Tanto los más rancios economistas neoliberales, como el “progresismo” pro kirchnerista, comparten un diagnóstico: lo definitorio de la política económica K es la intervención estatal en la economía. Esto es desaprobado por los primeros, que piden “dejar actuar a las leyes del mercado” y se escandalizan por las pretensiones del gobierno de aumentar el gasto público y las fuentes de recaudación. Mientras tanto, los “progres” saludan toda medida de regulación del Estado en la economía (salvo quizás la “regulación” de las estadísticas oficiales, cada vez más mentirosas), como si ésta debiera suponerse automáticamente en beneficio de un interés general de la sociedad, y no del determinados sectores de clase.
Lejos de esto, la intervención del gobierno ha tenido siempre la lógica de retocar el esquema de crecimiento impuesto con la devaluación de 2002, tomando medidas para garantizar la rentabilidad empresaria. Esto incluye subsidios, algunos atisbos de regulación de precios y un firme techo a los salarios con la colaboración de la burocracia sindical. Aunque estas medidas dieron cierto peso al Estado para arbitrar en la economía, esto nunca persiguió otro fin que defender las ganancias frente al desgaste de las condiciones de crecimiento, especialmente frente a los reclamos de los trabajadores.
Si el gobierno se hubiera propuesto una intervención del Estado “en beneficio de los sectores populares”, podría haber avanzado decisivamente sobre la apropiación de la renta agraria, estableciendo el monopolio estatal del comercio exterior y expropiando a los grandes terratenientes, y no limitándose a pelear por una parte de la ganancia extraordinaria con las retenciones. O hubiera dejado de pagar la deuda, en vez de renegociarla con primas extra por cada punto de crecimiento o de inflación, además de pagarle al Fondo más de u$s 20 mil millones. Los números muestran en beneficio de quién interviene el gobierno: el año pasado, los subsidios representaron $43 mil millones, un 21% del gasto total del Estado nacional que va a parar directamente a los capitalistas. Esto supera la suma de las partidas de Salud, Asistencia Social, Educación y Cultura. Los subsidios proyectados para este año es de $45 mil millones. Mientras tanto, los pagos de la deuda pública (amortización e intereses) alcanzarán este año u$s13 mil millones (algo así como $48.600 millones). Sumados, los subsidios a los capitalistas y el drenaje de la deuda, representan casi la mitad del gasto público nacional. Querer presentar el nuevo round de la pelea con las patronales agrarias, que buscan imponer una rebaja de retenciones que implicaría u$s 4.000 millones, como una gesta “nacional y popular”, como pretende hacer Horacio Verbitsky1, suena a burla.
Por si todavía quedan dudas en 2008 el grueso de la recaudación, unos $80.200 millones, fue por el IVA que afecta principalmente al consumo de los trabajadores y sectores populares, mientras que los capitalistas pagaron sólo $53.600 millones por ganancias. Cabe agregar que esta ganancia que “pagan” los capitalistas, en realidad es sólo una parte del trabajo no pago que éstos extraen a los trabajadores. Por eso, más allá que los capitalistas (industriales, agrarios, bancarios, etc.) aparecen pagando impuestos, en realidad tales pagos son una transferencia de ganancia al Estado2. Las patronales agrarias (y también las multinacionales petroleras) realizan un aporte menor a la recaudación, que en 2008 fue de $36.000 millones.
Fin de fiesta
La fortaleza fiscal como base de la política económica ya llegó a su fin. El impacto de la crisis internacional en Argentina, de la cual todos los días se conocen nuevos datos, está minando las bases de la misma. Las retenciones caerán por la caída en la producción agrícola debido a la sequía; el consumo y la inversión están contrayéndose. Este cuadro, que algunos ya definen como recesión3, agrava una situación fiscal que ya era comprometida.
Según las estimaciones del presupuesto para 2009, se esperaba un superávit fiscal primario (antes de pagar intereses) de $37.000 millones. Con este monto, para cerrar el programa financiero del año, se preveía que sería necesario usar u$s 3.500 de reservas y u$s 2.700 de depósitos de organismos públicos en el Banco Nación para cerrar la brecha financiera. Pero este presupuesto anticipaba un crecimiento del producto de 4% que no se está verificando.
