Si nos pusiéramos un poco horaciogonzalianos,
podríamos decir que en la expropiación del 51% de las acciones de
Repsol YPF se condensa toda una simbología de como el oficialismo, en su
etapa “cristinista” se representa a sí mismo y a su “modelo”: un
capitalismo “al 49%”, en el que el Estado mete mano en varios lados,
establece algunas restricciones, principalmente para los precios
(especialmente en las tarifas de servicios públicos) y toma algunas
medidas para, en palabras de Gabriel Palma,
“disciplinar a las elites empresarias”, como viene haciendo el Estado a
través de los directores designados en su representación en algunas
grandes empresas.
Imposturas del "relato"
Es
una gran impostura presentar esto como el “modelo” que se profundiza,
ya que sus años “gloriosos” de mayor crecimiento económico, del empleo, e
incluso de recomposición salarial, se caracterizaron más bien por una
política económica administrar los superávits gemelos con intervención
limitada. Durante los primeros años K, sus bases centrales fueron: el
crecimiento del “excedente de explotación” (plusvalía) privado, el
excedente externo (superávit comercial y relativa holgura en la salida
de capitales y los compromisos de deuda luego del default), y el
excedente fiscal (alcanzado mediante el brutal ajuste del gasto que se
dio durante 2002, completando los ajustes kirchneristas). Estos
“excedentes” fueron logrados de forma conjunta durante 2002, mediatne la
devaluación, y son distintas dimensiones de un mismo ajuste cuyos
principales costos los soporto la clase trabajadora. La holgura que
trajo este ajuste, sumada a la vigencia de la legislación laboral
flexibilizadora, y la perduración de los efectos de las
reestructuraciones e inversiones noventistas (que permitieron a muchos
sectores crecer con poca inversión) fue lo que explicó el dinamismo y la
posibilidad de sostener un elevado crecimiento por un período de
duración prolongada sin que se expresaran severas limitaciones. Cuando
el “piloto automático” de las conquistas que logró el empresariado a
costa de los asalariados empezaron a mostrarse insuficientes, allí
apereció el Estado para paliar las contradicciones del esquema. La
creciente intervención del Estado, presentada ahora como “virtuosa”, fue
en realidad una respuesta “defensiva” ante las contradicciones que
empesaron a surgir en el crecimiento económico pos devaluación, allá por
el 2006. Recién allí se archivo el “piloto automático + algunas
restricciones” por una regulación más amplia. Cuando la inflación superó
significativamente los dos dígitos, aparecieron los controles de
precios, que rápidamente cedieron paso a la intervención para dibujar
los datos del IndeK, acompañada de subsidios a los empresarios para
tratar de que aumenten un poco menos los precios.
Sí,
no todo el “intervencionismo” K apareció de golpe. Desde la salida de
la Convertibilidad permanecieron congeladas las tarifas energéticas. Y
sí, también se impulsó desde 2003 algunos tibios aumentos “no
remunerativos” del salario, además de mantener los planes Jefas y Jefes
implementados masivamente por Duhalde en 2002. Pero fuera de esto, el
resto fue pura “macro”, aprovechar los superávit, esterilizar la emisión
de pesos que se hacía para comprar los ingentes dólares del comercio
exterior, negociar la deuda y pagarla generosamente (lo que luego pasó a
denominarse de una forma más nac & pop como “desendeudamiento”).
