Hoy reposteamos artículo del amigo FR en la web del PTS (www.pts.org.ar), sobre la situación abierta por la extensión de los motines policiales y las respuestas de la izquierda.
La generalización de los motines policiales a 17 provincias, con
situaciones como las de Tucumán o Salta (entre otras), que repiten los
hechos vividos en Córdoba la semana pasada y que ya produjeron cerca de
20 muertes; son una manifestación más del “fin de ciclo” político del
kirchnerismo.
La mayoría de los gobiernos provinciales, avalados por el gobierno
nacional, están otorgando de forma inmediata todos los reclamos de la
corporación policial, siguiendo los pasos del gobernador de Córdoba,
José Manuel De la Sota. Pese a esto, en muchas provincias, las protestas
continúan y los uniformados aumentan su “pliego de reclamos”. No es
solo la cuestión “salarial”, sino también exigen amnistías, impunidad y
ascensos para fuerzas policiales que venían cuestionadas por su íntima
relación con el narcotráfico, la trata de personas, los desarmaderos de
autos y otros negocios ilegales. Venía quedando en evidencia ante la
sociedad que las policías son las organizadoras del “gran delito” que
está detrás del “pequeño delito”, ese que tanto agitan los gobiernos y
los medios de comunicación en sus campañas de “seguridad” y que terminan
en la demonización de los sectores más pobres de la población y en el
fortalecimiento de los “criminales de uniforme” (amparados por el poder
político y judicial).
En estos momentos dramáticos que vive el país, el gobierno se
predispone a “festejar” los 30 años de democracia, con músicos y
“acrobacia”, mientras cede ante apriete armado de una las instituciones
más represivas del Estado. Los que se llenan la boca hablando de la
democracia, mientras ceden todos los días ante las corporaciones
económicas, hoy demuestran la bancarrota de su pseudo-democratismo,
arrodillándose ante la prepotencia patotera de una de las corporaciones
mafiosas y armadas de sus propio Estado.
El “modus operandi” de la mafia policial se repite a lo largo del
país. Zonas liberadas e impulso coordinado de los primeros saqueos
indiscriminados. En una situación social donde se mantienen altos
niveles de pobreza y precarización laboral, agravados por la inflación
creciente; el cuadro deriva en crisis que llevan al enfrentamiento de
pobres contra pobres o de los sectores más vulnerables de la población
trabajadora, con el resto de la clase obrera y las clases medias
empobrecidas.
El chantaje armado de las fuerzas policiales busca de esta manera
generar una base social de derecha y un re-prestigio, además de mejores
condiciones para su función represiva. La escenas de linchamientos
vistas en Córdoba, por parte de sectores de clases medias contra jóvenes
de los barrios populares, basadas también en la cultura de la
segregación social impulsada como política de estado; muestran lo
peligroso y lo criminal de la operación política que lleva adelante uno
de los principales brazos armados del estado.
El “partido policial”
Con la concesión de prácticamente todas las reivindicaciones de los
policías, en el marco una protesta nacional, fortalecen el poder
material y político que esta corporación ya venía obteniendo en los
últimos años, en el marco de la crisis histórica del resto de las FFAA.
Más allá de los resultados inmediatos de la crisis en curso, las
policías logran un triunfo material y un reconocimiento como un nuevo y
peligroso actor político nacional. Con este aval político, logrado con
los métodos del “vandorismo policial” (“golpear para negociar”), esta
corporación gana terreno. Incluso las concesiones del poder político,
ante el chantaje de las policías, puede alentar también a las otras
fuerzas armadas a intentar recuperar terreno (y puede abrir
peligrosamente paso a intentos de actuar como un “partido policial”, de
tutelaje del régimen político argentino).
Los efectos colaterales “no deseados”, como el impulso a la lucha que
provocó en otros sectores estatales de trabajadores (como los de la
salud de Córdoba), por la bronca ante la respuesta inmediata que
tuvieron los uniformados, mientras cualquier conflicto normal de
trabajadores nunca tiene esta resolución; no pueden soslayar este dato
político que fortalece a un enemigo estratégico del movimiento obrero y
los sectores populares y uno de los pilares del régimen y el estado
capitalista argentino. El desprestigio con el que todavía cargan estas
fuerzas (más escandalosamente en provincias como Santa Fe o Córdoba), es
una “ventaja” que debe ser utilizada para impulsar la movilización, no
sólo por el aumento de salarios (plus de fin de año y demandas
similares), sino también contra la represión y la impunidad, contra la
criminalización de la juventud y los sectores populares.
