas nuevas circunstancias, que ya empiezan a hacerse palpables, explican la aparición de síntomas de descontento también entre los asalariados y sectores populares, ante la comprobación de que buena parte de empiezan a erosionarse buena parte de las las mejoras de estos años, muy condicionadas por la bonanza económica (ya que como señala Paula Varela no hubo nueva creación de “ciudadanía social” ni nada que se le parezca durante los años K), y hoy erosionada por una inflación que va más rápido que el crecimiento nominal de los ingresos.
Sí, el panorama para el año que viene apunta en varios aspectos buenas noticias para la economía argentina. Pero la soja con precio más alto, el mejor crecimiento de Brasil, e incluso el nuevo programa monetario lanzado por los EEUU (que seguramente revaluará un poco a varias monedas frente al dólar, aunque no necesariamente mucho ya que varios países como Brasil han anunciado que tomarán medidas para contrarrestarlo) pueden crear un panorama más holgado, pero nada parecido a una regeneración de las condiciones de prosperidad perdida.
Lo que signa las cambiantes coyunturas que estamos atravesando es la necesidad de administrar las restricciones defendiendo el corazón del “bonapartismo de caja”, aggiornado a estos tiempos de escaseces, que no quitan que el gobierno aún tenga ardides para hacerse de una masa de recursos para administrar libremente, como muestra el proyecto de presupuesto enviado al congreso. En el camino, se crean crisis que no pueden ser administradas con igual flexibilidad que en tiempos de bonanza, como es la de los gendarmes y prefectos, que mostró también un una fuerte contradicción que el régimen no ha logrado encauzar en lo que respecta a las fuerzas represivas. Y también emergen otros varios problemas estructurales que se agregan a una postal de decadencia, como fue el crimen social de once, que puso en primer plano trágicamente las entelequias del “relato”.
Aunque en la coyuntura pos “13-S” que estamos presenciando con más fuerza una agenda opositora “por derecha” al cristinismo (que aunque debilitó al gobierno también le facilitó avanzar en cuentas pendientes como la nueva ley de riesgos del trabajo), la desaparición de un horizonte de mejoras paulatinas, aunque aún no haya sido reemplazado por uno de ataques patronales extendidos, también pone sobre el tapete una agenda de reclamos obreros y populares y de profundizar la experiencia política con el cristinismo. Aunque este desarrollo dependerá de los ritmos de la lucha de clases que puedan conducir a una mayor radicalización, una cuestión fundamental para la izquierda hoy es evitar correr tras los caceroleros de clase media o los “luchadores” policiales, privilegiando la intervención en la lucha de clases y apostando a conquistar cada vez más peso orgánico entre los trabajadores y la juventud.

miércoles, 26 de septiembre de 2012

Refritos


En su defensa del proyecto de Presupuesto en la Cámara de diputados, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, no se privó de sus habituales referencias a la teoría económica para darle algún barniz progresivo a la política oficial. Aunque no se enfocó mucho en el tema, en el marco de su defensa de un presupuesto que sigue con perspectivas de inflación tan mentirosas como las de años previos (y que hasta hace apenas unos años Kicillof criticaba desde el CENDA) mencionó al economista británico John Maynard Keynes para fundamentar que "la inflación perjudica principalmente" al sector financiero.
Nos parace pertinente, entonces, traer a colación una polémica de hace algunos años, entre otros con Kicillof, donde mostramos que no era exactamente eso lo que tenía en mente Keynes cuando consideraba los efectos beneficiosos de la inflación. En el mismo sentido, Paula Bach discute en Estrategia Internacional nº 28 el plan de otro (neo)keynesiano para salir de la crisis, Paul Krugman, que también incluye el efecto inflacionario sobre los asalariados. 
 
Los dejamos con el "refrito".
 
 