Si excluimos los fondos previsionales, la recaudación mostró un crecimiento del 5% en el acumulado enero-marzo en comparación con el año anterior. Eso expresa una caída de la recaudación en términos reales, si tenemos en cuenta que la inflación estuvo por encima del 20%. La recaudación aumenta poco en relación con los gastos, que crecen a mayor ritmo entre otras cosas por el encarecimiento de los costos de las obras y de la deuda nominada en dólares a medida que aumenta el precio de la divisa extranjera. Por eso el superávit fiscal que fue uno de los pilares del esquema económico kirchnerista tiende a disolverse. El tesoro nacional viene logrando un superávit primario (antes del pago de intereses) de 20 millones (es decir casi inexistente) que se transforma en un fuerte déficit con el pago de intereses. Esto sólo puede maquillarse gracias al superávit en la seguridad social (3.600 millones), que es presentado como superávit del Estado en su conjunto.
A esto tenemos que agregar que luego de presentado el presupuesto, el gobierno lanzó sus planes de estímulo a la demanda. Aunque los anuncios superan los $70 mil millones, muchas medidas ya estaban previstas. Por eso, algunos cálculos indican que el aumento real del gasto es de $32.600 millones4. Por la combinación entre caída de recaudación y aumento del gasto (si este aumento se concretara en los niveles proyectados), algunos ya pronostican que el déficit podría llegar hasta los 12 mil millones de pesos5. Es decir, que el gobierno no sólo no contaría con una parte del superávit para afrontar sus necesidades financieras (pago de intereses de la deuda), sino que debería endeudarse para sostener los gastos corrientes.
Por fortuna para el gobierno, el fracaso de los planes de estímulo pone límites a este escenario. Sin embargo, el gobierno está impulsando acuerdos para disimular hasta las elecciones los impactos de la crisis. A muchas empresas que anuncian despidos, como la Ford que acumuló ganancias millonarias en todos estos años y quiere echar 330 trabajadores, el gobierno les está subsidiando una parte de los salarios bajo el paraguas del Programa de Reproducción Productiva (Repro) por el que el Estado se hace cargo como suma no remunerativa de hasta $600 del sueldo del trabajador. Ante el panorama de crisis fiscal, no está descartado que pasadas las elecciones el gobierno pueda suspender su programa de estímulo y estos acuerdos para frenar despidos, con lo cual éstos se concretarían.
La comprometida situación fiscal se expresa en la sistemática succión de los recursos depositados por distintos organismos públicos como la AFIP, la ANSES, el PAMI y distintos fondos fiducidarios en el banco Nación. Estimaciones privadas estimaban que entre octubre de 2008 y marzo de 2009 salieron de estas cuentas, como préstamos-puente, más de $8.000 millones. Además, el gobierno emite deuda que coloca entre los mismos organismos. El lunes se refinanció una deuda por letras del tesoro colocadas en la Anses hace un año, por 1.500 millones6. El miércoles se anunció una nueva emisión de letras a la Anses, por 1.600 millones. En los próximos días vencen letras colocadas en este organismo el año pasado por $2.750 millones, y durante el resto del año hay $2.700 millones más. Frente a la imposibilidad de emitir deuda externa, sigue escalando la deuda interna.
Más que “garantizar los ingresos de los jubilados”, el gobierno logró con la estatización de las AFJP una caja cautiva a costa de rifar los recursos futuros de los jubilados en las urgencias de la crisis. Los fondos que recaudará ANSES se cree que llegarán a $70.000 millones durante el 2009, pero la propia sustracción de recursos deja expuesta la ficción de la intervención en pos del “bienestar común” al mostrar descarnadamente que la nacionalización de las AFJP tuvo como fin financiar al Estado los pagos de la deuda y los subsidios a los empresarios.
Las provincias en rojo
Mientras tanto, aunque el gobierno anunció que otorgará a las provincias un 30% de lo recaudado por las retenciones a la soja, en los hechos esto no implica necesariamente un mayor costo fiscal ni mayores recursos para las provincias, ya que puede ser compensado por una caída en los recursos que son transferidos discrecionalmente. En realidad, lo que reciben las provincias del tesoro nacional está virtualmente estancado: el monto promedio transferido a las provincias en enero, febrero y marzo de 2009 ($2.128,6 millones) creció apenas 18% respecto a igual período de 2008 ($1.805,2 millones), es decir que creció por debajo de la inflación.
La mayoría de las provincias muestran fuertes déficits. El año pasado, terminó con un déficit fiscal consolidado (sumando todas las provincias) de alrededor de $3.000 millones. La deuda de las provincias, que en 2002 era de $69 mil millones, cerró 2008 en $93 mil millones. El 70% de esta deuda es con la nación, que en el nuevo cuadro no está en condiciones de seguir financiando holgadamente a las provincias.
