Como viene ocurriendo todos los años, el gobierno presenteó un presupuesto con supuestos bastante improbables, acorde a sus necesidades, acompañados además de varias evaluaciones de lo que esta ocurriendo que son lisas y llanas falsificaciones. La previsión de suba de precios de un 10,5% en 2014, cuando ayer en Tecnópolis la presidenta sostenía que no tomaría ninguna medida contra la inflación, es una muestra de los supuestos improbables. La afirmación de que este año cerrará con una suba del 10,8%, ya entra en el terreno de lo falso, aunque la destrucción del IPC del Indek, y la reducción a sólo 3 provincias que mantienen índices independientes, haga imposible hacer una aproximación creíble de una suba de precios que -con acuerdos y todo- difícilmente esté muy abajo del 20%.
Pero, dibujos aparte, el proyecto de presupuesto es revelador de algunos de los lineamientos que seguirán marcando la economía política K.
- Ante todo, se reafirma una vez más la vocación de pagador serial del gobierno de Cristina Fernandez. Al mismo tiempo que se reabre el
canje para obsequiar a los bonistas que no ingresaron a los canjes
previos las generosas condiciones de 2005 y 2010, el presupuesto
anuncia que el pago de interesese de la deuda casi se va a duplicar
en como porcentaje de la producción nacional, pasando de 1.69% del
PIB a 2,38% del PIB. Nada menos que un 9% del gasto público tendrá como destino el pago de los intereses a los usureros, a lo que se suman los pagos de capital de deuda. Para afrontar la deuda en dólares, se prevé tomar nada menos que 9.855 millones de dólares del Banco Central, en el quinto año de aplicación del Fondo del Desendeudamiento, que sacrifica el único colchón que mantiene la economía ante un deterioro de las cuentas externas en el altar de los usureros. La sobreestimación del crecimiento, que se está expresando este año en el maquillaje del enlentecimiento económico y se prefigura en la previsión optimista -por decir lo menos-de 6,2% de crecimiento en 2014, sumará a la deuda otros 5000 millones de dólares en 2014, y otros 6400 millones en 2015, en concepto de cupon de los bonos por el crecimiento económico.
-Al estimar en el proyecto de
presupuesto un dólar en 2014 a 6,33 pesos, es decir una depreciación
del peso de más del 10% que se suma al 16 por ciento que se depreció
en lo que va del año, las previsiones del gobierno contienen un
nuevo guiño para los industriales. La aceleración del ritmo
devaluatorio que busca preservar la rentabilidad de los empresarios contribuye a acelerar la suba del costo de vida que
golpea sobre el pueblo trabajador.
-Asimismo, los subsidios a la energía y
el combustible, que en su forma actual son un subsidio a las
ganancias empresarias y alimentan un esquema de liquidación del
sector energético y de cumbustibles, siguen aumentando, de 77 mil
millones de pesos a 79 mil millones.La Asignación Universal por Hijo
representa apenas un cuarto de lo que se gasta en este rubro. Sólo
estatizando todo el sistema energético bajo control de los
trabajadores es posible cortar con este agujero negro del fisco que
sólo beneficia a los empresarios.
-Finalmente, a pesar del retroceso que
realizó el gobierno con el anuncio del proyecto de ley para modificar el mínimo
no imponible del impuesto a las Ganancias, que mitigó uno de los
aspectos que más contribuyeron a acentuar la regresividad de la estructura impositiva en los últimos años, la estructura de ingresos impositivos previstos vuelve a
poner de relieve el carácter regresivo de todo el sistema
impositivo. Sin contar los ingresos y erogasiones previsionales (que
en los últimos años han servido para financiar generosamente a los
empresarios de los rubros más variados y al propio tesoro nacional mientras se negó sistemáticamente el 82% móvil a los jubilados),
el 31% de los ingresos totales del Estado son del IVA, que recae ante todo
sobre el pueblo trabajador. Si descontamos los ingresos previsionales el IVA representa nada menos que el 38 de los ingresos fiscales. El resto se reparte entre los distintos
impuestos, pero como se hizo público por estos días en impuestos como Ganancias las distintas exenciones y elusiones hace que el selecto
grupo de los que ganaron más de 10 millones de pesos, paguen apenas
una tasa de 17,7% en concepto de ganancia, es decir la mitad de la
alícuota nacional.
El proyecto de presupuesto muestra una vez más
que el Estado recauda mayormente a costa del pueblo trabajador, y
privilegia en sus gastos a los bonistas uruseros y a los empresarios cuyas ganancias se engrosan con millones de pesos del gasto público mientras se benefician con multiples variantes para eludir impuestos. No hay reformas o retoques parciales como los que ahora está impulsando el gobierno para ganancias, o la anulación de la exención de ganancias para la tenencia y compra-venta de acciones de empresas no cotizantes, que modifiquen la regresividad que caracteriza a los ingresos y gastos del Estado. Sólo es posible
transformar de manera progresiva el sistema si el conjunto de los
gastos del estado, incluyendo la seguridad social, se sostienen con
una estructura de ingresos basada en impuestos a las grandes
fortunas, a las rentas (financieras y del suelo) y gravámenes
directos al capital y las ganancias personales más elevados y sin
las deducciones y exenciones vigentes. Con estas simples medidas
podría obtenerse decenas de miles de millones de pesos, para
garantizar a todos los trabajadores un salario acorde a la canasta
familiar, sostener el 82% móvil para todos los asalariados -hoy
retaceado por el gobierno- y encarar rápidamente las obras de
infraestructura vial, de vivienda y de provisión energética que hoy
son postergadas o realizadas a cuentagotas con el argumento de la
falta de recursos.
