viernes, 8 de octubre de 2010

La economía del kirchnerismo. El crecimiento pos-convertibilidad: rupturas y continuidades

Ponencia presentada en las Jornadas de Economía Crítica, a realizarse en Rosario del 14 al 16 de octubre




El crecimiento pos-convertibilidad: rupturas y continuidades


Pablo Anino, championverde@yahoo.com.ar

Esteban Mercatante, estebanm1870@gmail.com

Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx



Las tasas de crecimiento registradas por la economía argentina desde 2003 alcanzan niveles no registrados en décadas. ¿A qué se debe este cambio en la tendencia: una herencia de las transformaciones de la estructura productiva y la relación capital-trabajo establecidas por las décadas de implementación de políticas neoliberales? ¿O a los cambios en la regulación de la acumulación registrados en el último lustro?

Mediante el análisis comparativo de aspectos centrales, como la evolución de costo salarial, rentabilidad, inversión, gravitación del capital extranjero, y ahorro externo, buscaremos establecer y sopesar los elementos de cambio y de continuidad. Por último, buscaremos establecer qué perspectivas hay para los que fueron novedosos aspectos macroeconómicos desde 2003, el superávit fiscal y comercial, y el impacto de su devenir sobre el conjunto de la política económica.

Enfocado desde el punto de vista de la clase trabajadora y la situación que le impone el estado actual del capitalismo argentino, sobre la base del análisis se discutirá las alternativas abiertas hoy para avanzar en el objetivo de superar este sistema de explotación.

El crecimiento pos-convertibilidad: rupturas y continuidades


Los motores del crecimiento

Desde fines de 2002, la Argentina registra un crecimiento económico continuado a tasas récord. Incluso luego de los golpes de la crisis internacional en 2009, para este año los pronósticos no bajan del 6%. La pregunta sobre lo nuevo y lo que continúa en este ciclo, implica dos niveles: si se registra una inversión en nuevos sectores dinámicos que esté cambiando la configuración de la estructura productiva, y si las políticas del kirchnerismo (discursivamente neodesarrollistas) han tendido a impulsar transformaciones en la misma.

El ciclo de crecimiento iniciado en 2003 en el país, recibió un impulso externo común a la mayoría de las economías latinoamericanas, vinculado a la fuerte recuperación de la demanda internacional de commodities e hidrocarburos, con rasgos específicos, vinculados al abrupto desplome de la convertibilidad.

Pero en el caso de Argentina, a este estímulo se sumó desde fines de 2002 la recuperación de la rentabilidad que permitió la devaluación. Gracias a ésta el salario real cayó en un año casi un 30%, pero el costo para los empresarios de este salario cayó mucho más medido en dólares. Al recomponerse la producción (con mayor productividad por obrero) en 2003, la caída llegó al 45%. Para el año 2007, aunque el salario por hora (deflactado por el IPC) rondaba el nivel de 2001, el costo salarial estaba en un 80%, es decir, un 20% por debajo del nivel pre-devaluación. La misma devaluación permitió una baja de los precios en dólares, aumentando la competitividad y protegiendo el mercado interno de la competencia exportadora.

Estos fueron los dos motores, que permitieron un auge exportador de commodities, un fuerte crecimiento industrial centralmente enfocado hacia el mercado interno junto con la construcción, y desde el punto de vista macroeconómico, fuertes superávits comercial y fiscal.


Fuerte crecimiento con bajos niveles de inversión

Los elevados niveles de crecimiento, no estuvieron acompañados por un nivel general de inversión que acompañara estos niveles de crecimiento. La recuperación de la inversión fue bastante lenta, recién en 2006 rondó el 20%, de lo cual equipo durable representaba 8%. Para este año será un 21,5 %.

El contraste entre crecimiento e inversión, es más agudo si lo analizamos en el contexto de los niveles inéditos de rentabilidad alcanzada. Por el desplome del costo salarial que mencionamos antes, los niveles rentabilidad registrados entre 2003 y 2010, en lo referente al agro y la industria, están muy por encima de los registrados en la década precedente. En abstracto, una elevada rentabilidad haría esperable un aumento en los niveles de inversión, pero más bien ha ocurrido lo contrario. Salvo algunas ramas específicas (automotrices, siderurgia) existe un aprovechamiento de la capacidad productiva, y se realizan las inversiones mínimas para sostener –y no ampliar- el ciclo productivo, recomponiendo el capital amortizado. Ramas, como la mayoría de las que producen mercancías destinadas al consumo, están al tope de la capacidad y son las que realizan la menor inversión productiva. En ramas que producen insumos, como la petroquímica o la refinación, prácticamente no hay inversión. Por eso, aunque el impacto de la crisis durante 2009 disminuyó el uso de la capacidad instalada, esta volvió a estar al límite en muchas ramas con la recuperación registrada desde fines del año pasado, rondando en promedio el 79,5%. Los aumentos de la demanda se vienen respondiendo cada vez más con importaciones.

El discurso empresario culpa de la baja inversión a la “falta de seguridad jurídica” o a la “intervención estatal”, especialmente en sectores como la energía o combustibles, con tarifas reguladas. Pero lo cierto es que el mismo factor que permitió recomponer la rentabilidad, la fuerte devaluación del peso, encareció la importación de equipos, haciendo más costosa la inversión. La respuesta más general del empresariado ante las nuevas condiciones, fue aprovecharlas con las instalaciones productivas existentes, más que tomar nota de las mismas para realizar nuevas inversiones. Aunque busquen exculparse cargando las tintas contra el gobierno, la lógica de la rentabilidad capitalista hacía previsible estos resultados, que muestran que el tipo de cambio competitivo en sí mismo no puede conducir a una modificación de largo aliento en las tendencias que conforman la estructura productiva. Como señala Rolando Astarita: “Esto explica que el crecimiento sustentando sobre un tipo de cambio competitivo, E*, tenga constricciones de mediano y largo plazo. A medida que continúa la producción los equipos se desgastan, se sobreutiliza capacidad y la competitividad internacional depende más y más de mantener el tipo de cambio E*”1. La capacidad ociosa producto de la crisis de 1998-2001, dio un amplio margen para aprovechar las nuevas condiciones de rentabilidad permitidas por el tipo de cambio competitivo, pero al cabo de algo más de un lustro, vemos que no ha habido ninguna transformación productiva de significación; no han surgido nuevas ramas productivas, ni se dinamizó significativamente la inversión en las ya existentes –salvo en las pocas ramas que mencionamos antes. Aunque los cambios producidos por la devaluación vienen permitiendo un fuerte crecimiento que se ha recompuesto después del impacto de la crisis en 2008-2009, el mismo encuentra a mediano plazo la perspectiva de un límite en los niveles de inversión.

En paralelo a estos bajos niveles de inversión, la salida de capitales se ha mantenido casi constante en toda la última década, al igual que en las anteriores, y sumó u$s 65 mil millones entre 2002 y 2010, con los cuales llegan a u$s 225 mil millones los activos argentinos en el exterior.


Cambios y continuidad

Para sopesar qué hay de nuevo en el crecimiento pos convertibilidad, y que elementos son característicamente de continuidad, tenemos que considerar dos dimensiones diferenciadas: las transformaciones en la estructura productiva y el peso relativo de los distintos sectores del empresariado, y el rol de las políticas económicas para impulsar transformaciones, tanto en lo que hace a los objetivos propuestos como al éxito alcanzado.

Como ya señalamos, desde 2002 se registra un claro aumento de la rentabilidad, que benefició especialmente al agro y a la industria, dejando en un segundo plano los sectores más rentables de la década anterior. La reducción del costo laboral de 2002 puso a la estructura productiva heredada en un régimen de crecimiento diferente, sin conducir a transformaciones de la misma.

Podría argumentarse que este tipo de cambios llevan tiempo, pero no se ven siquiera los mínimos esbozos. El peso de la industria en el PBI, se mantiene detrás de los niveles promedio durante la convertibilidad, superando apenas el 17,5% del PBI que alcanzaba en 1998. A pesar de la rentabilidad récord y del gran volumen de producción anual, no hubo ampliaciones productivas considerables. Las firmas tienden a invertir lo justo para mantener la producción.