Nadie se escandalizaba durante los primeros tiempos por las remesas de
utilidades, no porque estas fueran mucho menores que en 2011, sino
porque sobraban dólares para soportarlas. Tampoco durante el gobierno de
Néstor (ni el primer mandato de Cristina) se produjo ningún escándalo
por la desinversión en petróleo y gas, no porque esta no fuera ya
flagrante, sino porque era la forma de que Repsol y las demás petroleras
ganaran dinero, dejando para el futuro ver qué ocurría con el entuerto
energético. En el caso de las empresas energéticas y demás servicios
públicos, nadie encontró durante estos años las virtudes del Estado como
administrador (salvo en el caso de AYSA y del Correo, cuando ya
marchaban irremediablemente hacia la quiebra). Todo el intervencionismo
de la economía política K consistió en poner topes tarifarios, y dejar
en manos privadas arreglárselas con esos topes para manejar el negocio. Y
bueno, un capitalista casi siempre encuentra la manera de ganar dinero
(no siempre, por eso las compañías eléctricas están al borde de la
quiebra), sólo que eso no garantiza que los servicios a cargo del
capital se puedan sostener en el tiempo. Más bien, en la generalidad de
los casos asegura lo contrario. Como planteamos aquí
“el Estado estableció algunas restricciones a los privados,
especialmente en los servicios públicos, pero sin revertir ni el manejo
privado, ni la presencia del capital extranjero en vastas áreas. Como se
probó en la energía, y más dramáticamente en el transporte, esta
combinación de ‘Estado [burgués] + mercado’ ha sido catastrófica. En el
caso de los servicios públicos, el sector energético y combustibles, el
Estado sólo hizo la vista gorda ante la evidente desinversión, mientras
proveyó fondos para garantizar la rentabilidad. Es decir, una
rentabilidad lograda a condición de no invertir, con el aval del
Estado”.
La propia motivación de la
intervención y del “estatismo” creciente, entonces, fue poner parches
allí donde las virtudes del mercado (es decir de los capitalistas
nacionales y extranjeros moviéndose por su afán de lucro) ya no creaban
más que problemas. Esta motivación última es reveladora del carácter de
clase del “regulacionismo” K. El uso de fondos del Estado para subsidiar
a distitos sectores del capital (una pata de lo que nosotros hemos
definido como “bonapartismo fiscal”) busca solventar desde el Estado una
cuota más elevada de plusvalía, por encima de la que los capitales
beneficiados por el bonapartismo extraen a sus asalariados,
redireccionando recursos de la renta agraria y otras fuentes. Aunque
esto tenga como contracara alguns límites a los aumentos de precios o
compense mejoras salariales aceptadas por los empresarios, y en ese
sentido tenga un efecto “redistributivo” en relación con los
asalariados, el objetivo es operar una compensación a los capitalistas.
Para que no queden dudas de este carácter de clase, recordemos que ya
desde 2006 el gobierno viene impulsando techos a los aumentos de
salarios negociados en paritaria, buscando evitar que pasaran el nivel
de aumento de precios. Sí, esos salarios que según Cristina aumentan
gracias a la política oficial, primero de Néstor y ahora de ella, como
si todas las duras luchas de estos años, desde la de telefónicos en
2004, las que se dieron en tantas empresas de la industria y los
servicios encabezadas por el llamado sindicalismo de base, las peleas de
petroleros y docentes de provincias duramente reprimidos (¿Fuentealba
dice algo?) hasta la pelea en el gremio de la alimentación en 2010 por
perforar el techo salarial (encabezada por quienes la semana pasada
disputaron desde la Lista Bordó la conducción del gremio contra la
burocracia de Daer) no hubieran tenido nada que ver.
Las contradicciones de la economía argentina y el fin de los pilares macroeconómicos
La
idea de que el accionar del Estado pueda elevarse por sobre las
determinaciones contradictorias de la acumulación capitalista -cuya
expresión principal en la Argentina es la inflación- y corregirlas, no
sólo es teóricamente falaz. El resultado está mostrando una
crecientemente impotencia. Si gracias al ajuste de 2002 el gobierno
contaba en los comienzos con un importante excedente fiscal para
solventar una porción de la ganancia con recursos fiscales, buscando de
esta manera afrontar las consecuencias de la inflación, aún esta masa
formidable de recursos se mostraría insuficiente con el transcurso del
tiempo. Y, cuando los fuertes superávit fiscales empezaron a flaquear
producto de siderales aumentos del gasto (cuyas partidas de mayor
crecimiento fueron los subsidios a empresas y los pagos de deuda
pública), aún estaba ahí la solvencia externa... hasta el año pasado.