La izquierda y la clase obrera ante los motines policiales
El motín policial tuvo distintas respuestas en la izquierda, desde
aquellos que “alegremente” toman el elemento de crisis del régimen y las
luchas que desató en otros sectores de trabajadores, pero sin
delimitarse claramente del chantaje policial; hasta aquellos que, como
Vilma Ripoll, directamente le dan su apoyo y llaman al aumento de
salario y a la sindicalización.
La extensión nacional de la protesta y los métodos (impulso al
enfrentamiento de pobres contra pobres), dejan en evidencia la
contradicción de aquellos que, desde la izquierda, han llamado a apoyar
las huelgas y los reclamos policiales. Luego de su triunfo en Córdoba,
la policía salió inmediatamente a la caza en los barrios populares,
entrando ilegalmente a los hogares, con el objetivo presunto de
“cumplir” con la orden de De La Sota, de recuperar las mercaderías.
Ahora están mejor pertrechadas, con mejores condiciones y más salarios
para salir a reprimir a la juventud y a los trabajadores, por ejemplo a
aquellos que hoy tienen 11 hospitales tomados.
Frente a la crisis en curso la posición elemental de la que hay que
partir es la de ningún apoyo a los motines policiales y la denuncia a
todos los gobiernos patronales (sean oficialistas y opositores) que se
han entregado ante el chantaje de los uniformados. No se puede dar apoyo
a un movimiento que fortalece no solo materialmente a uno de los brazos
armados del Estado, sino que además le da entidad de actor político. La
negra trayectoria de las policías en la historia nacional, que tiene en
su haber “hitos” como el Navarrazo en Córdoba, hasta su función
esencial en la organización de la Triple A, debería ser una muestra
suficiente para que algunos autodenominados “marxistas”, revean su
posición de apoyo a estos motines.
No es casualidad que la posición de la burocracia sindical vaya desde
la “prescindencia” al apoyo activo a los motines, como hizo el jefe del
SMATA Omar Dragún en Córdoba, ladero del gobernador De la Sota. Su
función “policial” y de contención del movimiento obrero, los “hermana”
con la función de la policía en la sociedad.
La burocracia sindical es la que se está encargando de contener al
movimiento obrero, en momentos en que la inflación crece cada día más; y
permite que la crisis del régimen político y las debilidades que son
producto del “fin de ciclo”, sean aprovechadas por derecha por las
fuerzas policiales. Micheli de la CTA opositora habla tardíamente de la
necesidad de un paro, sin oponerse claramente a los motines. Por esto se
vuelve más urgente la recuperación de los sindicatos, para que la clase
obrera pueda intervenir con su programa y sus métodos. Para imponer un
paro que unifique todos los reclamos de los trabajadores a nivel
nacional. Rechazando el chantaje policial, exigiendo un salario mínimo
igual a la canasta familiar, ajustado por la inflación. Terminar con la
precarización laboral. Reclamando por un plan de obras públicas para dar
trabajo y vivienda a los sectores más necesitados. Y ante las
necesidades inmediatas, hay que encauzar la lucha por alimentos y
vivienda dirigiéndola hacia el poder político reclamando la entrega
inmediata de bolsones de alimentos en todos los barrios carenciados del
país bajo el control de delegados barriales elegidos democráticamente y
que trabajen en común y coordinadamente con las organizaciones obreras.
Esto evitaría el método desesperado de los saqueos que son utilizados (y
hasta impulsados) por la policía y en muchos casos llevan al
enfrentamiento de pequeños comerciantes contra los pobres.
La vanguardia obrera, empezando por las agrupaciones clasistas y
siguiendo con las comisiones internas, cuerpos de delegados y
seccionales sindicales recuperadas por los trabajadores, las
organizaciones estudiantiles combativas y pro-obreras, deben tomar esta
perspectiva. Sólo clase obrera, acompañando y acaudillando al resto de
los sectores oprimidos y el pueblo pobre, sobre que el “opera”
impunemente la policía, puede dar una salida progresiva a la crisis a la
que está llevando al país, la mafia policial.
Decíamos hace un año y medio, que el diablo está en los detalles. El tiempo (no mucho, por otra parte) se ocupó de confirmarlo, con el preacuerdo para pagar a los piratas españoles no menos de u$s 5.000 millones. Y nos dio la razón con creces, si consideramos que todo esto se hace Bajo las banderas de Chevron.
Una política energética que no resuelve ninguna crisis, más bien se concentra en llenar los bolsillos de varios petroleros. Por la expropiación sin pago de todo el sistema energético, para que lo explote la clase trabajadora a través de sus organizaciones.