Si miramos el comercio exterior, veremos que aunque hoy las exportaciones duplican el valor de 1998 en dólares y tiene un peso mucho mayor en el PBI, esto se debe principalmente a los mayores precios de los commodities y algo menos al aumento de la cantidad exportada de los mismos. También aumentaron en precio y volumen las exportaciones de commodities industriales, como los de la rama siderúrgica que también registraron durante esta década un fuerte aumentos en la demanda a escala global. Aunque el nuevo régimen cambiario permitió la incursión de algunos nuevos sectores industriales en la exportación, como es el caso de varias pymes, las empresas de software o un aumento del turismo, esto no alcanzó una significación tal como para cambiar el perfil exportador.

Aunque este aumento de las exportaciones ha relajado las dificultades que implicó históricamente el comercio deficitario para el crecimiento de la economía nacional (la “restricción externa”) no se puede sostener que esta cuestión haya quedado resuelta de manera definitiva. Por un lado, porque la estructura exportadora sigue bastante concentrada en unos pocos rubros, la mayoría de los cuales son de baja agregación de valor, que en los últimos años registraron aumentos siderales en los precios que no responden enteramente –aunque sí en parte- a un aumento duradero de la demanda. Por otro lado, porque el alto crecimiento está permitiendo un crecimiento sin techo de las importaciones. Este año se proyectaba un superávit comercial de u$s 20 mil millones, pero probablemente cierre más cerca de los u$m 12 mil millones. Sigue siendo considerable, pero la diferencia da cuenta de un marcado crecimiento importador que está aumentando exponencialmente a pesar de las barreras que el gobierno ha buscado imponerle. Esto expresa de manera elocuente que la estructura productiva arrastra todas las consecuencias de la desintegración padecida desde mediados de los ‘70, pero aún agravadas: algunos estudios señalan que la importación por habitante a precios constantes es hoy un 33% superior a lo que era en 19982.

En lo que hace a las características del empresariado, es notorio que el nuevo contexto no ha revertido la tendencia al abandono de las actividades productivas por parte de los capitalistas nacionales. Ha continuado la venta de grandes empresas, a pesar de que estas mostraban altos niveles de rentabilidad. Ante el desafío de realizar nuevas inversiones o abandonar el negocio, este último camino ha sido la norma en la mayoría de los casos. Subproducto de esto, la extranjerización de la economía ha seguido en aumento: si consideramos las 200 empresas de mayor facturación, entre 1997 y 2007, la cantidad de compañías extranjeras pasó de 104 a 128. Como consecuencia, su participación dentro de la facturación total de ese grupo pasó del 65,5% al 77,3% en esos diez años3. La presencia extranjera se concentra en los sectores más rentables de la economía, la porción mayoritaria de las utilidades empresarias queda en manos extranjeras. Desde 2008 además, ha habido un marcado aumento del giro de utilidades a las casas matrices en el extranjero, por lo cual se han reducido aún más los fondos disponibles para inversiones.

Yendo a otro emblema del funcionamiento económico desde finales de los `70, el sector financiero liberalizado por la reforma de 1977, aunque éste quedó golpeado por el quiebre de la convertibilidad y durante varios sus actividades estuvieron limitadas, desde 2008 viene registrando formidables ganancias. Esto lo ha logrado ayudado por la política gubernamental que alimentó en 2008 la vuelta a mecanismos de “bicicleta financiera” mediante la especulación con el tipo de cambio (en una política que significó dilapidar varios miles de millones de dólares de reservas), y nuevamente en 2009 incentivó el negocio con títulos de deuda en default. Adicionalmente, el financiamiento al consumo a altas tasas de interés –que concentra gran parte de los recursos prestables- viene siendo otra fuente de pingües ganancias.

Por último, una de las expresiones más claras de la continuidad en que se ha mantenido la elevada precarización de la fuerza de trabajo. Casi un 40% de los trabajadores no se encuentra registrado. Entre los trabajadores que sí están registrados, existen distintos tipos de contrato flexible. Esto ha tenido importantes consecuencias. Por un lado, ha permitido mantener una presión constante por aumentos del esfuerzo arrancado a la fuerza de trabajo, tanto en lo que hace a las horas trabajadas como a los ritmos de trabajo. Producto de esto se da que, aunque con enormes desigualdades, el promedio salarial de los sectores registrados es hoy ligeramente superior en términos de poder adquisitivo que el nivel de 2001, pero con niveles mayores de producción y más tiempo promedio de trabajo. En ese sentido, vemos un claro aumento de la participación de las ganancias en la distribución funcional del ingreso desde 2002 en adelante, que sólo se revierte parcialmente en los años siguientes, pero manteniéndose siempre en niveles superiores la década de los ’90, mientras ocurre lo contrario con la participación del salario.

La fragmentación de la fuerza de trabajo también ha dado margen al gobierno para sostener algunas políticas de tinte reformista hacia la clase trabajadora, como impulsar las paritarias anuales, con costo limitado, dado que lo que allí se negocia repercute sobre una franja minoritaria de la clase trabajadora. La misma burocracia sindical que participa de las negociaciones salariales, es la que durante todos estos años de fuerte crecimiento ha mantenido a rajatabla la diferenciación entre permanentes y contratados, negando o limitando sustancialmente la representación de éstos últimos, sin pelear por su efectivización.

Poco nuevo, entonces, en lo que hace a la estructura productiva y las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo. Más bien se han explotado en un nuevo contexto los cambios que se habían ido imponiendo en las últimas décadas.

En lo que hace a la política gubernamental, el kirchnerismo, desde la asunción de Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández, ha coqueteado con la idea de que estaríamos ante un neodesarrollismo. Lo cierto es que desde un análisis de los ejes de la orientación económica no hay mucho sustento para estos planteos, tomados por varios economistas que simpatizan con el oficialismo. Sin duda, a partir de 2006, se registran numerosos cambios vinculados a una mayor participación estatal. Pero más bien, estas iniciativas están más asociadas a una búsqueda de contener el agotamiento del esquema -que ya pasaremos a analizar- evitando reformularlo. En este contexto, aunque el gobierno se presente como abanderado de la redistribución del ingreso y que los intelectuales kirchneristas hablen de “crecimiento con equidad”, uno de los pilares del crecimiento pos devaluación son los niveles de remuneración más bajos de los últimos treinta años. Como señalan incluso economistas no muy lejanos a la orientación del gobierno “la estructura productiva argentina genera tendencias regresivas para la distribución del ingreso”4. Las políticas kirchneristas de redistribución no modifican la estructura regresiva que se constituyó tras décadas de ofensivas neoliberales, sino que se apoyan en ellas, buscando mitigar algunos de sus efectos, conteniendo las demandas populares pero dejando indemnes los factores que generan la polarización social y la pobreza.


La disputa por los márgenes de rentabilidad

Podemos distinguir dos momentos en el crecimiento pos devaluación, uno que fue de alto crecimiento, alta rentabilidad, ligera recuperación de la inversión y crecimiento del salario real promedio luego de la fuerte caída. Esto comprende los años 2003-2006. Al año siguiente, empiezan a verse algunos síntomas de agotamiento del esquema. El punto nodal es el aumento del costo salarial, y una tendencia a la disminución de la rentabilidad.

Sólo por el peso de la devaluación, el costo salarial cayó un 30% en 2002; al recomponerse la producción (con mayor productividad por obrero) en 2003, la caída llegó al 45%5. Para el año 2007, aunque para el CEP el salario por hora (deflactado por el IPC) rondaba el nivel de 2001, el costo salarial estaba en un 80%, es decir, un 20% por debajo del nivel pre-devaluación. Por lo tanto, estamos ante una disminución parcial del margen de rentabilidad –aunque se mantiene por encima del nivel previo a 2001-, y por lo tanto del esquema de crecimiento pos devaluación que tiene acá su mayor punto de apoyo. En este contexto, la inversión que ya venía con una recuperación débil, no mantuvo el ritmo para ampliar la capacidad productiva, como se ve en la tendencia al aumento en el uso de la capacidad instalada.