lunes, 14 de abril de 2008

Keynes, la inflación y los salarios

Esteban Mercatante
Instituto del Pensamiento Socialista
En los últimos días, la teoría económica de Keynes se ha colado en los debates de coyuntura, a propósito del problema de la inflación y las propuestas de enfriamiento de la economía. En su columna titulada "La ortodoxia se viste de Keynes" publicada el 12/04/08 en Página/12, Alfredo Zaiat dirige sus dardos contra los supuestos keynesianos que frente a la actual coyuntura económica, que muchos definen como de "recalentamiento", recomiendan políticas de enfriamiento. Zaiat les critica que "esos postulados de enfriamiento de la economía implican por el lado del gasto aumentar poco o directamente no subir las jubilaciones como si se trataran de haberes dignos, o disminuir la obra pública en un país cuya infraestructura es todavía deficiente, o bajar los subsidios y, por lo tanto, subir las tarifas [...] Otra medida por el costado de los ingresos sería detener la morosa recuperación del salario real de los trabajadores". Para refutar el supuesto keyenesiamismo de estas propuestas, y mostrar su inspiración ortodoxa, recurre a los aportes de Axel Kicillof, es decir a una visión alternativa a la imperante en los manuales de economía sobre los postulados de Keynes. En el artículo, Kicillof señala que "de esta estirpe son las recomendaciones que ofrecen los presuntos keynesianos cuando, ante el aumento de los precios, diagnostican un exceso de crecimiento del Producto y proponen reducir el consumo, la inversión y (si se los dejara hablar lo suficiente) seguramente también el salario". Kicillof recuerda que Keynes bregaba por "evitar las depresiones y conservarnos de este modo en un cuasi-auge continuo".
Esto último es sin duda cierto. Sin embargo, lo que es bastante dudoso, es que Keynes opinara que este camino no implicara una caída del salario real -aunque no del nominal. En ese sentido, y sin proponérselo, Mario Rapoport es mucho más revelador sobre este punto, en su nota "Volviendo a Keynes y la inflación" publicada en Página/12 el 13/04/08. Recuerda que Keynes sostenía que "una modificación del valor de la moneda, es decir un cambio del nivel de precios, importa a la sociedad en el momento en que su incidencia se manifiesta de manera desigual". Rapoport también nos recuerda que reconociendo que tanto la inflación como la deflación son injustas, Keynes preferiría la primera, mientras que se mantuviera controlada, ya que, destaca Rapoport, mientras "la inflación, aligerando la carga de la deuda pública y estimulando a las empresas, ofrece una ventaja que puede ser puesta de un lado de la balanza, la deflación no aporta ninguna compensación". Acá tenemos esbozado un punto que nos parece muy importante en el enfoque keynesiano. Lamentablemente Rapoport no lo desarrolla, sino que se detiene acá. Nos queda a nosotros entonces ahondar en esta pregunta: ¿en qué consiste el estímulo a las empresas que destacaba Keynes?
Por un lado, está considerando que como las empresas se caracterizan por ser deudoras netas, la inflación tiende a reducir el valor de sus pasivos en relación con el capital total, facilitando su pago y aumentando el valor del patrimonio.
Pero hay otro punto que es crucial en el pensamiento de Keynes, y que en el marco de una situación inflacionaria puede actuar de estímulo a las empresas: que el salario nominal puede no cambiar, o incluso puede subir, mientras que el salario real puede estar cayendo. Keynes destacaba que "Ahora bien, la experiencia diaria nos dice, sin dejar lugar a duda, que lejos de ser mera posibilidad aquella situación en que los trabajadores estipulan (dentro de ciertos limites) un salario nominal y no real, es el caso normal. Si bien los trabajadores, suelen resistirse a una reducción de su salario nominal, no acostumbran abandonar el trabajo cuando suben los precios de las mercancias para asalariados. Se dice algunas veces que sería ilógico por parte de la mano de obra resistir a una rebaja del salario nominal y no a otra del salario real. Por razones que damos más adelante (p.27) , y afortunadamente como veremos después, aunque esto sea lógico o ilógico, es la conducta real de los obreros"1.
Keynes, dentro de lo que podemos llamar la economía apologética del capitalismo, es pionero en comprender el rol que puede jugar el dinero. Los trabajadores, como cualquier agente económico, solamente pueden tener algún tipo de control sobre el valor monetario de sus remuneraciones. Cuánto pueden comprar con eso, depende de la evolución de los precios, algo que no pueden controlar.
Keynes también comprendió, que los salarios no podrían ajustarse automáticamente ante cambios en los precios: como todo contrato, se rediscute dentro de determinados plazos: cada seis meses, anualmente; a veces ni siquiera.