Por eso, mientras el gobierno coquetea con medidas “keynesianas”, “ocho gobernadores decidieron congelar o recortar los salarios de la planta política y acelerar la jubilación masiva de trabajadores estatales para achicar la plantilla de empleados públicos”7. Incluso, en muchas provincias se insinúa el lanzamiento de cuasimonedas, una suerte de reedición de los famosos patacones y otros papeles que circularon al calor de la crisis del 2001.
El panorama pos elecciones
El plan kirchnerista frente a la crisis, que ya viene mostrando su fracaso, se está quedando sin su combustible básico, la caja. Mientras tanto, el acuerdo con las patronales para subsidiar una parte de los salarios, apenas si podrá parar los despidos masivos hasta julio, con una caída industrial cada vez más pronunciada. Se preanuncia un salto en el nivel de despidos luego de las elecciones, a la par que caen los recursos con los cuales el gobierno subsidió las ganancias empresarias. Éste tampoco tiene acceso al crédito que le permitiría sostener el gasto público y pagar la deuda sin ajustar.
Por eso, cualquiera sea la relación de fuerzas que consiga el kirchnerismo en las elecciones, todo apunta a un ajuste profundo de la economía, que golpeará severamente sobre los trabajadores y sectores populares. Éste podría tomar distintas formas: ajuste fiscal o devaluación. Podríamos también considerar la propuesta que hizo Duhalde de que “pongamos nuestra deuda en la masa de la quiebra y después se verá”, pero esto suena poco creíble para que lo haga uno de los gobiernos que más negocios ha facilitado a los acreedores que renegociaron la deuda y que más ha pagado al FMI.
La situación de caída de la recaudación está llevando a que el gobierno pise el freno de hecho en los gastos. No sólo en los recursos a las provincias, sino demorando pagos a proveedores y subejecutando partidas. Es muy probable que esto se profundice luego de las elecciones8. Pero el gobierno no dejará de subsidiar a los capitalistas salvo que lo permita una reformulación profunda del esquema económico, ni está en condiciones de recortar decisivamente el gasto, ya que la vía de ajuste “ortodoxo” le restaría los precarios soportes políticos que conserva.
También podría esperarse una monetización el gasto (es decir, emisión de pesos para solventar el déficit), como tantas veces se ha hecho en la historia argentina, pero esto llevaría aceleradamente a la inflación y devaluación desordenada.
Por último, tenemos la alternativa de devaluación, reclamada por los industriales y cuyas consecuencias para los trabajadores, como ya mostramos en estas páginas9 sería un formidable desplome de los salarios similar al ocurrido en 2002. Desde el punto de vista del gobierno, esto implicaría una mejora de la relación entre ingresos y gastos, que le liberaría más recursos para seguir pagando la deuda, y bajaría la presión para subsidiar a los capitalistas que recuperarían rentabilidad.
Todo indica que luego de las elecciones, el gobierno combinará ajuste fiscal más severo y devaluación. El peso que tenga cada una, y lo brusco o gradualista de las medidas tomadas, dependerá de la magnitud del “sinceramiento” de la crisis. Todas estas alternativas, implicarán un golpe a los trabajadores.
Los trabajadores tienen que plantear su propia salida, para que la crisis la paguen los capitalistas. Comenzando por el no pago de la deuda externa y la nacionalización de la banca. Estas medidas, junto con el aumento de impuestos a las grandes fortunas y las ganancias capitalistas, la expropiación de los 1.500 grandes propietarios de la tierra en Argentina, y el monopolio estatal del comercio exterior, permitiría los recursos para dar satisfacción a los reclamos de aumentos salariales de los docentes y de todos los empleados públicos y para desarrollar un verdadero plan de obras públicas bajo control de los trabajadores (y no de los intendentes del PJ que lo usan para hacer clientelismo y beneficiar a las grandes constructoras). Así, además de incorporar a los trabajadores actualmente desocupados, se puede responder a los problemas habitacionales, construir escuelas para todos los chicos hoy excluidos del sistema educativo, levantar todas las obras de infraestructura necesarias para los sectores más vulnerables a enfermedades como el dengue por falta de agua potable y servicios cloacales, y poner en pie un sistema de salud accesible a toda la población.