Paralelamente, aunque en la inflación influyen un conjunto de factores, en su aceleración influyó en los últimos años la respuesta empresaria a la recomposición salarial. Una mejora del salario -sin alcanzar siquiera los niveles del pico de la crisis de la convertibilidad- y una caída relativa en la rentabilidad, empezaron a marcar la crisis del esquema, y están impactando en los precios y la inversión. El margen de tolerancia para la recomposición salarial en el esquema kirchnerista es muy bajo.

En 2009 la ofensiva patronal permitió una cierta recomposición de los márgenes: con el impacto de la crisis internacional, se registraron decenas de miles de despidos, y se limitaron las negociaciones salariales, que se ubicaron muy por debajo de la inflación. Esto contrarrestó ligeramente la caída previa de la rentabilidad, lo que junto con la demanda exterior explica los “excelentes negocios” para algunos sectores empresarios, aunque sin recuperar los niveles promedio de 2003-2007.


La inflación

La explicación de la inflación, no puede reducirse a un factor excluyente. Sobre todo porque el movimiento de los precios, hasta transformarse en un proceso crónico y difundido más homogéneamente en toda la economía como viene siendo en los últimos tres años, recorrió distintos momentos, donde estuvieron a la cabeza alternativamente, los sectores de bienes exportables, o los sectores de bienes y servicios de consumo exclusivamente local. De 2003 a 2005, luego de un fuerte aumento de precios de mercancías importadas y algunas exportables en 2002, tuvimos un efecto de transferencia de estos precios por toda la cadena agroalimentaria y otros sectores manufactureros que se fueron recomponiendo localmente gracias a la elevada protección que representó el tipo de cambio, y que mientras se recuperaron fueron elevando precios y márgenes. En 2005/2006 cobró más peso el aumento de los servicios (cuotas escolares, cortes pelo y un largo etcétera de cosas por el estilo). Paralelamente tenemos, sobre todo a partir de 2005, el impacto del ciclo de elevados precios internacionales de materias primas que aún continúa, que presionaron sobre los precios internos6.

A esto se agregaron otros elementos. Entre ellos, la lógica rapaz aplicada por las multinacionales en el área de los hidrocarburos con la venia del gobierno. La oferta de energía es menor que hace 10 años, y se importa combustible a precios internacionales (parcialmente subsidiado). Con el argumento de los mayores costos por la limitada capacidad, y acompañando la suba internacional y la lenta pero sostenida depreciación del peso en relación con el dólar, los combustibles aumentaron en 2009 un 23% en promedio, y el gasoil llegó a 33%. Esto tuvo efectos directos sobre el costo de vida, e indirectos porque los empresarios trasladaron los efectos de este aumento sobre sus costos.

También cabría considerar otros aspectos que afectan distintos sectores. Pero una cuestión central para explicar la persistencia del proceso inflacionario es la paulatina reducción en los márgenes de ganancia extraordinaria. Varios economistas han señalado que las altas ganancias fueron la “caja negra” del crecimiento argentino durante los años 2003-2007. Mientras que la inversión se recompuso moderadamente durante los primeros años luego de la devaluación, la disminución parcial de la elevada rentabilidad extraordinaria empezó a frenarla nuevamente y el crecimiento empezó a chocar con las restricciones de la capacidad productiva. Pero el elevado consumo acompañado del gasto gubernamental y las exportaciones, mantuvieron alta la demanda. Desde 2007, al tope de la capacidad en muchos sectores, la mayor demanda sólo fue respondida con alza de precios y aumento de las importaciones7.

La suba de precios se ha transformado además en una herramienta para mantener los márgenes, gracias a la cual los empresarios pueden resarcirse de los aumentos de salarios. La recomposición salarial ha encontrado un techo en el nivel más bajo al que llegó el salario durante la crisis de 1998-2001, y los intentos por sobrepasarlo han dado mayor impulso al aumento de precios, expresando una puja distributiva.


El tipo de cambio

La inflación de los últimos años ha ido licuando gran parte de la ventaja competitiva, aunque queda todavía un cierto “colchón cambiario” en relación al dólar. Además, la fuerte demanda y los precios de los granos sostendrán el superávit, a pesar del aumento de las importaciones.

Sin embargo, la inflación, que en lo que va del año se ha vuelto a acelerar, amenaza con erosionar rápidamente la ventaja cambiaria que aún queda. Se vuelve cada vez más contradictorio conservar el margen de rentabilidad –que da impulso al aumento de precios- y mantener la competitividad. Esto mina el modelo de dólar alto, apreciando el peso por la vía de los precios. Como impulsar una nueva suba del tipo de cambio podría acelerar aún más la inflación, mantener la ventaja competitiva depende cada vez más de lo que suceda en la relación de cambio entre el dólar y las demás monedas, un factor fuera del alcance de la política local.


El Estado emparchando el esquema

La respuesta kichnerista a estos problemas ha sido poner en juego mecanismos de contención, evitando avanzar en un replanteo más profundo del esquema de crecimiento. El pivote central han sido los recursos fiscales, aprovechando los saldos superavitarios gracias a la enorme caída del gasto en términos reales que significó la devaluación de 2002 y las nuevas fuentes de recaudación como las retenciones. De esta forma, los subsidios pasaron de $ 8 mil millones en 2007 a superar los $ 30 mil millones en 2008, y siguen en ascenso, superando los $ 40 mil millones en la actualidad. Paralelamente, se implementaron controles de precios y se intervino el INDEC, lo cual permitió un tiempo de “ilusión monetaria” que permitió que en 2007 los trabajadores tuvieran una caída de su salario en términos de poder adquisitivo.

Junto con los subsidios, se armó un complejo de intervenciones cuyo desmonte no haría más que profundizar la tendencia alcista de los precios. La ilusión de que la caja abundante permitiría al Estado enfrentar la inflación ha llevado al kirchnerismo a ingresar en una trampa, fracasando desde el punto de vista de encauzar los precios, pero obligado a sostener y aumentar las partidas presupuestarias destinadas a solventar la ganancia empresaria. Es así como la cuestión del gasto público, ya compleja por la carga de la deuda, se volvió cada vez más crítica.

El impulso para mantener los recursos necesarios para esta intervención, empujó tanto a la pelea con la mesa de enlace alrededor de la 125, como a la posterior estatización de los fondos de las AFJPs. El primer intento dio lugar a una enfrentamiento con uno de los principales beneficiarios del esquema pos convertibilidad, y generó un quiebre en los sectores empresarios, aunque sin dar lugar a un polo alternativo. Aunque son numerosos los sectores que cuestionan las medidas bonapartistas del gobierno, no hay hoy un sólido programa para el pos kirchnerismo, y medidas impulsadas como la rebaja de retenciones impulsada hoy por la mesa de enlace –cada vez más dividida- junto a sectores de la oposición no logran articular un bloque empresario alternativo.

El corazón de lo que el kirchnerismo llama “neodesarrollismo” es esta intervención estatal destinada a sostener las condiciones de rentabilidad frente a los síntomas de agotamiento del esquema. De lo que se trata es de responder con los recursos públicos y otras iniciativas, como el pacto social de hecho impuesto con la ayuda de la burocracia sindical dirigida por Moyano, que desde 2007 puso un techo a los salarios ligeramente por debajo de la inflación. Junto con esto han aumentado el “gasto social”, una forma de responder parcialmente a las enormes desigualdades que permanentemente reproduce el esquema que buscan sostener.