Por último, aunque Keynes no lo consideró, su argumento se ve favorecido por el rol de las burocracias sindicales, que pueden poner límites a las aspiraciones de mejora salarial de los trabajadores, como viene sucediendo en los últimos años en Argentina, con los techos salariales impulsados por el jefe de la CGT, Hugo Moyano, para todos los gremios que le responden.
Keynes argumentaba que la poca flexibilidad de los salarios a la baja cuestionaba la validez de los postulados clásicos2 que suponían un ajuste automático de todos los precios (incluyendo los salarios) frente a los cambios en la demanda. Pero las implicancias que el propio Keynes destaca van más allá: si son inflexibles para bajar, por los mismos motivos lo son también para subir. Recortar el salario es algo que choca con la resistencia de los trabajadores. Pero cuando lo que baja es el salario real por la inflación, sin que varíe el salario nominal, el efecto es mucho más diluido y la respuesta es más tardía. La resistencia a la baja del salario por inflación, sólo puede realizarse a posteriori, cuando el salario real ya ha caído. Por eso Keynes veía que esto podría servir para "estimular a las empresas" que pueden así sostener o incluso aumentar sus ganancias en la marea de la inflación.
Como vimos, Keynes destaca esto como un factor positivo, "afortunado" para la política económica. Esto puede permitir que aunque los salarios nominales aumenten, los salarios reales estén cayendo. Es decir, esto puede permitir hacer bajar el salario de manera indirecta, haciendo variar el salario real sin que cambie el salario nominal. Como muestra el trabajo del investigador del CEDES Nicolás Salvatore "Argentina 2007. Tasa de Inflación" y como desarrollamos en el suplemento EconoCrítica publicado el 10/04/08 junto con el semanario La Verdad Obrera, esto es exactamente lo que ha comenzado a suceder en Argentina: el salario real cae, aunque los trabajadores sigan consiguiendo aumentos nominales. La inflación es más alta que los aumentos salariales, y por eso se los devora.
En una situación como la actual en Argentina, donde el peso está permanente desvalorizándose, o sea compra cada vez menos bienes, es posible lo que en otras circunstancias podría ser más difícil: que los empresarios ganen en el proceso, aumentando sus precios más que los aumentos de salarios y de costos que tienen que soportar3. Como planteamos en EconoCrítica4, las ganancias empresarias se transforman en estas condiciones en un factor inflacionario. Esto, que a Zaiat, siguiendo a Keynes, podría molestarle mucho menos que una política restrictiva o deflacionaria, no es sin embargo alternativa para los trabajadores. Alfredo Zaiat hace apología y oculta que ha sido una decisión del kirchenrismo, con apoyo de Moyano, poner techo del 19% a las subas de salarios. Sólo gracias a los dibujos del Indec que mostró una inflación de 8.5% anual, estos aumentos aparecieron como una mejora del salario real.
Las variantes de mantener en marcha el crecimiento con una inflación controlada o de enfriar la economía, que Zaiat nos presenta como únicas variantes posibles, amenazan por igual los ingresos de los trabajadores, en beneficio de uno u otro sector económico. Lejos de esperar un "derrame" del crecimiento, o moderar expectativas salariales para evitar que se "derrumbe el crecimiento" como pide la presidenta Cristina Fernández, hoy para los trabajadores en fundamental salir a luchar por lo que el fuerte crecimiento de los últimos años les ha venido retaceando: salario igual a la canasta familiar con ajuste automático por la inflación, y fin del trabajo en negro. De lo contrario, se transformarán en la variable de ajuste para seguir sosteniendo un crecimiento "keynesiano".
1Keynes, Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero, Fondo de Cultura Económica Editores, México D.F., 1965, p. 20. El destacado es nuestro.
2Para Keynes los clásicos abarcaban desde Smith y Ricardo hasta Alfred Marshall. Ver Kicillof, Fundamentos de la Teoría General, Eudeba, Bs. As. 2008.
3Decimos que hacer esto les sería más difícil en otras condiciones, cuando no hay un proceso crónico de suba de precios, porque con precios estables y en un marco de competencia con otros capitalistas -que en el caso de los oligopolios en siempre relativo- el empresario se condenaría a vender menos. En cambio en el proceso inflacionario, todos los capitalistas se ponen a subir sus precios en previsión de futuros aumentos de sus proveedores, y con la certeza de que sus competidores harán lo mismo.
4 "Los salarios, Marx, Cristina y la lucha de clases", Juan R. González, EconoCrítica Nº 1, suplemen to de La Verdad Obrera Nº 272
 