Un día después de los anuncios de relevos en varias carteras ministeriales, el vocero presidencial anunció un cambio aún de mayor impacto, a pesar de referirse a un nivel jerárquico menor: la salida del Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Este anuncio es uno de los cambios más significativos en mucho tiempo en el manejo de la economía.
Ayer decíamos que Kicillof seguiría sometido a un “doble comando” con Guillermo Moreno. La novedad es que será el primer Ministro de Economía en mucho tiempo que no está sometido a esta restricción. El funcionario hizo y deshizo a sus anchas durante todas las gestiones económicas que siguieron a la de Roberto Lavagna. Desde Felisa Micheli en adelante, todos debieron toparse con un secretario que manejaba sin reportarles diversas áreas. Empezando por los acuerdos de precios, siguiendo por la medición de los mismos, hasta manejar el comercio exterior, la implementación del cepo cambiario y la fallida “exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera”, cada vez más áreas del manejo económico fueron ingresando en la órbita del secretario. El último Ministro de Economía con aspiraciones de comandar plenamente su área, Martin Losteau, colisionó rápidamente con su –formalmente- subordinado. Otros, como Miguel Peirano, declinaron continuar en el cargo ante la imposibilidad de controlar a Moreno. El resto, sencillamente se acomodó a la creciente gravitación del funcionario, que extendió con un mismo método su manejo de las diversas áreas que fueron cayendo bajo su órbita. ¿En qué consistía este método? Podríamos definirlo como el de la “sintonía gruesa”, por contraposición a la “sintonía fina” que Cristina Fernández había prometido al empresariado allá por 2011. Más allá de toda la gesticulación y la “prepotencia” en la que siempre gustaron detenerse los medios (“prepotencia” que a final de cuentas se concentró casi enteramente en los laburantes del Indek, a los cuales las patotas de UPCN actuando junto con el secretario sacaron de las tareas de medición de precios y de otras áreas sensibles para dibujar los datos de acuerdo con las necesidades gubernamentales), lo más saliente de la gestión Moreno fue la ilusión de que se podría encausar con acuerdos las contradicciones emergentes del “modelo”, entregando a cambio en muchos casos concesiones significativas a grandes jugadores, como subsidios u otras ventajas (aunque algunas, como la SuperCard, no hayan llegado a ver la luz). Acá y acá hemos analizado la economía política de Guillermo Moreno. Los frigoríficos, los supermercados, incluso las exportadoras de granos se han sentado en ocasiones a negociar con el secretario. Lo que hizo Moreno tampoco es privativo de él; es más o menos lo mismo que el otro gran mentor de la “economía K”, Julio De Vido, aplicó en el área energética (secundado por Cameron) y de infraestructura con el mismo “éxito”. A pesar de los sucesivos fracasos, la búsqueda de evitar cambios de fondo en la política económica exigió responder a los mismos profundizando la línea, lo cual reforzó el deterioro general en el que empezó a sumirse irreversiblemente la economía en los últimos dos años. Deterioro que no es por ahora nada parecido a un hundimiento catastrófico, gracias a la ayuda de los altos precios internacionales de los productos que el país exporta (soja y otros granos) y a la profundización del endeudamiento público en pesos (en su mayoría intra sector público) y el uso de las reservas en dólares del Banco Central acumulados en años de bonanza, combo gracias al cual el tesoro pudo afrontar los pagos de deuda pública y los crecientes subsidios que condujeron a una situación fiscal muy estrecha.