Un panorama fiscal no agobiante en lo inmediato, pero que acumula tensiones

Si un pilar del esquema pos convertibilidad es el superávit comercial, el otro gran pilar ha sido la holgura fiscal que se registró claramente en el período 2003-2008 con niveles de superávit primario que fueron del 3% al 4% del PBI. Esta situación se fue revirtiendo. El año pasado hubo un superávit primario de alrededor del 1,5% del PBI pero un fuerte déficit financiero. Esto hubiera sido peor si desde 2007 no se viniera aplicando distintos cambios en la contabilidad del resultado fiscal, que agrandan los números positivos. En 2007, el superávit primario de 3,2% hubiera sido del 2,2% si no fuera por los ingresos extraordinarios producto de la opción de muchos aportantes, reforma mediante, de pasar de las AFJPs a la ANSES, cuyo superávit pasó a computarse en el resultado fiscal general. El superávit financiero hubiese sido casi nulo sin esos fondos. El aporte de ANSES es más significativo en 2008 a partir de la renacionalización de las AFJPs. Sus recursos aportaron para llegar a un superávit de $14.633 millones luego del pago de intereses, cuando el fisco sólo alcanzó $6.114 millones. La liquidación de las AFJPs no garantizó el 82% móvil sino fondos a discreción del kirchnerismo. El año 2009 fue más complicado para cerrar las cuentas, y por eso se sumó a los recursos del tesoro ganancias de la ANSES, utilidades del Banco Central, y u$s2.500 millones que aportó el Fondo Monetario Internacional por Derechos Especiales de Giro (DEG), su “moneda”. Un total de $22.100 millones, sin los cuales el déficit primario habría sido de $4.800 millones y luego del pago de intereses habrían pasado a $29.200 millones.

Dos factores son clave para explicar esta tendencia al déficit: la deuda pública y los subsidios al capital. Sumadas, los pagos de capital e intereses, y los distintos beneficios concedidos a las empresas, representan más del 40% del presupuesto para este año. Han sido de los capítulos del presupuesto que más han aumentado en los últimos años, y marcan una tendencia a la expansión sostenida del gasto cada año.

En lo que va del año, la recaudación está muy por encima de lo presupuestado, aunque un factor clave para este resultado fue la suba de precios. De esta forma, el gobierno puede darse el lujo de anunciar nuevos gastos, que se pagan con el incremento de la recaudación por la inflación, y que no necesariamente representan un aumento del gasto total medido en términos reales. Más bien se trata de un ajuste sobre lo ya presupuestado, en beneficio de nuevas partidas.

Las presiones a la suba del gasto acompañadas por los mayores vencimientos de deuda, plantean un horizonte de profundización del déficit fiscal en beneficio de los capitalistas.


El “desendeudamiento” y el giro a los mercados

El kirchnerismo tiene en el “desendeudamiento” una de sus banderas. Pero desde 2005 hasta antes del último canje la deuda aumentó en u$s 18 mil millones, aún con los importantes pagos netos a los bonistas y organismos internacionales. Aunque con un perfil mucho más manejable después de los dos canjes, la deuda pública consume más de un 10% del PBI en concepto de intereses y capital.

La apuesta del gobierno cuando definió el canje de los bonos en manos de los holdouts en 2009, era subirse al veranito financiero que se dio gracias a los masivos desembolsos fiscales en EE.UU. y Europa para salvar a los bancos. El gobierno aspiraba a colocar nueva deuda a menos del 10% y lograr recursos para seguir aumentando el gasto.

Hasta el momento el canje ha fracasado en este objetivo. Pueden mostrar resultados relativamente exitosos en el nivel de aceptación, aunque el gobierno esperaba inicialmente que llegara al 80% y debió esforzarse hasta último minuto para lograr el 66%. Pero hasta ahora ha resultado imposible colocar nueva deuda en los mercados internacionales. Si la situación internacional se estabiliza parcialmente en los próximos meses, no puede descartarse que puedan emitir deuda a menos del 10%, pero por lo volátil de la situación, tampoco puede descartarse nuevas turbulencias financieras.

Por lo pronto, el gobierno deberá redoblar la presión sobre los recursos ampliamente utilizados en años previos: fondos fiducidarios, los recursos de ANSES, las ganancias y adelantos transitorios del BCRA.


Un panorama internacional cargado de incertidumbre

Desde finales de 2009 la economía internacional empezó a mostrar “dos tiempos”: menos caída en Europa y EE.UU. y crecimiento en China, India, Brasil y varios otros países. Sin embargo, las crisis fiscales con epicentro en Europa, acicateadas por los mismos bancos que tuvieron que ser salvados con los fondos estatales, ponen límites a las perspectivas de recuperación. Los estímulos fiscales implementados en 2008 y 2009 están venciendo; Europa está impulsando ajustes y deflación, por lo cual están descartados nuevos paquetes de gasto, y en EE.UU. no hay ni voluntad ni perspectiva de consenso para sostener los planes de estímulo. El mejor escenario es de un crecimiento anémico, el peor es una vuelta a la caída.

En este contexto, que Brasil y China -y otros países como la India- sigan creciendo contracorriente, se hace cada vez más difícil, tratándose de economías muy dependientes de la exportación. Estos países, y en menor escala varios otros, contaban con recursos acumulados en varios años de superávits comerciales y holgura fiscal, y los vienen usando masivamente. La continuidad de la expansión se ha vuelto muy dependiente de los fondos públicos y el crédito, que en el nuevo contexto internacional son menos abundantes. Frente a esto, el colchón de los años de bonanza es de corta duración.

Proyectar hasta fines de 2011 el repunte externo registrado este año resultaría temerario. Con todo, incluso aunque se mantenga el empuje externo, la economía argentina enfrenta, como hemos visto, amenazas en varios frentes.


El dominio de la burguesía perpetúa el atraso y la dependencia

La apuesta kirchnerista es clara: convivir con la inflación buscando que no se descontrole con los mecanismos aplicados hasta ahora, entre los cuales se impone mantener el techo al salario; continuar el aumento el gasto aprovechando los mayores recursos por recaudación que esta permite, y ayudados por todos los recursos que puedan conseguirse para llegar hasta diciembre de 2011.

Aún a costa de seguir aumentando la deuda pública, usar las ganancias del Banco Central y la caja de la ANSES, el kirchnerismo apuesta todos los recursos para mantener el gasto fiscal. Tanto la cuestión de los precios (que obliga a sostener e incluso aumentar los subsidios) como el problema de la deuda plantean una cierta tendencia creciente del gasto que no está sometida al manejo del gobierno.

Buscando contener las contradicciones del esquema sin reformularlo significativamente, el kirchnerismo prepara las condiciones para una crisis que muy probablemente vendrá por el lado de una inflación acelerada o la crisis fiscal, o ambas. Cuando no por un nuevo salto en la crisis internacional como se vio en la caída de la economía durante 2009. Frente a esta fuga hacia adelante buscada por el gobierno, la oposición ensaya medidas para adelantar los tiempos de ajuste. De una u otra forma, los costos caen sobre las espaldas de los trabajadores.

A pesar de varios años de crecimiento récord y condiciones favorables para mantener a raya la “restricción externa”, con un contexto macroeconómico estable más allá de la inflación, el esquema muestra sus límites en la escasa ampliación de la capacidad productiva. No se avanzó en superar en ningún aspecto las condiciones que caracterizan la dependencia. Los empresarios, tanto locales como extranjeros, han sacado provecho de las condiciones de alta rentabilidad sin apostar –ni aportar- a su sostenibilidad.

En las antípodas de la política kirchnerista, para cortar el nudo gordiano de la dependencia debe partirse de cortar con los mecanismos de saqueo imperialista: empezando por declarar el no pago de toda la deuda, que no ha sido más de un mecanismo de especulación de los capitales locales y ganancias de los bancos y bonistas extranjeros; imponer la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior; expropiar las grandes propiedades agropecuarias para apropiarse íntegramente de la renta; y la renacionalización de los recursos estratégicos (como los hidrocarburos) puestos en manos de las rapaces empresas imperialistas.

Estas son sólo algunas iniciativas elementales, que impuestas por la movilización de la clase trabajadora, pueden permitir encarar seriamente el problema de la pauperización de la clase trabajadora, imponiendo el trabajo para todos mediante el reparto de las horas de trabajo y –en ese camino- estableciendo un seguro de desempleo acorde a la canasta familiar.

La clase trabajadora viene registrando un proceso de recuperación de sus organizaciones. Este movimiento, de cuestionamiento a la burocracia sindical tanto en el terreno de la lucha por la democracia en la representación sindical como en el cuestionamiento a los puntos más escandalosos de la colaboración de clases y del pacto social de hecho entre gobierno, empresarios y burócratas, alcanzó mayor visibilidad y extensión durante el año pasado con los efectos de la crisis (frente a la completa inacción de los burócratas sindicales frente a las decenas de miles de despidos). Tuvo un importante jalón con la lucha de Kraft, donde la patronal, aunque impuso despidos tuvo que retroceder de su plan original, y este año la iniciativa de los obreros de Kraft ha sido clave para perforar el techo del 20% extendiendo el 35% de la alimentación a otros gremios.