 
 

 

miércoles, 5 de septiembre de 2012

¿Intervencionismo de qué clase?



En este blog, así como en numerosas contribuciones a La verdad obrera, le venimos tomando el pulso al intervencionismo K (ver por ejemplo aquí), una serie de medidas pragmáticas (y en buena medida chapuceras) que han dado en llamarse “el modelo”. Modelo que se ha querido identificar con la bonanza de estos años tratando de hacer olvidar que el corazón del crecimiento desde 2002 en adelante no responde a “modelos”, sino al brutal ajuste que significó la devaluación de 2002, combinado con la fortuna de los altos precios de los granos que el país exporta (como explicamos aquí). Lo que en el discurso es presentado como un intervencionismo virtuoso, conscientemente buscado para reemplazar al “mercado” con objetivos progresivos desde el punto de vista de los sectores populares, fue en realidad una respuesta “defensiva” ante las contradicciones que empezaron a surgir en el crecimiento económico pos devaluación, allá por el 2006. Como decíamos en otro post:

Cuando el “piloto automático” de las conquistas que logró el empresariado a costa de los asalariados empezaron a mostrarse insuficientes, allí apereció el Estado para paliar las contradicciones del esquema [...] Recién allí se archivo el “piloto automático + algunas restricciones” por una regulación más amplia. Cuando la inflación superó significativamente los dos dígitos, aparecieron los controles de precios, que rápidamente cedieron paso a la intervención para dibujar los datos del IndeK, acompañada de subsidios a los empresarios para tratar de que aumenten un poco menos los precios”.
“Sí, no todo el “intervencionismo” K apareció de golpe. Desde la salida de la Convertibilidad permanecieron congeladas las tarifas energéticas. Y sí, también se impulsó desde 2003 algunos tibios aumentos “no remunerativos” del salario, además de mantener los planes Jefas y Jefes implementados masivamente por Duhalde en 2002. Pero fuera de esto, el resto fue pura “macro”, aprovechar los superávit, esterilizar la emisión de pesos que se hacía para comprar los ingentes dólares del comercio exterior, negociar la deuda y pagarla generosamente (lo que luego pasó a denominarse de una forma más nac & pop como “desendeudamiento”).

Las declaradas virtudes del Estado, y su oposición al Mercado, eran más una cuestión de marketing discursivo que de convicción profunda. Las “forma” de parches (techos de precios o salarios, subsidios extendidos, importación de combustible a cargo del Estado, marcha y contramarcha con los ajustes tarifarios, impulso de planes como Petroleo Plus y Refinar Plus sin control, y suspensión abrupta de los mismos, y un largo etc.), nos remiten a un fondo, que es el de un carácter de clase del “regulacionismo” K. No ha sido “anti” mercado (ente abstracto si los hay) porque el sustrato último de la política era sostener la reproducción de la formación social capitalista argentina, mitigando las contradicciones que iban apareciendo haciendo uso de la “caja” fiscal para subsidiar a distintos sectores del capital (una pata de lo que nosotros hemos definido como “bonapartismo fiscal”) e introduciendo con el mismo fin algunos dispositivos de regulación apoyado en los atributos del Estado. Pero siempre en la búsqueda de solventar una cuota de la masa de ganancia para algunas fracciones del capital social redireccionando recursos de la renta agraria y otras fuentes. Aunque esto tenga como contracara algunos límites a los aumentos de precios o sea la manera de volver sostenibles para los empresarios algunas mejoras salariales, haciéndolos compatibles con ganancias normales (“normales” para la voracidad de los capitales que se valorizan en el país), y en ese sentido tenga un efecto “redistributivo” en relación con los asalariados, el objetivo es operar una compensación a los capitalistas. Para decirlo con todas las letras, estamos hablando de un intervencionismo del Estado burgués en beneficio de la burguesía, aunque su resultado haya sido también “distender” parcialmente las relaciones con las clases subalternas, creando algunas expectativas de mejoras en algunos sectores obreros y populares (que sólo se concretaron parcialmente para franjas limitadas, como las de los trabajadores privados registrados, y solamente si las comparamos con la situación catastrófica de la hecatombe de 2001). 