Fuera de estos ajustes en uno de los terrenos más críticos de la gestión de Moreno, no son de esperar, como ya señalamos, grandes cambios en los principales lineamientos de la política económica. Ya las peripecias que tuvo la regulación energética mostró lo que tienen de falaz las ilusiones de dictar desde el Estado los lineamientos por los que se desenvuelve la economía. Sobre todo cuando la etapa no es de holgura, se mire por donde se mire. Los superávit “gemelos”, fiscal y externo, que permitieron la acumulación de dólares en el Banco Central y un tesoro con amplios recursos para transferir (ante todo en favor de los empresarios), son cosa del pasado. Si bien el comercio exterior aún sigue siendo superavitario, el desbalance industrial, energético y turístico, y la fuga de depositantes en dólares del sistema bancario, llevó a que este año también termine con caída de reservas, gracias a los pagos de deuda. Las cuentas públicas se sostienen con una presión creciente sobre los recursos del Banco Central, lo cual contribuye a agravar las presiones inflacionarias. Y, sobre todo, la propia inflación ha exacerbado las disputas distributivas, así como las presiones de sectores empresarios que reclaman un ajuste cambiario mayor al que ya se está produciendo. La ideología de que es posible que el Estado se eleve por sobre las determinaciones de la acumulación de capital, encauzando las contradicciones que hacen a la misma, sólo resulta sostenible cuando el sector público cuenta con amplio margen de maniobra, como ocurrió en la argentina desde 2003 hasta 2008, y, en menor medida, pudo extenderse con restricciones hasta 2011 gracias a la captación de recursos como los de las AFJPs y a los colchones que permitieron los años de bonanza. Cuando estas condiciones no existen, la presión para ordenar la situación del propio Estado se transforma en un elemento más entre los que meten presión sobre la economía. Es lo que estamos viendo. Como señalábamos hace un tiempo: “Si desde sus orígenes el kirchnerismo se caracterizó por una apuesta a utilizar los recursos del Estado para distender las relaciones entre las clases, impulsando algunas mejoras de ingresos (en relación al piso que habían alcanzado en 2002, pero sin acercarse ni de lejos a los niveles históricos en el caso se los salarios, ver acá) y subsidiando la ganancia, hoy su política ha adquirido un sentido contrario”. Es esto lo que seguirá signando la política económica. Aún con la partida de Moreno, difícilmente se vaya a desmantelar del todo las trabas a las importaciones, que conspiran contra la actividad industrial (sector que este año creció sólo un 1%, y eso gracias a la industria automotriz que viene perdiendo ritmo y afronta el panorama de un 2014 casi sin crecimiento). Los subsidios, herramienta aplicada –con poco éxito- para contener los precios, deberán limitarse por las restricciones fiscales, y esto ayudará a acelerar los aumentos de precios. Pero sobre todo, aunque durante los últimos años Kicillof y sus funcionarios hicieron gala de la intención de poner controles a la rentabilidad del capital, para lo cual exigieron información y aprovecharon la posibilidad de colocar directores estatales en las empresas en las que ANSES tiene participación accionaria, lo que se ha visto es que cuando las papas queman, y los empresarios muestran que su “competitividad” se encuentra comprometidad, los funcionarios afines al ministro han sabido ser más que comprensivos, poniendo coto a las aspiraciones de los trabajadores en las negociaciones salariales. Por eso, concluimos, es especialmente poco probable que el “empoderamiento” de Kicillof gracias a la salida de Moreno augure algún cambio positivo en la situación de “fin de fiesta” que están viviendo los trabajadores.
Seguramente quienes no cejan en el esfuerzo por encontrar algún aspecto “progre” en la política oficial, se entusiasmarán con la llegada de Kicillof al sillón principal del Ministerio de Economía en reemplazo de Hernán Lorenzino. El ascenso del hasta hoy viceministro, autoproclamado economista “crítico” (aunque cada vez es más difícil establecer crítico de qué) seguramente causará en los próximos días declaraciones airadas de empresarios y medios afines, por considerarlo “marxista” (sic). Pero de esto no debe deducirse que pueda esperarse que mueva mucho el avispero. Su designación es una señal que confirma lo que ya se sabía: la Presidenta no tiene intención de hacer cambios bruscos en la dirección que reclama buena parte de la oposición política y del empresariado. Pero tampoco se va a mover en sentido contrario, sino atender en “cuotas” la demanda del ajuste, como viene haciendo en los últimos años.
Algunos reclamos sensibles para sectores empresarios no serán atendidos: la administración del tipo de cambio no va a revertirse. Aunque Kicillof es señalado como uno de los partidarios de un desdoblamiento más legalizado, que reemplace al que existe de hecho, y es muy probable que avance en ese sentido, aunque se trataría de un cambio más de forma que de fondo. Esto podría servir para dejar de subsidiar una parte de la importación, a buena parte del turismo (lo cual beneficia más a los sectores más adinerados) y para crear un tipo de cambio para operaciones financieras también más caras, pero a riesgo de obligarse a entregar los dólares que hoy son celosamente guardados. Sin embargo, lo que está fuera de duda es que los industriales no tienen nada de que preocuparse: la aceleración de la depreciación cambiaria que se viene registrando en los últimos tiempos, superando el 20 por ciento anual, mantendrá su ritmo. Para fin de año, los pronósticos ubican al peso cambiándose a 6,20 por dólar, superando el pronóstico de Guillermo Moreno hace unos meses.