La apuesta a desarrollar este proceso es fundamental, ya que plantea las condiciones para que la clase trabajadora pueda proponerse acaudillar la lucha contra el imperialismo y por expropiar a los expropiadores capitalistas. Desde el Partido de Trabajadores Socialistas, hemos sido protagonistas de este proceso, y concentramos todos nuestros esfuerzos en su desarrollo para forjar al calor del mismo una organización política revolucionaria.


1 Astarita, Rolando, “Una explicación marxista sobre crisis cambiarias y financieras en países subdesarrollados”, disponible en www.rolandoastarita.com, enero de 2006.

2 Fernández Canedo, Daniel, “El aumento de las importaciones, una estrella de la reactivación”, IECO, Buenos Aires, 8 de Julio de 2010.

3 Elaborado en base al ranking publicado anualmente por la revista Mercado, sobre las 200 empresas de mayor facturación en el país.

4 Porta, Fernando, “No se ve nada nuevo”, El economista, Buenos Aires, 4/6/2010.

5“Empleo en la industria manufacturera. Una aproximación al período 2003-2008 bajo una mirada de largo plazo”, Centro de Estudios para la producción (CEP), dependiente en ese momento de la Secretaría de Industria y hoy del Ministerio de Producción.

6Los factores, tanto estructurales como coyunturales, de esta inflación internacional en los sectores de commodities agrarias, los hemos analizado en “¿Crisis alimentaria o hambre de ganancias?”, EconoCrítica nº 4, Suplemento del semanario La verdad obrera, Buenos Aires, agosto de 2008.

7 Aunque la producción cayó desde finales de 2008 y durante 2009, con la recuperación en curso el uso de la capacidad instalada vuelve a estar elevado en la mayoría de las ramas. Frente a la recuperación de la demanda que se registra desde principios de año -ampliada en el caso de muchos bienes de primera necesidad por el impacto de la asignación por hijo- las empresas han respondido a ella ajustando el margen vía precios. Con los primeros síntomas de recuperación la suba de precios recuperó el envión perdido durante la crisis.

Salario, precio y ganancia: un video de TVPTS

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Las ideas de Marx en la pantalla


Con esta nueva producción impulsada por TvPTS junto al Instituto del Pensamiento Socialista “Karl Marx” nos planteamos el desafío de difundir las ideas marxistas por medio del lenguaje audiovisual. En esta oportunidad presentamos una Introducción a la obra de Marx “Salario, Precio y Ganancia”, libro recientemente editado por el IPS.

El programa cuenta con entrevistas a intelectuales y trabajadores, junto a un desarrollo en animación de los principales conceptos. Un personaje “investiga” y guía la narración dando pié a las secciones que abordan las distintas temáticas.

La presentación de este material, junto con el libro, fue muy bien recibida por los trabajadores y estudiantes presentes. “Una herramienta muy útil para los propagandistas, con ritmo muy ameno”, “una representación bien didáctica de los conceptos marxistas sobre economía”, “me gustó la síntesis entre trabajadores e intelectuales, es un buen material para difundir”, “un tema difícil, muy bien tratado”.

Las opiniones de los presentes fueron acompañadas también con diversas iniciativas para difundir el video: los compañeros de Económicas proponen hacer una proyección en su Facultad, los compañeros del Subte piden copias para difundir entre los trabajadores.

Para quienes impulsamos TvPTS es un gran desafío poder “traducir” al lenguaje audiovisual las principales ideas del marxismo, en momentos en donde el audiovisual es utilizado a diario por millones de personas, los marxistas tenemos que apropiarnos de este lenguaje para difundir nuestras ideas.

Visión Marxista puede verse en la página de TvPTS, y próximamente también será editado en DVD, disponible para organizar proyecciones y difundirlo en los lugares de trabajo o estudio.

miércoles, 6 de octubre de 2010

El caso Leon Trotsky

A 70 años de su asesinato
El caso Leon Trotsky


El caso León Trotsky, por primera vez en castellano

Entre 1936 y 1938 se realizaron en la URSS los Procesos de Moscú, una serie de juicios que pusieron en el banquillo a la dirección del Partido Bolchevique durante la Revolución Rusa de 1917 y a los principales generales del Ejército Rojo y de la Guerra Civil. Todos fueron acusados por la burocracia gobernante de los crímenes contrarrevolucionarios más graves y sólo en base a confesiones, sin pruebas materiales, fueron fusilados. El supuesto instigador y principal acusado, León Trotsky, era el único de estos dirigentes que se encontraba forzadamente en el exilio.

El trasfondo de los Procesos de Moscú fue la depuración masiva del partido comunista dirigido por Stalin. En un período harto convulsivo y en pos de evitar todos los peligros a los que temía la burocracia soviética, dispuso eliminar de sus filas todo vestigio revolucionario. Entre 1937-1938, los años de terror masivo, la burocracia encarceló a más de un millón y medio de personas de las que 682.000 fueron fusiladas. Mientras, a nivel internacional la depuración de los partidos comunistas y la persecución y asesinato selectivo de dirigentes que se ubicaban políticamente a la izquierda del Kremlin, principalmente pertenecientes a la IV Internacional, incluyó el asesinato del propio León Trotsky, en agosto de 1940.

Los partidos comunistas y miles de “Amigos de Moscú” en todo el mundo, con un mero “repudio silencioso” de las socialdemocracias, sus aliados en los frentes populares, avalaron ésta política. La IV Internacional fue la única corriente que realizó una campaña política activa para denunciar los Procesos de Moscú e impulsó la conformación de una comisión de investigación que integró intelectuales y personalidades notables como el renombrado filósofo y pedagogo norteamericano John Dewey, quien la presidió o John Finerty, abogado destacado por su participación en juicios políticos como los de Sacco y Vanzetti.

Este libro, editado por primera vez en castellano, recoge la documentación, el testimonio y la defensa que Trotsky presentó ante una subcomisión que sesionó en México en abril de 1937. Ayudado por su hijo León Sedov, también acusado junto a su padre, Trotsky pudo demostrar, incluso legalmente, cada una de las falsas acusaciones que el estalinismo utilizó para justificar los Procesos de Moscú. Pero además, planteó como evidencia el verdadero enfrentamiento: el que existía entre el período de democracia soviética y el del régimen impuesto por la burocracia, entre la tradiciones del Partido Bolchevique y las del partido estalinista; las diferencias con Lenin previas a la revolución y los grandes debates del Partido Bolchevique, su historia y preparación; así como su continuidad en el combate de la Oposición de Izquierda y la IV Internacional.

Como escribe su nieto, Esteban Volkov en la presentación del libro, “De las muchas batallas libradas por León Trotsky contra el estalinismo, sin lugar a dudas la ‘Comisión Dewey’ o los ‘Contraprocesos de Moscú’ fue de las más notables y trascendentes. Allí se desenmascaró y demostró en forma contundente e inapelable, ante la historia presente y futura del género humano, la absoluta ilegitimidad del régimen burocrático dirigido por Stalin, que sólo se podía mantener en base al crimen y al fraude histórico”.

Hoy, a más de veinte años de la caída del Muro de Berlín, esta lucha contra el estalinismo tiene su referencia histórica indiscutida en el legado revolucionario de la IV Internacional. Un legado que adquiere mayor vigencia en momentos en que la crisis capitalista prepara nuevos acontecimientos de la lucha de clases. Su actualidad también está dada en muchos de los grandes debates, mitos y paradigmas que cruzaron la época y en todas aquellas cuestiones dedicadas a la revolución y las ideas del socialismo.

A 70 años de su asesinato, difundir esta herencia revolucionaria nos parece el mejor homenaje que podemos hacer a Trotsky y la IV Internacional y a quienes dieron la vida por estas ideas.