¿Cambio de paradigma?
La pregunta sería si las últimas medidas para el sector energético representan un replanteo de esta condición, un salto hacia un camino diferente, que rompa los marcos establecidos. Puede que así se lo figuren algunos de los protagonistas. También se lo figuran así algunos exponentes de la oposición patronal. El ex ministro de Economía Roberto Lavagna, salió a advertir una “sovietización” del sector petrolero ante los cambios en el marco regulatorio implicados por el decreto 1.127, complemento de la ley de “recompra” parcial de YPF.
Tanto en el caso del sector petrolero como en el del sector energético, el Estado ya no se limita a “poner la mosca” y establecer alguna meta y uno que otro mecanismo de control muy general. Ahora se proponen trabajar sobre la base de un conocimiento riguroso de la estructura de costos de las empresas, sobre la base de determinar para los mismos una “rentabilidad razonable”, en palabras del viceministro de Economía, Axel Kicillof. Uno de los puntos enfatizados sería el seguimiento de los planes de inversión, con la amenaza, en el caso petrolero, de revertir la concesión de áreas con inversión insuficiente. Un rasgo central que orienta la nueva intervención en el sector energético e hidrocarburífero es empujar las inversiones que no ocurrieron durante todos estos años para aumentar la capacidad de generación del sistema. 
Pero, como sea que se figuren esta gesta sus protagonistas –y los acérrimos defensores de la libre empresa que lanzan sus dardos contra lo que pretenden identificar con tendencias hacia un “capitalismo de Estado”- lo cierto es que esta “radicalización” llega para limpiar los platos después de la fiesta. Aunque ahora los parches hayan sido reemplazados por planes sectoriales un poco más integrales, estos no hacen más que administrar el pasaje de la situación de abundancia a una de escasez. Abundancia de recursos fiscales, que permitieron que el Estado sostuviera con subsidios la ecuación de negocios de las empresas, y abundancia de dólares, que hizo soportable la gangrena de un sistema que mostraba numerosos agujeros que debieron cubrirse con importaciones de fuel oil y gas.
Si se observa un intento de subordinación y de comando por parte de los funcionarios gubernamentales para coordinar esfuerzos -objetivo de resultado incierto- esto evidencia la constatación de la magnitud del fracaso del esquema previo para contener las contradicciones, y la imposibilidad de sostenerlo en tiempos en los que se impone la “sintonía fina” del ajuste. 
Sin embargo, la mayor intervención en el sector no significa que mágicamente aparecerán los recursos para financiar las inversiones. Ni éstos, ni la “rentabilidad razonable” (algo que para las empresas de distribución de electricidad que están al borde de la convocatoria de acreedores fue como música para sus oídos) podrán tener otra fuente que un aumento de tarifas. 

Sin escape al ajuste
Ya lo estamos viendo en YPF. Si apenas anunciada la recompra de la empresa algunos periodistas oficialistas se ilusionaban con las tarifas preferenciales que podrían establecerse en beneficio de algunas regiones del país, el camino trazado va en otro sentido. El plan de Galuccio cuenta centralmente con los recursos de YPF para financiar la inversión, lo cual sólo será posible aumentando las tarifas, objetivo que fue parte de los anuncios del pasado jueves. Y en GNC hemos visto también un aumento, de nada menos del 300%, para el precio pagado por las estaciones. Aunque aún no se ha trasladado a las tarifas cobradas por las estaciones, esto es sólo cuestión de tiempo. 
El ajuste que ahora se impone es el producto de haber preservado los marcos regulatorios de las privatizaciones, dejando a todas las empresas firmes en sus posiciones y al mando de los planes de inversión, aunque limitando los ajustes tarifarios. Una especie de esquema “mixto” similar al del transporte ferroviario, cuyas consecuencias trágicas saltan a la vista. El aporte de recursos estatales permitió que las empresas mantuvieran su rentabilidad, pero con un “modelo” de negocios basado en administrar la capacidad instalada, sin siquiera invertir para recomponer los generadores de electricidad que llegaron al fin de su vida útil. De esta forma, las ganancias de los operadores (tanto en la generación como en la distribución) tuvieron como condición la no inversión, se produjeron a costa de un desgaste sin reposición del capital fijo, con aval del Estado. 
Que ahora se propongan profundizar el rol estatal en orquestar el funcionamiento del sector petrolero e hidrocarburífero, no permite ocultar el carácter tardío de esta iniciativa, que no hace más que sacar de las manos empresarias una papa caliente. Y que no va a evitar los ajustes que el gobierno estuvo rehuyendo durante estos años, pero sólo al precio de patearlos para adelante haciendo que su carga se haga cada vez más onerosa.
Mientras tanto, en paralelo al reemplazo del marco regulatorio bajo el cual se produjo la privatización del sector, que fue propagandizado por medios oficialistas como la “descomoditización” de los hidrocarburos (es decir que ya no serían una mercancía sometida al lucro), las nuevas formas de asociación previstas por Galuccio proyectan entregar a las multinacionales que se asocien con YPF el 50% de la producción obtenida en los proyectos conjuntos. Si le suena parecido a la entrega frondicista (una política bastante “comoditificadora”) no es ninguna coincidencia.
Mientras tanto, hay nuevos jugadores que entran al sector. Bridas compro Esso y se transformó en la segunda petrolera del país. Sin duda, un indicio de que esperan que no haya tanta "descomoditización" como para impedir que puedan hacerse buenos negocios.