Tampoco se va a atacar la inflación, que carcome el ingreso obrero y popular, y gracias a la cual hoy la Asignación Universal por Hijo puede comprar un 18 por ciento menos que cuando se implementó, a pesar de que aumentó su monto. En este plano se mantendrá el “doble comando” entre el Ministro y el todoterreno Guillermo Moreno. Hace días nomás, la funcionaria afín al secretario “Pimpi” Colombo volvió a sostener que la discusión de la inflación es “cháchara”, al mismo tiempo que el Indec sigue sosteniendo aún ahora que se come con 6 pesos.
Otro plano donde no habrá que esperar grandes cambios, es en el recurso al Banco Central como fuente de financiamiento. La salida de Marcó del Pont se explica, aparte de por las múltiples internas del llamado gabinete económico, por su reticencia a seguir sosteniendo el ritmo de emisión de pesos para financiar al tesoro a través de la renovación y ampliación de los adelantos “transitorios”. Para Kicillof esto en ningún modo puede considerarse inflacionario en ningún momento (lo cual es tan falaz como sostener que siempre es inflacionario, como discutimos acá).
Podría pensarse que en un plano donde se registró un giro más marcado en los últimos tiempos, que es en el terreno de la deuda pública, es donde la vuelta de Kicillof podría significar una reversión de las iniciativas apuradas por Lorenzino con el aval del presidente interino Amado Boudou. El tándem más ultraliberal del gobierno, aprovechó el inesperado encumbramiento que permitió la licencia de Cristina, y el desconcierto general del gabinete para cerrar trato con el fondo “buitre” que se hizo cargo de las acreencias que tenían varias empresas contra la argentina en el CIADI. Esto era una señal que avalaba el descongelamiento de créditos del Banco Mundial. Para Boudou y Lorenzino, esto era apenas la señal de largada para continuar luego con el canje de la deuda en manos de los fondos buitre “holdout” (es decir que no ingresaron a los canjes de 2005 y de 2010) que están presionando en las cortes norteamericanas, y que amenazan empujar al gobierno a un default técnico en 2014 por los resultados que vienen mostrando los litigios en las cortes yanquis. Y todo se coronaría con una vuelta a la emisión de deuda en los mercados internacionales.
¿Significa la llegada de Kicillof que se archivarán estos planes? De ningún modo. En primer lugar porque antes de irse, Lorenzino dejó encaminadas las tratativas con los fondos amigos del vicepresidente que vienen intentando hacer con los holdout lo mismo que con las empresas acreedoras por los juicios en el CIADI, es decir comprar la deuda y hacer un jugoso negocio con el guiño del gobierno. El ahora ex ministro quedó a cargo de una fantasmal “unidad de reestructuración” de la deuda en la cual podrá seguir estas tratativas. Para seguir, porque por mucho que el nuevo ministro pueda hacer gala en algún discurso de alguna postura “anti” mercado, el gobierno “pagador serial” de Cristina Fernández viene mostrando que es capaz de empujar la economía a la recesión por trabar importaciones para garantizarse los dólares de la deuda. Ante la amenaza del default técnico, Kicillof se convierte en ministro en el momento justo para coronar el tercer episodio de canje de deuda, es decir otra jugosa entrega de recursos futuros sacrificados en el altar de los mercados.
Por mucha “heterodoxia” y economía “crítica” con la que alguno pueda todavía ilusionarse, el capitalismo dependiente y semicolonial argentino está volviendo a mostrar que sólo puede sostenerse si, como hace poco más de diez años, vuelve a arrastrar a los sectores populares por los costos de un brutal ajuste, esta vez realizado en nombre del “sinceramiento” de los desequilibrios varios. El gobierno pretende negarse a esta alternativa, pero no está haciendo más que tratar de ganar tiempo sin dejar de empujarnos por el mismo camino. A Kicillof le toca sacar del arcón de la economía heterodoxa alguna pirueta para estirar la cosa hasta el próximo turno gubernamental. Es decir, administrar el ajuste a cuentagotas, de ningún modo evitarlo.
El cambio de ministros, en suma, promete pocas novedades en una orientación que vienen mostrando el deterioro de las condiciones de la clase trabajadora (tanto de los más pobres como de aquellos que sectores del gobierno tildan de "privilegiados" por llegar a cubrir una canasta familiar) de la mano de un ajuste “sin prisa, pero sin pausa”.
Este sábado participamos del programa Al dorso que se emite en FM La tribu. Presentamos la revista Ideas de izquierda, y particularmente nos focalizamos en uno de los artículos del último número, "¿Cómo se financia y a quién sostiene el Estado argentino?" que puede leerse acá.
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