Ante el amotinamiento policial de Ecuador


Declaración política de la FT-CI

Sábado 2 de octubre de 2010

Nos pronunciamos categóricamente contra la reaccionaria sublevación policial ocurrida en Ecuador el día de ayer, así como contra el “Estado de excepción” y la entrega del control del territorio nacional a las Fuerzas Armadas, dictada por el presidente Correa con el argumento de combatir lo que calificó como un intento golpista, pues esa medida sólo podría ir contra las necesidades de la movilización obrera y popular – única que podría enfrentar consecuentemente cualquier intentona reaccionaria-, y convertir al ejército en árbitro de una convulsionada situación política.

El movimiento fue detonado por el rechazo a la nueva legislación sobre el servicio público que recorta algunas prebendas de los uniformados (como los ingresos por bonos y condecoraciones) y se extendió nacionalmente a las guarniciones policiales de la capital y las principales ciudades. Si bien también había descontento en la oficialidad de las Fuerzas Armadas y altos jefes pidieron que esas medidas se dejaran sin efecto, sólo un pequeño sector de la fuerza Aérea en Quito y Latacunga parece haberse plegado.

El motín, de contenido claramente reaccionario, provocó una conmoción que sacudió al país, provocando la paralización de vuelos aéreos y cierre de bancos. Cuando el presidente Correa se dirigió a los policías para exigir que depusieran las medidas, fue abucheado, agredido y finalmente quedó cercado junto a su escolta en dependencias del hospital policial de Quito durante toda la jornada, generándose una aguda crisis política con repercusiones internacionales.

Finalmente, en horas de la noche, y luego de algunos enfrentamientos con varios muertos y numerosos heridos, el movimiento fue perdiendo fuerza y desarticulándose, mientras fuerzas que respondían al gobierno lo liberaban del cerco y Correa se trasladaba al palacio de Carondelet, desde donde habló en público condenando el movimiento y sus reclamos. Ya antes, el presidente había decretado el estado de excepción por una semana, haciendo cargo a las Fuerzas Armadas de la seguridad interior.

Algunos sectores de la oposición derechista, como el expresidente y Tte. Cnel.(r) Lucio Gutiérrez que parece tener influencia entre algunos uniformados, aprovecharon la situación para lanzar una ofensiva reclamando elecciones anticipadas. Sin embargo, parte importante de la oposición así como los sectores fundamentales de la clase dominante, no apoyaron o condenaron abiertamente el movimiento. Jaime Nebot, alcalde de la ciudad de Guayaquil y líder de un desprendimiento del derechista Partido Social Cristiano declaraba que “sigamos altivos, rebeldes, libres -y opositores también- pero jamás golpistas ni tolerantes con la delincuencia” y otros voceros de los medios empresariales y de prensa se pronunciaban en una línea similar.

Rápidamente los gobiernos latinoamericanos, la OEA, la UNASUR, el gobierno español y la Unión Europea, y el propio gobierno de Estados Unidos, salieron a condenar los acontecimientos agitando el fantasma del golpe de estado y respaldando de manera prácticamente unánime a Correa.

Es decir, a pesar de que Correa, los gobiernos latinoamericanos (desde Santos y Alan García a Chávez y Cristina), la mayor parte de la prensa y sectores de la izquierda reformista presentaron los hechos como un golpe de estado en marcha, no parece haberse tratado de una conspiración planificada y orquestada con acuerdo de las principales instituciones y el conjunto de los “factores de poder” burgueses y el imperialismo para imponer una salida “a la hondureña”, como fue el golpe que derrocó a Zelaya, sino más bien de una asonada policial detonada por reclamos corporativos en lo que se mezcla además, que en los últimos años la policía ecuatoriana, que es una institución profundamente reaccionaria y antipopular a la que Correa recurrió ampliamente para reprimir manifestaciones docentes, estudiantiles y de otros sectores de trabajadores y el pueblo, se ha venido fortaleciendo, atando lazos incluso con agencias imperialistas (por temas como el narcotráfico) y parece ahora haber pretendido hacer pesar ese poder. Claro que por tratarse de una institución de las fuerzas de seguridad, su movimiento abrió una situación de gran crisis de lo que trataron de sacar provecho algunos sectores opositores con una línea “destituyente”.

Lejos de estar en un momento de especial confrontación con el imperialismo y sus agentes más fieles en la región - como el gobierno colombiano y peruano-, el gobierno de Correa, a pesar de su discurso de “revolución ciudadana” y sus promesas de cambio al estilo populista, viene en un giro a la derecha, tanto en el plano externo, en el que viene intentando separarse de Chávez y tener una política conciliadora hacia Colombia (reconciliándose con el gobierno de Santos y colaborando con la custodia de sus fronteras en el cerco a las FARC), como en el plano interno, como se ve en el plan de ajuste que viene aplicando contra los trabajadores públicos, con las concesiones a las transnacionales mineras y petroleras, etc. Desde hace tiempo viene enfrentado con los maestros, agrupados en la Unión Nacional de Educadores con los estudiantes de la FEUE por la Ley de Educación Superior y con la central sindical, FUT. Así, sectores sindicales, campesinos e indígenas que lo habían apoyado, han ido tomando distancia o pasado a la oposición parcial o frontal a muchas de sus medidas.

Como parte de este curso, Rafael Correa ha venido endureciendo los rasgos bonapartizantes de su gobierno, lo que genera permanentes tensiones políticas y aún roces, con sus partidarios, así, la Ley de servicio Público fue consensuada en el Parlamento con sectores opositores pero terminó vetada por Correa a disgusto de legisladores de su propio Movimiento País.

Ahora, y como parte de una contraofensiva política, el gobierno está utilizando la amenaza de un golpe de Estado orquestado por la derecha para relegitimarse, justificar sus medidas y recuperar base social, en una situación en que viene habiendo enfrentamientos con sectores amplios de asalariados y estudiantes y desgaste de las expectativas populares en sus promesas.

Sin embargo, indudablemente se ha abierto una crisis política de gran magnitud que afecta al régimen y a instituciones centrales del Estado como es la propia Policía, y aún no están claras las derivaciones y consecuencias. En este marco, es necesario denunciar tanto la reaccionaria sublevación policial como el rol asignado a las FF.AA y el establecimiento del estado de excepción (que prevé el control militar de la seguridad pública, la suspensión de garantías civiles y permite cateos y llamamientos sin orden judicial), por cuanto van contra la necesidad del movimiento de masas de contar con las más amplias libertades de organización, discusión y movilización para enfrentar cualquier acometida reaccionaria, venga de donde venga, y al servicio de buscar una salida de “gobernabilidad” y estabilización, y pone a los militares –que se han desplegado en las calles de Quito, Guayaquil y otras ciudades-, en la situación de árbitros de la política nacional.

Distintas posibilidades políticas están abiertas. Es posible que Correa emerja de la crisis más debilitado, haciendo mayores concesiones a las Fuerzas Armadas y a la derecha. Pero tampoco puede descartarse que se haga más profunda la crisis política, o que termine imponiéndose una salida más bonapartista con el Ejército o se llegue al adelantamiento de elecciones.

Una parte de la izquierda ecuatoriana que apoya a Correa salió a denunciar el golpe, llamando a apoyar al presidente y su “revolución ciudadana”. Otros sectores, apoyaron el motín policial como si fuera una “lucha de trabajadores asalariados” en lugar de un movimiento de agentes de la represión de claro carácter político reaccionario. En ambos casos, se negaron a levantar una política independiente, de clase, para orientar al movimiento obrero, campesino, indígena y popular. Por su parte, los gobiernos del ALBA (del que es parte Ecuador), con el de Chávez a la cabeza, de Argentina y toda Latinoamérica, bajo la condena del supuesto golpe llamaron a apoyar a Correa y al régimen de la democracia ecuatoriana, pero en la reunión de UNASUR en Buenos Aires ni siquiera –salvo el representante de Paraguay- mencionaron el antecedente de Honduras, mostrando una vez más su impotencia y capitulaciones cuando realmente se dan acciones reaccionarias respaldadas por el imperialismo.