Dime donde ajustas...
Pero no sólo aumentos de tarifas y combustible se auguran como resultados de la intervención. También podemos prever, en aras de la productividad y de los márgenes de rentabilidad “razonable”, una presión reforzada sobre los asalariados, poniendo límites más estrechos a los aumentos salariales e incrementando las exigencias durante la jornada de trabajo, a los fines de disminuir el costo salarial. Esta mayor dureza ante los intentos de recomposición salarial estuvo presente en todas las negociaciones paritarias de este año, pero todo sugiere que se expresará de manera reforzada ante los asalariados de estos sectores críticos. 
La idea de que puede haber una tangente en la cual se pueda preservar las relaciones de producción capitalistas y a la vez sobreponerse a sus contradicciones mediante la regulación del Estado, cuadratura del círculo que en tiempos de vacas gordas parecería posible, en tiempos menos benignos se revela como completamente utópica. Los superávits gemelos (en la situación fiscal y en el sector externo) confirieron al Estado una capacidad de arbitraje y permitieron durante un tiempo administrar el agotamiento del esquema posponiendo el ajuste. Sin esta base, todo lo que puede administrarse hoy es sobre quién caerán los costos del ajuste. La preparación para descargarlos sobre los usuarios y los asalariados del sector, y de reorganizar el esquema energético en función de los requerimientos de la reproducción capitalista en la Argentina, despejan cualquier duda sobre el carácter de clase del intervencionismo orquestado por el viceministro Kicillof y su troupe.

Por una salida de otra clase
La cuestión energética es la expresión más saliente de la condición dependiente y semicolonial del capitalismo argentino. Frente a estas alternativas de hierro del capital, ya sean los ajustes ortodoxos por los que apuestan sectores empresarios y de la oposición patronal, o la variante K de ajuste heterodoxo, es necesario fortalecer una alternativa obrera y socialista que ataque de la raíz la dominación  imperialista y sus posiciones en este sector fundamental, expropiando el conjunto de las empresas del sector energético para organizarlas en un plan conjunto sustentado sobre la base del no pago de la deuda, impuestos a las grandes fortunas y la apropiación integra de la renta agraria e hidrocarburífera.

viernes, 6 de julio de 2012

La crisis "energética" de una economía que pierde marcha



En La Verdad Obrera Nº 482 continuamos analizando las perspectivas de la economía argentina, entre las contradicciones acumuladas durante los últimos años y el nuevo escenario internacional. Ante las variantes de ajuste propuestas por el gobierno y la oposicióon patronal, planteamos la necesidad de que la clase trabajadora levante un programa alternativo, y construya una organización política independiente para imponerlo.




Invitamos a leer el artículo aquí.


viernes, 22 de junio de 2012

Más sobre la sanata de la "soberanía" hidrocarburífera


 YPF: La jugada de las multinacionales que no previó Kicillof y hoy complica a GallucioComo no podía ser de otra forma, el conflicto entre Moyano y el gobierno acaparó casi toda la atención (y la tensión) en los últimos días. En La Verdad Obrera Nº 480 puede leerse el editorial Todo el apoyo a la huelga de los camioneros. Por un paro y plan de lucha nacional, así como Las batallas del PTS en el escenario nacional. También en la "troskósfera" pueden leerse varios posicionamientos sobre el tama (como por ejemplo Entre el gorilismo K y las respuestas de Moyano. Anuncio de las batallas por venir, Moyano y su retroceso táctico (y estratégico),Guerra en el PJ, movimiento obrero e izquierda. Algunas notas , Semieje partido,Tres problemas que surgen de los hechos de esta semana, y acá se da un paneo crítido de lo que ha dicho la "peronósfera").