Contando la salida de capitales y los pagos de deuda, el balance de
pagos resultó ligeramente negativo. El Banco Central no pudo reponer los
dólares usados para pagar deuda del tesoro, y debió soportar una
pérdida adicional.
Este
estrechamiento de los recursos que desde el Estado se pueden poner en
juego, se dio de la mano de un continuado aumento de los costos
afrontados por el capital. Aunque en relación con la clase obrera, la
recuperación del salario de estos años (que en menos de la mitad de los
gremios superó en los últimos años los niveles de 2001) se dio de la
mano de aumentos de la productividad, gracias a los cuales el costo
salarial sigue considerablemente más bajo que en 2001 (lo cual se
traduce en la limitada recomposición que logró la masa salarial en el
producto nacional durante los últimos años), no ocurre lo mismo con
otros costos. Allí, la inflación viene haciendo mella.
La
posibilidad de administrar esta situación con los mismos mecanismos se dificultó por la situación del sector externo. Hasta hace dos años el superávit comercial (conseguido desde 2002 gracias a un desplome de las importaciones y a un aumento de las exportaciones, en valores y en cantidades, gracias a la demanda asiática) había permitido durante todo el ciclo kirchnerista, afrontar un sistemático déficit en la cuenta capital del balance de pagos (debido a una fuga de capitales que nunca se detuvo del todo y conoció varios períodos de salidas muy elevadas) y en remesas de utilidades, y aún así acumular dólares. Pero esto se erosionó por el constante crecimiento de las importaciones, una evidencia flagrante de que no se revirtió la desarticulación de la economía durante estos años. El año pasado se ingresó en zona crítica, aunque hubo superávit comercial, éste fue muy inferior a lo proyectado, y no alcanzó para compensar la fuga de capitales, las remesas, y los pagos de deuda en dólares. El resultado fue una severa caída en las reservas, que en diciembre cayeron hasta 45 mil millones. ¿Qué implicancias tiene este cambio en la situación externa? Su efecto es restringir la fuente última para sostener el financiamiento en la
economía nacional, especialmente del sector público pero eventualmente
también del privado.
Heterodoxia y ortodoxia (burguesa), dos variantes de ajuste
Hace algo más de un año planteamos (ver “Tras el discurso triunfalista sobre el “modelo K”, una agenda de normalización y vuelta a los mercados”), que esta situación planteaba para 2012 la necesidad de una de dos alternativas: o búsqueda de acceder al mercado externo emitiendo deuda, o avanzar en la senda del ajuste de gastos. El gobierno ha redurrido a una tercera variante, más “heterodoxa”: taponar las importaciones. La exigencia de declaraciones juradas para las importaciones ha permitido mejorar el saldo del comercio exterior, cuidando los dólares de la soja.
La balanza comercial sumó entre enero y abril un saldo de u$s3.978
millones, 30% más que en el primer cuatrimestre de 2011. Aunque sería
muy osado extrapolar el resultado de este bimestre hacia todo el año, y
proyectar un superávit por arriba de los u$s 10 mil millones, lo cierto
es que ha cambio de panorama que había abierto del déficit con el que
finalizó 2011. Sin embargo, los apuros en el frente del dólar no parecen solucionados, si juzgamos por la profundización del torniquete a la compra de dólares, y la exigencia a los exportadores de que liquiden divisas en menos tiempo. Pero aún en caso de éxito, el precio es lo que esto podría estar causando en
la actividad económica.
Por muy
“heterodoxa” que sea esta medida, no deja de ser una variante de
política económica recesiva. Los capitales que producen en el país, lo
hacen adquiriendo abundantes insumos y equipos en el exterior. Hasta
ahora se registraron importantes demoras en la importación de bienes de
capital el sector autopartista, componentes electrónicos y bombas,
aunque algunas de ellas se destrabaron pasado cierto tiempo. Además del
efecto directo sobre la producción que tiene la imposibilidad de traer
insumos y equipos foráneos, esta política tiene como efecto poner en
duda inversiones, muchas de las cuales dependen de importaciones en gran
escala. Para sectores que sólo pueden seguir creciendo con nuevas
inversiones las perspectivas se hacen más difíciles.