Las bases de una política obrera independiente parten de repudiar la reaccionaria sublevación policial, denunciar el estado de emergencia que le da poder a las fuerzas armadas, denunciar cualquier injerencia de OEA (que terminaron avalando y aceptando como un “hecho consumado” el golpe en honduras) y demás organismos internacionales y llamar a la movilización y autoorganización obrera y popular independiente para enfrentar cualquier intento bonapartista (es decir represivo y autoritario). Lejos de confiar en Correa y apoyar sus medidas, se trata de rechazar todo ataque al salario y a las condiciones laborales de los trabajadores, y toda restricción a las libertades democrática y el derecho de huelga, y unir a las demandas obreras las de los oprimidos y explotados del campo y la ciudad, contra la depredación minera y petrolera, por la tierra y el territorio y contra la injerencia imperialista, en una perspectiva independiente.

01/10/2010

Fracción Trotskista - Cuarta Internacional

domingo, 21 de marzo de 2010

EL PROGRESISMO OFICIALISTA Y OPOSITOR FRENTE A LA DEUDA


Gestos amistosos al capital financiero
Esteban Mercatante y Pablo Anino
El gobierno reivindica el pago de deuda con reservas porque libera partidas del presupuesto. Gracias a esto y a la mayor recaudación por la recuperación económica y el “impuesto inflacionario” (al subir los precios sube la base de la recaudación), este año no está descartado cierto superávit.
El uso de reservas se presenta como parte de la estrategia de “desendeudamiento”. Periodistas oficialistas afirman que “responde a reclamos tradicionales contra el pago de la deuda con ajuste fiscal y contra un mayor endeudamiento” (Zaiat, Página/12, 13/03/10).
Resultado primario y resultado financiero
Los resultados “virtuosos” que habrían permitido que pagar la deuda “no tuviera efectos contractivos y recesivos” (Zaiat, op. cit.) se deben a la ficción de mirar el resultado fiscal “primario”. Es decir, el resultado antes del pago de intereses de deuda. Esto puede ser engañoso. Por ejemplo, en 2009 un superávit de $17.272 millones (equivalente al 1,53% del PBI) resulta en un déficit de $7.131 millones luego del pago de intereses. En años previos el pago de intereses reducía el superávit, pero el año pasado lo transformó en déficit. La diferencia se salda con más deuda. Producto de la separación entre superávit primario y resultado financiero, esto no se computa como déficit.
Otros maquillajes
El costo de la deuda desde el canje de 2005 ha quedado ligeramente disimulado porque el gobierno sigue mostrando superávit, pero en base a cada vez más maniobras contables.
En 2007, el superávit primario de 3,2% hubiera sido del 2,2% si no fuera por los ingresos extraordinarios producto de la opción de muchos aportantes, reforma mediante, de pasar de las AFJPs a la ANSES, cuyo superávit los K computan en el resultado fiscal general. El superávit financiero hubiese sido casi nulo sin esos fondos.
El aporte de ANSES es más significativo en 2008 a partir de la renacionalización de las AFJPs. Sus recursos aportaron para llegar a un superávit de $14.633 millones luego del pago de intereses, cuando el fisco sólo alcanzó $6.114 millones. La liquidación de las AFJPs no garantizó el 82% móvil sino fondos a discreción del kirchnerismo.
2009 fue más complicado: se sumó a los recursos del tesoro ganancias de la ANSES, utilidades del Banco Central, y u$s2.500 millones que aportó el Fondo Monetario Internacional por Derechos Especiales de Giro (DEG), su “moneda”. Un total de $22.100 millones, sin los cuales el déficit primario habría sido de $4.800 millones y luego del pago de intereses habrían pasado a $29.200 millones.
Todo el maquillaje no cambia que, a pesar de que el ciclo de los Kirchner pasará a la historia como una época de pagos generosos a los acreedores (45 mil millones de dólares de 2003 hasta hoy), haya aumentado la deuda. Desde 2005 aumentó en u$s20 mil millones, a u$s174 mil millones (sumando los bonos en default). Sólo en el último trimestre de 2009 aumentó u$s 5.454.
“Dime para quién gastas…”
Los “progres” consideran todo gasto como una intervención positiva del Estado, aún después de haber presenciado cómo los Estados en EE.UU., y en otros lados, comprometieron su solvencia (y hoy están en riesgo de default) con el único objetivo de salvar a banqueros, que usaron esos fondos para volver a las especulaciones.
Además de la deuda, el aumento del gasto en Argentina tuvo entre sus principales factores las transferencias a los capitalistas que en muchos casos no tienen otro fin que garantizar ganancias a las empresas, como condición para que no aumenten aún más los precios o sigan prestando servicios. Si directamente se hubiera planteado la renacionalización de los servicios públicos y de las empresas que chantajean con la suba de precios, bajo control de los trabajadores, se podrían haber ahorrado 35 mil millones de pesos en 2009 (45 mil este año). Un monto similar se va en el pago de capital e intereses de deuda.
Lo que los K presentan como medidas redistributivas, la extensión de la jubilación, la asignaciones por hijo y el Plan Argentina Trabaja, implican sumas irrisorias en relación a lo que hoy se necesita para cubrir la canasta básica ($3.800, el doble del salario promedio, y años luz de lo que cobran los sectores más precarios), y todo se financia con una estructura de recaudación basada en impuestos al consumo y retenciones al salario, donde están exentas las rentas financieras, y las tasas de aportes patronales (21%) y los impuestos a los bienes personales (1,25% es el máximo) tienen niveles ridículos, mientras que el impuesto a las ganancias tiene más agujeros -por deducciones- que un colador.
No pagando la deuda, dejando de subsidiar la ganancia -nacionalizando las empresas de servicios públicos y otras estratégicas bajo control obrero-, con la apropiación íntegra de la renta agraria (y no de una pequeña parte con retenciones) y aumentando los impuestos a las grandes fortunas podría garantizarse tranquilamente el 82% móvil a todos los jubilados y trabajo para todos con un salario acorde a la canasta familiar, mediante planes de obras, en el camino de garantizar la escala móvil del salario y el reparto de las horas de trabajo. Estas son medidas elementales de un programa de la clase trabajadora frente a la crisis.
Cuestiones de formas
Aunque el gobierno continúa el giro a los “mercados” buscando avanzar con el canje, los PáginaK pretenden que con la designación de Marcó del Pont surgió desconfianza en el “establishment” (Página/12, 14/03/2010). La verdad es que la reapertura del canje, con apoyo explícito de Hillary Clinton, se haría con los principales bancos internacionales en función de conseguir nuevo endeudamiento. Todos los banqueros defienden el uso de reservas para garantizar la deuda. Los “mercados” celebran por adelantado el canje, porque “los inversores que aún tienen deuda en default compraron los títulos a precios mucho menores que los actuales” (El Cronista, 17/03/2010). Gracias a esto, los bancos locales mostraron ganancias fabulosas en 2009.
Solanas: ¿El camino de Ecuador?
Proyecto Sur reivindica a Correa de Ecuador, que supuestamente cuestionó la legitimidad de la deuda. Lo paradójico, es que Correa hizo casi lo mismo que Kirchner en 2005, lograr una quita de deuda. Los progres K tienen razón en que “el recorrido ecuatoriano fue realizado sobre la huella argentina, incluso en una magnitud y profundidad menor, lo que se presenta como un sinsentido plantearlo en sentido inverso” (Zaiat, op. cit.), aunque de esto no se deduce que haya que seguir pagando sin chistar.
Solanas propone analizar la legitimidad de la deuda con una Comisión Bicameral, poniendo esperanzas en un parlamento donde la mayoría se compone por radicales que hicieron el mecacanje, el PJ disidente, el Pro y los propios K. Podemos imaginarnos lo que dirán sobre la legitimidad de la deuda.
Como si este planteo fuera mucho, vienen suavizándolo: “Proyecto Sur no plantea un default”, ya que mientras se investiga “es posible realizar ciertos pagos no cuestionados o depositar en el Banco de Basilea como consignación” (http://www.pinoseplanta.com/).
El único planteo sensato es el no pago de toda la deuda. No se puede tener confianza en las alternativas que puedan surgir del gobierno K o el parlamento opositor; sólo de la mano de la clase trabajadora, con un programa independiente de lucha contra el imperialismo y sus socios burgueses locales, puede avanzarse en este sentido.