Sin embargo, quería señalar algunas novedades sobre la situación de la "recomprada" YPF que comenta en esta nota LaPolíticaOnline (y que, como ocurre siempre con este medio, debemos tener en cuenta que ha de ser  mitad bolazo y mitad posta, o proporciones parecidas). Allí se señala las jugadas "que no previó Kicillof". Esta "jugada", no es otra que las leoninas exigencias que podían preverse por parte de las grandes petroleras multinacionales para asociarse con YPF aportando capital. Citando a un gerente, esta nota sostiene que las petroleras “Saben que tienen margen para exigir condiciones favorables, porque YPF por su cuenta no puede conseguir –al menos, en la situación actual- los capitales para concretar su plan de acción”. Con algo de ironía, la propia jugada del gobierno para deprimir la capitalización bursátil en el marco de su ofensiva contra Repsol, achicó ahora la espalda financiera de la compañía "recomprada" (sin fecha cierta de pago), con lo cual se vuelve menos atractiva para los inversores, dificultando cualquier financiamiento interno. Esta situación, las regulaciones oficiales, así como las trabas a las importaciones, son usados por las multinacionales en la mesa de negociación para subir las exigencias. 
Pero todo eso son argumentos adicionales para tirar sobre la mesa; el nudo de la cuestión, lo que inclina la balanza en favor de las petroleras, es la urgencia del gobierno por introducir compleja tecnología para la recuperación de pozos y para la explotación no convencional, y la incapacidad poner fondos propios en esta empresa. De esta forma, quienes tiénen los recursos y (sobre todo) la tecnología, se sientan a la mesa corriengo con ventaja. En el apuro por hacerse de Vaca Muerta antes de que Repsol negociara con otras firmas su puesta en explotación, los funcionarios que diseñaron el plan calcularon con excesivo optimismo que el tractivo del yacimiento sería suficiente para rebajar las exigencias. Pero, como era previsible, las firmas buscan condiciones que permitan sacarle el máximo jugo a los yacimientos. Conducta rapaz muy parecida a la que Kicillof denunció en varias oportunidades de los "colonizadores" españoles.
Lo que las petroleras exigen, y cayó como un baldaso de agua fría para los afiebrados pronósticos de la progresía oficialista sobre la "redistribución" progresiva que permitiría la expropiación parcial (ver por ejemplo aquí  y aquí algunos ejemplos paradigmáticos de ilusiones trasnochadas sobre las posibilidades del Estado gestionando el petróleo en persecusión del "interés público") es el aumento de precios internos –en especial del gas, que a nivel local se paga u$s 2,50 por millón de BTU, e importarlo de Bolivia cuesta u$s 12-, la libre disponibilidad de las utilidades que obtengan las empresas (es decir una excepción de las presiones "informales" que viene haciendo el gobierno para que las multinacionales no giren utilidades a sus casas matrices), liberación de importaciones, garantizando que sortearán las trabas aplicadas por la Secretaría de Comercio, que dirige Guillermo Moreno. La capacidad para operar sin inconvenientes y demoras en el mercado de divisas, y "el compromiso de mantener estables estas cuestiones a través de un norma regulatoria, en lo posible aprobada por el Congreso como se hizo en los noventa con el marco legal de la minería". 
Podríamos decir que exigen el "contrato Barrik". Concederlo sería un baldaso de agua fría para el Cristinismo. No es que tengan muchos pruritos al respecto (la asociación con las mineras no ha hecho más que estrecharse durante la década de gobiernos K, a tal punto que cambiaron la ley de glaciares para no entorpecer la minería a cielo abierto). Pero ocurre que no se lleva muy bien con toda la propaganda sobre la "soberanía" y las denuncias contra la rapacidad de Repsol (algo obvio desde los '90, de lo cual los K parece que tardaron un poquito en darse cuenta). Tampoco se lleva muy bien con la idea de que mágicamente, esta "recompra" parcial de YPF permitiría resolver todos los problemas energéticos, sin afectar más profundamente los intereses imperialistas, y sin elevar los precios ni nada. 
Estas complicaciones no son una sorpresa, sino el resultado lógico de las falacias del plan K (de Kicillof, aunque algunos se lo adjudican a Dromi). Como ya hemos planteado aquí "esperando que sean los inversores externos los que resuelvan los problemas del país, se parte de una débil posición que obligará a mayores concesiones, como ajustar los precios para terminar de acercarlos a los internacionales y garantizar las remesas de utilidades". Esas son las exigencias de las que Cristina Fernandez terminó de desayunarse en su reciente reunión con petroleros en el Upper East Side de Manhattan.