Este
nuevo sesgo recesivo de al menos un aspecto de la política económica,
se sumó el menor crecimiento de Brasil, para marcar un fuerte freno al
crecimiento de la economía. La industria marcó un crecimiento del 2,6%
en el primer trimestre del año frente a igual período de 2011, pero
dentro de ella, la industria automotriz tuvo una caída de 4%. También el
sector metalmecánico, la industria textil y los sectores de edición e
impresión se muestran en caída. Otros sectores muestran aún algo de
crecimiento, pero muy debilitado.
La
depreciación creciente de la moneda en Brasil podría generar mayores
complicaciones. Hasta ahora, el real apreciado fue lo que hizo
soportable para el capital local el avance inflacionario. La inflación
no sólo eleva los costos. Como el la cotización del dólar el pesos viene
moviéndose poco, el aumento acumulado de precios se tradujo en una
revalorización del peso en relación al dólar (un dólar tiene mucho menos
poder de compra en el país hoy que hace 8 años). Esto significa que el
margen de competitividad de los capitales locales se ha ido
restringiendo cada año. Esta restricción por el lado de la
competitividad hace cada vez más complicado trasladar a los precios los
aumentos de costos, lo que hemos definido como una contradicción creciente entre rentabilidad y competitividad. Contradicción que si se mantiene la depreciación del real se irá haciendo más aguda.
Combatiento (junto) al capital
Esta
contradicción entre rentabilidad y competitividad explica la triste
parábola de los economistas “críticos” que ingresaron al gobierno para
“profundizar el modelo”, con el mal timing de hacerlo en tiempos
de “sintonía fina”. Como es en la rentabilidad del capital, y su
acumulación, donde se ve el talón de aquiles profundo del “modelo”,
quienes se presentan como disciplinadores del empresariado, podrían
tener que transformarse en defensores de sus márgenes de rentabilidad
contra quienes los amenazan, léase los asalariados. Como señala Ámbito,
el viceministro de Economía, a quien varios llegaron a llamar
Robespierre, aparece como “casi la única alternativa posible para
terminar de frenar las embestidas de los sindicatos en las paritarias
2012, e intentar sostener la meta de aumentos salariales del 20%”. Que
esto no es pura especulación, lo cuenta un sindicalista citado por el
mismo diario, que cuenta que “apareció un pibe sin corbata, con dos
aritos, uno en la ceja, y me dijo que el aumento para mi sector tenía
que ser de no más del 20%”.
No hay,
entonces, capitalismo “al 49%” ni ninguna otra tangente en la cual se
pueda preservar las relaciones de producción capitalistas, y a la vez
sobreponerse a sus contradicciones mediante la regulación del Estado. Si
en tiempos de vacas gordas esta cuadratura del círculo parecería
posible, vemos en tiempos menos benignos cómo quienes intententaron esta
alquimia pasan sin proponérselo de economistas “críticos” a mandantes
del capital.
Frente a estas alternativas de hierro del capital, ya sean ortodoxas o heterodoxas, es necesario fortalecer una alternativa obrera y socialista, que tome como punto de partida liquidar las relaciones de producción capitalistas, “expropiar a los expropiadores” burgueses, y reoganizar sobre nuevas bases el conjunto de la producción social, tomando como base no la ganancia sino las necesidades de los trabajadores y el pueblo pobre.
Frente a estas alternativas de hierro del capital, ya sean ortodoxas o heterodoxas, es necesario fortalecer una alternativa obrera y socialista, que tome como punto de partida liquidar las relaciones de producción capitalistas, “expropiar a los expropiadores” burgueses, y reoganizar sobre nuevas bases el conjunto de la producción social, tomando como base no la ganancia sino las necesidades de los trabajadores y el pueblo pobre.