sábado, 13 de marzo de 2010

“Bonapartismo fiscal” en el medio de la crisis política




El malabarismo que el gobierno viene haciendo, primero con el Fondo del Bicentenario, luego con el Fondo del Desendeudamiento, y ahora, debiendo someter el pago de deuda con reservas a un proyecto de ley, responde a una nueva realidad de mayores complicaciones en el frente fiscal.
La holgura de ingresos que le permitió al gobierno contar con abultadísimos sobrantes de recaudación para ejercer una suerte de “bonapartismo fiscal” en la relación política con intendentes bonaerenses y gobernadores durante todos estos años ya no existe más. Incluso muchas provincias tienen rojo fiscal y de no recibir recursos del Estado Nacional amenazan, como en el caso de Corrientes, con emitir cuasimonedas.
Redistribuyendo para los capitalistas
Mientras la recaudación en términos reales (descontando el efecto de la inflación), está casi estancada desde finales de 2008 (o sea que crece, pero lo mismo o apenas un poco más que la inflación), el gasto público mantuvo un crecimiento por encima de la recaudación. ¿Se puede decir que el aumento del gasto responde a la redistribución del ingreso? Difícilmente. Un cuarto de los gastos del Estado Nacional se destinan a los intereses de la deuda y a subsidios a los capitalistas. Si a esto se suma el pago de capital de la deuda el porcentaje supera el 40% del total del presupuesto.
Estas son las partidas que más crecieron en los últimos años. Los pagos de intereses y capital de la deuda aumentaron significativamente a partir de 2006 de acuerdo a lo pactado por Néstor Kirchner y Lavagna en la renegociación de 2005. Los intereses de la deuda pasaron de $17.000 millones en 2007 a $27.000 millones para este año. Y no solo eso, porque si se consideran los pagos de capital, que en muchas ocasiones pueden ser renegociados, las cifras se elevan mucho más. Por ejemplo, en 2009 la suma de intereses y capital llego a casi $40 mil millones. A pesar de ser el gobierno que más deuda pago, el “desendeudamiento” pregonado es puro verso, la deuda se viene incrementando desde el canje de 2005 y volverá a pegar un salto de concretarse el nuevo canje a los holdouts. El gobierno se “desendeudó” pagando puntualmente una deuda usuraria, que para los voceros del establishment habría que refinanciar alimentando el ciclo de los intereses, y que en realidad lo único que corresponde es no pagar en su totalidad. A excepción del pago a los jubilados y Pami que se solventa con el aporte sacado del sueldo de los trabajadores, la deuda supera cualquier otra partida en el presupuesto, especialmente las dedicadas a “gasto social”. Veamos algunos ejemplos: la universalización de las asignaciones familiares representa $7.300 millones, a la educación se destinan apenas $19.000 millones y a la salud $10.000 millones en todo el año!
Otra gran parte del aumento del gasto se explica por los crecientes subsidios a los capitalistas. De esta forma se benefician principalmente los empresarios del transporte, entre ellos Roggio, que a pesar de las pésimas condiciones en que se viaja en trenes, subtes y colectivos se llevarán $20 mil millones durante 2010. Además, unos $15 mil millones se irán en subsidios a las empresas de combustibles, energía y minería. Y los “repudiados” empresarios del agro se llevarán otros $5 mil millones. A pesar de todos estos beneficios solventando desde el Estado la ganancia, el gobierno no logró contener la insaciabilidad de los empresarios que igual aumentan los precios de los alimentos y los combustibles. El total de estas trasferencias crecieron de forma desorbitada: pasaron de $5.000 millones en 2006, a $10.000 millones en 2007. En 2008 fueron de $32.000 millones, y en 2009 de $35.000 millones. Este año están presupuestados $45.000 millones ¡Un crecimiento del 900% desde 2006! Aunque el gobierno quiere presentar esto como una política de mantener baratos los servicios públicos para los trabajadores en contra de la oposición que plantea el ajuste tarifario, la verdad es que los subsidios se los embolsan los empresarios y son una forma de abaratar la fuerza de trabajo y de hecho significa un subsidio a la ganancia capitalista. Muy por el contrario al aumento de tarifas, la única solución verdadera para garantizar servicios públicos baratos, o incluso gratuitos, para el pueblo pobre es la estatización del transporte, de las empresas de energía, de comunicaciones, y el conjunto de los servicios públicos, bajo gestión de los propios trabajadores, eliminado la ganancia empresaria.
Generoso en gastar para los capitalistas, el kirchnerismo mantuvo limitados los impuestos a las ganancias. Más del 50% de la recaudación proviene de IVA que grava fundamentalmente a los consumos populares y de las contribuciones a la seguridad social que se sustraen del salario! Aunque presentó como una pelea antioligárquica el intento de subir algunos puntos porcentuales las retenciones agropecuarias, descartó restablecer las contribuciones patronales al nivel de 1993 lo cual podría sumar casi $20.000 millones de recaudación o fijar cualquier gravamen a la renta financiera (que podría significar $11 mil millones). Esto obligó al gobierno a financiarse con deuda cara (como la concedida por el gobierno venezolano hasta 2008) o en el limitado mercado local. Pero como fue insuficiente, recurrió a los superávit de organismos como la ANSES, o el PAMI, que fueron fuentes que permitieron al gobierno salir del paso durante el año pasado.
Los problemas fiscales no se deben a que el gobierno busca “primero redistribuir y después crecer” como critican los medios más rabiosamente oligarcas, sino que están ligados a una estructura de gasto fiscal comprometida en sostener la ganancia empresaria y los pagos de la deuda apoyada mayormente en los impuestos al consumo. Una “redistribución”, sí, en beneficio de los capitalistas. El problema no es el gasto sino el saqueo nacional llevado adelante por el capital imperialista en asociación con los capitalistas locales.
Al gobierno se le hace cada vez más difícil seguir combinando su ortodoxia al momento de honrar las deudas y de (no) poner impuestos al capital con el andamiaje de subsidios a los capitalistas destinado a disimular los aumentos de precios (buscando sostener lo más posible la “ilusión INDEC” para limitar las pretensiones salariales), y el resto de las medidas de “bonapartismo fiscal”.
El agotamiento del “bonapartismo fiscal”
La situación de crecimiento más acelerado de los gastos en relación a los ingresos fiscales plantea a la burguesía una clara perspectiva de ajuste fiscal contra los trabajadores, pero la disputa se encuentra alrededor de los tiempos para ejecutarlo. Es que la recaudación en febrero proyectada podría llegar ajustadamente a cubrir todas las erogaciones del año, incluso, los desembolsos como la universalización del fondo a la niñez o el plan argentina trabaja, lanzados posteriormente a la aprobación del presupuesto. Por ahora, el gobierno enfrenta una situación fiscal manejable, pero no contará con los sobrantes generosos que existían cuando el superávit alcanzaba el 4% del PBI y permitía distribuir recursos discrecionalmente. En lo inmediato la oposición apunta a limitar cada vez más el “bonapartismo fiscal” que el gobierno desarrolló todos estos años. En ese sentido va la ley de la oposición para quitarle la administración de una parte de los ingresos del impuesto al cheque mediante mayor coparticipación a las provincias. Sin embargo, la nueva etapa de la crisis internacional con la situación que atraviesan varios países europeos, entre los que se destacan Grecia, España y Portugal, crea una situación de alta inestabilidad que podría echar por tierra todos los pronósticos.
Frente a esta disputa, no hay ninguna alternativa favorable a los trabajadores ni en el gobierno ni en la oposición patronal. Aunque el gobierno evite el ajuste directo, su política de gastos para pagar la deuda y subsidiar a los capitalistas prepara las condiciones para un ajuste futuro, mientras el problema de la inflación que buscan ocultar representa un ajuste cotidiano sobre el poder de compra del salario. Incluso, para los capitalistas exportadores el salario en dólares viene cayendo fuertemente apuntalando sus ganancias. La oposición sólo busca impedir que el gobierno pueda hacerse libremente de los fondos adicionales para seguir gastando, pero comparte el objetivo de pagar la deuda sólo que pretende que el gobierno empiece a tomar al menos alguna medida de ajuste, para aligerar la carga que quedaría para quien gane en 2011.