Las poco atractivas opciones para el cristinismo, son entonces aceptar las exigencias de las petroleras, retrocediendo sobre lo proclamado, o quedarse con la enorme potencialidad de Vaca Muerta sin explotar. Por supuesto, con la trampita de igualar soberanía con "autoabastecimiento", y este con exportaciones netas positivas, sustrayendo la discusión de los costos que haya que soportar para lograrlo (en términos ecológicos, pero también de cesión de soberanía), es una vía para tratar de salir airosos de una entrega tan nefasta como la de Frondizi (ver aquí). Pero difícilmente esta operación sea muy efectiva, considerando que necesariamente irá acompañada de aumentos en los precios del combustible "para todos y todas".
Volviendo a la nota de LPO, esta propone la conclusión, apoyada en "fuentes oficiales" ligadas al Ministro de Planificación Julio De Vido, que los problemas actuales estarían en "la forma en que se estatizó YPF", que "no hizo más que cerrar las puertas del crédito internacional". Pero esto es una chapucería, ya que el crédito estaba prácticamente cerrado previamente, y aún en las mejores condiciones no habría podido alcanzar la escala suficiente para las inversiones requeridas. Mejorar "las formas" no hubiera hecho más que elevar la carga de la expropiación parcial, acelerando los tiempos en los que deban afrontarse sus costos (por lo pronto la cuestión está en los largos tiempos del Ciadi) sin reducir en lo más mínimo las exigencias de las petroleras para invertir. No, los problemas no están ahí, sino que son el resultado de las restricciones insalvables de una medida que afectó parcialmente la propiedad capitalista en un sector (que apenas impacta sobre el 30% de la explotación hidrocarburífera), sin atacar de conjunto las posiciones del imperialismo, ni tampoco avanzar sobre otras rentas, lo cual hubiera permitido abrir caminos para realizar las inversiones sin depender del capital extranjero.
Lejos del camino oficial, o de sus críticos amigables al capital imperialista, para hablar seriamente de "soberanía hidrocarburífera", es necesario integrar esta cuestión en un programa de vaya hasta el hueso contra el imperialismo y la gran burguesía local, unida a este por mil lazos. 
Como decimos acá: "Entre otras medidas, se tiene que declarar el no pago de la deuda, nacionalizar los bancos y crear una banca estatal única, controlada por los trabajadores, para imponer un férreo control al movimiento de capitales y centralizar el crédito focalizándolo en sectores estratégicos cortando con la sequía crediticia que imponen los bancos para concentrarse en los rentables negocios que reflejan sus balances (en el último año sumaron ganancias por $11.000 millones). Esto también permitiría dar crédito barato para viviendas populares.
Pero estas elementales medidas de autodefensa nacional son apenas un primer aspecto para liberar recursos y encarar el autoabastecimiento energético. La renta agraria, que supera los u$s 10.000 millones que se reparten entre los terratenientes, cerealeras, semilleros, pooles y grandes empresas agropecuarias, debe ser íntegramente apropiada, mediante la expropiación de las grandes tierras y el monopolio estatal del comercio exterior. Lo mismo debe hacerse con la renta minera. Sólo con estas fuentes, en un año podría alcanzarse más de la mitad del valor necesario para inversiones en el rubro energético.
Este es un camino opuesto por el vértice al del gobierno. Expropiar el 100% de los recursos hidrocarburíferos, y no limitarse a una empresa dejando en manos de capitales extranjeros el 70% restante. Establecer un plan energético de conjunto, donde el “interés público” no sea una declaración de intenciones, organizando la explotación de las reservas de gas y petróleo, y su refinamiento, bajo gestión de los trabajadores. La expropiación de todas estas empresas y de la oligarquía terrateniente, junto a la estatización de la banca, que levantamos, no son para que estén bajo la órbita de la burocracia estatal, los De Vido y los Kicillof. Es necesario ponerlas bajo gestión de la clase trabajadora. Son premisas mínimas para poner todos los recursos que genera el pueblo trabajador en función de resolver sus propias necesidades, mediante un plan de obras públicas que ofrezca trabajo a todos los desocupados y apunte a los problemas de la vivienda, la falta de infraestructuras básicas, así como aumentar los presupuestos de educación y salud. Peleamos porque sean los trabajadores y sectores populares los que discutan cómo organizar el conjunto del aparato productivo en función de las necesidades sociales y no de las ganancias empresarias, ligando su destino a una perspectiva socialista en América Latina y en el mundo. No se trata de “imponer” este programa a la burguesía y su Estado, bajo cuyo dominio sólo podemos esperar que se profundice la dependencia. La aplicación de este programa para reorganizar la economía sobre nuevas bases reclama la movilización revolucionaria y un gobierno de la clase trabajadora y el pueblo".